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Sentencia CL-351-16 — Registro 7301

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican como infringidos los artículos 47 del Código del Trabajo, 3, 5, 13 numeral 2 y 3, 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil y 94 de la Ley de Contratación del Estado, pero es el caso, que el primero no ostenta la calidad de sustantivo y los segundos y tercero no pertenecen al orden laboral; b) la aplicación indebida y el error de derecho por falta de apreciación señalados, en la formulación, son modalidades de violación a la ley distintos que debieron ser indicados en forma separada e independiente; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia los cuales, resultan inapropiados en este recurso extraordinario."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones y demás indemnizaciones laborales, generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, más el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de mayo de dos mil catorce, por la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES, mayor de edad, casada, Contadora Pública, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones e indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos; pago de vacaciones causadas y proporcionales; aguinaldo causado y proporcional, decimo cuarto mes causado y proporcional (año 2013); salarios dejados de percibir; instaurada por la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; II.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; pagar a la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES; la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 249,036.10), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 54,448.32; Auxilio de Cesantía Lps. 54,448.32 Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 15,880.73; Vacaciones 2012 y 2013 Lps. 46,670.00, Vacaciones Proporcionales 2013 Lps. 13,417.56; Aguinaldo causado 2013 Lps. 23,335.00; Aguinaldo proporcional Lps.2,139.03; Decimocuarto mes causado Lps. 23,335.00; decimo cuarto mes proporcional Lps.15,362.14; Más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia- III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de Vacaciones Proporcionales, decimo tercer mes, decimo cuarto mes todos causados y en forma proporcional; instaurada por la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Aboga6do ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar dicho conceptos a la Señora AGUILUZ CANALES. SIN COSTAS…”.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, mediante la suscripción de varios contratos de Servicios Profesionales, al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, desde el 01 de agosto del año 2011, en el puesto de Administradora de la Unidad Técnica del Bono 10000, devengando un salario mensual de L.23, 335.00. Que una vez vencido el último contrato de trabajo (28 de febrero de 2014) la demandada no renovó el mismo, a pesar de estar consciente que le asistía a la demandante el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos, en consideración a lo anterior y con fundamento en el artículo 113 del Código del Trabajo, el cual es alternativo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con el demandado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante sostuvo una relación contractual con el demandado por tiempo determinado originada por Contratos de Servicios de Consultoría Individual, por lo tanto, los contratos suscritos por la parte actora tenían fecha de inicio y terminación, modalidad que hacía de dichos contratos de consultoría no ser considerados como contratos laborales enmarcados dentro de la normativa del Código del Trabajo sino que los mismos están considerados dentro del estamento legal que establece la Ley de Contratación del Estado, sin otros beneficios más que los provenidos de su propia natural1eza. En consecuencia, la terminación del Contrato de Consultoría suscrito por las partes, no acarrea responsabilidad alguna para el demandado, por no estar considerados éste tipo de contratos como trabajo permanente regido por la Ley de Contratación del Estado, en su Capítulo VII, que en el artículo 94 dispone: “Contrato de Consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que ésta determine, para efectuar estudios, diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuesto, programación o supervisión técnica de obra u otros trabajos de la misma naturaleza”, como sucedió en el caso de la demandante dentro del cual no se hacía otra deducción más que aquella que establece dicha ley que es del 12.5% según la Ley del Impuesto Sobre la Renta, extremo éste que se acreditará al momento oportuno del proceso, y que la contratación última que se celebró con la demandante fue mediante el contrato de consultoría No. 012/2014, vigente del 04 al 28 febrero del 2014, correspondiendo a la demandante probar lo relacionado a su cargo dado que por sus servicios prestados como consultora efectivamente según nota del 27 de febrero del 2014 se proporcionó en concepto de pago por tales servicios la cantidad indicada por la demandante. Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por la demandante por ser su labor predominantemente técnica de carácter temporal y no permanente como es el Programa Bono Diez Mil el que antes era manejado por la Secretaría de la Presidencia y con la cual firmó Contrato de Consultoría el demandado, pero que además de haber finalizado dicho contrato a tal Secretaría se le ha quitado el presupuesto asignado al “Programa Presidencial Educación, Salud y Nutrición Bono 10 Mil”, de donde se desprende que dada la modalidad bajo la cual eran tutelados los servicios profesionales que prestaba la demandante a la Secretaría de Estado, siendo improcedente colocar éstos dentro del marco de la normativa que rige los contratos laborales o profesionales contemplados en el Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Rosa Elena Aguiluz Canales contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a la demandante la cantidad de L.249,036.10 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones 2012 y 2013, vacaciones proporcionales 2013, aguinaldo causado 2013, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes causado, decimo cuarto mes proporcional, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de vacaciones proporcionales, decimo tercer mes, decimo cuarto mes todos causados y en forma proporcional; absolviendo al Estado de Honduras, del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inicio su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo, por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito, asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir. Que la parte demandante solicitó en el Acápite Cuantía de la Demanda el pago de los derechos adquiridos tales como: vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, décimo cuarto causado y proporcional; en cuanto a las vacaciones causadas procede declarar con lugar las mismas en virtud de estar acreditado en autos que no le fueron pagadas; en lo que respecta al pago de vacaciones proporcionales procede declarar sin lugar en virtud de no acreditar tener derecho a ello; en relación al pago de decimo tercer mes causado y decimo cuarto mes causado correspondiente al año 2012, procede declarar sin lugar en virtud de constar en autos que el mismo ya se les hizo efectivo (ver folio 258 de los autos); en lo que se refiere al aguinaldo proporcional y decimo cuarto mes proporcional de los 2012 procede declarar sin lugar dicho reclamo por no estar acreditado en autos tener derecho a ello; en relación a los derechos adquiridos del año 2013 como ser: vacaciones, aguinaldo y decimo cuarto mes causados procede declarar con lugar en virtud de no existir registros en donde conste que se le hayan pagados los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que analizados los contratos de servicios profesionales y de consultoría celebrados por la demandante con la parte demandada, a criterio, no era procedente celebrar éste tipo de contratos con éste personal, pues reiteradamente se ha establecido, que los contratos de ésta índole no se enmarcan dentro de los contratos administrativos y mucho menos que sean resueltos sus conflictos mediante el proceso de conciliación y arbitraje, además aunque se haya establecido en dichos contratos que el trabajador no se considera empleado permanente y que se somete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal cláusula no es aplicable, pues como ya se dijo la demandante desarrolló labores de carácter permanente y continuas en la institución y además la relación laboral reúne los tres elementos esenciales para que exista contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, es decir un salario como retribución de su servicio, el trabajo realizado personalmente y la subordinación. Que con las pruebas aportadas al proceso y la misma declaración de la parte demandada se establece que la relación laboral finalizó el 28 de febrero de 2014, por haber llegado a su fin el contrato y el mismo no fue renovado, con lo cual se determina que la demandante fue despedida sin indicarle ninguna causal justa de las establecidas en el Código del Trabajo, por lo que es procedente declarar con lugar la demanda de se ha hecho merito.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en el primer único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en los Contratos de Consultoría que firmase la señora ROSA ELENA AGUILUZ CANALES, con mi representado, los cuales obran a folios 197 al 202 de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del 47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encuentra en el CONSIDERANDO (10), donde se manifiesta que desde el inicio de la relación laboral de la demandante, con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajo permanente. Olvidándose el señor juez que los “Contratos de Consultoría” como el firmado por mi representado y la actora de la demanda forman parte del derecho laboral, siendo estos contratos especiales contemplados dentro del marco de lo que establece la Ley de Contratación del Estado en su capítulo VII, que en el artículo 94 dispone: Contrato de Consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que ésta determine para efectuar estudios de diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras u otros trabajados de la misma naturaleza”. Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por la demandante por ser su labor predominantemente técnica, de carácter temporal y no permanente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no apreciar que la modalidad bajo la cual eran tutelados los servicios profesionales que prestaba la demandante a mi representado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa que rige los contratos profesionales contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que los contratos que suscribiera la demandante cuenta con tres características: a) Su contratación consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con y alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Consultoría); y sobre todo no tiene el carácter de permanente, b) la única deducción que se le hacía en su pago era la del 12.5% (doce punto cinco por ciento) según la Ley de Impuestos sobre la Renta. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indican como infringidos los artículos 47 del Código del Trabajo, 3, 5, 13 numeral 2 y 3, 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil y 94 de la Ley de Contratación del Estado, pero es el caso, que el primero no ostenta la calidad de sustantivo y los segundos y tercero no pertenecen al orden laboral; b) la aplicación indebida y el error de derecho por falta de apreciación señalados, en la formulación, son modalidades de violación a la ley distintos que debieron ser indicados en forma separada e independiente; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia los cuales, resultan inapropiados en este recurso extraordinario.- IV. Por lo anteriormente expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 351-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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