Sentencia CL-321-16 — Registro 8954
Resumen
Empleado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que fue despedido definitivamente del cargo de Oficial Administrativo I como consecuencia de haber cometido faltas graves constitutivas de acoso sexual a una alumna de la casa de estudios. Caso en que La Sala Laboral- Contencioso Administrativo anula la sentencia de la Corte de Apelaciones recurrida al omitir valorar y considerar el argumento expuesto por la demandada, de que el plazo de prescripción comenzó a correr hasta que el Comisionado Universitario de Derechos Humanos terminó la investigación y rindió el informe correspondiente, por lo que la notificación del despido se realizó dentro del mes que tenía el patrono para despedir al trabajador justificadamente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
..."El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XI.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por el apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
" Que es pertinente considerar que en estos casos, donde se denuncian actos de violencia contra la mujer, se debe aún y cuando las partes no lo aleguen, porque también corresponde al juzgador de instancia aplicar las disposiciones que a su criterio sean las apropiadas a razón de la controversia planteada en el proceso (iuria novit curia)[1], aparte de la normativa laboral, tomar en consideración los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Honduras, como es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), donde se consagra en su artículo 3, el derecho de toda mujer, a llevar una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, más aún cuando esas situaciones se denuncian en los centros educativos del país, ya que afectan la dignidad de las personas (estudiantes) y las oportunidades de su crecimiento y desarrollo personal.- IX.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 197 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Hito
" Que la sentencia pronunciada en fecha 11 de Mayo de 2016 por la por la Corte de Apelaciones recurrida, reforma la emitida por el a-quo, consecuentemente declarando con lugar la demanda, bajo el criterio que se encuentra prescrito el derecho de la demandada para despedir al demandante, dado que se puso fin al contrato el 19 de enero del 2015, en razón del procedimiento investigativo que dio inicio con la denuncia interpuesta el 25 de noviembre del 2014 por una estudiante por acoso sexual ante el Comisionado Universitario delegado de la Unidad de Acoso Sexual, conforme lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que el procedimiento como los pasos que se establecen en el Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a los efectos y finalidad del mismo, tienen que entenderse comprendidos en la disposición general antes mencionada.- VII.- Que el ad-quem omitió valorar y considerar el argumento expuesto por la demandada, de que ese plazo de prescripción comenzó a correr hasta que el Comisionado Universitario de Derechos Humanos terminó la investigación y rindió el informe correspondiente, que fue en fecha 19 de diciembre de 2014, por lo que la notificación del despido se realizó dentro del mes, es decir el 19 de enero del 2015, dado que dicho órgano es independiente en el ejercicio de sus funciones y que el mismo debió realizar las investigaciones para corroborar la veracidad de la denuncia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 112, literal e) (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 863 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además es parte recurrida, el señor JOSE LUCIO MORALES CASTRO, representado en juicio por el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de febrero de dos mil quince, por el señor JOSE LUCIO MORALES CASTRO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de fecha VEINTISEIS (26) de FEBRERO del presente año (2016) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, en la demanda de la referencia en consecuencia se REFORMA la sentencia recurrida, la que consiste en: I. Declarar CON LUGAR la demanda laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido; al pago de salario adeudado correspondiente del 1 al 19 de enero del año 2015 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde fecha del despido hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; consecuentemente se CONDENA a la demandada al pago de la cantidad de L 12,213.09 en concepto de salario adeudado (19 días). SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia. TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la institución demandada mediante Acuerdo de empleado permanente en fecha 16 de junio del año 2012, para desempeñarse en el cargo de Oficial Administrativo I, asimismo devengó hasta la fecha del despido un salario mensual de L.20,344.00, para hacer un promedio mensual de L.23,734.66. Que el demandante fue despedido en fecha 19 de enero del año 2015, de acuerdo a la notificación del oficio No. 041-SEDP de fecha 16 de enero de 2015, argumentando la demandada