Sentencia CL-319-17 — Registro 7608
Resumen
En segunda instancia se reformó la sentencia dictada por el juzgado que declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la parte demandada y confirmó en todos sus demás extremos la sentencia recurrida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 60 del Código del Trabajo, indicado como violado no es norma de carácter sustantivo requerido en éste recurso extraordinario, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; el contenido normativo del artículo 60 citado, para que pueda prosperar en su ataque debe ser de forma relacionada a la disposición sustancial pertinente; y, b) carece de explicación, dado que si bien en la singularización de la prueba hace referencia a cada medio de prueba, no por ello ha demostrado el error de hecho invocado y mucho menos que sea evidente el yerro cometido por el Juzgador de instancia en la confrontación del fallo con la Ley, por lo que no constituye una proposición jurídica completa. . Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 10 de agosto del 2017, por el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de las señoras DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, MARÍA ELENA MACIAS MEJIA, como recurrentes; además, es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se conceda un aumento salarial mensual de un mil cien lempiras (L.1,100.00) correspondiente y a partir del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2014, que se aplique dicho incremento salarial a la jubilación pagadera mes a mes, pago de costas procesales y personales, reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargo de empleado de confianza, pago de salarios dejados de percibir, en virtud del despido ilegal e injustificado escrito y directo; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 21 de septiembre del año 2015, por las señoras DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, soltera, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, soltera, MARÍA ELENA MACIAS MEJIA, casada; todas mayores de edad, Secretarias, hondureñas y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General el señor LEO YAMIR CASTELLON HIREZI, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño, y el domicilio de la empresa es en Puerto Cortés, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandante; consecuentemente se REFORMA la sentencia de fecha nueve de febrero del año en curso (2017) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés en la demanda de la referencia; reforma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción opuesta por la accionada.- SEGUNDO:CONFIRMANDO en todos sus demás extremos la sentencia recurrida.- TERCERO: Sin costas”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a trabajar para la demandada así: 1) Digna Piedad Rico Maradiaga, el 01 de agosto del año 1972, quien tuvo muchos ascensos por el buen desempeño laboral, y obtuvo la jubilación el 11 de enero del 2015, con un salario mensual de L.32,653.85 en el cargo de Secretaria de la Sub-Gerencia; 2) Gladys Georgina Castro Cruz, el 25 de abril del 1973, quien tuvo muchos ascensos por el buen desempeño laboral, y obtuvo la jubilación el 11 de enero del 2015, con un salario mensual de L.33,807.69 en el cargo de Secretaria de la Gerencia General; y 3) María Elena Macías Mejía, el 25 de julio del año 1975, quien tuvo muchos ascensos por el buen desempeño laboral, y obtuvo la jubilación el 11 de enero del 2015, con un salario mensual de L.31,500.00 en el cargo de Secretaria Asistente de Gerencia, que fueron contratadas mediante Contrato Colectivo suscrito entre la demandada y el Sindicato, y que pagaron todas las cuotas sindicales aplicándoles el Contrato Colectivo y sus beneficios; argumentaron que en el Contrato Colectivo número decimocuarto, suscrito entre las parte demandada y el sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, se pactó un incremento salarial de L.1,100.00 pagaderos a partir del 01 de enero del 2014, que no fue pagado, sino hasta el mes de julio del 2015, fecha en que ya se habían jubilado; y que el incremento que les fue aprobado para el año 2014, no le fue pagado y no les fue aplicado a la jubilación, violando con ello la demandada los derechos adquiridos; además manifestaron que el 26 de agosto del año 2015 comparecieron a la Procuraduría del Trabajo de Puerto Cortés a audiencia, la cual fue imposible llevar a cabo la conciliación y con ello fue agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA contestó dicha demanda señalando que las demandantes pasaron a condición de jubiladas en aplicación del artículo VII letra A) del Estatuto de Empleados de confianza de la Empresa Nacional Portuaria y no en aplicación al Contrato Colectivo, ya que el mismo no regula el asunto de las jubilaciones; alegó también que las demandantes ya jubiladas gozan de una pensión del 100% del último sueldo como empleado activo y no quedaron obligaciones pendientes que retribuir; además la parte demandada en audiencia de fecha 03 de diciembre del 2015, interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción, basándose en que las demandantes fueron jubiladas el 11 de enero del 2015, teniendo el plazo de 2 meses para interponer cualquier reclamo administrativo o judicial, plazo que venció el 11 de marzo del 2015, por lo que no cabría ninguna interrupción de la prescripción porque hay gestiones administrativas y judiciales posteriores ante el Ministerio del Trabajo que fue el 26 de agosto del 2015 y ante el Juzgado el 21 de septiembre del 2015 . 