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Sentencia CL-315-16 — Registro 7607

Resumen

En segunda instancia se reformo la sentencia y se declaró sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir. Y confirmando en cuanto a que declara con lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos, exoneración de costas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “IX.- Revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ni toma en cuenta sus principios, ya que si bien es cierto se enuncian los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la sanción, contradictoriamente no los aplica, estimando que el despido es de naturaleza grave, pero sin determinar el perjuicio que tal conducta produjo, ni valorar los otros elementos concurrentes en relación al demandante, como ser el tiempo de laborar, sus antecedentes y otros elementos que eran importantes para calificar el hecho generador de la determinación de dar por finalizada la relación laboral.- X.- Por otro lado, dicho Tribunal obvió analizar el alcance del artículo 112 literal l) del Código del Trabajo, base de tal determinación, que en su parte conducente establece como causa justificada que faculta al patrono para dar por terminado el contrato, sin responsabilidad de su parte: “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, ya que en el caso de autos, se vincula tal conducta al incumplimiento de obligaciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, pero de la simple lectura de lo aportado del mismo, la misma no aparece tipificada como falta grave, ni tampoco regula el procedimiento disciplinario que se debió seguir, de lo cual este Tribunal ha reiterado, que en el mismo se deben garantizar los derechos constitucionales de defensa, audiencia y debido proceso[1].- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, por la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal del señor MOISES ALEJANDRO VASQUEZ ORTEGA; además es parte recurrida, sociedad mercantil AVENT DE HONDURAS, S.A DE C.V, por medio de su representante legal el señor JORGE ALBERTO MANUN VELASQUEZ, representada por la Abogada ODESSA ORQUIDIA AGUILERA MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: Pago de prestaciones laborales, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce por el señor MOISES ALEJANDRO VASQUEZ ORTEGA, contra AVENT DE HONDURAS, S.A DE C.V, por medio de su representante legal el señor JORGE ALBERTO MANUN VELASQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial el cinco de febrero del presente año (2016) en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, la que consiste en: DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de prea viso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por ende se ABSUELVE a la accionada de dichos conceptos; II) fijar como monto total de condena la suma de SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L. 62,086.17) que corresponden a los conceptos y valores fijados por la iudex aquo a excepción de los declarados sin lugar en el numeral anterior.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto a que declara con lugar la demanda para el pago de derechos adquiridos, exoneración de costas y la deducción de L. 56,468.49 al no ser objeto de impugnación.- TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que inicio su relación laboral con AVENT DE HONDURAS, S.A. DE C.V., el 10 de abril del 2002, desempeñándose en el puesto de especialista de la cadena de suministros devengando un salario mensual de los últimos seis meses de 43,316.00 lempiras.- Que el día dieciséis de octubre de dos mil catorce, fue citado para audiencia de donde según la patronal este había incurrido en falta grave, por haber utilizado una tarjeta de crédito corporativa, la cual se encontraba a nombre del demandante y era él quien pagaba de sus propios fondos lo que consumía, a excepción de lo que la empresa reembolsaba, ese mismo día un poco más de dos horas después de recibida la citación, se celebró la audiencia de descargo y acto seguido la audiencia de descargo y posteriormente el despido, la carta de despido que le fue entregada pretende exonerar a la demandante del pago de las prestaciones laborales que le corresponden al demandante, pues este por más de diez años trabajó para la demandada y fue despedido bajo el argumento que el hacer uso de una tarjeta de crédito es causal de despido; por otra parte la patronal no cito los artículos en que se sustenta el despido, o en causal de despido es que se invoca la falta grave, además de ello se observa que el monto de las compras no superan ni siquiera los diez mil lempiras, después de entregarle la carta de despido le dieron una liquidación de derechos adquiridos, dicha liquidación no fue entregada ante autoridad del Trabajo competente, no cubría totalmente la cantidad que realmente le correspondía. Finalmente, expresó el demandante, que la demandada despidió prácticamente a todo su personal ejecutivo y contrato nuevas personas, por lo que asume, que en el afán de reducir el alto pasivo laboral acumulado por el demandante pretendió buscar una causa justa para su despido, sin embargo, no lo logró.