Sentencia CL-323-17 — Registro 8404
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a título de daños y perjuicios, el pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, devolución de gastos por garantías bancarias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, señalado como violado, es una disposición de carácter general, inviolable para los efectos de casación; y, b) en el precepto autorizante no señala que numeral del artículo 765 del Código de Trabajo invoca.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no señala causal de casación laboral; b) no señala precepto legal sustantivo de orden nacional y de índole laboral, que estima violado; y, c) el precepto autorizante no es norma laboral. Es necesario recordar al recurrente que el motivo señalado es aplicable para materia civil y contencioso administrativo, no así para la casación laboral, la cual tiene contemplados sus parámetros en el Código de Trabajo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora REYNA YAMILETH BONILLA, representada en juicio por la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, a título de daños y perjuicios, el pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta que quede firme la sentencia condenatoria, devolución de gastos por garantías bancarias, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de junio del dos mil dieciséis, por la señora REYNA YAMILETH BONILLA, mayor de edad, casada, hondureña, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, dependencia de la entonces SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, después DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), ahora dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, misma que: “FALLA: PRIMERO: declarando NO HA LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pedro Antonio Gonzales en su condición de representante procesal demandado, contra la sentencia definitiva proferida el nueve de diciembre del dos mil dieciséis (09/12/16) por el Juzgado de Letras de esta misma Sección Judicial, relacionada con la demanda promovida por la trabajadora REYNA BONILLA contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por el PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUNDO: se declara HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la Abogada Norma Elizabeth López, en su condición de representante procesal de la parte actora, contra la referida sentencia; en consecuencia, se REFORMA la misma en el siguiente sentido: UNO: fijar como monto deducible por la condena proferida por el Iudex A-Quo, la cantidad de Lps. 27,064.64 y no la establecida en el numeral 1) la parte dispositiva de la letra B) de la parte dispositiva de la sentencia recurrida. TERCERO: se CONFIRMA la sentencia supraindicada en todos sus demás extremos. CUARTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada el 5 de junio del 2006, por la Dirección General de
Aduanas, dependencia de la entonces Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, ahora dependiente de la Secretaría de Finanzas, contratación que se dio mediante contratos escritos por periodos determinados, se desempeñó en el cargo de Sub-Administradora del puesto aduanero de S&P Recycling Honduras, S.A. de C.V., esta empresa primero era una Usuaria y después una Administradora-Usuaria de Zona Libre, por lo que pagaba mensualmente el Canon Operacional al Estado de Honduras. Así mismo expresó el demandante que su labor era de naturaleza permanente, estuvo bajo la continua dependencia, subordinación y a las órdenes directas de Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras y Sección de Regímenes Especiales, cumplía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con una remuneración de L.10,000.00. La demandante suscribió varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, pero todos de forma continua, debiéndose entender que estos contratos amparaban relaciones estrictamente laborales, teniendo vigencia el último hasta el 31 de diciembre del 2016, esto fue desconocido por la demandada, quien a través del Licenciado Efraín Andino Maldonado, en su condición de Jefe de Regímenes Especiales, Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), dio instrucciones para que el día 15 de marzo del 2016 y subsiguientes, no le permitieran reincorporarse a sus labores como Sub Administradora, puesto que se encontraba con incapacidad médica post operatoria, esta incapacidad venció el 14 de marzo del 2016, los Contratos de Servicios Profesionales se deben considerar como contratos efectivos de trabajo, por concurrir en ellos los tres elementos señalados en el Código del Trabajo; asimismo, se deben considerar celebrados por tiempo indefinido, pues fueron celebrados uno a continuación de otro y corresponden a actividades normales de la demandada, actividades de fiscalización aduanera con obligaciones de cumplimiento hecha de manera personal con asignaciones diarias, mensuales y eventuales. La demandante finalizó su alegato manifestando que fue despedida indirectamente al no permitirle el ingreso normal a las instalaciones de la demanda y realizar su trabajo, esto por instrucciones de Recursos Humanos a través del Licenciado Efraín Andino Maldonado, en su condición de Jefe de Regímenes Especiales, también por constar que no se le pagaron los salarios a tiempo, ya que le adeudan desde el 1 de enero del 2016, hasta la fecha del despido.