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Sentencia CL-320-17 — Registro 8624

Resumen

En primera instancia se fallo con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la representante procesal de la parte demandada; en consecuencia declara sin lugar la demanda. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de mayo del 2017, que confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha 28 de agosto de 2015, y adiciona en su parte dispositiva un numeral 2), CONDENANDO a la parte demandada por diversos conceptos, que constituyen a su criterio derechos adquiridos; sin embargo, el Tribunal Ad Quem al emitir sus pronunciamientos resultan contradictorios ya que ha declarado sin lugar el recurso de apelación que conocía, confirma la sentencia y al mismo tiempo condena; que si su pronunciamiento de condena respecto a derechos adquiridos resultare procedente, debió haber revocado o reformado el fallo, o en su defecto decretar la nulidad si así lo considerase del análisis de la situación jurídica formulada por las partes conforme a las pretensiones oportunamente deducidas, el no haberlo hecho de esa manera provoca que el fallo sea incongruente y contradictorio por lo que procede su nulidad.- VII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, por la Abogada ALIX MARIELA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, representadas en juicio por el Abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de sus despidos, caso contrario se haga efectivo el pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir, reajuste del salario mínimo de conformidad al Arancel del Colegio Médico de Honduras, más las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de febrero del dos mil catorce, por las señoras HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID, soltera, y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, casada; ambas mayores de edad, hondureñas y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la empresa Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, por medio de su Administrador Único, el señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló confirmando la sentencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción opuesta por la representante procesal de la parte demandada; en consecuencia declara SIN LUGAR la demanda de merito promovida por las señoras HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINES SANTOS contra la empresa mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, a través del señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL, en su condición de Administrador Único de dicha empresa, para que el patrono pruebe la justa causa de sus despidos, caso contrario les pague sus prestaciones laborales, derechos adquiridos, reajuste del salario mínimo de conformidad al Estatuto del Arancel del Colegio Médico de Honduras y costas del juicio y consecuentemente ABSUELVE a dicha Empresa por medio de su Administrador señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL del presente reclamo laboral.- SEGUNDO: SIN COSTAS ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha uno de marzo del dos mil doce, iniciaron su relación laboral con dicha empresa mercantil Inversiones Medical Center H & H, desempeñando el cargo de Médicos Permanentes, devengando un salario base, en jornada normal de L. 10,000.00, mas L. 700.00 por guardia de 24 horas y un bono de L. 40.00 por cada paciente ingresado, con un horario de lunes a viernes, de 1:00 pm a 7: 00 pm, los turnos eran de 7:00 pm a 7:00 am, y los sábados de 8:00 am a domingo 8:00 am. En fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, la Licenciada Sandra Esmerita Martínez Ártica, en su condición de Gerente de la empresa demandada les notificó verbalmente de sus despidos y que fue por decisión del señor Wilfredo Antonio Handal Handal, Administrador Único de la empresa, y que para continuar laborando tenían que declararse como comerciantes individuales y proceder a firmar un contrato mercantil, situación que las demandantes no quisieron aceptar, en vista de esta situación éstas a través de un inspector de trabajo constataron el despido injustificado.- 2. La parte demandada, INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, contestó dicha demanda señalando que nunca sostuvieron una relación laboral con las demandantes, pues la sociedad mercantil Soluciones de Recursos Humanos, S.A., es la empresa encargada de vender servicio de personal a la empresa Inversiones Medical Center H & H, por lo que debe ser esta la empresa que debió ser emplazada y no el señor Wilfredo Antonio Handal Handal, que es el Administrador Único de la demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representante procesal de la parte demandada, en consecuencia declara sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Helen Yaritza López Del Cid y Mariana Waleska Laínez Santos, contra INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, sin costas; bajo el criterio que se acreditó que las demandantes comparecieron por primera vez ante la autoridad administrativa en fecha dos y cuatro de septiembre del dos mil trece, transcurriendo del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2013, prácticamente seis días, interrumpiéndose el término de la prescripción y según las actas de comparecencia ante la Procuraduría Regional del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, dejándolas en libertad para acudir a la instancia judicial a partir del 10 de diciembre del 2013, y de esta fecha comienza de nuevo a correr el término de dos meses calendarios; según el presentado de la demanda, las demandantes comparecieron ante la instancia judicial en fecha veinte de febrero del dos mil catorce, transcurriendo desde el 10 de diciembre del 2013 al 20 de febrero del 2014, más de los dos meses que señala la legislación laboral, por lo que, los derechos y acciones que se reclaman en el presente juicio han prescrito.