Sentencia CL-357-17 — Registro 8411
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, ordene el reintegro su puesto de trabajo en el cargo de Ingeniero II asignado a la sección de instalación y mantenimiento, en mejores o iguales o mejores condiciones en virtud de un despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes y demás derechos que por ley les corresponda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; b) en la explicación del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos: 97, 98, 100, 111 numeral 8), 114, 117, 120 y 126 del Código del Trabajo, 62, 80, 129 de la Constitución de la República; olvida el Censor que la violación por vía directa se produce al margen del material probatorio, siendo que la causa de terminación fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque al fallo por esta vía; c) formula alegaciones propias de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce la falta de apreciación de determinada prueba y por otra la interpretación errónea del medio de prueba, entendiendo esta última como apreciación errónea, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos, sin embargo, también es oportuno señalar que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente y dejada de apreciar a un mismo tiempo, todo ello provoca falta de claridad y precisión en el motivo expuesto; y, b) que el error de hecho debe ser ostensible, que permita que confrontado el fallo pueda determinarse el yerro del Juzgador de grado; sin embargo, de lo expuesto por el Impetrante se observa que constituyen alegaciones propias de instancia sin demostrar el error invocado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, la señora SUSANA MARIA ANDERSON FERNANDEZ, representada en juicio por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, ordene el reintegro su puesto de trabajo en el cargo de Ingeniero II asignado a la sección de instalación y mantenimiento, en mejores o iguales o mejores condiciones en virtud de un despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes y demás derechos que por ley les corresponda, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del dos mil quince, por la señora SUSANA MARIA ANDERSON FERNANDEZ, mayor de edad, casada, Ingeniero Industrial, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por SUSANA MARIA ANDERSON FERNANDEZ en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Gerente General y Representante legal de aquél entonces del Ingeniero JESUS ARTURO MEJIA ARITA 2) CONDENA a HONDUTEL a reintegrar a la demandante SUSANA MARIA ANDERSON FERNANDEZ a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes el despido y a título de danos y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de la demandante. SIN COSTAS ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para HONDUTEL el 13 de octubre del año 2006, bajo la modalidad de contrato, posteriormente en el mes de junio del 2007, fue nombrada mediante acuerdo definitivo devengando la cantidad de L. 18,896.24 desempeñando el cargo de Ingeniero II asignada a la Sección de Instalación y mantenimiento de HONDUTEL; resulta que fue despedida mediante Oficio GGH-324-2015, de fecha 5 de febrero del año 2015, por el Gerente General de HONDUTEL, quien de manera sorpresiva sin existir causa o falta alguna a sus funciones laborales le notificó la suspensión de su contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 8 de octubre del 2014 al 4 de febrero del 2015, suspensión que fundamentaron en el artículo 100 numerales (4, 5 y 15 del Código del Trabajo). Es preciso establecer que la suspensión de los contratos de trabajo fundamentados en los artículos precitados no surte efecto mientras no se cuente con la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hecho que no fue acreditado por el patrono; por lo tanto, HONDUTEL ha violado los derechos laborales y constitucionales y además la normativa jurídica por haber dictado un acto con exceso de poder, lo cual no tiene eficacia legal.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que el 07 de octubre del 2014, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101,102 y demás aplicables del Código del Trabajo, HONDUTEL procedió a notificarle en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día hábil siguiente (8 de octubre del 2014), por el término de 120 días, es decir, hasta el día 04 de febrero del año 2015, debiéndose presentar a sus labores el día 5 de febrero de los corrientes y dentro del personal suspendido se encontraba la demandante; que en fecha 10 de octubre del 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social el escrito intitulado: “SE SOLICITA QUE SE TENGAN POR COMPROBADAS LAS CAUSAS DE SUSPENSION PARCIAL DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR 120 DIAS CONSECUTIVOS, NOTIFICADA A 660 EMPLEADOS DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), CUYAS CAUSALES INVOCADAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 100 NUMERALES 4), 5) Y 15) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.- SE OFRECE PRUEBA AMPLIA Y SUFICIENTE DE COMPROBACIÓN DE CAUSALES DE SUSPENSIÓN”, que habiendo transcurrido el término de 120 días consecutivos de la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a la demandante, sin que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social haya emitido la resolución respecto al escrito presentado por HONDUTEL el 10 de octubre del 2014 y que no obstante, una vez transcurrido el referido término de la suspensión, aun persisten las condiciones y causales que dieron lugar a la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo, garantizándole el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, también es preciso establecer que en el Código del Trabajo, existen las causas de terminación de los contratos de trabajo como ser las que se derivan los artículos 97, 98, 100 y 111 por lo que de la simple lectura de estas disposiciones se llega a la conclusión que HONDUTEL puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, ni atribuibles al