Sentencia CL-326-17 — Registro 8625
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Este motivo no resulta admisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible pues la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." El recurso de casación instado por la parte demandante, en el motivo admitido por esta Sala, deriva del error de hecho en que incurrió el tribunal de segunda instancia, apreciando erróneamente la nota de despido de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida por la demandada al señor Nicolás Florentino Gómez, Perito Valuador, División de Ingeniería y Proyectos.- XIII. Son hechos probados: a) No se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos. b) No se respetó lo dispuesto en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, especialmente que el reajuste de personal se debió realizar de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo y a falta de este, respetando los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones, preferirá a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando. c) No se intentó reubicar al personal que ocupaba esos puestos de trabajo, en otros cargos de la institución. d) En la notificación del despido no se señala ninguna causa justificada de terminación de la relación laboral.- XIV. Sobre este tema, es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-2009, 239-2012, 293-2012 y C.L.09-2017). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XV. También este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes CL105-09, CL 499-09, CL 300-11 y CL 767-12).- XVI. Que siendo acreditado en el juicio, que algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, ello deriva que la Institución demandada utilizo un argumento restrictivo de la estabilidad laboral del demandante, sin sujetarse a las causas justas de terminación del contrato de trabajo.- XVII. Que dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar, a la mayoría del personal afectado por la restructuración, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República.- XVIII. Además, sobre la situación en particular, ya este Tribunal ha dictado sentencias casando los recursos de casación laboral, por ende declarando la procedencia de las demandas de reintegro de los trabajadores afectados en su derecho constitucional de estabilidad laboral, por lo que procede respetar esa jurisprudencia en mérito del derecho de igualdad y seguridad jurídica (ver expedientes CL 09-17 y CL 201-17).- XIX. Por las razones antes expuestas y con base a las pruebas allegadas al juicio, procede casar parcialmente la sentencia recurrida, como consecuencia de ello, declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante al puesto de trabajo u otro de igual o similar categoría, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha del despido hasta su reinstalación, reconocimiento de los demás derechos en su ausencia, sin costas."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 95, numeral 19 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal del señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, mayor de edad, casado, Bachiller en Electricidad, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Directora Ejecutiva y representante legal, señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de Apoderada Legal del Señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ. Contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de la Directora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a reintegrar al puesto de trabajo o a otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria; sin perjuicio del pago de prestaciones ofrecidas en la nota del despido; en consecuencia, 2) ABSUELVE AL DEMANDADO el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a reintegrar al puesto de trabajo o a otro de igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria a NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, sin perjuicio del pago de prestaciones ofrecidas en la nota del despido. 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en fecha 30 de agosto de 1994, desempeñándose al momento del despido como Perito Valuador, devengando un salario de L.25,306.00. Durante el tiempo que el demandante trabajó en la institución, desarrolló sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en su trabajo, pero en fecha 27 de marzo de 2015, se le notificó que estaba despedido de su empleo, mediante nota firmada por la Directora Ejecutiva Martha Vicenta Doblado Andara. Lo que sucede en el presente caso es una tercerización de servicios, ya que la actividad que realizaba el demandante era el avalúo de las viviendas que iban a ser financiadas por el INJUPEMP o aquellos terrenos que eran propiedad del INJUPEMP, así como la supervisión de las obras de la institución. Y en este caso la actividad que realizaba el trabajador como ser avalúos, supervisiones de proyectos, entre otros, aún subsiste en el INJUPEMP, a tal grado que lo que actualmente están haciendo es contratando Ingenieros independientes para que realicen los avalúos, lo que se conoce en materia laboral como tercerización de servicios, en donde las empresas despiden a sus trabajadores directos y contratan terceras personas para que hagan los servicios, con eso sin duda alguna lo que pretende el patrono es evadir la responsabilidad laboral y con ello justificar el despido del trabajador, dándose la figura del fraude de Ley, ya que con un razonamiento aparente de querer cerrar un departamento desaparece la actividad que desempeñaba el demandante, pero que la actividad que él hacía no es propia de un departamento sino de un servicio que presta la institución para los préstamos hipotecarios, mientras existan los préstamos hipotecarios en INJUPEMP, seguirán existiendo las funciones que realizaba el demandante, en tal sentido, el fraude