Sentencia CL-350-17 — Registro 8014
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia, declarando con lugar la demanda interpuesta por el demandante para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a que tiene derecho su representado, por el despido directo e injusto y de manera verbal de que fuera objeto, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 26 de septiembre del 2017, por el Abogado NAPOLEÓN FRANCE BARÓN GALVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor OSMAN LANZA MOORE, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ILDEFONZO VIDES MELGAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, injusto y verbal, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, que se aplique el derecho extra y ultra petita, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2015, por la señora LOURDES DEL ROSARIO BONILLA MARTINEZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Matemáticas, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante legal del señor OSMAN LANZA MOORE, mayor de edad, soltero, Licenciado en Educación Física, hondureño y de este domicilio, contra el CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidente de la Junta de Administración señora ALINA PATRICIA DÍAZ ORDOÑEZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Psicología, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ILDEFONZO VIDES MELGAR, en su condición de Representante Procesal demandante.- II.- REVOCAR la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, que obra a folios 213, 214, 215 y 216 frente y vuelto de la primera pieza del expediente, en los términos siguientes: UNO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LOURDES DEL ROSARIO BONILLA MARTÍNEZ, en su condición de Representante Procesal del señor OSMAN LANZA MOORE, contra el CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de la señora ALINA PATRICIA DIAZ ORDOÑEZ, en su condición de Presidente de la Junta de Administración de dicho Club social, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a que tiene derecho su representado, por el despido directo e injusto y de manera verbal de que fuera objeto, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su despido y hasta que quede firme la sentencia condenatoria, se solicita la aplicación del derecho Extra y Ultra petita, a favor de su representado.- DOS: CONDENAR AL CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por intermedio de la señora ALINA PATRICIA DÍAZ ORDOÑEZ, a pagarle al señor OSMAN LANZA MOORE, lo siguiente: a) La cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.363,985.56), desglosados así: Preaviso: L.46.596.68; Auxilio de Cesantía: L.279,58o.o8; Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 5,242.12; Vacaciones: L.15, 532.20; Vacaciones Proporcionales: L.3,494.75; Aguinaldo Proporcional: L.11,762 .39; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.1,777.34.- b) A título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador desde la fecha de su despido hasta que con sujeción a las normas laborales cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para el Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, el 12 de mayo de 2003, desempeñando el puesto de Instructor de Educación Física y Deportes, y encargado del Gimnasio, devengando un salario al momento del despido verbal de L.19,070.00 mensuales, mediante Contrato de Trabajo por tiempo limitado; resulta que en el mes de agosto de 2004, durante el desarrollo de los Juegos Bantralinos organizados por el Club Social, el demandante tuvo un accidente de trabajo, quién se lesionó la pierna derecha en un encuentro deportivo, no pudiendo ser atendido en el I.H.S.S., ya que el patrono no había hecho los trámites para afiliar al demandante a esa institución de seguridad social, por lo cual tuvo que asistir a consulta en el Hospital San Felipe, en el cual le indicaron unas radiografías en la que se determinaba que era de carácter urgente hacerle un procedimiento ortopédico y que no se le podía realizar en esa institución hospitalaria ya que ellos carecen de ese equipo ortopédico; a raíz de lo anteriormente expresado al demandante no se le hizo ningún procedimiento médico en dicho hospital, hasta que el 01 de diciembre de 2004, fue asegurado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que pudo ser tratado por varios doctores quienes en reiteradas ocasiones le indicaron incapacidades y asistencia a terapias; que en el mes de julio de 2009, la lesión de la pierna derecha del trabajador demandante se hizo más profunda producto de un nuevo accidente de trabajo, mientras cumplía actividades laborales dentro de las instalaciones del Club Social, por lo que acudió en atención médica al IHSS en donde los médicos consideraron que era necesario colocarle en la rodilla derecha dos clavos biodegradables, siendo el demandante objeto de mala praxis en el IHSS, quedando incapacitado de manera permanente y de por vida, además que en el mes de marzo de 2013 el demandante sufrió un nuevo accidente, a lo que el patrono no atendió las solicitudes del demandante para recibir atención médica urgente, sino