Sentencia CL-300-17 — Registro 8400
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro con reconocimiento de la permanencia desde la fecha de ingreso, pago de vacaciones causadas y proporcionales y bono de vacaciones, pago del bono de desempeño, pago del incentivo por la antigüedad, más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del material probatorio; y b) señala normas procesales violadas lo que para la infracción directa no son necesarias y le resta claridad al cargo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del material probatorio; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 25 de agosto del 2017, por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, representada en juicio por el Abogado JOSÉ DIONISIO SÁNCHEZ RUIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro con reconocimiento de la permanencia desde la fecha de ingreso, pago de vacaciones causadas y proporcionales y bono de vacaciones, pago del bono de desempeño, pago del incentivo por la antigüedad, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 05 de agosto del 2016, por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal, la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, Licenciada en Administración Pública, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral contraída a pedir el reintegro al trabajo con reconocimiento de la permanencia, pago de vacaciones causadas y proporcionales, bono de vacaciones, pago de bono por desempeño, pago de incentivo por antigüedad, salarios caídos hasta que se cumpla con la reinstalación en su trabajo, promovida por GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; Contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal señor: MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en; En consecuencia: 2) CONDENA: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal señora: MARTA VICENTA DOBLADO ANDARA, a reintegrar a su trabajo a la señora GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, en el cargo que venían desempeñando; Mas a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla con la reinstalación de los mismos; mas pago bono de vacaciones, bono por desempeño, desde que fue reintegrada en fecha 30 de septiembre 2015, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional y causado durante todo el tiempo que dure este juicio, aumento salarial, cuando este sea otorgado a los empleados permanentes; 3) CONDENA: a la INSTITUTO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), la cantidad TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS (L. 13,962.00), en concepto de vacaciones adeudadas 39 días.- SIN COSTAS….”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que laboró en forma continua y sin interrupciones con la demandada, en la Oficina Regional de la Zona Norte de San Pedro Sula, desde el 07 de julio del 2007, bajo un contrato indefinido, según resolución judicial firme e irrecurrible proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad el 26 de junio del 2014 en acatamiento de la sentencia definitiva por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral Contencioso Administrativo el 13 de mayo del 2014, la cual mando anular la sentencia pronunciada el 27 de julio del 2012 en segunda instancia que “limita la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto para la contratación por la partida presupuestaria No.121, o se autorice la creación de la plaza en propiedad”, reintegro que solicito al puesto de secretaria de la Jefatura de la Oficina Regional del Instituto; devengaba un salario mensual de L.9,200.00) y que a la fecha del despido tenía una acumulación de tiempo efectivo de trabajo mayor a los 9 años. Manifestó que por sentencia definitiva del 26 de junio del 2014 pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Cuidad en acatamiento a la proferida por la Corte Suprema de Justicia el 13 de mayo del 2014 la cual pronunció indicando que la sentencia de segunda instancia recurrida en casación de fecha 27 de julio del 2012 “limita la estabilidad laboral de la Suprema fijo, expresando “que en vista de las razones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, este tribunal de Alzada estima no atendibles las argumentaciones del recurrente (INJUPEMP), la naturaleza del vínculo que ligo a las partes es permanente y por ello se debe considerar por tiempo indefinido el contrato de trabajo, debiendo confirmarse la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación en atención a la personalidad del mismo”; argumentó que al reintegrarse al puesto de trabajo el 30 de septiembre del 2015, se definió que la vinculación con la demandada era por un contrato permanente o indefinido comenzando el mismo el 07 de julio del 2007, no obstante, la demandada insistió en destacar lo ordenado en la sentencia definitiva al tenerlo como empleada temporal sin reconocerle la categoría de empleada permanente ligada por un contrato indefinido, concurriendo en un claro incumplimiento a un mandato judicial irrecurrible y conducente a una denuncia ante el Ministerio Publico, la cual obra en el expediente de mérito número 5075-2011; que desde el reintegro, la demandada insistió en que firmara contratos por tiempo determinado de 59 y 60 días, y al negarse en firmar recibió amenazas de ser despedida en cualquier mes y exactamente el 30 de junio fue notificada verbalmente que estaba suspendida a partir del 01 de julio del 2016 hasta nuevas instrucciones; además alegó que si le comunicaron la suspensión del contrato está aceptando como indefinido el mismo, empero, no siguió los trámites administrativos que manda la Ley para hacer legal