patrono, como ser causas oxigenadas como las invocadas por HONDUTEL en la notificación de terminación de contrato individual de trabajo, en estos casos las demandantes no tiene derecho justificante para demandar al reintegro a su patrono, porque en la nota de terminación no se le notificó ninguna de las causales del artículo 112 en relación con el 97 y 98 del Código del Trabajo, ya que en el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción de reintegro y su fundamento debe ser necesariamente en el artículo 112 del referido código, que de lo antes expuesto se concluye que las demandantes quieren hacer creer que la notificación de terminación de los contratos de trabajo fue ilegal e injustificado, lo cual no es cierto, ya que lo que hubo fue una terminación de contrato individual de trabajo basado en el artículo 111 numeral 8), y no un despido fundamentado en cualquiera de las causales de despido que facultan al patrono de dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Susana Maria Anderson Fernández, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), sin costas; bajo el criterio que debido a que HONDUTEL al momento “suspender” el contrato de trabajo del demandante, no contaba con la debida autorización de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para hacerlo, en tal virtud, lo que se dio al momento de producirse la supuesta “suspensión” fue un despido que además de ilegal es injusto, ya que el Código del Trabajo, es el que establece el procedimiento legal para llevar a cabo la suspensión de un contrato de trabajo, por lo tanto, no son las normas jurídicas las que justifican el despido del trabajador, sino los hechos concreto que la parte patronal considera justificativos de su decisión y que el trabajador tiene el derecho de conocer, los cuales no fueron aportados al proceso; además el despido infringió garantías constitucionales como ser la estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo, y el derecho a la salud, al tenor de lo establecido en los artículos 64 y 128 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 3 del Código del Trabajo; por otra parte, los actos con los que se violen las normas de orden público son nulos, aunque se expresen en un pacto o contrato. Conforme a la información proporcionada por la demandada en relación al pago de la indemnización por no haberle notificado a la demandante la suspensión del contrato de trabajo, según Oficio No DTH-510-10-2015, la indemnización fue pagada en el mes de noviembre del año 2014, por valor de L 18,809.76, a través de depósito en su cuenta bancaria en el Banco Lafise. Finalmente, es preciso establecer que mediante comparecencia de fecha 17 de febrero del año 2016, el representante procesal demandado, Abogado Marco Tulio Padilla Velásquez, haciendo del conocimiento de esta judicatura de lo que llamó “Hecho Nuevo” el cual se rechaza porque la resolución que acompañó la demandada no es un acto administrativo firme y consentido, ya que es objeto de impugnación a través de los recursos, tal como se puede comprobar en el expediente administrativo SUSP-CONT/034/2014, para lo cual deberá librar atento oficio a la Secretaría de Trabajo para que informe de dichas circunstancias, también debe rechazarse el hecho nuevo en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 96 regula el principio de retroactividad pero esta solo es aplicable en materia penal para favorecer al reo; por lo tanto, y en base a las argumentaciones antes relaciones de pleno derecho debe rechazarse la admisión del Hecho Nuevo presentado por la parte procesal demandada por no encontrarse ajustada al principio de Legalidad.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, SIN COSTAS; bajo el criterio que en una suspensión el patrono no podrá desmejorar las condiciones del trabajador afectado por la suspensión, es decir, no podrá ser despedido y en el presente caso, la parte demandada con evidente abuso y violentando derechos fundamentales del trabajador, da por terminada la relación laboral sin haber concluido los ciento veinte (120) días, y sin esperar la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con lo cual no puede establecerse con certeza si la suspensión iba o no a ser autorizada al momento del despido y si existían razones justificadas para ello, es decir, si la causal es legítima y además si la causal invocada afecta a la empresa. Al no tener la empresa demandada la autorización dentro del término de los ciento veinte (120) días que duró la suspensión del trabajo y haber procedido a despedir a la demandante sin la autorización antes señalada, convierte el despido en arbitrario, ilegales e injustos, puesto que está utilizando una potestad que establece la ley (la suspensión del contrato de trabajo) en perjuicio de los intereses de los trabajadores y la falta de una justa causa considera este Tribunal que únicamente tenía como objetivo no pagar los salarios o simplemente encubrir un despido. Si bien es cierto, la parte demandada en la nota de despido le reconoce a la trabajadora demandante el pago de sus derechos laborales, sin embargo conforme lo establece la Constitución de la República, es al trabajador a quien le corresponde decidir si opta por el pago de sus prestaciones laborales o por el reintegro a su puesto de trabajo, reconociendo en ambos casos el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en caso de despido injusto y en el presente caso la demandante ha optado por el reintegro al puesto de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintidós de agosto del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación con el 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo, la cual atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del código del trabajo) deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el articulo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (Art. 112 deI Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (Art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (Art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el