de ley aparece cuando la institución pretende justificar la cancelación cerrando un departamento y consecuentemente cancelando los trabajadores y se vuelve fraude de ley cuando se prueba que la labor en la institución se sigue desarrollando bajo la restructuración de un departamento y que esa actividad la realizan otras personas, esto implica que no existe justificación para cancelar a los trabajadores cuando subsiste la razón que dio vida al contrato de trabajo; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que resulta evidente que en el caso de la terminación laboral con el hoy demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal la institución demandada ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; es preciso aclarar que en la actualidad los servicios de avalúos de inmuebles objeto de préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto, lo concerniente al avaluó propiamente dicho, es efectuado por un Ingeniero Valuador Certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyo pago podrá ser cancelado por el participante al Valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al Perito Valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; de tal manera, la parte demandante erróneamente establece en el escrito de la demanda que la suprimida División de Ingeniería y Proyectos era autofinanciable, ya que como ha expresado el INJUPEMP, no ejerce ya actividades de avalúos respecto a los préstamos hipotecarios otorgados y que por todo lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio y que además se encuentra previsto en la legislación laboral vigente y reglamento de préstamos vigente de INJUPEMP.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, más los salarios dejados de percibir, promovida por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, en su condición de apoderada legal del señor Nicolás Florentino Gómez, contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), sin perjuicio del pago de prestaciones ofrecidas en la nota del despido; absolviendo a la institución demandada a reintegrar al demandante al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que está probado de autos que la parte demandante jamás demostró durante la secuela del proceso que la institución cuenta con un departamento en donde el demandante pueda ser reintegrado y poder así seguir realizando sus actividades; puesto que la prueba aportada por la parte demandante estaba orientada a demostrar la necesidad de la existencia del departamento al que pertenecía la plaza que ocupaba el demandante; en cambio la parte demandada ha demostrado a este Juzgado que se ha suprimido en legal y debida forma el departamento para el cual laboraba el demandante, en virtud de existir motivos legítimos en donde se ha observado el procedimiento y se han realizado los estudios financieros y técnicos para el buen funcionamiento y agilidad en los procesos que demandan los participantes del sistema orientados a las funciones que realizaba el departamento de Ingeniería y Proyectos en el INJUPEMP; por lo que no cabe duda que la causal invocada para dar por terminada la relación laboral está ajustada a derecho, trayendo como consecuencia la imposibilidad del reintegro al cargo que ocupaba el demandante; es por lo antes expuesto que se declara sin lugar la demanda de mérito; sin perjuicio que puedan ser pagadas las prestaciones e indemnizaciones laborales ofrecidas en la nota del despido que corre agregada a folio del 27 al 30 de la pieza de autos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a la prueba aportada en juicio, se acreditó que el Departamento de Ingeniería del INJUPEMP desapareció de la estructura orgánica de dicha institución, que en el mismo laboraba diez personas; por lo que el reintegro solicitado sería ilusorio, ya que al momento de ejecutarse la sentencia la misma no podría ser efectiva por la inexistencia de la dependencia en que laboraba el demandante. De acuerdo con la nota de despido que obra a folio 27, la parte demandada le asegura el pago total de sus prestaciones laborales al demandante, siendo imposible el reintegro solicitado, es procedente garantizarle a dicho trabajador el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, tal como lo hace saber la parte demandada; por lo que queda establecido en esta sentencia el derecho que tiene el demandante para que se le haga efectivo el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales.- 5. Mediante auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal del señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal del señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante relacionada con el documento nota de despido visible a folio 27 al 30, de la primera pieza de autos, de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al demandante NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, en su condición de PERITO VALUADOR, en relación con la demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la Republica, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Consiste en el documento nota de despido visible a folio 27 al 30, de la primera pieza de autos, de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida al demandante NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, en su condición de PERITO VALUADOR, en relación con la demás prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental que obra de folio 27 al 30, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) y 117 del Código de Trabajo, en relación a los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.- La Corte recurrida aprecia, de forma errónea, según expone de forma expresa en su fallo impugnado, que con el señalado medio de prueba, considera “CONSIDERANDO (6). Que como principio general, corresponde a las partes probar el supuesto hecho de los preceptos que causaron los derechos impenetrados.