Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-335-17 — Registro 8282

Resumen

Demanda ordinaria laboral de reintegro en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido, reconocer la estabilidad y antigüedad en el trabajo, a pagarle el ajuste de salarios de acuerdo con el trabajo que ha venido realizando, ajustes correspondientes al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, que se reconozcan todos los beneficios de los trabajadores permanentes, el pago de salarios caídos, más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." VI.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 207.1 del Código Procesal Civil no tiene la característica de ser precepto legal sustantivo laboral de orden nacional, tal como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, b) el precepto autorizante señalado no corresponde a las causales o motivos que establece el artículo 765 del Código del Trabajo, por cuanto no puede remitirse a otro cuerpo normativo (Código Procesal Civil) que si bien puede ser supletorio, no cabe su aplicación cuando existen normas expresas en el que rige la materia.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (D.E.I.), como recurrente; además es parte recurrida, la señora FANNY ROMELIA PORTILLO ANDURAY, representada en juicio por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALES C., OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de reintegro en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido, reconocer la estabilidad y antigüedad en el trabajo, a pagarle el ajuste de salarios de acuerdo con el trabajo que ha venido realizando, ajustes correspondientes al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, que se reconozcan todos los beneficios de los trabajadores permanentes, el pago de salarios caídos, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de junio del dos mil doce, por la señora FANNY ROMELIA PORTILLO ANDURAY, mayor de edad, casada, Licenciada en Turismo, hondureña y del domicilio de La Lima, Departamento de Cortés, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por medio de su representante legal, señor ENRIQUE CASTELLON. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló confirmando la sentencia de fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda promovida por la señora FANNY ROMELIA PORTILLO ANDURAY para el reintegro a sus labores, reconocimiento de estabilidad y antigüedad laboral y los salarios dejados de percibir contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS a través de su representante legal; consecuentemente SE CONDENA a la demandada a reintegrar a la actora a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones y al pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el cese laboral, hasta que se cumpla con el reintegro.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el pago de reajustes salariales solicitados por la parte actora; por ende, se ABSUELVE a la demandada de dicho pago.-TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició su relación de trabajo el 11 de enero del año 1999, desempeñándose inicialmente como transcriptora de datos, posteriormente ascendió a Revisora de Aduanas y luego ascendió a Sub Administradora de Aduanas de la zona libre YKK HONDURAS, devengando un salario base mensual de L. 10,000.00. Desde que comenzó a laborar para la demandada, lo hizo de manera continua, pero cada cierto tiempo y para evadir reconocerle la antigüedad la ponían a firmar un “contrato de trabajo por tiempo determinado”, por esa razón, según la demandada tenía estatus de empleada temporal, sin embargo le pagaban vacaciones, le daban un día de descanso pagado por cada mes trabajado, le pagaban el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario; de acuerdo a lo antes relacionado y de conformidad con el artículo 47 del Código del Trabajo, la demandante debe considerarse como empleada por tiempo indefinido, pues firmó una sucesión de contratos de trabajo, uno a continuación de otro, las labores que la realizaba eran de carácter permanente y hasta la fecha subsiste la causa que le dio origen a su trabajo; asimismo de manera discriminatoria y por la clase de contrato que ilegalmente le hacían firmar, el patrono le pagaba un salario inferior al que debe pagarse de acuerdo a los cánones operacionales, ya que la DEI le cobra a la empresa YKK HONDURAS L.21,500.00, por ello también reclama el ajuste de pago de salario porque después del segundo contrato que firmó la demandante ya era de acuerdo a la ley una empleada permanente y se le tenía que haber pagado igual que a los otros empleados de la DEI que hacían el mismo trabajo. Fue despedida mediante carta de despido de fecha 27 de abril del año 2012, la cual le fue entregada hasta el 02 de mayo del 2012, en la que únicamente le notifican que el contrato de servicios profesionales No. 480/2012 vence el 30 de abril y que se le agradece por los servicios prestados, sin invocar causal de despido alguna.