Sentencia CL-349-16 — Registro 8013
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenó a la parte demandada al pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y los daños y perjuicios reclamados se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce aplicación indebida, así como interpretación errónea y por otra apreciación errónea de un medio de prueba, las cuales debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; siendo las primeras dos violaciones directas y la última violación indirecta; b) el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no es un precepto legal sustantivo, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del dicho cuerpo legal; y, c) el artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo, que señala como precepto autorizantes, tiene dos párrafos, del cual debe invocar claramente, para cada motivo de casación. IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en su primer y único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 1 de septiembre del 2016, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor RAFAEL HERNANDEZ, representado en juicio por el Abogado AXEL OMAR MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se produzca el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de decimotercer mes de salario de los últimos dos años, pago de decimotercer mes proporcional, pago de decimocuarto mes proporcional y a título de indemnización por los daños y perjuicios causados, los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme el juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de abril de 2011, por el señor RAFAEL HERNANDEZ, mayor de edad, casado, Jornalero, hondureño y con domicilio en Chamelecón, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de febrero de 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida el señor RAFAEL HERNANDEZ; Contra EL ESTADO DE HONDURAS, representado por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, presidida por la señora ETHEL DERAS ENAMORADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia: 2) CONDENA al EL ESTADO DE HONDURAS, representado por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, presidida por la señora ETHEL DERAS ENAMORADO, a pagar al trabajador demandante la cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (LPS.60,225.00), distribuidos de la siguiente manera: Preaviso LPS.12,833.33; Auxilio de Cesantía Lps.25,666.67; auxilio de cesantía proporcional Lps.2,138.89; Vacaciones causadas Lps.3,666.67; vacaciones proporcionales Lps.1,222.22; Décimo tercer mes causado de los dos últimos años Lps.11,000.00; Décimo tercer mes proporcional Lps.473.61, décimo cuarto proporcional lps.3,223.61; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente Sentencia Condenatoria.- 3) SIN COSTAS.-”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la Secretaría de Salud para laborar en la Región Metropolitana de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Número 20, el 27 de octubre del 2006, como vigilante, con un horario de trabajo 24 horas continuas y 48 horas de descanso, teniendo un horario de 7:30 am hasta las 7:30 a.m. del siguiente día, devengando un salario de Lps.5,500.00, y que en fecha 01 de febrero del 2012, la licenciada Wendy Carolina Estévez, Jefa de Recursos Humanos de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, Número 20, le entregó nota que literalmente dice: “Secretaria de Salud.- Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, Cortes.- regionmetrospsyohoo.com o sulanet.net Tel/fax 5576269.- oficio No 052-11-JRH-RMSPS 01 de febrero 2011.- Señor Rafael Hernández presente.- Estimado Sr. Hernández: Sírvase la presente para comunicarle que debido a reducción de personal del presupuesto para la contratación de personal en la Región Metropolitana Numero 20 de S.P.S. Esta Jefatura de Recursos Humanos le informa que el contrato de trabajo finaliza el 31 de Enero 2011 y mismo no será renovado.- Agradeciendo sus servicios prestados a esta institución de Usted, Atentamente.- Wendy Carolina Estévez, Jefa de Recursos Humanos Región Metropolitana de S.P.S. No 20.- Dr. Julio Cesar Rodríguez, Director Región Metropolitana de S.P.S. No. 20 Adjunto oficio N°052-11-JRM-RMSPS; manifestó también que el 21 de febrero del 2011, acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a las oficinas regionales de San Pedro Sula, así que el jefe de servicios de conciliación, medición y arbitraje de la oficinas regionales de San Pedro Sula, Cortes, procedió por solicitud, audiencia de conciliación para el día 28 de febrero del 2011, a la 1:30 de la tarde, siendo el día señalado para la audiencia y en vista de que no compareció Arturo Bendaña en su condición de Ministro de Salud y sin la comparecencia de ningún representante, la Abogada Claudia Vanessa López Cruz, conciliadora laboral, procedió a dar por finalizada las diligencia gubernamentales conciliatorias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la contratación del demandante era de duración limitada y con plazo determinado y que eran Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos, los cuales son elevados a acuerdos ministeriales; que este asunto es estrictamente administrativo y quien debe de conocer de esta situación por razón de su materia es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo; argumentó también que el demandante quiere hacer creer que fue despedido injustamente, situación que nunca sucedió, ya que el presente caso no versa sobre un injusto despido, pues de lo que se trata es de la conclusión de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, en el cual ha sido aceptado por las partes la vigencia del mismo, mediante la incorporación de cláusulas en donde se fija términos de conclusión con tiempo específicamente establecido y determinado, que la relación contractual que existió entre el demandante y el demandado tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización de acuerdo a lo pactado en el referido contrato; asimismo, argumentó que no se agotó la vía administrativa, ya que citó para que compareciera a la audiencia de conciliación a la persona equivocada. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de febrero de 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenó a la parte demandada al pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y los daños y perjuicios reclamados, sin costas; promovida por el señor el señor RAFAEL HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD; bajo el criterio que quedó plenamente probado que el cargo que desempeñaba el demandante era permanente dentro de la institución porque venía laborando para la demandada desde el 01 de octubre de 2006, hubo continuidad, nunca se interrumpió la relación laboral, y que al haber varios contratos para la misma actividad, se convirtió en un contrato por tiempo indefinido; que por su prestación que es de tiempo indefinido, no puede convertirse en convenio o plazo cierto, que en base a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo, el cargo por el cual fue contratado es continuo en la institución demandada, por lo que subsiste la actividad que le dio origen; asimismo, quedó probado que entre el demandante y el demandado existió un vínculo jurídico según se desprende de los contratos, y siendo que esa relación laboral inició mediante contratos y no acuerdos, por lo que la regulación de esos contratos debe hacerse conforme a las disposiciones del código de Trabajo, por lo que ese Tribunal es competente para conocer del presente juicio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de mayo del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con todo el material factico y probatorio incorporado al proceso quedó probado que en el contrato de trabajo a término había pasado a ser de carácter indefinido, pues a su vencimiento subsistía la causa que le había dado origen a la materia del trabajo, en este caso la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, particularmente la Región Metropolitana N°20 de San Pedro Sula, sigue requiriendo los servicios de vigilancia en la sección en la que se desempeñó como vigilante el trabajador demandante durante 4 años, que la notificación de la no renovación por ausencia de presupuesto para estas contrataciones y llegada a término la fecha de finalización del mismo, constituye una manifestación inequívoca del acto que revela de forma indubitable el ánimo de poner fin a una relación de trabajo que por haber adquirido legalmente el carácter de contratación por tiempo indefinido, no podría finalizarse sin probar la ausencia de presupuesto, ni invocar el plazo pactado, sin que de ello no resultara responsabilidad patronal como así lo hizo la demandada. 5.- Mediante auto de fecha 25 de julio del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 01 de septiembre de 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de octubre del 2016, se tuvo por precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado AXEL OMAR MEJÍA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. II. Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su primer y único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha Veinticinco de Febrero del año Dos Mil Dieciséis emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula departamento de Cortes y el fallo de fecha veintiséis de Mayo del dos mil dieciséis emitid por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento d Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada s al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, n consolido totalmente válidos, los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, elevados a sus Acuerdos respectivos REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del “factor objetivo” este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere a1 contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de 4t pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan dl contrato de trabajo; 2……y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; d manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley : controversias que surjan del Contrato d Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por l articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público , aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabaja, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones Seccional e Santa Rosa de Copan, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que todo Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos aprobados y suscritos por el Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Secretario de Estado TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflictos en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para el caso tenemos que: la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ,en su Artículos 1 ,manifiesta, Por la Presente Ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Publica , sujetos al Derecho Administrativo . Artículo 2,…., bArtículo 3, La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento interpretación, resolución, rescisión y efectos de los Contratos regulados por la Ley d Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado, por Municipalidades y por Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos d Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Precepto que se aplica sin discusión al Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos objetos de esta improcedente demanda y valedero para que se aplique la Jurisdicción de Contencioso Administrativo.- También está claramente definido que el Demandante lo que suscribió fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y con Clausulas claras y concretas y en donde expresamente establecidas las pautas y disposiciones de los mismos, tal y como se puede apreciar en la CLAUSULA TERCERA la cual manifiesta : VALIDEZ Y VIGENCIA, ESTE CONTRATO TENDRA VALIDEZ, UNA, VEZ, SUSCRITO POR LAS PARTES Y SER APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL. Y ESTARA SOMETIDO A LA NORMATIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO VIGENTE PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL……. AL………DEL AÑO...., igualmente la CLAUSULA OCTAVA dice: jurisdicción aplicable: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato , las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por lo cual queda establecido que el mismo se regirá por el Derecho Administrativo.- En atención a lo anteriormente expresado es que consideramos, que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, al dictar el fallo recurrido no hizo apreciación de una prueba que es válida por todas las razones de hecho y de derecho relacionadas, en consecuencia se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba.”. III. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce aplicación indebida, así como interpretación errónea y por otra apreciación errónea de un medio de prueba, las cuales debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; siendo las primeras dos violaciones directas y la última violación indirecta; b) el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no es un precepto legal sustantivo, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del dicho cuerpo legal; y, c) el artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo, que señala como precepto autorizantes, tiene dos párrafos, del cual debe invocar claramente, para cada motivo de casación. IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace merito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 349-16. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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