Sentencia CL-337-17 — Registro 8406
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento del status de trabajadores permanentes y entrega de la acción de personal correspondiente, por así corresponder en estricto derecho, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás beneficios otorgados a otros trabajadores, más los ajustes por incremento salariales derivados del contrato colectivo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El cargo que antecede no resulta ser admisible, en virtud de que no demuestra el error de hecho alegado, tomando en consideración de que los Tribunales estimaron que procedía la demanda, en cuanto al reintegro a sus puestos de trabajo, dado que la naturaleza permanente y continuada de las labores ejecutadas de donde se deriva la estabilidad en el empleo o puesto de trabajo. Además, en su formulación singularizó la prueba documental, como apreciada erróneamente, pero en su explicación alude a la exhibición de documentos, que no incluyó dentro de ese material probatorio.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que tampoco es admisible el anterior motivo, ya que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que ambos órganos jurisdiccionales realizaron el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, incluida la prueba señalada como apreciada erróneamente"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que tampoco es admisible el anterior motivo, ya que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que ambos órganos jurisdiccionales realizaron el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, incluida la prueba señalada como apreciada erróneamente.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación Laboral formalizados ante éste Tribunal de Justicia en fecha treinta de agosto y dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, por los Abogados JOSE BENJAMIN ROBLES y BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, como representantes procesales de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ, PATRICIA MELENDEZ CASTRO y ENMA LIDIA RIVERA, y la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), respectivamente, como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa justa de despido, caso contrario, se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento del status de trabajadores permanentes y entrega de la acción de personal correspondiente, por así corresponder en estricto derecho, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás beneficios otorgados a otros trabajadores, más los ajustes por incremento salariales derivados del contrato colectivo, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, por el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, soltero, Técnico en Electricidad y telefonía, EDUARDO UCLES MENCIAS, soltero, Agente de Seguridad Interna, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ, soltero, Técnico en Telecomunicaciones, PATRICIA MELENDEZ CASTRO, soltera, Secretaria Comercial y ENMA LIDIA RIVERA, casada, Secretaria Comercial, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio del Gerente General y representante legal, el señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda presentada por el abogado JOSE BENJAMIN ROBLES en su condición de apoderado legal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ, PATRICIA MELENDEZ CASTRO y ENMA LIDIA RIVERA contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su gerente general y representante legal, señor MARIO SALVADOR MARTINEZ VARGAS; por ello, se CONDENA al reintegro de los demandantes en iguales o mejores condiciones a las que tenían al momento de la terminación laboral en atención al principio de estabilidad laboral que garantiza permanecer en sus puestos de trabajo hasta en tanto no exista causa justa o legal para su terminación y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda para el pago de los beneficios otorgados a otros trabajadores, ajustes e incrementos salariales derivados del contrato colectivo y demás beneficios de ley producidos y aplicados al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones.- TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), de la manera siguiente: Oscar René Barahona, el 11 de noviembre de 2011, devengando un sueldo mensual de L.7,500.00, en el cargo de Agente de Seguridad Interna II; Eduardo Ucles Mencias, el 11 de noviembre de 2009, devengando un sueldo mensual de L.7,500.00 como Agente de Seguridad Interna; Carlos Antonio Rivera Méndez, el 01 de junio de 2010, devengando un sueldo mensual de L.12,000.00, como Cablista I; Patricia Meléndez Castro, el 01 de julio de 2010, devengando un sueldo mensual de L.10,000.00, como Secretaria en el área de Telemática; y, Enma Lidia Rivera, el 01 de junio de 2010, devengando un sueldo mensual de L.10,000.00, como Recepcionista y Gestor de Atención al Cliente. En fecha 24 de enero del año 2014 se les comunicó de manera verbal a los demandantes, por la Jefatura de Recursos Humanos de HONDUTEL, que estaban despedidos de su trabajo y que se renovaría el contrato que tenían con la empresa, sin dar ningún tipo de explicación