- 2. La parte demandada, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que el presente caso se trata de un contrato por tiempo determinado, cuya terminación o vigencia fue preestablecida, en ese sentido, la relación contractual que la demandante sostuvo con la DEI se dio a efecto de prestar sus servicios como Sub Administrador, contratación que debido a la naturaleza de los servicios, está sujeto a un régimen que en materia aduanera se le denomina como régimen especial, debido a este régimen, el salario mensual de L. 10,000.00 que se le pagaba, era aportado por la empresa a la cual estaba asignada, según lo regula las disposiciones generales del presupuesto para ese año, así como la normativa aduanera aplicable a regímenes especiales, como podemos ver los pagos efectuados a las personas que prestan sus servicios bajo este régimen, no devienen del presupuesto de la DEI. La demandante alegó un despido ilegal, pero lo cierto es que la relación de trabajo concluyó en virtud de que el contrato de prestación de servicios llegó a su fin. Es importante señalar que a todos los profesionales que laboraban bajo ese régimen, se les hace una liquidación total del pago de sus prestaciones laborales al final de cada contrato suscrito, mismo que es recibido en entera satisfacción.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora FANNY ROMELIA PORTILLO ANDURAY, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); declaró SIN LUGAR el pago de reajuste de salario solicitado por la parte actora, sin costas, bajo el criterio que no obstante que el nexo jurídico que vinculó a las partes en conflicto fue mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, lo cierto es que no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, por el contrario, la actividad que fue desarrollada por la demandante, persistía, además de la antigüedad laboral, dicho nexo jurídico debe considerarse por tiempo indefinido, esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de1 Código del Trabajo; en ese sentido, siendo la demandante una empleada permanente, para ponerle fin a la relación de trabajo la demandada tuvo que invocar alguna de las causas establecidas en el artículo 111 del mismo cuerpo de Leyes mas no lo hizo así, pues se limitó a señalar el vencimiento del contrato, lo que no constituye causa justa de terminación y por lo cual en atención al principio de estabilidad laboral, la pretensión de la actora respecto al reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir debe ser atendida al tenor de los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo con el reconocimiento de su antigüedad laboral, pues esta resulta a partir de la fecha en que se pone a disposición del patrono. En cuanto al pago de reajustes salariales solicitados de acuerdo con el trabajo que ha venido realizando se estima procedente denegar tal petición ya que la remuneración recibida por la demandante fue la pactada en el contrato de trabajo, por otra parte, el sueldo de un sub administrador de aduanas de la institución demandada es de L. 10,000.00; valor éste el que percibía la accionante en los últimos meses de labores.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que si bien a la demandante en el año 2011 se le pagaron L.31,580.85 en concepto de preaviso, auxilio de cesantía y derechos adquiridos, la verdad es que la continuidad en la prestación de servicios se mantuvo; y es que las tareas encomendadas a la demandante son necesarias, pues las empresas acogidas al Régimen Especial pagan por un servicio que no puede ser detenido dada 1a naturaleza especial por el ámbito operacional de las empresas en referencia. A lo anterior se suma que: 1. En ninguno de los contratos se estableció la causa de excepción, conveniencia o necesidad de contratación de la actora en la realización de tareas propias del servicio aduanero; en ese mismo sentido, tampoco resultan demostradas en autos causas o motivos de excepcionalidad alguna para la contratación a término de la demandante; circunstancia fáctica alguna que hubiera motivado a la entidad demandada en esos términos, ya sea en razón de la operatividad o funcionamiento de ésta o de las empresas acogidas a regímenes especiales en las que se asignó a la actora; por el contrario el hecho de que inicialmente fue contratada como transcriptora de datos, luego en el cargo de revisor y posteriormente como sub-administradora, lleva a presumir que se trata de contrataciones que tienen implícitos ascensos de la trabajadora; 2. Si bien las empresas acogidas a regímenes espciales pagaban a la DEI en concepto de “canon operacional”, por servicios aduaneros, una suma de dinero de la que se deriva el salario de las personas contratadas en iguales o similares condiciones a las de la demandante; no se puede desconocer que la DEI como institución estatal, al contratar bajo la modalidad “a término” a la demandante para desempeñe en tareas o actividades de tipo aduanero propias en el ámbito de regímenes especiales, mantuvo una re1ación jurídica por prestación de servicios de más de 13 años, asumiendo y ejecutando actos como patrono derivándose de ello, por un lado el derecho a la estabilidad laboral a favor de la demandante, y por otro, la responsabilidad económica del