Sentencia CL-304-16 — Registro 16162
Resumen
Demanda Ordinaria laboral por despido directo e injustificado del cual ha sido objeto, para que el demandado sea condenado a pagarle las prestaciones laborales que por derecho le corresponden en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia que recaiga en el juicio, pago de vacaciones pendientes, pago de reajuste de bonificación, pago de bono proporcional, quinceavo sueldo, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- 4. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."e revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem mediante el cual se confirma la sentencia de primera instancia carece de la suficiente motivación en relación al tema de la razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de la sanción del empleador a la trabajadora demandante, el cual fue un alegato de defensa de la misma en el escrito de su demanda, siendo un imperativo expresar en el contenido de las sentencias los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho aplicable al caso concreto. Además, se hace evidente, que el juzgador de instancia al momento de valorar el material probatorio no se evalúa ni pondera los siguientes aspectos: a) la antigüedad de la demandante en el trabajo; b) la reincidencia o no, en la falta imputada, ya que se hace referencia a otra falta, que es una situación distinta por la que se le despidió; c) que en el Reglamento Interno de Trabajo presentado por la demandada, aparece que “Faltar a la debida consideración al público o tratarlo de forma despectiva” es sancionado de dos formas distintas, en el artículo 65 VII. 4 con una suspensión de 6 a 8 días sin goce de salario por reincidir en esa conducta en el primero y en el 66.5, con el despido; y, d) no se realiza la valoración probatoria de los documentos que debió exhibir la demandada, conforme lo resuelto en la audiencia segunda de trámite del 19 de octubre del 2015, lo cual consta a folio 64 de la primera pieza. Lo antes señalado trae como consecuencia la violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.- 8. Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 1 de agosto del 2016, por el Abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON; es parte recurrida, la empresa TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) conocida también como (TIGO), representada en juicio por el Abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria laboral por despido directo e injustificado del cual ha sido objeto, para que el demandado sea condenado a pagarle las prestaciones laborales que por derecho le corresponden en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia que recaiga en el juicio, pago de vacaciones pendientes, pago de reajuste de bonificación, pago de bono proporcional, quinceavo sueldo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de abril del 2015, por la señora INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON, mayor de edad, soltera, hondureña, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, contra la empresa TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTE) conocida también como (TIGO), por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor OTTONIEL PINEDA, mayor de edad, Costarricense, casado, Ingeniero y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de abril del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO, la sentencia de fecha 26 de febrero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON, contra la Empresa de TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, bonificación proporcional y los salarios dejados de percibir, en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO la Empresa TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA a pagar a INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, bonificación proporcional y los salarios dejados de percibir; 3) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON, contra la Empresa TELEFONICA CELULAR SA. DE CV. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional; en consecuencia, 4) CONDENA AL DEMANDADO la Empresa TELEFONICA CELULAR SA. DE CV. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA a pagar a INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON CIENCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.15,821.59) por los siguientes conceptos: vacaciones proporcionales L. 3,618.28, aguinaldo proporcional L. 3,101.39, decimocuarto mes proporcional L.9,101.92; 5) SIN COSTAS.”.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que empezó su relación laboral en la empresa “MANPOWER” en fecha 16 de noviembre del 2016, empresa que en ese año se ocupaba de la sub contratación de los encargados de atender los “Call Center”, ocupando el cargo de oficial de servicios al cliente “Call Center”, que a partir del 16 de septiembre del año 2007, pasó a trabajar como empleada permanente de la empresa Telefónica Celular S.A de C.V., (CELTEL), también conocida como (TIGO. Cancelando el contrato con la empresa “MANPOWER” devengando un salario a la fecha del despido de L.12,136.00; en el año 2011 fue promovida al cargo de Oficial de Reinversiones (TELEMARKETING), gozando de su bono completo de comida el cual era de L.1,600.00. continuando en ese mismo puesto de trabajo hasta el 2014, donde además atendía llamadas de vendedores (puntos de ventas que se recibían del *738 ) también atendía llamadas del servicio al cliente del numero * 611, recibiendo a diario fácilmente entre 150 y 200 llamadas diarias, con un máximo de duración de dos minutos cada una, caso contrario se les hacia un llamado de atención y por lo tanto, alcanzaban la variable o meta mensual y no se les pagaba la totalidad del bono; pero, en mi caso nunca se me amonesto por causa alguna; sin embargo, la empresa sin previo aviso fue modificando muchos de los beneficios aludiendo que eran cambios porque el área dejo de ser un “CALL CENTER” y se paso a llamarse “CONTAC CENTER”, y debido a eso se deberían de atender llamadas de cualquier solicitud para que de esa