que el despido o separación definitivo del cargo surge como consecuencia de que el demandante cometió supuestas faltas graves constitutivas de acoso sexual, siendo la única causal pues inclusive se basa además del Código del Trabajo y en un reglamento especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en la UNAH, siendo un reglamento a lo interno de la institución y no una ley de la república como lo es el propio Código del Trabajo; al demandante se le acusa de haber cometido faltas graves constitutivas de acoso sexual en la persona de la señorita N. J. H. C., es importante recalcar que el contacto con dicha persona tuvo su génesis con motivo de que el Doctor Emilio Torres quién es el coordinador de la carrera de odontología en el centro estudiantil al tener conocimiento por su parte de querer hacerle una reparación odontológica, le asignó a dicha señorita como parte de su práctica profesional en la materia de prótesis fija III, lo que se traduce lógicamente en que su contacto y participación se reduce a la de simple paciente, pues en su condición no era la de administrador sino la de conejillo de indias para que dicha alumna pudiera llevar acabo su práctica profesional y a la vez poder ahorrarse algún dinero pues solo se le requería los gastos de materiales. Que el procedimiento de despido que se le aplicó al demandante existe prescripción de acuerdo a los términos que establece el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que la denuncia de la joven fue entablada en fecha 25 de noviembre del año 2014, seguida del proceso de notificación del demandante en fecha 27 del mismo mes y año, dentro de las fechas 15 de diciembre de 2014 y 05 de enero del año 2015, se verificó el periodo de vacaciones de Ley, lo que se traduce que durante ese tiempo se suspende temporalmente el contrato de trabajo a pesar de ello y de haberse reanudado las labores el 05 de enero de 2015, no es sino hasta fecha 19 de enero que se le notifica oficialmente el despido aun valorando el tiempo que tomo el periodo de vacaciones, transcurriendo 20 días entre el 25 de noviembre del año 2014 y el día 15 de diciembre del año 2014, inicio vacaciones, asimismo transcurrieron 15 días entre el 05 de enero de 2015 (retorno vacaciones) y el 19 de enero del año 2015 (despido) la sumatoria de ambos periodos equivale a 35 días calendario lo que se vuelve extemporáneo el despido.- |2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a laborar para la demandada en fecha 18 de junio del año 2012, en el cargo de Oficial Administrativo I, y a la fecha del despido devengaba un salario mensual de L.19,283.84. Que la estudiante de odontología N. J. H., necesitaba a un paciente para realizar una de sus prácticas y consecuentemente aprobar una de sus asignaturas, fue así que conoció al señor José Lucio Morales Castro, quién se ofreció para que dicha estudiante realizara su práctica con el cómo paciente y lógicamente para no incurrir en gastos mayores, producto de la relación practicante - paciente que se originó, fue lógico que hubiera intercambio de número telefónico ente la estudiante y el demandante a efectos de concertar citas odontológicas (y no de otra naturaleza) y de darle seguimiento al tratamiento aprovechando de dicha circunstancias el señor demandante, tal como se desprende de los informes del Comisionado Universitario de Derechos Humanos, comenzó a enviarle mensajes impropios a la estudiante arriba mencionada; es importante hacer saber que en fecha 07 de noviembre del año 2014, el demandante citó a la estudiante para supuestamente entregarle el dinero que le debía por el trabajo odontológico, llegando al lugar de encuentro, el demandante le manifestó que ya se había marchado y que debería ir a buscarlo a su oficina una vez en la oficina el demandante beso por la fuerza a la joven estudiante quién logró escapar llena de miedo y angustia. Se rechaza la prescripción en cuanto a la prescripción alegada por el demandante es necesario poner en perspectiva que efectivamente la denuncia fue interpuesta en fecha 25 de noviembre del año 2014, sin embargo, se interpuso ante el Comisionado Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, órgano que por ley es independiente en el ejercicio de sus funciones, y no es un representante del patrono, a raíz de dicha denuncia el comisionado universitario se dio a la tarea de realizar las investigaciones para comprobar la veracidad de la misma y no podía antes de eso remitir la denuncia con su respectivo informe a la demandada, fue hasta el 19 de diciembre del año 2014, recibió el informe correspondiente del caso, tal como se comprueba con el recibido estampado en el miso, siendo que la acción del patrono para sancionar a sus empleados prescribe en el término de un mes, la demandada tenía hasta el 19 de enero para notificar la sanción de despido tal como lo señala el mismo demandante, por lo tanto no existe dicha prescripción alegada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral promovida por el señor José Lucio Morales