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de Contrato por tiempo determinado, mismo que terminó en diciembre del dos mil quince, y con la terminación del referido contrato se le cancelaron proporcionalmente todos sus derechos laborales, así sucedió sucesivamente, se celebraban contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, de enero a diciembre de cada año, hasta la fecha en que terminó la relación laboral, que fue el 31 de diciembre de 2015, y hasta esa fecha a la demandante se le cancelaron las prestaciones laborales correspondientes. Por otra parte, la demandada estableció que en el año 2016, la demandada no suscribió contrato alguno con la demandante, por lo que
es falso lo alegado; que se le hizo llegar un contrato que tenía vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, ya que si bien es cierto la demandada tuvo la intención de continuar con la relación laboral, con la diferencia que sería por el periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2016, situación que la demandante no aceptó, ya que el personal de Recursos Humanos de la Entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos, la localizó vía teléfono, informándoles que dicha señora que no lo firmaría en vista de que a ella ya se le había hecho un contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, situación que llamó la atención de las autoridades porque en ningún momento se había suscrito el contrato referido, por ello al ver la negativa de firmar el contrato con vigencia al 30 de abril de 2016, y habiendo tomado la actitud de no presentarse a la empresa a laborar a partir del 04 de enero de 2016, es que se entiende que la demandante no quería seguir laborando para la demandada. En cuanto a que el señor Efraín Andino Maldonado, en su condición de Jefe de Regímenes Especiales, de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, no la dejaba ingresar a su puesto de trabajo, se debió a que la misma no tenía un contrato firmado que acreditara que seguía siendo empleada de la demandada, pues no puede alegar que se presentaba hasta el 15 de marzo de 2016, en virtud de incapacidad, ya que al no querer firmar contrato con vigencia del 01 de enero al 30 de abril de 2016, no mantenía relación laboral alguna. En el presente caso, no se puede alegar que existía un contrato de trabajo, ya que la demandante no quiso firmar la extensión del mismo del 01 de enero de 2016 al 30 de abril del mismo año, por lo tanto, no se dio la actividad personal del Trabajador, tampoco estuvo subordinada a la demandada durante ese tiempo ni se le cancelaron en concepto de salarios como retribución del servicio. Así mismo, es necesario esclarecer que por tratarse de una Relación de Régimen Especial, la relación entre las partes debe considerase indefinida, ya que los salarios pagados a la demandante eran cancelados con fondos externos, es decir, ajenos al peculio del Estado de Honduras, pues no fueron erogados por la Extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, pues todos los pagos de sueldos y colaterales,
prestaciones laborales y otros derechos eran financiados por el Canon Operacional que depositan las empresas acogidas a Regímenes Especiales. Finalmente, estableció la demandada que no puede alegarse un despido indirecto, ya que no concurren ninguna de las causas señaladas en el artículo 114 del Código del Trabajo, pues fue la demandante quien no quiso firmar el contrato, y al no haber contrato firmado, no puede concurrir el auto despido.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Reyna Yamileth Bonilla contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Dirección General de
Aduanas; condenando al demandado al pago a favor de la demandante la cantidad de L.193,179.37, en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir; se ordena que el monto total de lo condenado se le deduzca la cantidad de L.79,159.55, que la demandada pagó en concepto de prestaciones años 2014 y 2015 y que la demandada le devuelva la garantía o fianza que la demandante rindió en el último año de servicio; declaró sin lugar las excepciones de prescripción y de pago interpuestas por la parte demandada, sin costas, bajo el criterio que la relación laboral sostenida entre las partes no tuvo interrupción desde el inicio el 05 de junio del 2006, hasta que finalizó el 17 de octubre del 2016, fecha en donde su jefe inmediato Efraín Andino Maldonado le manifestó que su contrato había terminado, en vista de lo establecido en el artículo 52 del Código del Trabajo, que “si antes de que transcurra un año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo deberá entenderse éste por tiempo indefinido”, por lo que dicha relación debe considerarse de carácter permanente, razón por la que el alegato de la demandada, que la actora no quiso firmar un nuevo contrato no es válido, y si bien es cierto la demandada realizó los pagos en concepto de prestaciones sociales en los años 2014, 2015, también lo es que la relación data desde el año 2006 y como no consta en autos que la misma fue interrumpida, los pagos realizados son considerados como abono al pago de cesantía y aunque la demandada haya firmado finiquitos estos son nulos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, REFORMANDO la proferida por el a quo, sin costas; fijando como monto deducible de la condena proferida por el Iudez A-Quo, la cantidad de L. 27,064.64; bajo el criterio que dada la naturaleza de las labores que realizaba la demandante, la relación laboral se convirtió en una relación por tiempo indefinido, tan es así que la demandada anualmente finiquitaba los derechos laborales y la trabajadora recibía de conformidad el pago.- 5.- Mediante auto de fecha veintisiete de julio del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha siete de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Este es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en subconjunto y que hiso incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del código de trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas de la siguiente manera: DOCUMENTAL PUBLICA, admitida a la parte demandada que se refiere a 1) Finiquito de fecha 31 de diciembre del año 2015. 2) Hoja de Ejecución de Gastos F01. 3) Finiquito de fecha 30 de diciembre del año 2014. 4) Hoja de Ejecución de gastos F01 (Ver folios 50 al 53 de la primera pieza de autos) en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO señalado anteriormente, admitido y evacuado en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en subconjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos, para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en subconjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular, si se hubiesen apreciado correctamente por parte del tribunal recurrido, el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que los pagos de prestaciones laborales en forma anual de los años 2014 y 2015 hecho a la parte demandante, hace presumir indefectiblemente que se pagaron también las prestaciones laborales de los años anteriores que reclama la demandante (hecho acreditado por la prueba). Claro está, que este medio de prueba fue apreciado por la Corte recurrida, pero lo hizo de forma errónea, por lo que resulta evidente el error judicial en la valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en violación indirecta de lo dispuesto el artículos 864 y 867 del Código de Trabajo, pues una valoración acertada hubiera derivado necesariamente en la existencia de la excepción de prescripción para reclamar el pago de prestaciones laborales, que dicho sea de paso, ya habían sido canceladas en su totalidad. En tal sentido honorables Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, confirma la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia modificando la cantidad a deducir del total de las prestaciones laborales del demandante, tomándolas como abono al total de las prestaciones no procede; porque en las hojas ejecución de gastos f01 2015 y f01 2014 no especifica que los pagos se hagan como abono a prestaciones, detalla que es pago de prestaciones correspondientes a los contratos de los años 2015 y 2014, además no existe arreglo administrativo ni judicial que se establezca que el pago de prestaciones se iba a realizar en abonos. En adición a lo anterior, la prueba documental señalada informa al juzgador que la demandante firmo finiquitos donde hace constar el pago de prestaciones laborales de años anteriores, al indicar estos documentos que no se le adeudan valores por estos conceptos. Así las cosas, de la prueba descrita se debió concluir acertadamente que a la demandante, el Estado así como le pagó las prestaciones de los años 2014 y 2015 le pago también todas sus prestaciones laborales de todos años anteriores que estuvo por contrato. Sin soslayar el pago realizado, esta cerrada la valoración de la prueba le impide también a la corte sentenciadora concluir que la pretensión de pago sobre prestaciones laborales de años anteriores ya están prescritos, en virtud que de conformidad al artículo 864 del Código del Trabajo estable que los derechos y acciones que le corresponden al trabajador para reclamar prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación de cada contrato; consecuentemente honorable Magistrados la demandante debió reclamar prestaciones laborales de años anteriores al 2014 y 2015 dentro de los 2 meses contados a partir de la terminación del contrato y no venirlas a solicitar hasta en el año 2016 cuando ya estaban totalmente prescritas. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque de la prueba descrita se debió concluir acertadamente que a la demandante, el Estado así como le pagó las prestaciones de los años 2014 y 2015, le cancelo también todas sus prestaciones laborales de todos años anteriores.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, señalado como violado, es una disposición de carácter general, inviolable para los efectos de casación; y, b) en el precepto autorizante no señala que numeral del artículo 765 del Código de Trabajo invoca.- IV. Que el Abogado PEDRO ANTONIO GONZALES, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de las normas procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como disposición legal infringida es el artículo 207.1 en relación con el artículo 701.1 del Código de Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.1. c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. El presente motivo de casación está orientado a dejar de manifiesto el yerro en que incurre el Ad-quem al momento de dictar sentencia, pues vulnero el requisito interno de las sentencias denominado motivación. Este principio exige que las sentencias han de motivarse expresando los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales de la prueba y del derecho aplicable se arribó a determinada conclusión. En ese sentido esa obligación también la establece el artículo 41 del Estatuto Del Juez Iberoamericano que reza: “Motivación Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones que dicten”. Sobre este requisito, es que denunciamos el vicio de la presente sentencia recurrida a través de este recurso, habida cuenta que el Ad-quem no motiva suficientemente su resolución. Partiendo de la idea sobre la existencia de tres clases de vicios sobre la motivación, a saber: ausencia total, insuficiencia y contradicción, nuestro recurso se orienta hacia la motivación insuficiente, pues existe escasa motivación del Ad-quem en su sentencia; ello porque, no explica porque no se da por acreditado el pago del total de las prestaciones cuando existen finiquitos que así lo informan, más aun cuando da por probados pagos en concepto de prestaciones laborales durante los años 2014 y 2015 a favor de la demandante. Esta parte procesal, no obtuvo una respuesta suficiente o completa sobre la motivación del argumento del Ad- quem para descartar el Pago realizado; lo cual influye directamente en la desacertada desestimación de la excepción de pago. Sin olvidar que tampoco logran dar respuesta del porque no se puede colegir indefectiblemente el pago del total de las prestaciones laborales. Esta falta de motivación suficiente se materializa también al desconocerse los razonamientos facticos y jurídicos por los cuales, no opera la prescripción en esta causa. Al ser una pretensión del Estado la referida a que desde el momento en que finalizaba cada contrato, la demandante tenía dos meses para reclamar sus prestaciones laborales; más aún cuando se le pagaron dos años consecutivos, debió darse una respuesta al respecto. De lo cual, se colige fácilmente que la demandante pudo reclamar tal pago incluso cuando se le pago en el 2015 sus prestaciones laborales. Bajo este contexto, no obtuvimos respuesta jurídica que refiera cual es la interpretación de esta situación jurídica específica, más aun cuando queda claro que la ausencia de esos reclamos deviene de la conciencia certera del pago recibido. Así las cosas, es claro que la sentencia hoy recurrida no soporta del control de legalidad exigido. En ese sentido, la legalidad de la decisión no puede ser, de ninguna manera verificada en la causa bajo examen; pues aunque la sentencia contiene cierta motivación, la misma no es suficiente para dar respuesta completa en todos los aspectos objeto de tesis defensiva por El estado. Sobre este aspecto MIQUELLE TARUFO. Entonces, es claro que este tipo de control sólo puede ejercerse cuando la sentencia sobre la que se aplica contiene el razonamiento interpretativo realizado por el juez, es decir, se encuentre motivada. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada. INCIDENCIA DE LA INFRACACION EN LA RESOLUCION: Indudablemente esto agravia al estado porque no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad de los argumentos por los cuales erróneamente se le condena; más aún cuando tales argumentaciones no son esbozadas porque no tendrían ningún sustento factico ni jurídico.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no señala causal de casación laboral; b) no señala precepto legal sustantivo de orden nacional y de índole laboral, que estima violado; y, c) el precepto autorizante no es norma laboral. Es necesario recordar al recurrente que el motivo señalado es aplicable para materia civil y contencioso administrativo, no así para la casación laboral, la cual tiene contemplados sus parámetros en el Código de Trabajo.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 323-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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