- 2. La parte demandada, AVENT DE HONDURAS S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que al demandante se le asignó una tarjeta de crédito para uso exclusivo de los gastos inherentes al cargo que desempeñaba dentro de la compañía, el mismo actuó en contraposición al convenio sobre el uso de tarjetas de CREDITO CORPORATIVO, utilizando la herramienta de trabajo que le asignó la empresa para uso personales, de lo que se desprende el reporte de fecha 14 de costumbre del 2014, emitido por el señor EBIN ROLANDO OCAMPO, gerente de finanzas de la compañía, el cual comprendió los consumos realizados en el período de febrero a septiembre del 2014, estableciéndose en el mismo el uso inapropiado de la tarjeta de crédito corporativa, por parte de MOISES ALEJANDRO VASQUEZ, el cual estuvo utilizando la tarjeta de crédito para consumos personales desde el mes de febrero del 2014, de acuerdo a los estados de cuenta de la tarjeta, además de su conducta inapropiados del uso de su herramienta de trabajo para otro uso distinto al asignado, generando cargos en concepto de intereses, a los saldos en esas tarjetas de crédito, por no cancelar la totalidad de lo consumido en las mismas, exponiendo a la empresa a tener cargos de solidaridad, hecho que quedó debidamente constatado mediante acta de descargo de fecha 16 de octubre de 2014, siendo aceptado por el demándate, por lo que precedió como derecho correspondiente a notificar el despido sin responsabilidad patronal en fecha 16 de octubre de 2014.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por MOISES ALEJANDRO VASQUEZ ORTEGA, contra AVENT DE HONDURAS, S.A DE C.V., sin costas; bajo el criterio que del análisis a las pruebas allegadas al proceso se estima que la causa invocada por la demandada para poner fin a la relación de trabajo es injusta pues la demandada decide terminar la relación de trabajo con el demandante porque desde el mes de febrero a septiembre del año 2014, estaba haciendo uso inapropiado de la tarjeta corporativa que la demandada le había proporcionado para hacer gastos relacionados con la empresa, hecho este que el trabajador demandante acepta pero que no consideró hacer un daño a la empresa, ya que si la empresa no aprobaba dichos gastos el demandante tenía que pagarlos, situación que la demandada viene consintiendo desde el año 2013, sin hacerle ningún llamado de atención ni verbal ni por escrito al demandante, hasta el día 16 de octubre del año 2014, que la demandada decidió hacerle una audiencia de descargo al trabajador demandante y tomó la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo. Si bien es cierto, el demandante incumplió con su obligación al seguir haciendo uso personal de la tarjeta corporativa que le dio la demandada, y constituye una violación a las obligaciones del trabajador, este hecho no autoriza a la patronal a la terminación justificada del contrato de trabajo en vista de que para que se tome imposible la continuidad del contrato de trabajo y autorice la terminación del mismo son las que se encuentran reguladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, disposición legal que también contempla las faltas en que incurra el trabajador como causa de terminación del contrato de trabajo, incluyéndose el incumplimiento de obligaciones que les imponga el código del Trabajo, las leyes y reglamentos según regula el citado numeral 13 del artículo 97, con relación al artículo 112 literal l) pero dichas faltas deben ser reguladas por reglamentos; de acuerdo a esta regulación no basta la comprobación del comportamiento constitutivo de la falta, el hecho debe revestir de gravedad, y esa calificación de gravedad sino aparece regulada en pactos o convenios colectivos contratos individuales o reglamentos tal es el caso, lo hará el Juzgador; en el caso de autos la demandada no acreditó el perjuicio que le haya causado a la empresa que el demandante haya hecho algunas compras con la tarjeta, ya que como lo establece el convenio por uso de la tarjeta de crédito corporativa que firmó el demandante con la demandada, estos gastos pueden ser deducidos al trabajador demandante por planilla, o tomar de determinación de quitarle la tarjeta de crédito al trabajador, y la demandada se fue por la pena máxima en despedir al trabajador demandante y en el reglamento interno presentado por la demandada en juicio, la falta cometida por el demandante, no está contemplado como falta grave, por lo tanto la parte demandada no estaba facultada para despedir al trabajador sin responsabilidad de su partes.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida por el A-quo, declarando sin lugar la demanda, sin costas; bajo el criterio que en la aplicación de una sanción deben observarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad, mediante el justiprecio de las circunstancias concurrentes, la gravedad de los hechos; en el caso que nos ocupa, no hay duda alguna que el demandante pese a tener conocimiento de las consecuencias que por el uso personal de la tarjeta de crédito corporativa podía aplicarse, incurrió en la falta a él atribuida en la nota de despido, pues ésta era para asuntos exclusivos de la empresa según el convenio suscrito por las partes en conflicto y si bien éste aseveró en la audiencia de descargos estar avergonzado de lo ocurrido y que asumiría los gastos, ello no invalida la gravedad de la falta ni el hecho de no haberse acreditado los perjuicios, pues tal conducta era reiterada, ya que previamente había incurrido en una actuación similar y la empresa lo conminó a enmendar dicho comportamiento, sin que así lo hiciera, pues a partir del mes de febrero del año 2014, comenzó a hacerlo nuevamente hasta septiembre de ese mismo año; por ello, se estima que el despido es justo y legal al tenor de la letra i) del artículo 112 del Código del Trabajo tal y como fuere invocado al cese del vínculo jurídico laboral; sin que sea posible concluir la existencia del consentimiento de la falta, ya