Castro, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); absolviendo a la demandada de la responsabilidad de reintegrar al demandante así como el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; condenando a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.17,314.64, los cuales se desglosan así: vacaciones proporcionales L. 5,682.62, décimo tercer mes proporcional L. 1,013.80; décimo cuarto mes proporcional L. 10,618.22, sin costas; bajo el criterio que el reglamento especial para prevenir atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el artículo 23 establece que existen manifestaciones de acoso sexual para los efectos ilustrativos no taxativos, el acoso sexual puede presentarse de diferentes formas y manifestaciones entre ellas: insinuaciones o bromas sexuales desagradables, directas o indirectas, represarías laborales, académicas o de otra índole por el rechazo al acoso sexual, contactos físicos como manosear, rozar , acariciar, arrinconar, pellizcar o besar. Que la demandada probó en juicio la justa causa que tuvo para poner fin a la relación de trabajo, llevando a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Que el trabajador demandante aceptó en el interrogatorio rendido ante el tribunal ad quem haberle enviado mensajes por whatsapp del teléfono móvil o celular, los cuales de la propia lectura de los mismos tienen insinuaciones de parte del demandante hacia la estudiante, que si bien es cierto no es jerárquico de la estudiante también no es menos cierto que el demandante tenía conocimiento que esta debía terminar su trabajo de lo contrario saldría perjudicada y pondría en riesgo su asignatura que cursaba, que las palabras utilizadas por el demandante para dirigirse hacia la estudiante en las conversaciones sostenidas vía mensajes whatsapp, no eran las apropiadas; eran insinuadoras a un romance en las cuales le pedía un beso, le llamaba amorcito, y otras frases; que también en la declaración rendida ante el tribunal ad quem por la estudiante N. J. H. C., ésta declaró que el demandante la beso a la fuerza, aceptó haber autorizado el vaciado de su línea de celular y haber presentado la denuncia ante el Comisionado Universitario por esa situación; 2) Que la parte demandante alega que al patrono le prescribió el derecho para sancionar al demandante por la falta cometida, lo cual no es cierto porque el derecho de la demandada para sancionar al trabajador comenzó desde el momento que tuvo conocimiento y esto ocurrió cuando fue notificada la rectora de la UNAH, en fecha 19 de diciembre el año 2014, por parte de la comisionada Universitaria Maria Antonia Navarro Bustillo, y el despido fue notificado el 19 de enero del año 2015, el cual fue notificado en tiempo, razón por la cual el derecho de la demandada para sancionar la falta no había prescrito.- 3) la parte actora alega que no permitió auxiliarse de un delegado sindical para que lo representara o lo acompañara, sin embargo en el acta de descargo consta que estuvo presente el presidente de SITRAUNAH sección N° 2, Licenciado José Carlos Leiva López, lo que significa que si se hizo acompañar de un representante sindical (ver folios 162 al 170 de los autos). Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, la demandada no ha pagado esos derechos razón por la cual procede ordenar su pago en la proporción que son debidos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha once de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar con lugar la demanda laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido; al pago de salario adeudado correspondiente del 1 al 19 de enero del año 2015 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde fecha del despido hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro; condenando a la demandada al pago de la cantidad de L 12,213.09 en concepto de salario adeudado (19 días); confirmando la sentencia en sus demás extremos es decir en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la patronal procedió a ponerle fin a la relación de trabajo el día 19 de enero del año 2015, en razón del procedimiento investigativo que dio inicio con la denuncia interpuesta el 25 de noviembre de 2014 por una estudiante por acoso sexual contra el señor José Lucio Morales, ante el Comisionado Universitario delegado de la Unidad de Acoso Sexual, órgano encargado de instruir el proceso disciplinario administrativo en representación del patrono, según lo establece el artículo 11 del Reglamento Especial para prevenir, atender, erradicar y sancionar el acoso sexual en la UNAH; procedimiento del que se desprende que la demandada tuvo conocimiento de las faltas imputadas al denunciado a partir de esa fecha, por lo que se entiende que es dentro del término indicado por la ley (un mes) que deben realizarse las investigaciones y aplicar la sanción disciplinaria que se estime pertinente en atención a la gravedad del caso; de tal forma que hacerlo en el momento en que la accionada lo hizo es contrario a lo que la normativa relacionada establece; pues fue a partir de aquella fecha (25 de noviembre de 2014), que