legal de la causa de sus despidos y tampoco se les hizo ningún tipo de notificación por escrito de tal determinación, por lo que decidieron avocarse ante la Oficina de Inspectoría del Ministerio del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, para que se constatara la razón o motivo de porque se les despidió de la empresa sin causa justificada. Con la declaración de la Jefe de Recursos Humanos de HONDUTEL queda constancia del despido verbal del que han sido objeto los demandantes sin ninguna justificación; no obstante, al haber suscrito varios contratos desde el comienzo de la relación laboral con HONDUTEL para la cual se han desempeñado en labores de naturaleza permanente y al amparo de la legislación laboral hondureña, los contratos de trabajo de los demandantes son de carácter indefinido tal como lo establece el artículo 47 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que a partir del 25 de diciembre del año 2005, Hondutel perdió su exclusividad en cuanto a la prestación del servicio de telefonía a nivel nacional, en virtud de la apertura a la libre participación en el mercado de la telefonía para toda empresa nacional y extranjera, ocasionó que los ingresos cayeran abruptamente en sus servicios, reflejándose tal efecto en los estados de resultados financieros de la Empresa correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010; donde los ingresos decayeron de manera estrepitosa, lo que ha llevado a tomar medidas drásticas, como ser la reducción del gasto corriente, la reestructuración administrativa de personal, por lo cual ha conllevado a la terminación de la relación contractual de trabajo con varios empleados dentro de los cuales se encuentran los demandantes; asimismo la empresa Hondutel, actuó de manera legal con los demandantes al dejar en manifiesto en su contrato de trabajo la categoría de empleado temporal, ya que en la suscripción del contrato por ambas partes fue únicamente por 2 meses, comprendidos desde la fecha del 01 de junio hasta el 01 de agosto del año 2010; no obstante la Empresa realizó una prorroga tácita de dichos contratos por 5 meses más, terminando estos el 31 de enero del 2011, pagándoseles salarios mensuales y demás derechos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda presentada por el Abogado José Benjamín Robles, en su condición de apoderado legal de los señores Oscar Rene Barahona, Eduardo Ucles Mencias, Carlos Antonio Rivera Méndez y otras, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada al reintegro de los demandantes a los puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda para el pago de los beneficios otorgados a otros trabajadores, ajustes e incrementos salariales derivados del contrato colectivo y demás beneficios de ley producidos y aplicados al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, al proceso se presentaron los contratos de trabajo y sus prorrogas en la que se estableció la fecha de finalización de los mismos, la empresa demandada no ha presentado prueba que acredite alguna causa de excepción que permita la contratación a término, en ese sentido y considerando el tiempo durante el cual se prestó el servicio, debe tenerse por tiempo indefinido según los artículos 47, 48 y 52 del Código del Trabajo, tal y como fue invocado en el escrito de demanda, por lo que la terminación de dicho nexo debe hacerse si ocurre alguna de las causas que establecen los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo, sin embargo, lo expuesto por la jefa de talento humano de la empresa respecto al vencimiento del contrato y su no renovación no justifica dicha terminación; lo referente a la crisis económica de la demandada y del proceso de reestructuración administrativa no fue invocado al momento en que se produjo el despido, por lo que no puede analizarse al tenor del artículo 117 del mismo código; de otra parte, los demandantes fueron contratados (2009 y 2010) varios años después de la fecha en que se dice que se perdió la exclusividad de la prestación de servicios (2005); es por ello que el reintegro solicitado resulta atendible en atención al principio de estabilidad laboral que garantiza permanecer en sus puestos de trabajo hasta en tanto no exista causa justa o legal para su terminación. En cuanto a los beneficios que nacen del contrato colectivo solicitados, al proceso no se ha presentado prueba que acredite que los demandantes eran afiliados a la organización sindical o que pagaban la cuota para tener derecho a ellos como lo exigen los artículos 60 y 60A del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la firma de varios contratos de trabajo sucesivos, evidencia la continuidad del servicio, por lo que los contratos de trabajo en forma sucesiva, hacen presumir la existencia de un contrato único, por lo cual la relación laboral es interrumpida desde el momento en que se le notifica el despido; además consta en los autos que los demandantes firmaron varios contratos en forma consecutiva, en cuyo caso les corresponde a los demandantes el reintegro solicitado en iguales o mejores condiciones que tenían al momento del