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Sentencia CL-325-16 — Registro 7296

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda para pago de prestaciones sociales y demás derechos adquiridos, salarios caídos y costas del juicio y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “II.- Que la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en el primer motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por violación directa por falta de aplicación de lo dispuesto en los Artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. III. El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) el concepto de infracción directa de la Ley, señalado en la formulación tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y, es el caso que en la explicación se incita a la valoración de la prueba, lo cual no es conforme a la técnica propio de este recurso extraordinario (Ver sentencias expediente números CL.09-11, CL-02-11, CL20-11); y, b) se indican como infringidos los artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, sin embargo el primero carece de sustantividad y el segundo no es del orden laboral.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “IV.- Que la Censora en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en mala apreciación del medio de prueba que obra a folios 41 al 45, del 51 al 80, del 93 al 108, 136, 143, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 152, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197 de la primera pieza de autos; asimismo el medio de prueba a folio 78 de la primera pieza de autos, admitidos como medio de prueba, en el juzgado de primera instancia. … …- V.- En este segundo motivo, se incurre en el defecto técnico de indicar el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo como infringido, el cual no ostenta la calidad de norma sustantiva. Conviene recordar que las disposiciones sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones recíprocos o los extinguen.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“… VI. Que este Tribunal ha venido sosteniendo que: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…”.- VII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, por la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además es parte recurrida, el señor MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA, representado en juicio por el Abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda para pago de prestaciones sociales y demás derechos adquiridos, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, en fecha veintitrés de Junio del año dos mil catorce, por el señor MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló confirmando la sentencia de fecha treinta de Marzo del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA:1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida por MELVIN EDGARDO MORALES GARÓIA, contra EL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL), representada por el PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- En consecuencia: 2) CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL), representada por el PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al trabajador demandante MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA, la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVO (LPS.131,664.81), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.32,666.67; Auxilio de Cesantía Lps.65,333.33; auxilio de cesantía proporcional Lps.635.19, vacaciones causadas Lps. 16,333.33, Vacaciones proporcionales Lps.362.96; Décimo tercer mes proporcional Lps. 4,666.67, Décimo cuarto proporcional lps. 11,666.67; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de con las normas procésales quede firme la presente Sentencia Condenatoria- 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción que inició a laborar para la demandada el 16 de Abril del 2010, de manera continua y cada cierto tiempo firmaba un contrato por cuya razón le daban el status de Contrato de Servicios Profesionales, recibiendo todos los derechos laborales reconocidos por el Código del Trabajo para los empleados permanentes, se desempeñó en el cargo de Encargado de Informática, devengando un salario de Lps. 14,000.00 mensuales, fue despedido el 30 de Abril del 2014, por supuestamente incumplir el artículo 117 del Código del Trabajo. Además el demandante manifestó, que su labor era de carácter permanente dentro de la institución y cuando lo despidieron aun subsistía la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios. Por lo cual acudió a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para llegar a un acuerdo conciliatorio expresándole que no tenía derecho a ningún pago, por lo cual se continúo el trámite de ley.- 1. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que que los beneficios que reclama el actor no le corresponden, por cuanto la relación de servicios que sostuvo con la institución fueron bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y siendo que son contratos en los que se pacta un término para su finalización, el actor con su protección trata de alterar el término de finalización del contrato al sostener y exigir un derecho subjetivo que no existe, pues la demandada no está obligada a acceder a tales pretensiones ni a mantener una “relación laboral” con el demandante ni mucho menos a dar cumplimiento a sus reclamos económicos por considerar que los hechos que exige no están bajo una tutela jurídica, ya que la parte actora ha suscrito con la Secretaria de Trabajo una prestación de servicio eventual y de periodos determinados, que forzosamente tenían que llegar a su fin, consecuentemente, no conceden más derechos que los consignados en el mismo. Los derechos erróneamente reclamados solo le corresponden a personal que labora en forma permanente dentro de la Secretaría del Trabajo, nombrados bajo acuerdo ejecutivo y no por contrato como es el caso; es decir, por determinados períodos de tiempo por ser contratos con una vigencia determinada.