que fue hasta el 13 de mayo del 2014 que a través de la Clínica Médica del mismo le otorgó incapacidad temporal el 22 de junio del 2014 y es hasta el 02 de agosto de 2015, que el IHSS le otorgó incapacidad permanente, recibiendo el demandante el pago del salario de manera puntual. Pero es a partir del 02 de agosto de 2015, en que se le ratifica en horas de la tarde, por parte de la señora Gladys M. Flores Sosa, en su condición de Administradora de dicho Club Social, que desde el 30 de julio de 2015, que el demandante estaba despedido, por haber llevado a la señora Presidente del Consejo de Administración del Club ante la Inspectoría del Trabajo, solicitándole al demandante que le hiciera llegar el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que le pudieren corresponder, por lo que el trabajador envió al Club el cálculo de prestaciones, pero al no haber recibido respuesta sobre el pago, procedió a solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo; y con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio, en fecha 06 de agosto del 2015, acudieron a las oficinas del Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales dependiente de la Dirección General del Trabajo, siendo imposible llegar a conciliar, por lo que con ello se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante no fue objeto de despido verbal el 02 de agosto de 2015 por parte del patrono demandado, y que al trabajador se le efectuaron los pagos de su salario correspondiente; que al demandante desde el 12 de mayo del 2003, suscribió 5 contratos de trabajo por tiempo limitado, y que el último contrato venció el 31 de diciembre de 2005 y que el 02 de enero del 2006 las partes suscribieron un contrato de trabajo por tiempo indefinido; además manifestó que el 21 de enero de 2014 hasta el 02 de agosto de 2015, presentó incapacidades médicas extendidas por el IHSS, por el padecimiento de una serie de enfermedades, entre ellas: cardiopatía, falla ventricular, hipertensión pulmonar, gastritis, anemia, diabetes mellitus y cirrosis Clase B, enfermedades alegó que no tienen relación alguna con los supuestos accidentes de trabajo; y que al demandante se le estuvo pagando el salario hasta el 29 de diciembre del 2015 pese a que el 02 de agosto se le venció la incapacidad y quien partir de esa fecha no justificó la ausencia al puesto de trabajo, más bien entabló demanda en fecha el 12 de octubre de 2015. Que no existió ningún despido verbal, como aduce el demandante, que el Club Social del BCH determinó el 29 de diciembre del 2015, ponerle fin a la relación laboral que mantenía con dicho señor, quien dejó de asistir a sus labores por más de 4 meses, sin que mediare causa que lo justificará, pues durante dicho periodo no presentó documento alguno que acreditara las razones de su ausencia a su puesto de trabajo, lo cual se hizo por escrito y fue recibida por el demandante, que fue en esa fecha en que operó el despido directo y justificado, por lo que le ofreció el pago de los derechos proporcionales. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; demanda ordinaria laboral que fue promovida por la señora Lourdes del Rosario Bonilla Martínez, en su condición de representante legal del señor Osman Lanza Moore, contra el Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, sin costas; bajo el criterio que el demandante ha pretendido acreditar el despido verbal que dice haber sido objeto el 02 de agosto del 2015, únicamente con la declaración testifical, misma que no se le dio el valor probatorio que pretende la parte demandante, en vista de que es una testigo de oídas, o sea que supo que al demandante lo habían despedido, además aseveró que el despido se produjo entre los meses de junio y julio del 2015; asimismo el patrono durante todo el año 2015 cumplió con el pago del salario y demás derechos colaterales que le correspondían al trabajador, a pesar que a partir del 03 de agosto del 2015 hasta el 29 de diciembre de 2015 no presentó documento alguno que justificara su ausencia al puesto de trabajo; de igual manera aun estando recibiendo el salario el demandante el 12 de octubre del 2015, acudió a esta instancia judicial presentando la demanda, lo cual se denota la mala fe del trabajador y no se pronuncia sobre la pedido en cuanto a la extra y ultra petita, ya que el demandante no probó fehacientemente el supuesto accidente de trabajo, asimismo los derechos adquiridos le fueron cancelados mediante cheque N°01003746 por la cantidad de L.34,962.68. