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Sentencia CL-334-16 — Registro 7611

Resumen

En segunda instancia se revoca los numerales uno y dos de la parte resolutiva de la sentencia apelada, declarandosin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, reforma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda y absuelve al demandado de toda responsabilidad laboral en el presente juicio, no se fundamenta en normas sustantivas que permitan al recurrente conocer las razones jurídicas de dicha decisión, si bien es cierto en la parte resolutiva cita al artículo 112 del Código del Trabajo, el mismo no tiene ninguna vinculación con el tema debatido, dado que no se ha invocado causales de despido en la terminación de la relación laboral. VII.- Que el fallo relacionado no realiza el análisis debido de todas las pruebas aportadas por las partes, ni revisa la situación fáctica conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, que lo nutren y rectoran, sino que funda su criterio en que el reintegro es improcedente, ya que al momento de ejecutarse la sentencia, la misma no podría ejecutarse por la inexistencia de la dependencia en que laboraba el demandante, cuestión que sería competencia a considerar en el caso de que el demandado fuera una persona distinta al que se condenaría a cumplir con dicha medida de reinstalación; más aún que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo PCM 024-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, que es la base de tal determinación, estipula la incorporación a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (COVIVIENDA), de las direcciones, programas o proyectos de vivienda que están en las diferentes Secretarías de Estado o en las instituciones de Gobierno Central que se financian con fondos públicos o de la Cooperación Internacional, lo cual presupone que tal situación no ha sido objeto de la ponderación debida. "En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. "Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. " Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho"

Legislación citada

  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de representante procesal del señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para reintegro a un puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos en virtud de un despido directo e ilegal, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio del año dos mil quince por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló reformando la sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA; 2.- REFORMAR la sentencia definitiva de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales UNO Y DOS de la parte resolutiva de la sentencia apelada, debiéndose leer de la siguiente manera: “1.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir; instaurada por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERIANO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representar ce legal, el señor Procurador General de la República ABRAHAM LVARENGA URBINA; 2.- ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal, el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad laboral proveniente del presente juicio.”.- 3.- CONFIRMANDO el numeral 3 de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, EMPLAZAMIENTO AL PATRONO PARA QUE PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, promovido por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO contra el ESTADO DE HONDURAS representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- 4.- SIN COSTAS .”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación con la demandada el 1 de junio de 2007, por el sistema de jornal o planillas, pagado y asignado a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, con un sueldo mensual de L. 4,800.00 con el puesto nominal de motorista, sin embargo, funcionalmente hacia las funciones de Analista de Documentos I en el departamento técnico, devengando la cantidad de L. 7,844.10. En fecha 27 de marzo del año 2015 recibió nota de despido de parte del Gerente de Recursos Humanos de la demandada, quien fundamentó el despido en el artículo 111, numeral 9) del Código del Trabajo, que entre otros establece la liquidación o clausura definitiva del establecimiento, dicha causal es antojadiza y errónea, pues el establecimiento en que laboraba el demandante no ha sido clausurado, sino que la dependencia donde éste ejercía sus funciones se cambió de nombre, pasó de llamarse Dirección General de Vivienda y Urbanismo a Comisión Nacional de Vivienda y Asentamiento Humano (CONVIVIENDA) y por otra para que esta causal de despido fuese válida tendría que clausurarse o liquidarse el Estado de Honduras. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante laboraba en la Dirección de Viviendas y Urbanismo mediante el sistema denominado Jornal o Pago por Planillas en el puesto de motorista, devengando un salario de L. 7,844.10. El demandante fue despedido en vista de que según Decreto Ejecutivo PCM 024-2014, en fecha 30 de mayo del año 2014 se creó la Comisión de Vivienda Asentamientos Humanos como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, en ese decreto ejecutivo se deroga el Decreto de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo adscrita a la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda, ahora INSEP, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo es que el Gerente de Recursos Humanos procedió a despedir al demandante en fecha 27 de marzo del año 2015, ofreciéndole a este las prestaciones y demás derechos laborales. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de marzo del año 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, contra el ESTADO DE HONDURAS; condenando al demandado a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato, más el pago de los salarios dejados de percibir, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que el argumento utilizado para despedir al demandante no constituye motivo legal para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo y al operarse el despido resulta ilegal, pues si bien el artículo 111, numeral 9) del Código del Trabajo establece la liquidación o clausura definitiva del establecimiento como causa justa para prescindir de un trabajador, este no es aplicado de manera adecuada pues la demandada sigue realizando sus funciones, así mismo la labor que el demandante ejercía no depende de la existencia de la Dirección General de Vivienda y urbanismo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 10 de mayo del año 2016, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, sin costas, declarando sin lugar la demanda; bajo el criterio que de que el Decreto Ejecutivo PCM 024-2014, creo la Comisión de Vivienda Asentamientos Humanos como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la República, el mismo deroga el Decreto de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo adscrita a la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda, ahora INSEP, por lo tanto al desaparecer la primera el reintegro es improcedente, ya que al momento de ejecutarse la sentencia, la misma no podría ejecutarse por la inexistencia de la dependencia en que laboraba el demandante, sin embargo son procedentes el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales. 5.- Mediante auto de fecha 25 de julio del año 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de representante procesal del señor FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 23 de agosto del año 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de representante procesal de FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SERRANO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, se tuvo precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte de la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, reforma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda y absuelve al demandado de toda responsabilidad laboral en el presente juicio, no se fundamenta en normas sustantivas que permitan al recurrente conocer las razones jurídicas de dicha decisión, si bien es cierto en la parte resolutiva cita al artículo 112 del Código del Trabajo, el mismo no tiene ninguna vinculación con el tema debatido, dado que no se ha invocado causales de despido en la terminación de la relación laboral. VII.- Que el fallo relacionado no realiza el análisis debido de todas las pruebas aportadas por las partes, ni revisa la situación fáctica conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, que lo nutren y rectoran, sino que funda su criterio en que el reintegro es improcedente, ya que al momento de ejecutarse la sentencia, la misma no podría ejecutarse por la inexistencia de la dependencia en que laboraba el demandante, cuestión que sería competencia a considerar en el caso de que el demandado fuera una persona distinta al que se condenaría a cumplir con dicha medida de reinstalación; más aún que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo PCM 024-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, que es la base de tal determinación, estipula la incorporación a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (COVIVIENDA), de las direcciones, programas o proyectos de vivienda que están en las diferentes Secretarías de Estado o en las instituciones de Gobierno Central que se financian con fondos públicos o de la Cooperación Internacional, lo cual presupone que tal situación no ha sido objeto de la ponderación debida. VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 10 de mayo del 2016, visible a folios del 8 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 334-16. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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