inició a contabilizarse el término de prescripción referido y no a partir de la fecha en que se recibió el informe final la Rectora de la UNAH, como lo entiende la accionada y lo reconociera la iudex a quo; y siendo que el despido se produjo mediante Oficio No. 041-SEDP de fecha 16 de enero del 2015, el que le fue notificado al demandante el 19 de ese mismo mes y año según consta en el acta levantada por el inspector de Trabajo (folios:127-131), a esa fecha el derecho de la demandada para despedir, estaba prescrito tal y como lo ha venido sosteniendo el apoderado judicial demandante en el curso del juicio; pues tanto el procedimiento como los plazos que se establecen en el Reglamento antes mencionado a los efectos y finalidad del mismo, tienen que entenderse que están comprendidos en la norma general (artículo 863 del Código del Trabajo), en concordancia con los principios de oportunidad y razonabilidad que rigen en el ámbito disciplinario en las relaciones de trabajo, así como con el principio protector que rige en el derecho sustantivo laboral; así las cosas, y al haber operado la prescripción, no resulta necesario analizar y valorar las pruebas que la demandada haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo en razón del emplazamiento del patrono para ese fin. En cuanto a la pretensión del actor que se le haga efectivo el pago de quince días de salario, correspondientes al mes de enero del año 1015, del acta de reconocimiento judicial practicado por la iudex a quo se estableció que la demandada le adeuda salario del 1 al 19 de enero de ese año, por lo que estando acreditado en autos tal extremo, es procedente dicho reclamo por lo que la accionada deberá hacer el pago respectivo.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- 8. El Recurrente formalizó el recurso exponiendo un único motivo de casación, por infracción directa por la aplicación errónea del artículo 863 del Código del Trabajo.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada en fecha 11 de Mayo de 2016 por la por la Corte de Apelaciones recurrida, reforma la emitida por el a-quo, consecuentemente declarando con lugar la demanda, bajo el criterio que se encuentra prescrito el derecho de la demandada para despedir al demandante, dado que se puso fin al contrato el 19 de enero del 2015, en razón del procedimiento investigativo que dio inicio con la denuncia interpuesta el 25 de noviembre del 2014 por una estudiante por acoso sexual ante el Comisionado Universitario delegado de la Unidad de Acoso Sexual, conforme lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que el procedimiento como los pasos que se establecen en el Reglamento Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a los efectos y finalidad del mismo, tienen que entenderse comprendidos en la disposición general antes mencionada.- VII.- Que el ad-quem omitió valorar y considerar el argumento expuesto por la demandada, de que ese plazo de prescripción comenzó a correr hasta que el Comisionado Universitario de Derechos Humanos terminó la investigación y rindió el informe correspondiente, que fue en fecha 19 de diciembre de 2014, por lo que la notificación del despido se realizó dentro del mes, es decir el 19 de enero del 2015, dado que dicho órgano es independiente en el ejercicio de sus funciones y que el mismo debió realizar las investigaciones para corroborar la veracidad de la denuncia.- VIII.- Que es pertinente considerar que en estos casos, donde se denuncian actos de violencia contra la mujer, se debe aún y cuando las partes no lo aleguen, porque también corresponde al juzgador de instancia aplicar las disposiciones que a su criterio sean las apropiadas a razón de la controversia planteada en el proceso (iuria novit curia)[1], aparte de la normativa laboral, tomar en consideración los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Honduras, como es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), donde se consagra en su artículo 3, el derecho de toda mujer, a llevar una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, más aún cuando esas situaciones se denuncian en los centros educativos del país, ya que afectan la dignidad de las personas (estudiantes) y las oportunidades de su crecimiento y desarrollo personal.- IX.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- X.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- XI.- Que en dicha resolución claramente se aprecia la insuficiente motivación y valoración del material probatorio aportado por las partes, así como dar respuesta a los agravios formulados por el apelante, realizando un completo análisis jurídico de la situación controvertida.- XII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XIII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Cortés, de fecha 11 de Mayo de 2016, visible a folios 30 al 38 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 321-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ}
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Ver sentencia del 28 de febrero del 2017, expediente CL 65-16