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha17 de mayo del 2017, dictó sentencia revocando la proferida por el a quo, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Representante Procesal de la parte demandante; revocó la sentencia definitiva y declaró con lugar la demanda ordinaria laboral; condenó a la parte demandada, a pagar al señor Osman Lanza Moore, la cantidad de L.363,985.56, en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador desde la fecha de su despido hasta que con sujeción a las normas laborales cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada afirma que al trabajador no se le despidió en forma verbal el 02 de Agosto del 2015, sino que determinó despedir por escrito al demandante el 29 de diciembre del 2015, por haber dejado de asistir a sus labores desde el 03 de Agosto del 2015, por consiguiente quién tiene la carga probatoria en este juicio es la parte demandada; que con la nota de fecha 29 de diciembre del 2015 dirigida al señor Osman Lanza Moore, Instructor de Educación Física y Deportes Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras por la señora Gladis Margarita Flores Sosa, Administradora, mediante la cual se le hace de su conocimiento que se ha decidido a partir del 29 de diciembre del 2015 dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, por haber dejado de asistir a su puesto de trabajo sin contar con el permiso del patrono y sin causa justificada desde el 03 de agosto del 2015 hasta la fecha; que en fechas 27 de marzo, 30 de abril y 11 de julio del 2015 el demandante dirigió notas al patrono demandado, solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales, basado la situación delicada de salud que estaba atravesando, notas que fueron debidamente recibidas, pero no consta que a las mismas se les haya dado respuesta y ese mismo reclamo lo hizo ante la Inspectora de Trabajo, quién al cederle el uso de la palabra a la señora Alma Patricia Díaz Ordoñez, en su condición de Presidente de la Junta Administradora del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, entre otras cosas manifestó que el demandante está en una situación complicada de salud, actualmente está en período de incapacidad y presenta una incapacidad común, en ninguna se presenta la incapacidad de trabajar y mucho menos si es de manera permanente que lo imposibilite ejercer sus labores, está claro de la situación y aun así le ha cumplido, lo que se está haciendo es respetando la Ley del Seguro Social, así como el tiempo que ese trámite requiere; que en consonancia con lo expresado por la Presidenta de la Junta Administradora del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, aparece que en las Planillas de salarios, décimo tercer y décimo cuarto mes, correspondientes a los meses de Enero a Diciembre del 2015, le fueron cancelados todos sus sueldos al demandante y en la transcripción de la constancia extendida por el Secretario General del IHSS se indica que el trabajador demandante aparece registrado como asegurado activo cotizante en la planilla que pertenece al patrono demandado, durante el período de febrero 2005 a enero de 2016 y que la Gerencia de Riesgos Profesionales Comisión Técnica de Riesgos Profesionales Dictamen de Reubicación Laboral No.196-16 en relación al caso del trabajador demandante, al realizar los estudios correspondientes concluyó lo siguiente: A) El afiliado se encuentra recibiendo tratamiento especializado por presentar Síndrome reposo prolongado del paciente crítico, Cardiopatía dilatada, Hipertensión arterial y pulmonar y Gonartrosis derecha, razón por la cual no debe; 1) Levantar, sostener o halar objetos con un peso mayor a 10 lbs. 2) Deambular constantemente, largas distancias o por terrenos irregulares. 3) Permanecer de pie o sentado por períodos prolongados sin alternar al menos cada hora. 4) Subir y bajar gradas repetidamente. 5) Adoptar posturas forzadas como de cuclillas o de rodillas. 6) Realizar actividades extenuantes o jornadas extensas. B) En vista que el paciente se encuentra en un estado incapacitante y su oficio requiere de actividad física constante, consideran pertinente se inicien trámites de pensión por enfermedad y hace la recomendación de que inicie trámites de pensión por enfermedad por la Comisión Técnica de Invalidez; que no obstante lo anterior, en vez de ubicar al trabajador en otras labores, aun sabiendo la parte demandada desde la fecha en que rindió su declaración ante la Inspectora del Trabajo, el día 31 de julio del 2015 la situación en que se encontraba el demandante, después de haberle cancelado sus salarios durante todo el año del 2015; de encontrarse el trabajador como afiliado activo cotizante en el IHSS, que en los contratos de trabajo se estableció que no se le aplican al Empleado las normas establecidas en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo ni las normas del Plan de Asistencia Social, lo que hace la Presidenta de la Junta Administradora del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central es despedir al demandante en fecha 29 de Diciembre del 2015, con efecto retroactivo por haber faltado desde el 03 de Agosto del 2015.- El principio de “legalidad” o primacía de la ley, es uno de los principios fundamentales del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción a fin de garantizar la seguridad jurídica y en el caso de autos, el despido del trabajador demandante se sustenta en el hecho de que ha dejado de asistir a su puesto de trabajo desde el 03 de agosto del 2015 hasta el 29 de diciembre del 2015, además de las circunstancias anteriormente expuestas y de acuerdo a lo que establece el artículo 863 del Código del Trabajo; en el caso de autos, es evidente que la ruptura de la relación laboral se produjo fuera del término que la ley le concede al patrono para ejercitar la acción de despido. 