Sentencia CL-303-16 — Registro 7292
Resumen
En primera instancia se presentó demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido verbal, ilegal e injustificado del que ha sido objeto, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia. En segunda instancia se reformo la sentencia y se condenó al patrono al pago de derechos adquiridos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de mayo del 2016, que reforma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, de fecha 12 de febrero de 2016, confirmando los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la primera instancia, adicionando un cuarto y quinto pronunciamiento, sin embargo dicha resolución del Ad-Quem, no ha resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas faltando al principio de congruencia de las decisiones judiciales; en virtud de que costa en autos que el representante procesal de la parte demandada opuso excepción perentoria de prescripción de la cual la sentencia no tiene pronunciamiento; en adición, confirma una Excepción de despido justificado que dentro del ordenamiento procesal que incumbe a la materia laboral no se encuentra tipificada, por lo tanto no existe, pero además el fundamento o motivación de la decisión sobre ésta excepción para declararla procedente ha sido el abandono de trabajo, lo cual provoca una confusa racionalidad y carácter lógico del fallo, en el sentido que para declarar la prescripción se debe basar en cómputo de plazos y no circunstancias que más bien tienen que ver con la situación de fondo del asunto, es decir, la supuesta causa de terminación de la relación laboral alegada por la demandada.- VII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que de conformidad al principio dispositivo, este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 3 de agosto del 2016, por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, en su condición de representante procesal del señor JULIO ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO, como recurrente; además, es parte recurrida, PROYECTO RESIDENCIAL TRES CONCHAS, representado en juicio por el Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido verbal, ilegal e injustificado del que ha sido objeto, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en fecha 8 de abril del 2015, por el señor JULIO ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en Trujillo, Colón, contra el PROYECTO RESIDENCIAL TRES CONCHAS, por medio de su propietaria, la señora BIRKE LAMBERTY CAMBELL, mayor de edad, soltera, norteamericana. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de mayo del 2016, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 12 de febrero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, de la siguiente forma: “FALLA: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: Reformar la sentencia definitiva de fecha dieciocho (12) de febrero del Dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colon, en la presente demanda laboral para que se pruebe la justa causa de despido caso contrario el pago de prestaciones laborales. En el sentido de: confirmar: los numerales primero, segundo y tercero del fallo de primera instancia y adicionar dos numerales que se leerán así: “Cuarto: declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado por la parte demandante “, Quinto: condenar al patrono al pago de derechos adquiridos así: vacaciones causadas: Lps. 8,361. 20, vacaciones proporcionales: Lps. 5,083.60; décimo cuarto mes del año 2014: Lps. 10,750.00; décimo cuarto mes del año 2014 proporcional: Lps. 3,536.78.00; décimo tercer mes del año 2014 proporcional: Lps. 9,690.63. Sin costas…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó su relación laboral con esa empresa, ubicada en RESIDENCIAL TRES CONCHAS, el 1 de marzo de 1991, desempeñándose como cuidador las 24 horas del día, realizando todas las labores necesarias para su completa comodidad, incluyendo labores de motorista, mayordomo y todo lo relacionado con el cuidado integral de la dueña de la empresa, ahora demandada, recibiendo un salario de $500.00 estadounidenses o su equivalente en moneda nacional, cargo que desempeñó hasta el 5 de enero del 2015; que sin mediar ningún tipo de inconveniente ni falta en su trabajo la señora demandada le despidió de forma injusta el día 5 de enero del 2015; sin pagarle los derechos laborales que por ley le corresponden; al decirle esto se despidió de forma respetuosa y se retiró. Que en procura de un arreglo conciliatorio fue citada la hoy demandada a la Procuraduría Regional del Trabajo, para que pudiesen conciliar lo concerniente a sus derechos laborales, sin que ella compareciera.