- Asi, el demandante debe de acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que funda su defensa”. Sin embargo la Corte de Apelación aprecia erróneamente el contenido de la notificación al no establecerse conforme al artículo 117 del Código del Trabajo una “...causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación” conforme a lo regulado por los artículos 111 o 112 del Código de Trabajo, que contienen las causas legales de la terminación del contrato de trabajo y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, circunstancias que no fueron invocadas en la prueba apreciada erróneamente por la demandada, lo cual da lugar a que si la Corte hubiese utilizado lo contenido en el artículo 113 párrafo primero interpretado y tercero literal b) del Código del Trabajo, en cuando a la inexistencia de causa justa para la terminación, y por ende, no probada el motivo invocado en dicha nota, hubiese declarando en su fallo la reinstalación y demás derechos e indemnizaciones reclamados. Por lo que la apreciación de la nota de despido o notificación de la terminación de la relación laboral que el patrono dio al trabajador, no fue realizada de forma legal como así consta y por ende se ha incurrido en un error de hecho por la errónea apreciación de la prueba anteriormente singularizada, la que, relacionada con el resto del material probatorio, se concluye además de las inexistentes e ilegales motivo, que no se encuentra violación alguna de índole laboral que pudiese ser causal de la terminación de la relación de trabajo en la forma que se hizo de conformidad a la nota de despido y sus fundamentos. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación correcta del medio de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea, al estimar una situación distinta a la que efectivamente ha ocurrido. Prueba singularizada que de haber sido apreciada de forma correcta, junto con el resto del material probatorio, llevaría a la procedencia de la demanda, al no invocarse causa legalmente establecida ni justa e inexistente, así como quedo acreditado con el resto del material probatorio valorado en conjunto, que la actividad o labor que se desempeñaba es de naturaleza permanente.”.- III. Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- IV. Que el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa proveniente de la interpretación errónea del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, y a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9), y 112 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, y a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9), y 112 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, de sus consideraciones se colige, se fundamenta el artículo 117 del Código de Trabajo y lo interpreta de forma errónea, estableciendo que “PRIMERO: El código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar los principios fundamentales de una sociedad o las garantías precisas de su existencia; en la nota mediante la cual la institución demandada da por finalizada la relación laboral se sustenta según la nota de fecha 27 de marzo de 2015, en la que la denominada oficina división de Ingeniería y Proyectos, en la cual estaba asignado el demandante es suprimido de la organización administrativa de la institución demandada y en la misma se le reconocen los derechos en su totalidad por la finalización de la relación laboral, misma con la que se llega al convencimiento que ha existido una relación laboral.” sin embargo, la norma citada como violada, literalmente expresa “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, que relacionado con el 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo “Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: ... b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación...”, a su vez en relación a los artículos 111 numeral 1) y 9) y 112 del Código de Trabajo “Artículo 111. Son causas de terminación de los contratos de trabajo: ... 1) cualesquiera de las estipuladas en ellos (contratos) si no fueren contrarias a la Ley. Artículo 112. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, para el caso de la tipificada en el mencionado artículo 111 numeral 1) y 9) del Código de Trabajo y por otra parte la obligatoriedad de mencionar la falta en el caso del artículo 112 del Código de Trabajo. Por lo cual, la Corte de Apelaciones al aplicar el artículo 117 pretendiendo establecer únicamente el alcance de la norma y no las consideraciones antes expuestas, en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo, ha interpretado de forma errónea la disposición. El verdadero alcance e interpretación correcta, es que se establezca sin lugar a duda que la causa de la terminación de la relación laboral, no se encuentra tipificada conforme a las disposiciones invocadas, así como que los fundamentos utilizados en la notificación que regula la norma son inexistentes en este caso, incumpliendo con la Ley laboral al no invocarle causa justificada de despido, faltando el patrono a la obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo, lo cual viola la estabilidad laboral en el cargo que garantizan los artículos 129 de la Constitución de la República y 110 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el despido ilegal o injusto del demandante, lo cual fue objeto del material probatorio, resultando improcedente el ataque al fallo recurrido por la vía invocada.- VI. Que el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en el tercer motivo de casación alude lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la falta de apreciación del medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMITIDA A LA PARTE DEMANDANTE, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República y 47, 95 numeral 19) y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo y en relación a la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: RECONOCIMIENTO JUDICIAL, EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMITI DAA LA PARTE DEMANDANTE, que obra a folios 175,176,177 del expediente de primer grado, que se refiere a: 1) ....; 2) ....; 3) Si el INJUPEMP concede préstamos hipotecarios a sus cotizantes. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 40 de dicho reglamento, tiene como objetivo otorgar préstamos con garantía hipotecaria a los participantes activos, en suspenso, voluntarios y a los pensionados por vejez, para atender de forma equitativa necesidades en los rubros vivienda, apartamento o condominio u otros destinos establecidos en este reglamento y que a su vez le permita al instituto diversificar su programa de inversiones en un marco confiable de seguridad, rentabilidad y liquidez. 4)...;5) ...;6) quien cobra al participante los avalúos de inmuebles para los préstamos hipotecarios. R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos del INJUPEMP del año 2015, donde se pudo constatar que según el artículo 79 primer párrafo de dicho reglamento, establece que pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; 7) cual es el número de cuenta a la que se pagan los avalúos y a quien pertenece esa cuenta. R/ ... internamente se ha establecido el número de cuenta 203332031964 a nombre de INJUPEMP en BANCO FICOHSA. 8) Si el INJUPEMP paga mediante cheque o efectivo a los peritos valuadores los avalúos hechos en los inmuebles. R/ ... mediante transferencias bancarias a sus cuentas personales; 9) si en el año 2014 el participante que iba a solicitar un préstamo hipotecario pagaba costos por avalúo. R/ Se tuvo a la vista el expediente de una solicitud de préstamos de la Señora Ana Cristina Sanchez, en la cual se constató que cancelo el pago en concepto de avalúos a través de la tesorería del INJUPEMP, 10) Se tuvo a la vista el expediente de una solicitud de préstamos de la Señora Ana Cristina Sanchez, en la cual se constató que cancelo el 0.50%) del total del financiamiento en concepto de liberación y el 0.70% del total del financiamiento en concepto construcción 11) quien hacia los avalúos antes del mes de abril de 2015. R/ ... la División de Ingeniería que realizaba los avalúos. 12) QUE empresa o que personas realiza actualmente los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o se tramita préstamos hipotecarios. R/ Se constató que los avalos son realizados por 33 personas naturales externas del INJUPEMP... 13) cuanto es el costo que actualmente se paga por el avalúo de un inmueble. R/ .... 14) actualmente (al momento de la práctica de éste medio de prueba) quien paga los avalúos de los bienes inmuebles sobre los cuales se concede o tramitan préstamos hipotecarios, R/ Se tuvo a la vista el reglamento de préstamos de la demandad... ARTICULO 79 el pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del instituto, quien a la vez efectuara al pago al perito valuador contra la entrega del informa de valuación y el recibo correspondiente. El avalúo forma parte de los requisitos de préstamos hipotecarios o de vivienda y deberá contener el análisis de zonas de riesgo. 15) que procedimiento interno siguió INJUPEMP para restructurar el departamento de ingeniería y si le dio seguimiento al artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. R/ se tuvo a la vista el acta No. 1307 de la Sesión extraordinaria de la Junta Directiva la cual por ser extensa se agrega una copia para su análisis. 16) cuantos trabajadores tenía el departamento de ingeniería y quienes eran debiendo consignar los nombres de cada uno de ellos y si siguen laborando para la institución o no (en el entendido señora juez que se solicita quienes prestaban el servicio de dicho departamento, no quienes estaban nombrados). R/ / ... que LA División de Ingeniería tenía la cantidad de 10 empleados los cuales eran... SANTOS ISIDRO CABRERA... los cuales fueron cancelados el 27 de marzo de 2015 por supresión de la división de ingeniería. 17)... 18).... . PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba señalado anteriormente y admitido y evacuado en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que en el caso en particular se aduce por el ad-quem, que “CONSIDERANDO (6). Que como principio general, corresponde a las partes probar el supuesto hecho de los preceptos que causaron los derechos impenetrados.- Asi, el demandante debe de acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que funda su defensa.” “CONSIDERANDO 10: Que de acuerdo con la nota de despido que obra a folio 27, la parte demandada le asegura el pago total de sus prestaciones laborales al Señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, por lo que siendo imposible el reintegro solicitado, es procedente garantizar a dicho trabajador el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, tal como lo hace saber la parte demandada por lo que queda establecido en esta sentencia el derecho que tiene el Señor Armando Moncada Bustillo para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.” Sin embargo, el criterio expuesto además de ser ilegal, en contravención del artículo 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado, del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a elección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal como ocurrió en este caso; el artículo, 95 numeral 19) en relación a que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observo por la demandada; y 111 numerales 1) y 9) del Código del Trabajo que establece la terminación del contrato de trabajo, sin embargo, el numeral primero es referente a contratación a término o para obra determinada y el numeral nueve, de la liquidación de la empresa, circunstancias que no se observaron en la Litis. La Corte de Apelaciones violenta la protección