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 09 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral, declaró con lugar la Excepción de Prescripción, interpuesta por el representante procesal de la parte demandada; en consecuencia exoneró a la Empresa Nacional Portuaria, de todas las acciones emanadas del presente juicio, sin costas; demanda ordinaria laboral promovida por las señoras DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, MARÍA ELENA MACIAS MEJIA, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General el señor LEO YAMIR CASTELLON HIREZI, bajo el criterio que quedó constatado que las demandantes se acogieron en forma voluntaria mediante petición elevada el Gerente General de la ENP, a la jubilación estatuto de Empleados de Confianza de la ENP en el capítulo II artículo Vi en su segundo párrafo y el artículo VII literal a) en cuanto a la jubilación que se les otorga exclusivamente a empleados de confianza de la empresa demandada, por lo que las demandadas perciben mensualmente y sin retardo en concepto de jubilación la cantidad equivalente en dinero de su último salario, lo cual es una conquista social que van más allá de los beneficios que establece nuestra legislación laboral, asimismo es preciso señalar que el Estatuto de Empleados de Confianza no establece modificación alguna de la pensión vitalicia a recibir en concepto de jubilación, una vez que el trabajador se ha acogido a este beneficio. Asimismo el incremento pactado y pagadero en el 01 de enero del 2014, el mismo estaba sujeto a aprobación por la Secretaría de Finanzas, y que la aprobación fue recibida en el mes de agosto del 2015, fecha en que los trabajadores adquirirían el beneficio; por lo que las demandantes encontrándose ya jubiladas desde el 11 de enero del 2015, no les corresponde percibir dicho aumento salarial, porque voluntariamente aceptaron la jubilación en los términos que en ese momento fue solicitado, no habiendo hecho reclamo alguno anterior al 26 de agosto del 2015 y no quedando ningún derecho laboral pendiente de pago a las demandantes; por otro lado al haber hecho el reclamo las demandantes hasta el 26 de agosto del 2015 y no antes de la finalización de la relación laboral por jubilación con la demandada, pues si estimaban las reclamantes que debían percibir dicho aumento, debieron esperar a recibirlo y posteriormente solicitar su jubilación, razón por la cual quedó precluido el término legal para que las demandantes realizaran el debido reclamo referente al incremento salarial. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 17 de mayo del 2017, REFORMANDO la proferida por el a quo, declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandante; reformó la sentencia de fecha 09 de febrero del 2017 en donde declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por la parte demandada y confirmó en todos sus demás extremos la sentencia recurrida; sin costas; bajo el criterio que el incremento fue aprobado el 14 de agosto de 2015, las demandantes acudieron ante la autoridad administrativa del trabajo el 26 de agosto de 2015 y la acción se presentó el 21 de septiembre del 2015, por lo que no es posible que opere la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada, ya que el reclamo se hizo en tiempo; razón por la cual se estima atendibles los argumentos del apelante en ese sentido; en cuanto al aumento salarial exigido, la aprobación se obtuvo hasta el mes de agosto del 2015 es decir, en fecha posterior a la de finalización del nexo jurídico, pues las actoras por voluntad propia se desvincularon de la entidad demandada en el mes de enero del 2015, acogiéndose al beneficio de jubilación con el salario vigente para ese periodo, ya que según el artículo 7 letra a) del Estatuto del Empleado de Confianza de la ENP la pensión mensual se aplica conforme al último sueldo como empleado activo, a lo anterior se suma que para la fecha del cese laboral, la aprobación del aumento era un hecho incierto sobre el que no se realizó reserva alguna; por lo cual la pretensión de la parte actora no resulta atendible. 5.- Mediante auto de fecha 27 de junio del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de las señoras DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, MARÍA ELENA MACIAS MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 10 de agosto del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de las señoras DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, MARÍA ELENA MACIAS MEJIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de septiembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de es violatoria de ley sustantiva, de orden nacional en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la pruebas siguientes: PRIMERO DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en : los documentos que se adjuntaron con la demanda siguientes: 1) fotocopias autenticadas de acciones de personal y reporte de nuevo ingreso como jubiladas de DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, emitidos por la Empresa Nacional Portuaria, VER FOLIOS del 30 al 36 con lo que se acredito el vínculo laboral existente entre las demandantes y la demandada. 2) fotocopias autenticadas de los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, de DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MÁCIAS MEJIA, firmados con los representantes de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, VER FOLIOS del 37 al 39, lo que demuestra el vínculo laboral existente con la demandada.- 3) fotocopias autenticada de notas de fechas 18 y 19 de diciembre del año 2014, remitidas por DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, para el gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, JOSE DARlO GAMEZ PANCIIAME, donde solicitan su jubilación VER FOLIOS 40. 