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Sentencia CL-322-16 — Registro 7156

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario de no probar previo los trámites legales sea obligado mediante sentencia definitiva condenatoria al pago de sus prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido injusto e ilegal que fui objeto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite indicar el tipo de error, de hecho o de derecho, es hasta la explicación del cargo que hace referencia al error de hecho; y c) al carecer de suficiente explicación, no demuestra el error evidente que cometió el Juzgador de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 8 de agosto del 2016, por el Abogado EDWARD FRANCISCO ROMERO OSEGUERA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DELFINA LIZETH MAZIER MEJIA, representada en juicio por la Abogada GLADIS ESMERALDA DEL CID. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario de no probar previo los trámites legales sea obligado mediante sentencia definitiva condenatoria al pago de sus prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido injusto e ilegal que fui objeto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de junio de 2014, por la señora DELFINA LIZETH MAZIER MEJIA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION), incorporada a Nivel de Programa de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), por medio de su representante legal el señor SERGIO VILLATORO CRUZ, mayor de edad, soltero, Ingeniero civil, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de marzo del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes causado, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme y demás derechos laborales, promovida por DELFINA LIZETH MAZIER MEJIA, generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En Contra LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, a través de su representante legal señor SERGIO VILLATORO CRUZ, también generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: a LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, a través de su representante legal señor SERGIO VILLATORO CRUZ, a pagar a la trabajadora demandante DELFINA LIZETH MAZIER MEJIA, LA cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L. 39,378.31), distribuidos así: preaviso L. 11,666.66, auxilio de cesantía L. 11,666.66, auxilio de cesantía proporcional L. 7,808.91, vacaciones proporcionales L. 3,122,79, décimo tercer mes proporcional L. 56.67, décimo cuarto mes proporcional L. 5,056.62; mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los trabajadores demandantes desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 3) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a trabajar para la demandada, en fecha 02 de mayo del año 2012, desempeñándose como Secretaria de Planificación y Gestión, y ha venido dependiendo de la Dirección Ejecutiva, con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés; que desde el 02 de mayo del año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013, trabajó continuamente y sin interrupción alguna con la demandada, bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales; pero en el mes de enero del año 2014, que tenía que renovar el respectivo contrato la llamaron y le comunicaron verbalmente por parte de su jefe inmediato ingeniero Neil Patrick Díaz, de que no se le renovaría el contrato, sin más explicación alguna que les diera finiquito y que de buena fe se los firmó esperando que le hicieran efectivo el pago de prestaciones laborales a que tenía derecho, habiendo agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION), contestó dicha demanda señalando que la demandada es una institución del Estado que cumple a cabalidad con las leyes laborales del País y de ninguna manera niega a sus trabajadores los derechos laborales cuando tienen derecho a los mismos; que lo alegado por la demandante en su plan de demanda está redactado a su conveniencia y antojo y que fue contratada mediante un primer contrato denominado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, como Secretaria de Planificación y Gestión, que inició en fecha 02 de mayo del 2012, y terminó en fecha 30 de diciembre del 2012, quien firmó un finiquito de solvencia a favor de la demandada donde la exonera de toda responsabilidad laboral presente pasada y futura que con relación al contrato se pudiera dar, en virtud de la necesidad de continuar contando con los servicios de la demandante en los primeros días del mes de enero firmó un nuevo contrato bajo las condiciones del antes relacionado, el que tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2013, razón por la cual y consciente de ello la parte demandante otorgó a favor del patrono un nuevo finiquito de solvencia en fecha 30 de diciembre del año 2013, en el que igualmente lo exoneró de toda responsabilidad laboral presente pasada o futura que pudiere surgir, dando por concluida dicha situación.