que tal y como antes se dijo, al actor previamente se le hizo la observación del caso y de la conducta reiterada se tuvo conocimiento a raíz de la auditoria efectuada en la empresa según se expuso en los hechos probados del presente fallo; por otro lado, constitucionalmente, toda persona tiene el derecho a ser oída previo a que se le aplique sanción alguna; en materia laboral, de acuerdo al artículo 92.9 del Código del Trabajo, las actas internas son los medios a través de los cuales la patronal cumple con la obligación de otorgar al trabajador la audiencia previa a la imposición de sanciones o del despido en su caso, obligación que la demandada en el sub-judice cumplió al conceder al trabajador la oportunidad para ofrecer descargos, ya que si bien la convocatoria se efectuó el mismo día de la audiencia, también lo es que el actor conocía los motivos de la misma pues mediante correo electrónico enviado con dos días de antelación se le consultó sobre los hechos que motivaron el levantamiento del acta y en la audiencia se le expusieron las razones de ésta, es más, el demandante agradeció por la claridad del; así las cosas y siendo que ante el reconocimiento de la falta por parte del actor, no habían hechos que probar, se estima que el cuestionamiento de la validez de dicha acta no resulta atendible, pues, para su levantamiento no se requiere el auxilio de un Abogado.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de MOISES ALEJANDRO VASQUEZ ORTEGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de MOISES ALEJANDRO VASQUEZ ORTEGA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional, mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable y de la condición más beneficiosa al trabajador, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos, continuidad, estabilidad, pro homine y orden público e irrenunciabilidad, entre otros.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos laborales y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho del Trabajo.- IX.- Que la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, solicita se declare la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, conforme lo siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se manera en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha trece de Mayo del dos mil dieciséis dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores siguientes: a) La sentencia recurrida no es congruente pues en el encabezado de la misma se encuentra consignado que Moisés Alejandro Vásquez Ortega promovió la demanda contra la sociedad Mercantil Avent de Honduras S.A. de C.V. a través de su representante legal Jorge Alberto Manun Velásquez, cuando en realidad la demanda fue presentada por mi persona, en mi condición de apoderada legal del señor Moisés Alejandro Vásquez Ortega b) Mas adelante en los Antecedentes siempre en la primera página de la sentencia que corre en autos a folio 23 de la segunda pieza se consigna que yo, Martha Isabel Gutiérrez Chinchilla actuó como apoderada legal del señor JORGE ALBERTO MANUN VELASQUEZ quien en realidad es el representante legal de la parte demandada. Al respecto los artículos 200 numeral 2 literal a. del Código procesal Civil, se establece que las sentencias deben contener la expresión clara de los nombres de las partes, así como la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, además de ello el articulo 206 numeral 1 señala que las sentencias deben ser CLARAS. PRECISAS y exhaustivas lo cual no ocurre en el presente caso pues ni siquiera se señaló con claridad las partes litigantes en el presente caso.”.- IX.- Revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ni toma en cuenta sus principios, ya que si bien es cierto se enuncian los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la sanción, contradictoriamente no los aplica, estimando que el despido es de naturaleza grave, pero sin determinar el perjuicio que tal conducta produjo, ni valorar los otros elementos concurrentes en relación al demandante, como ser el tiempo de laborar, sus antecedentes y otros elementos que eran importantes para calificar el hecho generador de la determinación de dar por finalizada la relación laboral.- X.- Por otro lado, dicho Tribunal obvió analizar el alcance del artículo 112 literal l) del Código del Trabajo, base de tal determinación, que en su parte conducente establece como causa justificada que faculta al patrono para dar por terminado el contrato, sin responsabilidad de su parte: “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, ya que en el caso de autos, se vincula tal conducta al incumplimiento de obligaciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, pero de la simple lectura de lo aportado del mismo, la misma no aparece tipificada como falta grave, ni tampoco regula el procedimiento disciplinario que se debió seguir, de lo cual este Tribunal ha reiterado, que en el mismo se deben garantizar los derechos constitucionales de defensa, audiencia y debido proceso[1].- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, disintiendo la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quien emitirá su voto particular, en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 112 literal l), 123, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 2 de la Ley de Salario Mínimo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 13 de mayo del 2016, visible a folios del 23 al 27 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 315-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 24 de julio del 2015, expediente CL 86-13