5.- Mediante auto de fecha 22 de agosto del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NAPOLEÓN FRANCE BARÓN GALVEZ, en su condición de representante procesal del CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 26 de septiembre del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado NAPOLEÓN FRANCE BARÓN GALVEZ, en su condición de representante procesal del CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ILDEFONZO VIDES MELGAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que el Abogado NAPOLEÓN FRANCE BARÓN GALVEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de los medios de prueba documentales que obran en los folios 104 al 129 y 133 de la primera pieza de autos, admitida a la parte demandada que adelante singularizo en relación a la demás prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 765, párrafo segundo, ordinal primero del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada en este motivo está contenida en el Artículo 113 párrafo, primero Código del Trabajo, en relación con los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA INFRACCIÓN: Las normas procesales que sirvieron de medio para la infracción de la norma sustantiva violada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADO: De las pruebas propuestas y practicadas en su conjunto singularizo las que fueron apreciadas erróneamente: DOCUMENTAL: Consistente en: a) Planillas de salarios del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, de enero a diciembre de 2015 (folios 104 al 129 de la primera pieza de autos). b) Nota del 29 de diciembre 2015 que dirigió la Administradora del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, al señor OSMAN LANZA MOORE, mediante la cual se dio por terminada la relación de trabajo que vinculaba al señor LANZA MOORE como empleado del referido Club, ya que dejó de asistir a su puesto de trabajo sin contar con el permiso del patrono y sin causa justificada desde el 3 de agosto de 2015 (folio 133 de la primera pieza de autos). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Doctrinariamente se ha establecido que la violación indirecta de las normas sustantivas en materia laboral, tiene ocurrencia a través de errores de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, es decir, que entre la sentencia acusada y la ley sustancial hay de por medio un problema probatorio y este es, precisamente, el camino a través del cual se llega a la violación de una norma sustantiva. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que el error de hecho ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma, lo cual debe conducir a la violación de la ley sustantiva, pero el error debe ser manifiesto, evidente y ostensible, consecuentemente, está causal de casación resulta entonces, de un equivocado razonamiento de las pruebas que conduce al juzgador a dar por probado un hecho sin estarlo o por el contrario, a dar por no probado un hecho estándolo. La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba que se singularizan, en relación a los demás medios de prueba apreciados en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el Artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar, sin errores, la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular al haberse apreciado erróneamente los medios de prueba documentales que se singularizan, ello conllevó a que la corte sentenciadora concluyera: “...en el caso de autos, el despido del señor Osman Lanza Moore se sustenta en el hecho de que ha dejado de asistir a su puesto de trabajo desde el tres (3) de agosto de 2015 hasta el 29 de diciembre de 2015, además de las circunstancias anteriormente expuestas y de acuerdo a lo que establece el Artículo 863 del Código del Trabajo, los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este, o, en su defecto desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la sanción disciplinaria; en consecuencia en el caso de autos, es evidente que la ruptura de la relación laboral se produjo fuera del término que la ley concede al patrono para ejercitar la acción de despido”. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de pruebas singularizados, se hubiera dado por establecido que los mismos revelan en forma indubitable, lo siguiente: 1) Las Planillas de salarios de enero a diciembre de 2015 acreditan que el trabajador recibió de manera mensual todos los salarios de ese año, por lo que evidentemente en ningún momento se configuró o dio el despido verbal que aduce la demandante que fue objeto el señor OSMAN LANZA MOORE el 2 de agosto de 2015 y que motivó la demanda; 2) La nota del 29 de diciembre de 2015 singularizada en este cargo, evidencia que el despido del trabajador se realizó 3 meses con 27 días posteriores a la presentación de la demanda, por lo que el referido despido no fue objeto de controversia judicial por razones obvias, es decir, no formó parte del debate o de discusión, ratificando tal situación jurídica con el reconocimiento expreso formulado por la parte demandante en su plan de demanda, que la