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de marzo del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda laboral, condenó a la parte demandada la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, a través de su representante legal señor Sergio Villatoro Cruz, a pagar a la demandante la cantidad L.39,378.31, en concepto de derechos adquiridos, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que quede firme la sentencia, sin costas; promovida por la señora DELFINA LIZETH MAZIER MEJIA, contra la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION); bajo el criterio que el cargo que desempeñaba la demandante fue continuo en la institución demandada, y subsistió la actividad que le dio origen prueba de ello es que en la actualidad quien desempeñaba el cargo que tenía la demandante es la señora Sara Josselyn Castro Garrido, que la demandada puso fin a la relación de trabajo argumentando que el contrato finalizó sin reconocer los derechos que la demandante adquirió por el tracto sucesivo de la relación se originaron, ya que desde que inició en fecha 02 de mayo del año 2012, hasta que finalizó el último contrato que fue el 31 de diciembre el año 2013, esta relación fue continua e ininterrumpida y aunque la demandante haya firmado finiquitos de solvencia esto no exoneraba a la demandada del pago de los derechos que le correspondían a la demandante, aunque haya firmado esos finiquitos la demandada no acreditó haber pagado a la demandante cantidad alguna en concepto de prestaciones sociales al momento de finalizar cada contrato; que al invocar como causa el hecho que el contrato de servicios profesionales haya llegado a su fecha de finalización y por esa razón termina la relación de trabajo que unía a la trabajadora demandante con la demandada no es aplicable al caso, ya que si bien es cierto la relación nació mediante un contrato de trabajo a término, este se volvió por tiempo indeterminado desde que las partes en conflicto prorrogaron dichos contratos según lo que dispone el artículo 47 y 52 del Código de Trabajo; el dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante invocando esa condición se vulneran los derechos Constitucionales, como ser el derecho a la estabilidad laboral, ya que en el presente caso la demandante y la demandada habían celebrado contratos de trabajo por tiempo definido, y que independientemente del nombre que le ponga las partes va inserta una relación de trabajo que generó derechos para la trabajadora que no le pueden ser quitados ni renunciado porque son Derechos Constitucionales; y en aplicación de la Primacía que tiene la Constitución de la República sobre cualquier ley, decreto, siempre tendrá la Primacía la Norma institucional.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 13 de mayo del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que es indudable que la actora fue contratada por tiempo determinado, más llegada la fecha de conclusión de los contratos, la actividad continuó subsistiendo, tal es así que al momento de la práctica del reconocimiento judicial, el puesto que desempeñaba la demandante lo ocupa la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, circunstancia ésta que lleva a concluir que la actividad o prestación de servicio contratada con la actora y las tareas asignadas en el contrato, son de naturaleza permanente, pues no resulta probada la excepcionalidad de dicha contratación; a lo que se suma que los finiquitos de solvencia que en su momento extendiera la demandante, por sí son insuficientes para acreditar que la demandada cumplió con las obligaciones económicas que el vínculo jurídico laboral le impone como empleador.- 5.- Mediante auto de fecha 17 de junio del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado EDWARD FRANCISCO ROMERO OSEGUERA, en su condición de representante procesal de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 8 de agosto del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado EDWARD FRANCISCO ROMERO OSEGUERA, en su condición de representante procesal de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (LA COMISION), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de agosto del 2016, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de septiembre del 2016, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada GLADIS ESMERALDA DEL CID NIETO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado EDWARD FRANCISCO ROMERO OSEGUERA, en su único motivo de casación alega: “Violación de la Ley par infracción indirecta al artículo 617 literal g) del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADO ERRONEAMENTE. El medio de prueba dejado de apreciar correctamente es el medio de prueba documental que corre agregada a folios del 60 al 65 y 87 al 88 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 765 párrafo primero párrafo segundo del código de trabajo. Explicación de la violación. La Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia viola la Ley en forma indirecta, par error de hecho apreciando de manera errónea los medios de prueba documental propuestos y evacuados en tiempo y forma, de manera singular los finiquitos que corren a folios 60 al 65 y la solicitud de inspector del trabajo y el acta que obra folios 87 y 88 de la primera pieza de autos, con los cuales se apreciaron erróneamente pues par un lado los primeras acreditan que no le asiste derecho alguno a la demandante y los segundos que la demandada devenía obligada a probar el supuesta despido verbal alegado en su demandada y el cual no pudo acreditar. Se concluye entonces que el fallo del Tribunal de segundo grado, es violatorio de la Ley indirectamente al apreciar erróneamente la prueba documental propuesta y evacuada en tiempo y forma.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite indicar el tipo de error, de hecho o de derecho, es hasta la explicación del cargo que hace referencia al error de hecho; y c) al carecer de suficiente explicación, no demuestra el error evidente que cometió el Juzgador de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 322-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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