despido, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación, tal y como fue reconocido por la Juez de primera instancia. El apoderado actor recurre la sentencia de primera instancia en el sentido de que se reforme la misma para que se le reconozca el estatus de trabajadores permanentes y que se les extienda la acción de personal que establece la cláusula 31 del contrato colectivo y los beneficios e incrementos salariales derivados del mismo contrato; al respecto es oportuno indicar que por tratarse de asuntos meramente administrativos no es posible obligar a la demandada a cambiar el status de los demandantes, pues dicha circunstancia está implícita al ordenarse el reintegro en atención al principio de estabilidad laboral contenida en el artículo 129 de la Constitución de la República; en cuanto a los beneficios del contrato colectivo, de autos no consta que los actores sean afiliados de la organización sindical o que paguen su cuota como lo exige el artículo 60 reformado del Código del Trabajo, de ahí que tal pretensión no resulta atendible.- 5. Mediante auto de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por los Abogados JOSE BENJAMIN ROBLES y BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, como representantes procesales de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ, PATRICIA MELENDEZ CASTRO y ENMA LIDIA RIVERA, y la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que los recurrentes comparecieran en el plazo de veinte días para que formularan por escrito las demandas de casación.- 6. Que en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ y otros, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo éste Tribunal, mediante providencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado en forma común a las partes por el término de diez días para que procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo éste Tribunal, mediante providencia de fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado en forma común a las partes por el término de diez días para que procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ y otros, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ y otros, en su primer motivo expresa: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante y demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República, 47 y 52 párrafo último del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) 1) EDUARDO UCLES MENCIAS, inicio y nombramiento 11 de noviembre del año 2009, como agente de seguridad interna, con un sueldo de Lps.8,078.79, que fue despedido el 27 de enero del año 2014, con una antigüedad de Cinco (5) años con dos (2) meses, firmando trece (13) contratos de forma consecutiva para las mismas funciones como Agente de Seguridad interna, contratos que obran de folios (72 al folio 84) del presente juicio.- CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ, inicio labores y nombramiento 01 de junio del año 2010, como Cablista I, con un sueldo de Lps. 12,000.00, que fue despedido en fecha 27 de enero del año 2014, con una antigüedad de tres 8 años 6 meses, firmando Once (11) Contratos para la misma actividad laboral como cablista I cuyos contratos se encuentran agregados de folio (60 al folio 71).- ENMA LIDIA RIVERA, inicio y nombramiento 01 de junio del año 2010, como Gestor de Atención al Cliente, con un sueldo de Lps 10,000.00, despedida el 27 de enero del año 2014, laborando de manera ininterrumpida por tres (3) años con seis (6) meses, firmando catorce (14) Contratos para la misma actividad los cuales están agregados en autos de folio (110 al folio 123).- LIGIA PATRICIA MELENDEZ CASTRO, inicio y nombramiento el 01 de Julio del año 2010, como secretaria I, con un sueldo de Lps. 10,000.00.- con una antigüedad de tres (3) años seis (6) meses, firmando doce (12) contratos para la misma actividad de forma ininterrumpida, los cuales están agregados al presente juicio de folio (97 al folio 109 de los autos).- OSCAR RENE BARAHONA, inicio y nombramiento 11 de Noviembre del año 2009, como agente de seguridad Interna, con un sueldo de Lps 8,078.79, y que fue despedido el 27 de enero del año 2014, con una antigüedad de cuatro (4) años dos (2) meses de labores ininterrumpidas, documentos que obran de folios (f-85 al f-95) de los autos.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al NO REFORMAR PARCIALMENTE el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable la suscripción de los contratos de trabajo y sus prorrogas celebrados entre la demandada y los trabajadores demandantes, particularmente que las funciones por ellos desempeñadas son actividades que subsisten dentro de la demandada y que todavía existe personal contratado para desempeñar dicha actividad y función, extremos acreditados con los medios de prueba documental y exhibición de documentos, mencionados en el acápite denominado prueba apreciada erróneamente.- Lo cual convirtió el Contrato de Trabajo por tiempo limitado en un Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, en los términos que dispone el artículo 47 del Código del Trabajo.