empleador, de conformidad a lo estatuido en el artículo 129 de la Carta Magna y que se desarrolla en los artículos 3, 4, 5, 19, 25, 28, 113 y l17 del Código del Trabajo, de tal manera que la inexistencia de una planilla presupuestaria para hacer efectivo el pago de salario de la demandante o que el pago que hace la empresa YKK HONDURAS como canon operacional está destinado para cubrir el pago del empleado que actualmente presta el servicio aduanero en dicha empresa, constituyen argumentos o razones fáctico- jurídicos insuficientes para desconocer el derecho que le asiste a la demandante en procura de sus derechos laborales. En ese orden de conclusiones, la desvinculación laboral comunicada por la demandada mediante nota de fecha 27 del 2012, indicándosele a la actora que su contrato vencía el 30 de ese mismo mes y año, constituye terminación o ruptura laboral injustificada e ilegal que conlleva responsabilidad económica para el patrono; la que a la elección de la demandante consiste en reinstalación a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo a las que tenía al momento de despido, que implícitamente conlleva el reconocimiento de su estabilidad y antigüedad laboral, y como lo consideró el iudex a quo en cuanto la continuidad en la prestación de servicios de la demanda originada de la suscripción de varios contratos por tipo determinado y la naturaleza necesaria y permanentes las labores contratadas en las actividades aduanas propias de su competencia respecto de los regímenes especiales.- 5. Mediante auto de fecha dos de agosto del dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del señor DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (D.E.I.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (D.E.I.), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinte de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada EDNA PATRICIA GONZALES C., en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su primer motivo expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por error de hecho por falta de valoración del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del código de trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAIVIENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas de la siguiente manera: DOCUMENTAL PUBLICA, admitida a la parte demandada que se refiere a 1) Hoja de Cálculo Definitivo de indemnizaciones y Otros Derechos Adquiridos Aplicación, Ley de Servicio Civil (DEI). 2) Hoja de Ejecución de Gastos FOI (Ver folios 189 y l90 de la primera pieza de autos) EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, por falta de apreciación de prueba Medio de Prueba Número Documental Privado señalado anteriormente, admitido y evacuado en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el tribunal de coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación imperativa y esa apreciación debe ser acertada, razonada y completa. En el caso en particular, si hubiese apreciado el tribunal recurrido, el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el pago de prestaciones laborales en forma anual del año 2011 hecho a la parte demandante, demuestra indefectiblemente que se pagaron también las prestaciones laborales de los años anteriores, Claro está, que este medio de prueba no fue apreciado por la Corte recurrida, lo que resulta evidente el error judicial en la falta de valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en violación de lo dispuesto el artículos 46, 864 y 867 del Código de Trabajo. En tal sentido honorables Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, confirma la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en la que falla reintegrar a la demandante. En adición a lo anterior, si la prueba documental señalada hubiese sido valorada, el juzgador se hubiese percatado que a la demandante se le pago prestaciones laborales de su último año que laboró contrato que fue en el 2011 y determinar que no procede el reintegro porque una vez que la institución paga las prestaciones laborales, deja de existir relación laboral alguna entre las partes y allí finaliza el vínculo, por lo que debió concluir acertadamente que a la demandante, no se le puede reintegrar por parte del Estado ya que año con año contratado se le pagó las prestaciones correspondientes. Sin soslayar el pago realizado, por no haber hecho la apreciación de la prueba, le impide también a la Corte sentenciadora concluir que la pretensión de reintegro no procede porque el Estado le pago sus prestaciones laborales, poniéndole de esta manera a todo vínculo laboral presente pasado y futuro, y ya deja de existe responsabilidad alguna entre las partes. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al Estado porque al no hacer apreciación de la prueba descrita se debió concluir acertadamente que a la demandante el Estado así como le pagó las prestaciones del año 2011, le cancelo también todas sus prestaciones laborales de todos años anteriores y por ende no procede reintegrar a la demandante porque al pagarle sus prestaciones ya no existe responsabilidad para las partes y seria condenar al Estado a pagar doblemente.”