la suspensión; y se equivocó la Institución al creer que notificarle verbalmente la suspensión de mi trabajo oculta el despido injusto; el propósito fue comunicarle el despido sin causa justificada, utilizando equivocadamente la figura de la suspensión del contrato; que para gestionar mi reintegro y evidenciar el acto ilegal de la supuesta suspensión de contrato, el 13 de julio 2016, se presentó ante la Inspectoría del Trabajo sin haber llegado a ninguna solución; el 20 de julio del 2016 se celebró una audiencia en las instalaciones de la demandada en donde solicitó el reintegro conforme a las sentencias dictadas tanto por la Corte Suprema y la de Apelaciones, a lo que le manifestaron que se le notificó que no se presentara a trabajar y que se le llamaría para que se volviera a presentar al trabajo, pero que no tenía instrucciones de decir cuándo será al igual que la petición de reintegro, aduciendo que es evidente que fue despedida bajo el encubrimiento de una supuesta suspensión sin justificación a partir del 01 de julio del 2016; habiéndose agotado la vía administrativa el 02 de agosto del 2016.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda alegando en su defensa que el Código del Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados “cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo”, esta disposición ha sido observada por la demandada, para contratar personal de carácter permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos; y cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica él porque mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca deben traspasar al siguiente año; que la demandada suscribió con la hoy demandante contrato temporal de servicios y llegada la fecha pactada para la finalización de los servicios termino la relación contractual de pleno derecho, habiendo cumplido ambas partes lo acordado sin responsabilidad; que el periodo anual para el cual fue probado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye empero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, además alegó que la demandante ya había interpuesto demanda ordinaria laboral por reintegro, contra mi representada, a lo que finalmente el órgano jurisdiccional ordeno en su momento el reintegro en igualdad de condiciones, de lo que se colige que su condición ha sido siempre bajo la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de presunciones, “o que quiso decir o no decir”, de tal manera que mi representada ha sido respetuosa de las disposiciones legales que han ligado a la hoy demandante con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de demanda es totalmente extemporánea y linda incluso con operar la cosa juzgada en las presentes diligencias.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal, la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, condenó a la parte demandada a reintegrar a la demandante al trabajo, en el cargo que venía desempeñando; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla con la reinstalación de los mismos; mas pago de bono de vacaciones, bono por desempeño, desde que fue reintegrada en fecha 30 de septiembre 2015, decimotercer y decimocuarto mes proporcional y causado durante todo el tiempo que dure este juicio, aumento salarial, cuando este sea otorgado a los empleados permanentes; y condenó pagarle a la demandante la cantidad de L. 13,962.00, en concepto de vacaciones adeudadas de 39 días, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis las pruebas en su conjunto este Tribunal estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito en base a que la relación laboral que venía sosteniendo la demandada con la demandante, era con carácter permanente no porque así la hubieran contratado, sino por mandato judicial que así lo mando este Tribunal en la sentencia emitida por ese Tribunal en fecha 18 de mayo del año 2012, y que fue confirmada por el Tribunal de alzada en sentencia dictada en fecha 26 de junio del 2014, la cual tiene el carácter de firme, si bien es cierto la demandante fue reintegrada por la institución demandada en fecha 30 de septiembre del año 2015, también no es menos cierto que la demandada la siguió con el estatus de una empleada temporal prueba de ello es que siguió haciendo los contratos individuales de trabajo con carácter definido, los cuales no tenían validez no solo porque no los firmo la demandante sino porque la estadía como empleada de la demandada no la condicionaba con un contrato sino una orden judicial que le reconoció el derecho a la estabilidad y le dio la calidad de un empleado contratado por tiempo indefinido, y el hecho que la demandada la considere una empleada temporal a pesar de haber sido reintegrada por un Tribunal y no haya adecuado presupuestariamente su planilla de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal eso no significa que no tenga derechos y que le vulneraron los derechos especialmente en la estabilidad laboral, no solo porque los contratos con carácter definido que suscribió la demandada son nulos en base a lo que establece el artículo 3 del Código del Trabajo, sino porque la demandante fue reintegrada mediante orden judicial y al no cumplir en los términos indicados la demandada incurre en desobediencia.