- Asimismo quedó acreditado que todos ellos laboraron más de 3 años, en forma continua y en las mismas actividades, por lo que resulta aplicable el artículo 52 último párrafo del Código de Trabajo, donde se dispone que si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en éste caso el período de prueba, sin embargo esos medios de prueba fueron apreciados erróneamente por el juzgador de segunda instancia, el cual aduce lo que en alguno de esos documentos se estableció por la parte demandada, que el puesto que ocupaban era para realizar funciones temporales o eventuales y no permanentes, al auxiliar a empleados permanentes, por lo que resulta evidente el error judicial al olvidado el principio de primacía de la realidad, dado que en tales contratos y prorrogas no se señala a quien o quienes se cubre y contradictoriamente se sostiene que “no se duda que la naturaleza del trabajo desarrollado por los demandantes ha sido permanente...” lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de las normas sustantivas enunciadas, al negar a mis representados los ajustes salariales derivados del Contrato Colectivo y a declarar su Estatus de empleados por acuerdo como lo establece el contrato Colectivo en la cláusula 31 ver folio (141) de la primera pieza de autos y que por Ley les corresponde.”.- III.- El cargo que antecede no resulta ser admisible, en virtud de que no demuestra el error de hecho alegado, tomando en consideración de que los Tribunales estimaron que procedía la demanda, en cuanto al reintegro a sus puestos de trabajo, dado que la naturaleza permanente y continuada de las labores ejecutadas de donde se deriva la estabilidad en el empleo o puesto de trabajo. Además, en su formulación singularizó la prueba documental, como apreciada erróneamente, pero en su explicación alude a la exhibición de documentos, que no incluyó dentro de ese material probatorio.- IV.- Que el mismo Recurrente, en su segundo motivo sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba Exhibición de Documentos admitida a la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto y que le hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 128 preámbulo numeral 15) y 303 reformado de la Constitución de la República y 3, 60 párrafo primero, 66, 77 párrafo último y 78 del Código del Trabajo.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental obtenida mediante Exhibición de Documentos que se refiere a: 1) Contrato Colectivo número XII celebrado y aprobado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras (SITRATELH), especialmente la Clausulas 31 y 49 ver folio (142) de dicho contrato, del expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al NO REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto.- En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que las cláusulas 31 “PERIODO DE PRUEBA Y PROMOCIONES DE TRABAJADORES. Los trabajadores al ingresar a HONDUTEL en puestos permanentes, están sujetos a un período de prueba remunerado de sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que tomen posesión de sus cargos; transcurrido ese período serán considerados trabajadores permanentes, obligándose HONDUTEL a darle su respectiva Acción de Personal. Cuando la actividad para la cual haya sido contratado un trabajador en forma individual, sea permanente, HONDUTEL después de sesenta días de contrato, también estará obligado a darle la acción de personal correspondiente. siendo que el artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo establece que los contratos colectivos obligan a sus firmantes así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran, por lo que se violenta el orden público laboral cuando se desconoce una obligación contenida en un contrato de ese tipo, debidamente celebrado por HONDUTEL y su sindicato y registrado en la Dirección General de Trabajo, siendo lo más grave que la Corte del Trabajo recurrida desconozca estos derechos, los cuales se encuentran obligados en tutelar, conforme lo dispone el artículo 128 preámbulo numeral 15) de nuestra carta fundamental, siendo que la justicia se imparte en nombre del Estado de Honduras, tal como señala el artículo 303 reformado de la Constitución de la República.- Esta Sala del Honorable Tribunal Supremo, en su circular número 1 del 13 de mayo del 2014 fijó línea jurisprudencial sobre el tema de los CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO, concluyó que: “La regla es que la relación laboral sea permanente y la excepción es que sea temporal. El contrato de trabajo por tiempo limitado requiere la existencia de causas objetivas que le justifiquen, ya que su concertación no puede basarse en la simple decisión de las partes; por tal razón, la temporalidad de la relación laboral debe ser demostrada por el empleador.”, lo cual también aparece establecido como jurisprudencia del Tribunal supremo, en las sentencias dictadas en los expedientes SL 183-06, SL 522-08, SL 190-10 y SL 09-11, 112/2015 que obran en los archivos de este Honorable Tribunal.”.- V.- Que tampoco es admisible el anterior motivo, ya que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que ambos órganos jurisdiccionales realizaron el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, incluida la prueba señalada como apreciada erróneamente.