- 2. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha treinta de Marzo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, la demanda ordinaria laboral promovida por MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA contra EL ESTADO DE HONDURAS. condenando al demandado a pagar la cantidad de L. 131,664.81, por sus derechos laborales más a título de daños y perjuicios los salarios dejado de percibir y sin costas; bajo el criterio que en el presente caso es evidente que el contrato que rige a las partes se identifica con el literal b) del artículo 46 del Código y siendo que no son los contratos los que deben considerarse por tiempo determinado o indeterminado, sino su naturaleza de la prestación de servios, entonces lo que se debe evaluar es la naturaleza eventual o permanente de la función que desempeña el trabajador, y en el caso de autos claramente se puede observar que al momento de finalizar la relación de trabajo con el demandante la actividad por la cual fue contratada subsiste después del despido.- 3. Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortes, en fecha trece de mayo del dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que no obstante que el nexo jurídico existente entre las partes fue bajo la modalidad de contratos con fechas determinadas, no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así lo demuestre, por el contrario, con los documentos que obran en la pieza principal, se establece que el “contrato es con puesto”, y de los mismos documentos se concluye que la relación de trabajo fue de forma continua; de ahí que dicho vínculo debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo en razón de la antigüedad y la naturaleza de la labor ejecutada por el demandante que sin duda alguna forma parte de los fines de la institución; en ese sentido, la finalización de dicha relación de trabajo sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, situación que no ocurre en el presente caso ya que únicamente se invocó el vencimiento del contrato.- 4. Mediante auto de fecha dieciseis de junio del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 5. En fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 6. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada BESSY ROCIO LARA ROSA, en el primer motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por violación directa por falta de aplicación de lo dispuesto en los Artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. 1.Haciendo un prejuzgamiento, se ha de entender que la violación directa de la Ley ocurre cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto. En autos es un hecho probado por las partes que EL ESTADO DE HONDURAS no contrató como empleado a mi al demandante señor MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA, su contratación se encuentra fuera de la esfera de la aplicación del Código de Trabajo, pues este fue contratado bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, amparado en la Ley de Contratación del Estado, que atribuye esta facultad única y exclusiva para EL ESTADO DE HONDURAS. 2. Al demandante no le asiste el derecho subjetivo que reclama, en virtud que este consintió y acepto en su totalidad las condiciones del Contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado que suscribió con mi representado, quedando establecido que la Jurisdicción en caso de controversia entre las partes se somete al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, a efecto de estar regulado por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que a la letra dice: “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”. 3. El articulo antes relacionado, es complementario a lo establecido en el articulo 2 numeral 2) del Código de Trabajo, mismo que dejó de ser visto y aplicado en la Sentencia de merito, alegándose inclusive no haber sido mencionado por la defensa del Estado de Honduras, cuando fue expresamente expuesto en el ACAPITE “HECHOS Y RAZONES EN LAS QUE SE APOYA LA DEFENSA”, siendo entonces un argumento legal invocado en la presente causa, que no fue aplicado por el Tribunal de Apelación, al encontrarse contenida la presente causa en la excepción que aduce dicho articulo.. Art. 2 numeral 2) que a su letra dice: Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1)..., 2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Señores Magistrados, ambos fundamentos legales, dejan en claro que la administración pública es especialísima, por tanto el vínculo jurídico que unió a las partes, fue la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado, el cual reviste las especificaciones contenidas en el Articulo 2 numeral 2) del Código de Trabajo, puesto que dichos contratos fueron elevados a Acuerdo Ministerial, por tanto se encuentran exentos de aplicación de las normas del Código de Trabajo.”.