contra el despido formulado por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en abierta inobservancia de la prueba singularizada, que ha evidenciado que la actividad de los prestamos es un giro permanente de la institución y que dentro del procedimiento para el otorgamiento de los mismos se requiere conforme al reglamento de préstamos el respectivo avalúo, particularmente para garantizar la transacción que se realiza, asimismo que dicha actividad se continua realizando, es necesaria para los proyectos de inversión de la Institución, que han sido de cierta forma tercerizadas en violación al principio protectorio del orden laboral y el derecho a la estabilidad en el trabajo, ya que reitero, las actividades de avalúos persisten, forman parte del procedimiento y constituye requisito del prestamos hipotecario que se pretenda, no cabe duda que la naturaleza del trabajo desarrollado por los demandantes ha sido permanente, pues a ese efecto la demandada cuenta con personal fijo para que realice esas funciones; sin embargo, si se hubiesen apreciado por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera considerado que dichas funciones son permanentes, no siendo procedente suprimir o restructurar la dirección de Ingeniería y Proyectos, sin un procedimiento adecuado o garantista, pero no antojadizo y autoritario. Todo ello llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de las normas sustantivas enunciadas, al negar a mi representado el REINTEGRO solicitado y que por Ley les corresponde.”.- VII. Este motivo no resulta admisible pues el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio.- VIII. Que el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en el cuarto motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por infracción directa proveniente de la falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, ha dejado de aplicar artículo 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero letra b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 y 134 de la Constitución de la República, 95 numeral 19), 110, 112 y 117 del Código de Trabajo, “CONSIDERANDO 10: Que de acuerdo con la nota de despido que obra a folio 27, la parte demandada le asegura el pago total de sus prestaciones laborales al Señor NICOLÁS FLORENTINO GÓMEZ, por lo que siendo imposible el reintegro solicitado, es procedente garantizar a dicho trabajador el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, tal como lo hace saber la parte demandada por lo que queda establecido en esta sentencia el derecho que tiene el Señor Armando Moncada Bustillo para que se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.” sin embargo, la demandada ha incumplido su carga probatoria de probar la justificación del despido. La norma citada como violada regula que, “Artículo 113. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva... El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: ... b) si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación...” , a su vez en relación a los artículos 117 del Código del Trabajo que expresa “La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República respecto a la garantía de estabilidad en el trabajo y a las justas causas de separación, así como el derecho a elección del trabajador, a que se le reintegre a su labor con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; 47 del Código del Trabajo, que establece que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si subsiste la causa que le dio origen, tal como ocurrió en este caso; Artículo 110 por el despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y a la indemnización o a que se le reintegre a su trabajo, a su elección el Artículo 112, señala las Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...” es decir, la normativa antes transcrita regula condiciones en la notificación de la terminación de una relación de trabajo para no causar indefensión o desconocimiento de las circunstancias imputadas, así como la condición de validez de la causal, o en cuanto a inexistencia de causa o causa justa de terminación del contrato de trabajo. El artículo, 95 numeral 19) en relación, señala como obligaciones de los patronos, llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo, es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada.”.- IX. Que el cargo que antecede resulta inadmisible pues la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho.- X. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “En la sentencia definitiva dictada por el Tribula de Apelación en fecha 28 de septiembre de 2016, se han violentado los principios de congruencia al haber concluido la improcedencia de la demanda fundándose en que “CONSIDERANDO (6). Que como principio general, corresponde a las partes probar el supuesto hecho de los preceptos que causaron los derechos impenetrados.- Asi, el demandante debe de acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que funda su defensa” “CONSIDERANDO 9: Que de acuerdo a la prueba aportada en juicio, se acredito que el departamento de Ingeniería del INJUPEMP desapareció de la estructura orgánica de dicha institución, que en el mismo laboraban 10 personas; por lo que el reintegro solicitado sería ilusorio ya que al momento de ejecutarse la sentencia la misma no podría ser efectiva, por la inexistencia de la dependencia en que laboraba el demandante.