- VI.- Que la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en su único motivo señala: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentencia impugnada es violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por no aplicar y dar cumplimiento a los artículos 46, 47 y 48 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los artículos 46, 47 y 48 del Código de Trabajo rigen la duración de los contratos individuales de trabajo. La Corte de Apelaciones, en su valoración, no aplicó lo estatuido en dichos artículos. El artículo 46, inciso b), establece que el contrato individual de trabajo será por tiempo limitado CUANDO SE ESPECIFICA FECHA PARA SU TERMINACIÓN. En ese sentido, mi representada, suscribió con los demandantes un contrato con fecha de vencimiento para efectuar labores eventuales auxiliando al empleado permanente para desarrollar actividades de carácter emergente no permanentes ya que estas funciones varían de acuerdo al departamento, sección y unidad al cual es asignado, contrato que contenía una fecha específica de terminación.- El artículo 47 del Código de Trabajo establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese tiempo de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. En el presente caso, las funciones que los trabajadores desarrollaban eran actividades eventuales de carácter emergente de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas en que fueron asignados, mismas que fueron cumplidas y dejaron de existir, por lo que no fue necesaria la continuación del contrato de trabajo de los demandantes. Sumado a todo lo antes manifestado, si los demandantes consideraban que se les estaban violentando sus derechos, tuvieron que haber hecho uso del derecho que le otorga el artículo 48 del Código de Trabajo, el cual literalmente dice: “Es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a prestar servicios por término mayor de un (1) año, pero la nulidad sólo podrá decretarse a petición del trabajador. Igual disposición regirá para los servicios que requieran preparación técnica especial cuando el término del contrato sea mayor de cinco (5) años. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono”. Así, desde el momento en que los trabajadores no solicitaron la nulidad del contrato en el libelo de la demanda es evidente que esta acción debe ser declarada sin lugar, precisamente por no haberse seguido el procedimiento instaurado en el citado art. 48 del Código de Trabajo. Asimismo, ni el Juzgado ni la Corte de Apelaciones del Trabajo pueden decretar la nulidad del contrato con base en la ULTRA PETITA establecida en el art. 728 del Código de Trabajo, ya que el artículo 48 del consabido código ordena de manera taxativa que la declaración de nulidad de un contrato solo puede ser decretada por petición del trabajador, omisión que no puede ser subsanada ni complementada de oficio por ningún juez o magistrado, puesto que la ley no les otorga tal facultad en estos casos en particular. En intrínseca relación con lo anterior, HONDUTEL es una institución autónoma, según lo establece el Artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública, y por ello goza de independencia funcional y administrativa, y a este efecto puede emitir los reglamentos que sean necesarios para regular su gestión, por lo tanto mi representada le asiste el derecho de aplicar las normas y procedimientos administrativos que considere convenientes para lograr su buen funcionamiento y sobre todo la mayor eficiencia en la administración de los intereses nacionales, la satisfacción de necesidades colectivas de servicio público sin fines de lucro y la mayor efectividad en el cumplimiento de los fines de la administración pública.”.- VII.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Censora del fallo incurre en los siguientes defectos: a) indica como infringidos entre otros, los artículos 46, 47 y 48 del Código Civil, los cuales no ostentan la condición de ser preceptos legales sustantivos en los términos que dispone el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y el derecho a la permanencia, ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a otras normas no señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 728 del Código del Trabajo y 54 de la Ley General de la Administración Pública.- VIII.- Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizados por los Abogados JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ y otros en sus dos motivos y BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado JOSE BENJAMIN ROBLES, en su condición de representante procesal de los señores OSCAR RENE BARAHONA, EDUARDO UCLES MENCIAS, CARLOS ANTONIO RIVERA MENDEZ y otros, en sus dos motivos. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso formulado por la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en su único motivo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 337-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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