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, dictó sentencia de la manera siguiente: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal demandante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veintiocho de agosto del año dos mil quince a las tres y cuarenta minutos de la tarde.- 2) CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veintiocho de agosto del año dos mil quince a las tres y cuarenta minutos de la tarde.- 2) CONDENANDO a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H Y H a través de su Representante Legal don WILFREDO HANDAL A PAGAR A HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS por los siguientes conceptos: Preaviso: L. 37,103.23; Auxilio de Cesantía: L. 37,103.23; Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 18,452.61; Vacaciones Proporcionales: L. 7,383.52; Aguinaldo: L.31,803.00; Aguinaldo Proporcional: L. 21,116.99; Décimo Cuarto mes: L. 31,803.00, Décimo Cuarto mes proporcional: L. 5,215.64; y a MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS por los siguientes conceptos: Preaviso: L. 37,103.23; Auxilio de Cesantía: L. 37,103.23; Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 18,452.61; Vacaciones Proporcionales: L. 7,383.52; Aguinaldo: L. 31,803.00; Aguinaldo Proporcional: L. 21,116.99; Décimo Cuarto mes: L. 31, 803.00; Décimo Cuarto mes proporcional: L. 5,215.64”; bajo el criterio que con relación al plazo consignado en el artículo 864 del Código del Trabajo hay que aclarar que 2 meses no equivale, ni es sinónimo de 60 días, los meses son meses y como explica el artículo 124.4 Código Procesal Civil se computan de fecha a fecha. Las demandantes indicaron que fueron despedidas el día 29 de agosto del año 2013, a partir de allí y según el artículo 864 del Código del Trabajo contaban con dos meses, no 60 días, para reclamar el despido que consideran injustificado, es decir, que los dos meses se vencían el día martes 29 de octubre de ese año, sin embargo, las demandantes solicitaron la intervención de la autoridad administrativa, con lo cual y por efecto del artículo 868 literal a) del Código del Trabajo, interrumpieron la prescripción, lo que implica que el plazo transcurrido queda inutilizado, abriéndolo nuevamente. La Secretaría del Trabajo a través de la Inspectoría del Trabajo en fecha 10 de diciembre del año 2013, dejó en libertad a las demandantes para que acudieran a la instancia judicial, tal cual lo hicieron el día 20 de febrero del año 2014. Como el efecto de la interrupción es inutilizar el plazo ya transcurrido naciendo uno nuevo, los dos meses que alude el artículo 864 del precitado cuerpo legal, comenzaron a correr el día 11 de diciembre del año 2013 (Articulo 124.1 Código Procesal Civil: “Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado a cada interesado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a medianoche”); y es a partir de esa fecha que comienza de nuevo el conteo de los dos meses tan mencionados, los que concluyeron el día martes 11 de febrero del año 2014, si se hace una simple operación matemática, basta con leer el presentado del libelo de la demanda, fue presentado “en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce”, de lo que resulta que la demanda fue presentada 9 días después de los dos meses que la ley les permite a las trabajadoras accionar en tiempo para obtener una respuesta al derecho que reclaman, en los plazos que se cuentan por meses se incluyen los días inhábiles (vacaciones, feriados, fines de semana).- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de junio del dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALIX MARIELA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada ALIX MARIELA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de mayo del 2017, que confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha 28 de agosto de 2015, y adiciona en su parte dispositiva un numeral 2), CONDENANDO a la parte demandada por diversos conceptos, que constituyen a su criterio derechos adquiridos; sin embargo, el Tribunal Ad Quem al emitir sus pronunciamientos resultan contradictorios ya que ha declarado sin lugar el recurso de apelación que conocía, confirma la sentencia y al mismo tiempo condena; que si su pronunciamiento de condena respecto a derechos adquiridos resultare procedente, debió haber revocado o reformado el fallo, o en su defecto decretar la nulidad si así lo considerase del análisis de la situación jurídica formulada por las partes conforme a las pretensiones oportunamente deducidas, el no haberlo hecho de esa manera provoca que el fallo sea incongruente y contradictorio por lo que procede su nulidad.- VII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 706, 715, 718, 722, 723, 750, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de mayo del 2017, visible a folios 44 al 49 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro día del mes de marzo del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 320-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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