41, 42. lo que demuestra la condición de jubiladas de las demandantes.- 4) fotocopia autenticada de nota de fecha 30 de enero del año 2015, remitida por DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, para el gerente general de la Empresa Nacional Portuaria, LEO YAMIR CASTELLON, donde solicitan se incorpore a sus sustitutas al cargo, que ellas desempeñaban, VER FOLIO 43.- 5) original de décimo cuarto contrato colectivo, suscrito entre los representantes legales de la Empresa Nacional Portuaria y su sindicato de trabajadores (SITRAENP), VER FOLIO 54.- 6) original de acta de fecha 26 de agosto del año 2015, elaborada por el procurador del trabajo de Puerto Cortes, en audiencia que fue declarada como NO CONCILIADA, ya que el apoderado legal de la Empresa Nacional Portuaria, NO ACCEDIO A LA PETICION DE DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, DE PAGO DE AUMENTO SALARIAL PACTADO EN EL CONTRATO COLECTWO, con la que se agotó el procedimiento gubernativo, VER FOLIOS 26, 27.- 7) 23 originales de comprobantes de pago de la Empresa Nacional Portuaria a favor de DIGNA PIEDAD RICO MARADIAGA, VER FOLIOS DEL 7 AL 12.- 8) 38 originales de comprobantes de pago de salarios en la Empresa Nacional Portuaria, a favor de GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, VER FOLIOS DEL 13 AL 22.- 9) 10 originales de comprobantes de pago de la Empresa Nacional Portuaria a favor de MARIA ELENA MACIAS MEJIA, VER FOLIOS DEL 23 AL 25, con lo que acredite los salarios de las demandantes en la demandada.- 10) fotocopia autenticada del estatuto del empleado de confianza de la Empresa Nacional Portuaria, VER FOLIOS DEL 44 AL 50 donde consta el derecho a jubilación de las demandantes.- 11) fotocopia autenticada de los tres carnet emitidos por la Empresa Nacional Portuaria, a favor de DIGNA PIEDAD RICO MARADIÁGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, donde consta que son JUBILADAS EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, VER FOLIOS 51, 52, 53.- con el MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL: se acredito: 1) que la Empresa Nacional Portuaria, se les pago el aumento salarial de UN MIL CIEN LEMPIRAS, aplicable y pactado correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, como cumplimiento del contrato colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria y la empresa aludida, con base en la cláusula 68 del contrato colectivo a los trabajadores, lo QUE NO OCURRIO CON MIS REPRESENTADAS DEMANDANTES, ACREDITANDOSE QUE EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LEO YAMIR CASTELLON, APROBÓ EL AUMENTO DE SALRIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO COLECTIVO, EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 EN MEMORANDO EMITIDO AL ING.FERMIN CHONG WONG, VER FOLIOS 86 Y 88 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS.- 2) se acreditó que a las señoras demandantes DIGNA PIEDAD RICO MARADIÁGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, la Empresa Nacional Portuaria, les hacía deducción bisemanal y mensual de pago de cuota sindical en el año 2014 y en los primeros meses del año 2015 y de cuanto era en dinero en lempiras bisemanal y mensual, dicha deducción de salario por pago de cuota sindical, a favor del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, por lo que se les aplica el contrato colectivo.- 3) Se acreditó que las demandantes DIGNA PIEDAD RICO MARADIÁGA, GLADYS GEORGINA CASTRO CRUZ, y MARIA ELENA MACIAS MEJIA, la Empresa Nacional Portuaria, NO les pagó el aumento salarial de UN MIL CIEN LEMPIRAS MENSUALES, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, asimismo se constató la fecha en que la Empresa Nacional Portuaria, pago dicho aumento salarial a los trabajadores generales sindicalizados y de confianza, EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, VER FOLIO 86 VUELTO NUEMRAL. REGLAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVA SEÑALADAS. Están contenidas en los artículos 738 y 739 del código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del código del trabajo. PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO: ARTICULO 60 del Código del Trabajo en relación también con el artículo 128 de la constitución de la República PROVENIENTE DE FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL E INSPECCIONAL PROPUESTA POR LA PARTE DEMANDANTE, por consiguiente la sentencia es Violatoria de dicha ley sustantiva. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: ES POR FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL, propuesta por la parte demandante, Por consiguiente se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva, en infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la prueba documental y reconocimiento judicial antes referida POR ERROR DE HECHO.- ”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 60 del Código del Trabajo, indicado como violado no es norma de carácter sustantivo requerido en éste recurso extraordinario, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; el contenido normativo del artículo 60 citado, para que pueda prosperar en su ataque debe ser de forma relacionada a la disposición sustancial pertinente; y, b) carece de explicación, dado que si bien en la singularización de la prueba hace referencia a cada medio de prueba, no por ello ha demostrado el error de hecho invocado y mucho menos que sea evidente el yerro cometido por el Juzgador de instancia en la confrontación del fallo con la Ley, por lo que no constituye una proposición jurídica completa. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 319-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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