- 2. La parte demandada, el PROYECTO RESIDENCIAL TRES CONCHAS, contestó dicha demanda señalando rechazando en su totalidad, en virtud de que el contenido no se ajusta a la realidad del caso concreto, en el mismo el empleado hace caso omiso de sus actos y el abandono de su lugar de trabajo y mal interpreta las estipulaciones del Código del Trabajo para satisfacer sus pretensiones particulares, personales e ilegales. Resulta que en cada uno de los hechos y presupuestos de la demanda el peticionario ha invocado su accionar y aunado a la oposición ya expresadas en los hechos de esta contestación, la empresa de acuerdo con los términos del Código del Trabajo y conforme al literal h) del artículo 112 de este cuerpo legal, se establece que la justa causa para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad del patrono, es precisamente que desde el 7 de agosto del 2014 a la fecha el ahora demandante abandonó su puesto de trabajo y conforme a la literalidad del mismo, al faltar el empleado por 2 o más días consecutivos a su lugar de trabajo, este extremo da lugar al patrono para dar por terminado la relación laboral sin responsabilidad de su parte.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en fecha 12 de febrero del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la excepción de despido justificado, planteada por la parte demandada, consecuentemente declaró sin lugar la demanda laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido verbal, ilegal e injustificado del que ha sido objeto, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, sin costas; bajo el criterio que “Que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio este Tribunal es del criterio y basándose en el artículo 864 del mismo cuerpo legal nos dice que: “ Lo derechos y acciones de los trabajadores para RECLAMAR contra os despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de DOS MESES contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieren dichas correcciones respectivamente” y que el demandado da por agotado el trámite administrativo ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 16 de Marzo del 2016 y presentó la demanda ante el Juzgado en fecha 08 de abril del 2015; en consecuencia es procedente declarar SIN LUGAR la Excepción perentoria planteada por la parte demandada en el sentido de la excepción planteada de la Prescripción del término para demandar.- CONSIDERANDO (12): Que la parte demandante al momento de presentar la Nulidad lo hace aduciendo que dichas actas notariales presentadas por la parte demandada no se ajusta a derecho, en virtud del artículo 614 regula o establece atribuciones del Inspector del Trabajo, pero este Juzgador considera que no es menos cierto que el articulo 112 literal h establece las causas justas que facultan al patrono para finalizar el contrato de trabajo sin responsabilidades su parte, en dicho literal establece cuando el trabajador deje de asistir a su trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término del mes, y tal como consta en el expediente de mérito con las actas notariales que presenta la parte demandada y que tienen que ver con las tres fechas consecutivas en el mismo mes en donde corroboro o constato que efectivamente el hoy demandante abandono su trabajo sin causa justificada y sin dar aviso previo de que lo hacía por motivo de salud tal y como lo hace ver la abogada de la parte demandante. CONSIDERANDO(13): Que los notarios públicos son ministros de fe pública y por ende están facultados o envestidos por el Estado para ejercer este tipo de actos como sr levantamiento de actas notariales para corroborar algún extremo coma en el presente caso que nos ocupa.- CONSIDERANDO (14): Que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca solamente sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse en la demostración por alguno o algunos de los medios de prueba recocidos por la ley.”.- 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha 12 de mayo del 2016, dictó sentencia que REFORMA POR ADICIÓN la proferida por el A-quo en el sentido de adicionar, los numerales cuarto: que declara sin lugar el incidente de nulidad planteado por la parte demandada, y quinto: que condena a pagar a favor del demandante los derechos adquiridos, sin costas; confirmando los numerales, primero: que declara con lugar la excepción de despido justificado, segundo: que declara sin lugar la demanda de mérito, y el tercero: que declara sin costas; todo ello bajo el criterio que: “… el trabajador abandonó sus labores desde el día siete de agosto del año 2007 y que las actas notariales que obran a folios números 19 al 21 refieren que: al notario se le dijo en las instalaciones de la empresa (a requerimiento de la demandada, que el señor Juan Alberto Gutiérrez Castillo no acudía a sus labores desde el día en mención; lo cierto es que dicho ministro de fe notarial constató personalmente la ausencia del trabajador en los días 14, 15 y 16 de octubre del año 2014. Asimismo, en cuanto al sistema de valoración de la prueba en materia laboral el artículo 739 del Código del Trabajo establece que: “El juez no estará sujeto a la tarifa legal de prueba, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio.” Con lo cual, no obstante, las atribuciones del inspector del trabajo