forma mejorara el nivel de servicio aumentando con ello la carga de trabajo, cambios que nunca se les pusieron a la vista, solo acataban. Por otra parte, que se le adeudan las vacaciones correspondientes del período 2013-2014, 2014-2015, pago de reajuste de bonificación y pago de bono proporcional, así como el quinceavo sueldo correspondiente a los periodos 2013-2014 y 2014-2015. Que el 28 de enero del 2015 a las 8:00 a.m., la supervisora Martha Fuentes le llamó a su escritorio para informarme de un citatorio a una Audiencia de Descargo que se celebraría el día 29 de enero del 2015, por una supuesta falta de respeto a su superior inmediato Osman Fúnez ocurrida el día 23 de enero del año 2015, lo cual no es cierto ya que fue solamente un mal entendido, puesto que en esa ocasión le preguntó sobre la solicitud de unos días de vacaciones que se le debían, para poder arreglar un asunto personal en la escuela de su hijo lo cual le urgía, contestándole de mala manera aduciendo que no podían darle las vacaciones ya solicitadas, porque ya no se iba a programar de la forma que se estaban haciendo, aclarando que los días solicitados eran de vacaciones que se le debían y ante la negatividad del señor Osman Funez, se dirigió a mi puesto de trabajo, ya que tenía llamadas en espera; su supervisor el señor Osman Funez, le habló a lo cual le contestó que tenía que regresar a su puesto de trabajo, sin imaginar que eso le ofendería de alguna manera y que lo tomaría por una falta de respeto, fundamentando esta supuesta falta en el articulo 97 literal 3 y 13 del Código del Trabajo, la cual dice que debió “ Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio” siendo una obligación del trabajador que siempre he cumplido y no es una de la causa de despido según lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo, que se celebró la primera Audiencia de Descargo a la cual asistió y que debido a su inexperiencia de esta clase de audiencia dijo cosas que se interpretaron mal y le perjudicaron, además en la audiencia había personal de Recursos Humanos y su supervisor, yo que solamente se acompañó de un familiar pero en ningún momento se le dejo hablar, expuso también que unos días después le llamaron a una segunda audiencia de descargo para fecha 23 de febrero del 2015, por la otra supuesta falta en fecha 28 de enero del 2015, por haber atendido a un cliente de manera irrespetuosa la cual no es cierto, que se le suspendió el 31 de enero sin goce de sueldo por la primera falta creyendo que eso iba a ser todo, pero después se le mando de vacaciones 17 días, que es la práctica común cuando van a despedir a alguien, y regresó a trabajar el 21 de febrero. La segunda Audiencia de Descargo se celebro en la fecha indicada 24 de febrero- en donde llevó de testigo a otro familiar, se llevo a cabo de la misma forma que la primera audiencia, dejándole de esa forma en total indefensión, que para su sorpresa en fecha 2 de marzo del 2015, se le entrego la Carta de Despido con fecha 27 de febrero del 2015, la cual fue dada por la supervisora Martha Fúnez, por orden de Alejandro Arreaga Puac, en su condición de Gerente de “Call Center”, en la cual se decidió de una manera unilateral e injustificada, dar por terminado su contrato de trabajo y fue sorpresivo porque creyó que se le iba a suspender por 8 días laborales sin goce de sueldo como se indica en la clausula 65 del Reglamento de Trabajo, por ser la primera vez que se daba la supuesta falta cometida y además en clara violación de lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, no se le dio preaviso, pues no se indico en la carta de despido la causa legal de la que establecen el artículo 112 del mismo cuerpo legal. Además, manifestó la demandante, que la sanción de despido viola su derecho a la estabilidad laboral y el “principio de razonabilidad” el cual establece que “dentro de las normas del derecho del trabajo, obligaciones del contrato y de la relación de trabajo, las parte deben actuar razonablemente; con respecto a la facultad disciplinaria, debe existir una razonable proporcionalidad entre la falta y la dimensión sanción. El ejercicio de las facultades disciplinarias, está sujeto, no solo al debido proceso a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, sino también a la exigencias de la organización del trabajo, reconociendo como limite el abuso del derecho”, ya que en el Reglamento Interno de la demandada, se establece en su artículo 65 romano VII numeral 4) que la falta alegada como motivo por la cual fue despedida acarrea una suspensión de 6 a 8 días sin goce de sueldo; por lo que en todo caso debió aplicársele la suspensión y no el despido.- 2. La parte demandada, la empresa TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) conocida también como (TIGO), contestó dicha alegando que la demandante se desempeñaba el cargo de oficial de servicio al cliente “CALL CENTER”, atendiendo a los clientes sobre consultas o reclamos que se hacen, esa actividad la debe realizar el empleado de conformidad con las políticas del reglamento, proceso, instrucciones que se emitan para esa área de trabajo, entre las obligaciones de ese cargo se encuentra la de tratar al cliente con cordialidad, respeto y empatía. Que el día 28 de enero del 2015, el cliente Pablo Osorto, fue atendido de una forma inadecuada y despectiva por parte de la demandante y ante la queja del cliente se le llamó a una Audiencia de Descargo para que justifique su comportamiento y trato para con el cliente. Que en la audiencia de descargo celebrada el 24 de febrero del corriente año la señora HERNANDEZ después de reconocer cuáles son sus obligaciones y las formas en que deben ser atendidos los clientes y haber escuchado el audio en el que consta el trato dado al cliente reconoce el mal trato, pero trata de justificarlo con que ese día había recibido una cita para la primera audiencia de descargo argumento que no es válido, ya que los problemas personales no deben afectar nuestros trabajos y mucho menos dar maltratos al cliente. Expuso