misma se centra en un supuesto despido verbal; adicionalmente, dicha nota al no ser impugnada en legal y debida forma, por parte del trabajador, fue aportada por nuestra parte con la única finalidad de acreditar cuando jurídicamente se dio la terminación de la relación laboral del señor LANZA MOORE, es decir, con posterioridad a la acción entablada. Cabe reiterar que todos los extremos que anteceden quedaron totalmente probados con los medios de pruebas documentales mencionados, los cuales reiteró, si bien fueron apreciados por la Corte Sentenciadora denotan que lo hizo en forma errónea, lo que hace que resulte manifiesto el error judicial en la valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en abierta violación indirecta del Artículo 113, párrafo primero del Código del Trabajo que establece: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunica al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido...”. Sí la corte sentenciadora no hubiera violentado en su fallo la precitada norma sustantiva, habría llegado al convencimiento que en la presente litis no podía habérsele dado mayor valor jurídico a la nota de despido del 29 de diciembre de 2015 mediante la cual el Club Social de Funcionarios y Empleados del BCH dio por terminada la relación laboral con el señor OSMAN LANZA MOORE, respecto de la demás prueba aportada en su conjunto, pues tal despido repito no era objeto del debate, de manera que el Ad-quem al valorarlo como si fuera el acto impugnado, incurrió en un error de hecho en la apreciación del medio de prueba en referencia, con lo cual se dejó en abierta indefensión a mi representado, violentando así el Artículo 113, párrafo primero del Código del Trabajo, relacionado con los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que consagran los principios del derecho de defensa y del debido proceso, por lo que consideramos que los aspectos planteados en este motivo de casación hacen legalmente viable para que se case la sentencia recurrida.”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el Impetrante no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; ya que la prueba que se señala como apreciada erróneamente ,este Tribunal considera que el juzgador de instancia la apreció correctamente en vinculación con el resto del material probatorio, más aún cuando fue la parte demandada que al contestar la acción del demandante introdujo al debate el tema del despido escrito notificado al trabajador, por lo que la valoración de ese hecho es congruente con los extremos en debate y ello no ha producido ninguna indefensión como se invoca. IV.- Que el Recurrente en el segundo motivo esgrime: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del Artículo 95, párrafo introductorio, numeral 1) Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 765, párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada en este motivo está contenida en el Artículo 95, párrafo introductorio, numeral 1) Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La doctrina y la reiterada jurisprudencia de ese Alto Tribunal de Justicia establece que la infracción directa se produce cuando a un hecho debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, destacando que dicha infracción se da con independencia de los medios probatorios. Consta en la primera pieza de autos que el 12 de octubre de 2015, la señora LOURDES DEL ROSARIO BONILLA MARTÍNEZ, en su condición de Representante Legal del señor OSMAN LANZA MOORE, compareció ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, demandando al Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, solicitando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por un supuesto despido directo, injusto y de manera verbal, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio; también es un hecho probado en autos que de conformidad con las planillas de salarios del 2015 del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, mi representado le canceló al señor LANZA MOORE durante el año 2015 todos sus salarios, aspecto que sí fue valorado por el A-quo en la sentencia definitiva dictada el 16 de febrero de 2017, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de mérito. Si la corte sentenciadora hubiera valorado el Artículo 95, párrafo introductorio, numeral 1) del Código del Trabajo que establece, que son obligaciones de los patronos pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos en el contrato, hubiera llegado a la convicción que en el caso de autos no se configuraba el despido verbal alegado por la parte demandante, pues simultáneamente a la presentación de la demanda de mérito (12 de octubre de 2015), el trabajador continuó recibiendo los salarios del años 2015 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año, por lo que estimamos que lo expuesto en este motivo de Casación hace legalmente viable el mismo y es suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.”. V.- El cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. VI.