Art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCION GUZMAN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELENIA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, SA., (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los Art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, el 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: si bien es cierto que el Art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el Art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los Art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los Art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que el trabajador, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”, por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; b) en la explicación del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos: 97, 98, 100, 111 numeral 8), 114, 117, 120 y 126 del Código del Trabajo, 62, 80, 129 de la Constitución de la República; olvida el Censor que la violación por vía directa se produce al margen del material probatorio, siendo que la causa de terminación fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque al fallo por esta vía; c) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 9 Y 10; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 55 AL 62, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL. Articulo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) El oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 9 y 10; B) Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 85 al 174 y C) Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 55 al 62, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) El Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio del 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folio 9 y 10; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio de prueba consistente Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 85 al 17, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Aunado a lo anterior, la Resolución 132-2015 emitida por la Secretaría de Trabajo es un acto formalmente administrativo cuyo objeto de fondo es resolver un asunto laboral, es decir, que el procedimiento de suspensión de contratos de trabajo se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a su forma y por el Código de Trabajo en cuanto a su fondo. En resumen, el proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a guo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentados por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos e mi contraparte han sido falsos. 5) el medio probatorio DOCUMENTAL PUBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 55 al 62 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce la falta de apreciación de determinada prueba y por otra la interpretación errónea del medio de prueba, entendiendo esta última como apreciación errónea, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos, sin embargo, también es oportuno señalar que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente y dejada de apreciar a un mismo tiempo, todo ello provoca falta de claridad y precisión en el motivo expuesto; y, b) que el error de hecho debe ser ostensible, que permita que confrontado el fallo pueda determinarse el yerro del Juzgador de grado; sin embargo, de lo expuesto por el Impetrante se observa que constituyen alegaciones propias de instancia sin demostrar el error invocado.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar al trabajador los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a los dispuesto en el articulo anterior el primer párrafo el articulo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que a los salarios dejaos de percibir se pagaran desde la en que ocurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se revela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural, en vista de que lo ocurrido no fue un despido, sino un terminación de contrato conforme a la normativa expuesta.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; y, b) cabe mencionar al Censor, que la disposición sustantiva que ataque en este motivo por interpretación errónea, entendiendo que el Juzgador si debió aplicarla pero lo dio alcances distintos a los pretendidos por el Recurrente, sin embargo la misma norma fue atacada en el primer motivo del recurso de casación que nos ocupa, por aplicación indebida, es decir, que no debió aplicarse conforme a lo esgrimido, todo lo cual provoca falta de claridad y precisión e incumplimiento a la técnica de casación, por cuanto una misma disposición no puede invocarse ser aplicada indebidamente e interpretada erróneamente a un mismo tiempo contra el fallo impugnado.- VIII. El impetrante alega nulidades subsidiarias en las cuales aduce que: “NULIDADES SUBSIDIARIAS SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero deI 2015, que corre agregado a folios 9 y 10, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a la señora SUSANA MARÍA ANDERSON FERNÁNDEZ a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en veinticuatro (24) de mayo del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales qye acarrean nuldad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivo ni funadmento todos los hechos controvertidos, mismso que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso subjudice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dieta prescindiendo de las normas secuenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada”.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia que se revisa si contiene motivación y la fundamentación, que de no ser compartida con el Censor debió atacar la sentencia con un motivo debidamente estructurado y conforme a la técnica del recurso, formulado una proposición jurídica completa y admitido la causal, determinar la procedencia de la casación; sin embargo, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 357-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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