.- III.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- IV.- Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el Recurrente no demuestra el error de hecho alegado, aparte de que cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que solo indica el párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo, sin precisar el numeral respectivo y además, el artículo 46 literal b) de dicho Código, no es una norma sustantiva, ya que la misma define el contrato de trabajo por tiempo limitado y las otras, los artículos 864 y 867 del referido ordenamiento jurídico, no tienen relación con el tema debatido en el juicio, dado que los mismos regulan el tema de la prescripción y no se ha excepcionada la misma por la demandada.- Por ello, el cargo resulta inadmisible.- V.- Que en el segundo motivo se alega: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como disposición legal infringida es el artículo 207.1 en relación con el artículo 701.1 del Código de Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. El presente motivo de casación está orientado a dejar de manifiesto el yerro en que incurre el Ad-quem al momento de dictar sentencia, pues vulnero el requisito interno de las sentencias denominado motivación. Este principio exige que las sentencias han de motivarse expresando los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales de la prueba y del derecho aplicable se arribó a determinada conclusión. En ese sentido esa obligación también la establece el artículo 41 del Estatuto Del Juez Iberoamericano que reza: “Motivación Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten”. Sobre este requisito, es que denunciamos el vicio de la presente sentencia recurrida a través de este recurso, habida cuenta que el Ad-quem no motiva suficientemente su resolución. Partiendo de la idea sobre la existencia de tres clases de vicios sobre la motivación, a saber: ausencia total, insuficiencia y contradicción, nuestro recurso se orienta hacia la motivación insuficiente, pues existe escasa motivación del Ad-quem en su sentencia; ello porque, no explica porque no se da por acreditado el pago del total de las prestaciones del año 2011 en concepto de prestaciones laborales a favor de la demandante. Esta parte procesal, no obtuvo una respuesta suficiente o completa sobre la motivación del argumento del Ad- quem para descartar el Pago realizado; lo cual influye directamente en la desacertada desestimación de la prueba fundamental para no reintegrar a la demandante. Sin olvidar que tampoco logran dar respuesta del porque no se puede colegir indefectiblemente el pago del total de las prestaciones laborales. Esta falta de motivación suficiente se materializa también al desconocerse los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales, opera la falta de apreciación de la prueba en esta causa. Al ser una pretensión del Estado la referida a que desde el momento en que finalizaba cada año contratado se le pago sus prestaciones, como se le pago su último contrato que fue en el año 2011 y al recibir su pago termina cualquier obligación y responsabilidad despareciendo el nexo jurídico, por lo que debió darse una respuesta al respecto. De lo cual, se colige fácilmente que la demandante no puede ser reintegrada debido a que ya se le pagaron prestaciones laborales. Bajo este contexto, no obtuvimos respuesta jurídica que refiera cual es la interpretación de esta situación jurídica específica, más aún cuando queda claro que la ausencia de esos reclamos deviene de la conciencia certera del pago recibido. Así las cosas, es claro que la sentencia hoy recurrida no soporta del control de legalidad exigido. En ese sentido, la legalidad de la decisión no puede ser, de ninguna manera verificada en la causa bajo examen; pues, aunque la sentencia contiene cierta motivación, la misma no es suficiente para dar respuesta completa en todos los aspectos objeto de tesis defensiva por El estado. Sobre este aspecto MIQUELLE TARUFO: “Entonces, es claro que este tipo de control sólo puede ejercerse cuando la sentencia sobre la que se aplica contiene el razonamiento interpretativo realizado por el juez, es decir, se encuentre motivada.” SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad de los argumentos por los cuales erróneamente se le condena; más aún cuando tales argumentaciones no son esbozadas porque no tendrían ningún sustento factico ni jurídico.”.- VI.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 207.1 del Código Procesal Civil no tiene la característica de ser precepto legal sustantivo laboral de orden nacional, tal como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, b) el precepto autorizante señalado no corresponde a las causales o motivos que establece el artículo 765 del Código del Trabajo, por cuanto no puede remitirse a otro cuerpo normativo (Código Procesal Civil) que si bien puede ser supletorio, no cabe su aplicación cuando existen normas expresas en el que rige la materia.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 335-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.