-” se lo expuesto se observa que se impone al demandante probar el despido, cuando la misma Corte hace sus considerandos diciendo los argumentos de la nota de despido, que aporto la parte demandante, siendo esa su obligación en juicio, y la de la demandada probar que es justo el mismo, pero debe darse conforme a la ley, con una causa de terminación que establece el artículo 111 o una causa justa según el artículo 112 del Código del Trabajo, ya que las utilizadas por INJUPEMP no están amparadas en los fundamentos utilizados, el numero 1) y 9) del artículo 111 en mención se refieren a estipulaciones en el contrato de trabajo a término, lo cual no es lo que invoca la notificación y, el otro fundamento a la liquidación o clausura de la empresa, que tampoco ha ocurrido, así como que al llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo (artículo, 95 numeral 19) del Código del trabajo), es decir mediante un procedimiento de reestructuración, lo cual no se observó por la demandada, con lo que la decisión de la Corte de Apelaciones se vuelve incongruente y violatoria del debido proceso y derecho de defensa. Hay nulidad de igual forma, por incongruente y contradictorio con el principio protectorio y debido proceso, así como violatorio del derecho de defensa, al haber dictado un fallo que no es acorde con las pretensiones y alegatos oportunos de las partes. Mi representado fue despedido invocándosele una causal que es ilegal conforme al código del trabajo que debe aplicar en primer lugar la Corte de Apelaciones, sin embargo, considera que el despido fundamentado en leyes de gestión administrativa y por propias facultades de la demandada, contrarias a la constitución, lo cual conlleva violación del derecho de defensa ya que si el patrono puede avocarse a otras causales no contempladas o inexistentes en el Código del Trabajo, cualquier trabajador no podrá defenderse legítimamente y esto también vulnera la legalidad como principio. Por otra parte, se ha demandado que no existen señalamientos sobre causa legalmente establecida conforme al artículo 117 del código de trabajo, y mucho menos que esta contenga hechos concretos, si no que ha sido por aplicación de disposiciones que contravienen el derecho laboral, y que el análisis de la corte es ilegal e incongruente con lo que ha acontecido en esta demanda, a sabiendas que los funcionarios no tienen más facultades que los que la ley les otorga y no puede existir un abuso que conlleve violación de derechos en el juicio y que impiden defenderse de forma adecuada en base a la Ley laboral.”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. El recurso de casación instado por la parte demandante, en el motivo admitido por esta Sala, deriva del error de hecho en que incurrió el tribunal de segunda instancia, apreciando erróneamente la nota de despido de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida por la demandada al señor Nicolás Florentino Gómez, Perito Valuador, División de Ingeniería y Proyectos.- XIII. Son hechos probados: a) No se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos. b) No se respetó lo dispuesto en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, especialmente que el reajuste de personal se debió realizar de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo y a falta de este, respetando los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones, preferirá a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando. c) No se intentó reubicar al personal que ocupaba esos puestos de trabajo, en otros cargos de la institución. d) En la notificación del despido no se señala ninguna causa justificada de terminación de la relación laboral.- XIV. Sobre este tema, es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-2009, 239-2012, 293-2012 y C.L.09-2017). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XV. También este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes CL105-09, CL 499-09, CL 300-11 y CL 767-12).- XVI. Que siendo acreditado en el juicio, que algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, ello deriva que la Institución demandada utilizo un argumento restrictivo de la estabilidad laboral del demandante, sin sujetarse a las causas justas de terminación del contrato de trabajo.- XVII. Que dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar, a la mayoría del personal afectado por la restructuración, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República.- XVIII. Además, sobre la situación en particular, ya este Tribunal ha dictado sentencias casando los recursos de casación laboral, por ende declarando la procedencia de las demandas de reintegro de los trabajadores afectados en su derecho constitucional de estabilidad laboral, por lo que procede respetar esa jurisprudencia en mérito del derecho de igualdad y seguridad jurídica (ver expedientes CL 09-17 y CL 201-17).- XIX. Por las razones antes expuestas y con base a las pruebas allegadas al juicio, procede casar parcialmente la sentencia recurrida, como consecuencia de ello, declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante al puesto de trabajo u otro de igual o similar categoría, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha del despido hasta su reinstalación, reconocimiento de los demás derechos en su ausencia, sin costas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 60, 64, 127, 128 numeral 15), 129, 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 53, 55, 56, 60, 66, 95 numeral 19), 113, 117, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765 numeral 1 párrafo segundo, 769, 777, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 197, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro de igual o mejor categoría, en virtud del despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. TERCERO: CONDENA a EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a: 1. REINTEGRAR al señor NICOLAS FLORENTINO GOMEZ, a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del Contrato; 2. Más el pago de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. CUARTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Contra esta sentencia no cabe ningún recurso.- Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 326-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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