- También se pide se declare la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, bajo el siguiente señalamiento: “Sin perjuicio de lo procedente en la admisión de los motivos de Casación expuestos, planteo en forma subsidiaria a la presente demanda de Casación, incidente de nulidad absoluta de actuaciones contra la Sentencia definitiva dictada el 17 de mayo de 2017 por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. Lo anterior, en virtud que la sentencia de segunda instancia en el numeral UNO establece: “...Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral ..., para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a que tiene derecho su representado, por el despido directo e injusto y de manera verbal de que fuera objeto, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su despido y hasta que quede firme la sentencia condenatoria, se solicita la aplicación del derecho Extra y Ultrapetita, a favor de su representado”, la que fue presentada el 12 de octubre de 2015. Lo señalado precedentemente denota una incongruencia de la sentencia recurrida, en vista que el objeto de la demanda que nos ocupa es un supuesto despido verbal realizado al trabajador el 2 de agosto de 2015 y la sentencia del Ad-quem se motiva o se fundamenta específicamente en un despido escrito (que no fue objeto del debate, ni un hecho discutido en juicio), que es la nota del 29 de diciembre 2015 que dirigió la Administradora del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras, al señor OSMAN LANZA MOORE, mediante la cual se dio por terminada la relación de trabajo con dicha persona, deficiencia legal que infringe el Artículo 208, numeral 1) del Código Procesal Civil, que rige como norma supletoria, que establece que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito, por lo que estimo que la sentencia recurrida tiene vicios de nulidad, en vista que de conformidad con Artículo 211 del Código Procesal Civil, el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con los actos procesales da lugar a su nulidad. En razón de lo anterior, estimo que debe declararse con lugar la nulidad absoluta de actuaciones planteada contra la sentencia definitiva dictada por la corte sentenciadora, desde el folio 13 en adelante de la segunda pieza de autos, es decir, desde el acto judicial mediante el cual el Juzgado de Segunda Instancia dictó la sentencia del 17 de mayo de 2017, así como de las subsiguientes diligencias judiciales relacionadas con la demanda de mérito.”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, los argumentos sobre una supuesta incongruencia del fallo recurrido, en razón del tema del despido del demandante, no existe ya que fue la misma parte demandada que al contestar la demanda en el numeral cuarto del acápite de los “HECHOS Y RAZONES EN QUE SE SUSTENTA LA DEFENSA PARA RECHAZAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA”, sostuvo que el Club Social del BCH determinó el 29 de diciembre del 2015, ponerle fin a la relación laboral que mantenía con dicho señor, por haber dejado de asistir a sus labores por más de 4 meses (del 3 de agosto al 29 de diciembre de 2015), sin que mediare causa que lo justificará, pues durante dicho periodo no presentó documento alguno que acreditara las razones de su ausencia a su puesto de trabajo, por ende se trata de una cuestión debatida y de la cual el ad-quem partió para estimar lo injusto de tal determinación, así como la procedencia de la demanda; no obstante lo anterior, es importante dejar establecido que este Tribunal no comparte lo que corresponde al criterio esbozado en dicha sentencia, de que la notificación de la ruptura laboral se produjo fuera del término de ley, ya que no existió ningún alegato que fuera realizado oportunamente por la parte demandante sobre ese tema de prescripción para poder efectuar su valoración y que se estima innecesario hacerlo, ya que consta en el expediente que la demandada conociendo la situación de salud del trabajador y en espera de que el IHSS lo pensionara por enfermedad, optó por una conducta contraria al principio de buena fe y olvidando respetar los derechos humanos fundamentales de él como persona humana y trabajador, pretendiendo luego en el proceso, aprovecharse de la confusión generada al no haber atendido ni respondido las notas que en distintas fechas le fueron remitidas por el señor LANZA MOORE solicitando el reconocimiento de las prestaciones e indemnizaciones laborales (se señala en la primera nota del 27 de marzo del 2015, que tal petición se hizo en cumplimiento a lo que fuera solicitado por la demandada) e igual actitud se evidencia en las comparencias y actuaciones posteriores efectuadas ante las autoridades administrativas del Trabajo en fechas 31 de julio y 11 de agosto del 2015; por lo que se estima que la sentencia recurrida resuelve el conflicto de forma ajustada a los principios generales que informan al derecho del trabajo, por ende, no resulta ser violatoria del derecho de defensa o debido proceso, siendo inestimable tal petición. VIII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación, asimismo cabe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 350-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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