Sentencia CL-350-16 — Registro 7300
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales, que se declare por tiempo indefinido la relación laboral, en consecuencia se conceda todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, reinstalación al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y reajuste al salario mínimo, costas del juicio y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II.- Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en el primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. …- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en su explicación alude a la falta de apreciación de las pruebas que singulariza en el cargo, sin precisar su alcance o criterio de valoración.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora NORMA LETICIA CRUZ, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales, que se declare por tiempo indefinido la relación laboral, en consecuencia se conceda todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, reinstalación al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y reajuste al salario mínimo, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, por la señora NORMA LETICIA CRUZ, mayor de edad, soltera, aseadora, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOSDESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, ahora SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que:“FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO; EN CONSECUENCIA CONCEDERME TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE. REINSTALACION A SU PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION A SUS FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, REAJUSTE AL SALARIO MINIMO; instaurada por la Señora NORMA LETICIA CRUZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora NORMA LETICIA CRUZ a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; asimismo restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de su relación laboral; b) Asimismo pagarle a la Señora NORMA LETICIA CRUZ la suma MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (Lps. 1,524.00); por reajuste al salario mínimo; así como que se le reajuste su salario a la suma de Lps. 6,982.00 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora NORMA LETICIA CRUZ para declarar la nulidad de la simulación de unos Contratos; pago de Vacaciones; pago de decimo tercer y decimo cuarto de los periodos 2012-2013-2013-2014; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar a la Señora NORMA LETICIA CRUZ dichos conceptos. V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, ahora Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a partir del 04 de abril del año 2008, en el puesto de aseadora, devengando un salario mensual de L. 6,818.00, reajustado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social al salario mínimo vigente a L. 6,982.00, mediante la suscripción de varios contratos de servicios profesionales, desempeñando las labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada. Una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 20 del Código del Trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues en el presente caso en los contratos suscritos por las partes, se reúnen los elementos establecidos en la norma legal señalada, entendiéndose entonces que se esta ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado regido por la jurisdicción laboral, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no existió relación de trabajo con la demandante ya que lo que realmente sucedió fue la suscripción de varios contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, indicándose en los mismos la fecha de inicio y de finalización extremo que se constata con los contratos de servicios profesionales suscritos, asimismo, la parte actora debió acudir ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, presentando un reclamo administrativo, el cual no consta dicho reclamo de conformidad a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud que el indicado ordenamiento jurídico conocerá las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado, constituyéndose de esta manera una violación evidente al debido proceso y por lo tanto no corresponde al Tribunal del Trabajo el conocimiento de la demanda que vulnera la Legislación hondureña. Que la demandante no puede venir a dicha instancia a solicitar una permanencia en su puesto de trabajo sin haber cumplimentado los requisitos señalados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y sin contar el demandado con el renglón presupuestario para plaza permanente legalmente aprobada por el área respectiva de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para el trabajo que desarrolla la demandante mediante la modalidad de contrato a término, pues de lo contrario estaría desobedeciendo a lo que establece el artículo 109 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2014, que prescribe: “Se prohíbe a las Instituciones de la Administración Organismos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas el nombramiento o de servicios personales sin contar con la asignación presupuestaria previamente aprobada. Los funcionarios que incumplan esta disposición serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen”, de donde se desprende que lo reclamado por la demandante es improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Norma Leticia Cruz, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a lo siguiente: a) reintegrar a la demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; asimismo restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral; b) Al pago a favor de la demandante de la suma L. 1,524.00, por reajuste al salario mínimo; así como también se le reajuste su salario a la suma de L.6,982.00, salario mínimo establecido por el Gobierno Central; declaró sin lugar la demanda instaurada por la demandante para declarar la nulidad de la simulación de unos contratos, pago de vacaciones, pago de decimo tercer y decimo cuarto de los periodos 2012-2013-2014, contra el Estado de Honduras; absolviendo al demandado del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inició la relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en el Memorando N° 278-2014-SGRH de fecha 28 de febrero de 2014, no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndole a la demandante el derecho a ser reintegrada al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, así como la restitución a sus funciones, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la parte demandante solicitó la nulidad de la simulación de unos Contratos Administrativos; la suma de L.50,955.58 en concepto de pago de vacaciones; aguinaldo, decimo cuarto mes y reajuste al salario mínimo; en lo que respecta a la solicitud de la nulidad de la simulación de unos Contratos Administrativos se declara sin lugar el mismo ya que la demandante al laborar en la institución demandada gozo de todo los beneficios estipulados en dicha contratación; en lo que respecta al pago de vacaciones, se declaran sin lugar las mismas en virtud que la demandante gozo de vacaciones en los periodos 2012-2013, 2013-2014 tal y como consta a folio 408 de los autos; en lo que se refiere al pago de aguinaldo y decimo cuarto mes de salario procede declarar sin lugar en virtud de que los mismos le fueron satisfechos tal y como consta a folios 411 al 422 de los autos; en relación al pago reajuste al salario mínimo, procede declarar con lugar dicho reclamo en virtud que se constató que la demandante devengaba la suma de L. 6,818.00 y debiendo devengar la cantidad de L.6,982.00 salario mínimo establecido por el Gobierno Central.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales, para desempeñarse como Aseadora, y que dichos contratos de trabajo fueron renovados sucesivamente, desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Que ésta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente (ASEADORA); lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes, ya que con los contratos de trabajo que han acompañado como medios de prueba, se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en el primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada esta contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: 1.) El Oficio No.336-SGRH de fecha 15 de junio del 2015, mediante el cual se hace constar que la señora Norma Cruz percibió remuneración por los servicios prestados afectando el objeto específico del gasto 12,100, objeto que contiene sueldos básicos de personal no permanente. 2) Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, agregados al expediente 792-2014, específicamente la existencia de la clausula NOVENA misma que literalmente dice: “El presente contrato en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al Derecho Administrativo”. 3) Asimismo La Gaceta Número 33,044 de fecha 06 de febrero de 2013 que contiene el Decreto 2232012 contentiva de las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2013 específicamente el artículo 71, mismo en el que se señala que: Estos Contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se computa desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo esta comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por la señora NORMA LETICIA CRUZ. Esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y la demandante, sino todo lo contrario la demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyo en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener mas efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado de la demandante, se puede constatar que los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobación mediante acuerdos por parte del Señor Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2014.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en su explicación alude a la falta de apreciación de las pruebas que singulariza en el cargo, sin precisar su alcance o criterio de valoración.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 350-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
11