- III. El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) el concepto de infracción directa de la Ley, señalado en la formulación tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y, es el caso que en la explicación se incita a la valoración de la prueba, lo cual no es conforme a la técnica propio de este recurso extraordinario (Ver sentencias expediente números CL.09-11, CL-02-11, CL20-11); y, b) se indican como infringidos los artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo y artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, sin embargo el primero carece de sustantividad y el segundo no es del orden laboral.- IV.- Que la Censora en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en mala apreciación del medio de prueba que obra a folios 41 al 45, del 51 al 80, del 93 al 108, 136, 143, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 152, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197 de la primera pieza de autos; asimismo el medio de prueba a folio 78 de la primera pieza de autos, admitidos como medio de prueba, en el juzgado de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. Las normas sustantivas de orden nacional están contenidas en el Artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medios para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Codigo de Trabajo. PRUEBA MAL APRECIADA La prueba mal apreciada por el Tribunal Ad Quen, consiste en el medio de prueba documental, mediante el cual fueron incorporados al proceso los siguientes documentos: a) Contratos de Servicios Profesionales celebrados entre el demandante MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA y EL ESTADO DE HONDURAS, que después de suscritos se aprobaban mediante sus respectivos acuerdos ministeriales (41 al 45, del 51 al 80, del 93 al 108, 136, 143, 144, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 152, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197 de la primera pieza de autos, b) Oficio mediante el cual se le comunicó al demandante el vencimiento de su último contrato, a folio 78 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo de Casación está comprendido en el Articulo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. 1. La Corte de Apelaciones del Trabajo aprecio mal los medios de prueba documental público propuestos, consistente en los Contratos de Servicios Profesionales y sus respectivos Acuerdos Ministeriales, que suscribieron el señor MELVIN EDGARDO MORALES GARCIA Y mi representado EL ESTADO DE HONDURAS donde se acredita que el vínculo contractual entre ambas partes, era de tal naturaleza que los contratos de servicios profesionales, están únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo expresamente pactado en el mismo, de tal manera que analizando el contenido de las cláusulas establecidas en dichos contratos se entiende que los contratos deben cumplirse al tenor de lo establecido en ellos, analizando además el carácter formal de los mismos (son elevados a acuerdo ministerial) en virtud de ello los argumentos establecidos por la Corte de Apelaciones del Trabajo, son contradictorios, en el sentido que se le reconoce el derecho de permanencia laboral, lo cual no tiene razón de ser, pues son contratos establecidos a termino, sin que se consideren de ninguna manera regidos por el Código de trabajo. Por otra parte, ha sido mal valorado el medio de prueba contentivo del Oficio mediante el cual se le comunicó al demandante el vencimiento de su último contrato, a folio 78 de la primera pieza de autos, pues este en efecto prueba el vencimiento del contrato, mas nunca determina, la notificación de un “despido” y mucho menos injustificado, lo cual en materia laboral es requisito indispensable para que sobrevenga el derecho al pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 2. Ante esto, señores Magistrados, el Tribunal de segunda instancia valoró mal los medios de prueba antes mencionados, donde quedo plenamente acreditado que EL ESTADO DE HONDURAS lo único que hizo fue establecer un vinculo contractual con el señor MELVIN EDGARDO MORALES, en base a la facultad conferida por la ley de Contratación del Estado. Al haber sido mal apreciados por el Tribunal de segunda instancia, los documentos incorporados con el medio de prueba documentos públicos descritos anteriormente, ha ocasionado que a mi representado EL ESTADO DE HONDURAS, se le condenado al pago de montos indebidos por el actor y que le hayan aplicado erróneamente normas contenidas en el Código de Trabajo.”.- V.- En este segundo motivo, se incurre en el defecto técnico de indicar el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo como infringido, el cual no ostenta la calidad de norma sustantiva. Conviene recordar que las disposiciones sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones recíprocos o los extinguen.- VI. Que este Tribunal ha venido sosteniendo que: “En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. La razón de ser de este principio está determinada por el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- V.- Por otra parte, una vez determinada si la relación cumple con los requisitos de un contrato de trabajo, tampoco es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, puesto que aunque éstas hayan pactado un contrato por un término fijo de duración, si las condiciones del mismo corresponden a las de una relación indefinida, prevalece el principio de la primacía de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos en que la misma ley así lo permita…”.- VII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 325-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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