consignadas en el artículo 614 del Código de Trabajo el que no indica que las mismas requieran una solemnidad ad sustantiam actos o sea una solemnidad que sea solemne en el acto, (lo cual expresamente tendría que decir la referida norma); es que aplicando el principio de Libertad Probatoria establecido en la disposición contenida en el número 729 del enunciado cuerpo legal es que le damos plena validez a lo constatado personalmente por el notario en las actas notariales ya descritas, debido a que no fueron contradichas o desvirtuadas por una prueba en contra. Antes bien, el propio trabajador probó que estaba enfermo tratando de justificar sus ausencias, reiterándose que lo que no acreditó fue que notificara tal circunstancia a su patrona, para que ésta realizara el trámite de la suspensión el contrato de trabajo, si lo estimara pertinente o no habiéndolo hecho, pues siempre el actor conservará sus derechos de conformidad con la ley. Por lo anterior no procede la nulidad solicitada por la parte actora en relación a dichas actas. Siendo una omisión del a quo no haberse pronunciado al respecto en la sentencia, siendo que postergó la decisión del incidente planteado, para tal momento procesal. (ver resolución a folio 30)”. En adición, el Tribunal de apelación también es del criterio que, “ De acuerdo al artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, una vez comunicada la terminación del contrato de trabajo, el patrono se encuentra en la necesidad de probar ante los Tribunales del Trabajo la justa causa en que fundó su despido, de no hacerlo debe pagar al Trabajador las indemnizaciones que según la Ley le pueden corresponder, y a titulo de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Que habiéndose determinado la causa justa de las que se encuentra regulada en el articulo 112 literal h del Código del Trabajo, para dar por terminada la relación de trabajo procede declarar sin lugar la presente demanda. Sin perjuicio del pago de los derechos adquiridos reclamados pero no hasta la fecha de cinco de enero del año 2015, por que el trabajador no probó que se le despidió en esa fecha; sino hasta el día trece de octubre del año 2014 puesto que para los efectos de este proceso, como ya se expuso, la parte patronal estableció el abandono de las labores a partir del catorce de dicho mes y año. Asimismo, se aclara que aunque en la hoja de cálculo de prestaciones e indemnizaciones labores se hace mención del pago de cuatro meses de salario, lo anterior no fue expresamente solicitado en la demanda, por cual al no ser objeto del debate, no nos pronunciamos al respecto.”.- 5. Mediante auto de fecha 13 de junio del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal del señor JULIO ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 3 de agosto del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal del señor JULIO ALBERTO GUTIERREZ CASTILLO, formalizando su demanda, exponiendo 3 motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el/la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo ó no uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de agosto del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de el Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de mayo del 2016, que reforma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, de fecha 12 de febrero de 2016, confirmando los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la primera instancia, adicionando un cuarto y quinto pronunciamiento, sin embargo dicha resolución del Ad-Quem, no ha resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas faltando al principio de congruencia de las decisiones judiciales; en virtud de que costa en autos que el representante procesal de la parte demandada opuso excepción perentoria de prescripción de la cual la sentencia no tiene pronunciamiento; en adición, confirma una Excepción de despido justificado que dentro del ordenamiento procesal que incumbe a la materia laboral no se encuentra tipificada, por lo tanto no existe, pero además el fundamento o motivación de la decisión sobre ésta excepción para declararla procedente ha sido el abandono de trabajo, lo cual provoca una confusa racionalidad y carácter lógico del fallo, en el sentido que para declarar la prescripción se debe basar en cómputo de plazos y no circunstancias que más bien tienen que ver con la situación de fondo del asunto, es decir, la supuesta causa de terminación de la relación laboral alegada por la demandada.- VII. Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VIII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que de conformidad al principio dispositivo, este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 706, 715, 718, 722, 723, 750, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 12 de mayo del 2016, visible a folios 11 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 303-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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