a su favor que de conformidad con el artículo 66 del reglamento interno de trabajo de la empresa son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, entre otras: “ …Faltar a la debida consideración al publico o tratarlo en forma despectiva”, esa es la falta cometida por la ahora demandante y que sirve de fundamento para proceder a su despido, relacionado dicho artículo con las obligaciones que se tienen que realizar personalmente su labor en los términos estipulados, observando los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el patrono ejecutando su trabajo con la mayor eficiencia y esmero, por lo cual la empresa tuvo causa justa para proceder al despido de la ahora demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de febrero del 2016, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, bonificación proporcional y los salarios dejados de percibir, absolvió al demandado del pago de dichos conceptos, declaró con lugar la demanda en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, condenando a la demandada al pago de dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que la demandante no logró acreditar que su despido fuese ilegal e injusto, pero que la parte demandada acreditó que la demandante cometió faltas graves que dieron origen al despido, faltas que la demandante aceptó haber cometido.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 20 de abril del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandada acreditó las justas causas que tuvo para dar por terminado el contrato de trabajo con la demandante, al haber ella faltado a sus obligaciones y asimismo haber la parte demandada seguido el procedimiento establecido para la cancelación.- 5. Mediante auto de fecha 13 de junio del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la señora INGRID MABEL HERANDEZ ARAGON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 1 de agosto del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado EDUARDO DUARTE SALGADO, en su condición de representante procesal de la señora INGRID MABEL HERANDEZ ARAGON, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de agosto del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado TULIO ROALNDO RUIZ SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- 2. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- 3. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- 4. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- 5. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- 6. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 20 de abril de 2016, confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de febrero del 2016, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON, contra la Empresa de TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, bonificación proporcional y los salarios dejados de percibir, en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO la Empresa TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA a pagar a INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, bonificación proporcional y los salarios dejados de percibir; 3) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON, contra la Empresa TELEFONICA CELULAR SA. DE CV. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional; en consecuencia, 4) CONDENA AL DEMANDADO la Empresa TELEFONICA CELULAR SA. DE CV. (CELTEL conocida también como TIGO), a través de su Gerente General OTTONIEL PINEDA a pagar a INGRID MABEL HERNANDEZ ARAGON la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON CIENCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.15,821.59) por los siguientes conceptos: vacaciones proporcionales L. 3,618.28, aguinaldo proporcional L. 3,101.39, decimocuarto mes proporcional L.9,101.92; 5) SIN COSTAS.”.- 7. Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad quem mediante el cual se confirma la sentencia de primera instancia carece de la suficiente motivación en relación al tema de la razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de la sanción del empleador a la trabajadora demandante, el cual fue un alegato de defensa de la misma en el escrito de su demanda, siendo un imperativo expresar en el contenido de las sentencias los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho aplicable al caso concreto. Además, se hace evidente, que el juzgador de instancia al momento de valorar el material probatorio no se evalúa ni pondera los siguientes aspectos: a) la antigüedad de la demandante en el trabajo; b) la reincidencia o no, en la falta imputada, ya que se hace referencia a otra falta, que es una situación distinta por la que se le despidió; c) que en el Reglamento Interno de Trabajo presentado por la demandada, aparece que “Faltar a la debida consideración al público o tratarlo de forma despectiva” es sancionado de dos formas distintas, en el artículo 65 VII. 4 con una suspensión de 6 a 8 días sin goce de salario por reincidir en esa conducta en el primero y en el 66.5, con el despido; y, d) no se realiza la valoración probatoria de los documentos que debió exhibir la demandada, conforme lo resuelto en la audiencia segunda de trámite del 19 de octubre del 2015, lo cual consta a folio 64 de la primera pieza. Lo antes señalado trae como consecuencia la violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.- 8. Es importante recordar que en lo relacionado a las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. - Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- 9. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- 10. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 664 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 193, 197, 200 literal c), 207 numeral 1), 211, 212 numeral 4), 207 numeral 2) y 703 numeral 3) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 20 de abril de 2016, visible a folios 9 al 11 del expediente de segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 304-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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