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 17 de mayo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandada con las actuaciones se coloca margen de la ley, por estimarse que la suspensión de labores notificada a la demandante es un despido encubierto, pues en la defensa asumida en la contestación de la demanda litiga el vencimiento del plazo por el cual fue contratada la actora, extremo que es contrario a los hechos demostrados en juicio; y que del análisis del material fáctico y probatorio incorporado, al proceso, en conjunto con las posiciones asumidas por las partes y de conformidad a los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral, el Tribunal considera no atendibles los cargos formulados por el recurrente, por ser correctos los motivos de hecho y consideraciones de derecho en que el censor funda la sentencia objeto de apelación, en consecuencia, se estima procedente confirmar la misma.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de junio del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CLAUDIO JOAQUÍN RODRÍGUEZ HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 25 de agosto del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de septiembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de JOSÉ DIONISIO SÁNCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 literal b) relacionado con el artículo 97 numeral 1) y 2) del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Norma Sustantiva de orden Nacional violada, está contenida en el artículo 112 literal 1) relacionada con el artículo 97 numeral 3) y 13) del Código del Trabajo y 354 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 Y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. PRIMER MOTIVO: En el artículo 112 literal 1) del Código del Trabajo, se establece expresamente como causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte: Literal I). Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario convencional, y en relación a los numerales 3 y 13 del artículo 97 del mismo cuerpo legal establecen: numeral 3. Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; y numeral 13. Cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código, las Leyes y Reglamentos de Trabajo, y en relación el artículo 354 del Código del trabajo establece que durante el periodo de vacaciones, el trabajador beneficiario no puede dedicarse a trabajar en ninguna forma por cuenta ajena. La sentencia Impugnada omite aplicar al caso concreto el articulo 112 en su literal l, relacionado con los numerales 3 y 13 del artículo 97 y 98 del Código del Trabajo, todos aplicables al caso de autos, causando con ello la violación indirecta por falta de aplicación de la Norma sustantiva descrita. El Contrato de Trabajo celebrado con la parte demandante, fue suscrito para que esta desempeñara funciones, en interés de su patrono de conformidad con las instrucciones que le impartieran sus superiores Jerárquicos, consta de autos que la trabajadora incurrió en la violación al precepto antes indicado incurriendo en causal de despido por lo cual su patrono le despidió sin responsabilidad de su parte. La sentencia impugnada incurrió en la violación del precepto legal aludido por su falta de aplicación, al haberse probado fehacientemente en juicio la justa causa que tuvo el patrono para dar por terminada la relación laboral con la ahora demandante. El INJUPEMP, suscribió con la hoy demandante contrato temporal de Servicios y llegada la fecha pactada para la finalización de los servicios termino la relación contractual de pleno derecho, habiendo cumplido ambas partes lo acordado sin responsabilidad. Por lo cual se rechaza lo aseverado por la hoy demandante de que fue objeto de despido, ya que tal como se probara en juicio lo que ocurrió fue la terminación del contrato de servicios al tenor de sus cláusulas. Ha constituido criterio reiterado de la Honorable Corte de Justicia de que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar la permanencia o el reconocimiento de derechos de trabajador permanente como el caso que nos ocupa, debe accionar dicha petición ante los órganos jurisdiccionales durante este en vigencia el vínculo contractual que le une a dicho patrono, caso contrario al finalizar la contratación o vinculo se extingue igualmente la acción en tal sentido, que es precisamente lo que sucedió en el caso del ahora demandante. Lo expresado en este hecho será debidamente probado en juicio.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del material probatorio; y b) señala normas procesales violadas lo que para la infracción directa no son necesarias y le resta claridad al cargo.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Si resulta que el periodo anual para el cual fue probado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye empero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de hoy los demandantes durante el tiempo que mantuvieron la relación contractual. Los argumentos de este hecho se sustentan en Leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser aprobado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación. La forma de la contratación original y las posteriores de la ahora demandante, jurídicamente se subsumen en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, lo procedente era que hubiese manifestado y formulado desde el inicio de la relación acción que hasta ahora promueve, para que si procedía era declarada judicialmente que su relación con el INJUPEMP era de carácter permanente; promover la acción ahora que ha concluido totalmente la relación, por haber acaecido el hecho previsto de no disponer de fondos al haber concluido el periodo presupuestario resulta improcedente y además extemporánea, además en el reciente pasado tal y como se acreditara oportunamente en juicio, la hoy demandante ya había interpuesto demanda ordinaria laboral por reintegro, contra mi representada, a lo que finalmente el órgano jurisdiccional ordeno en su momento el reintegro en igualdad de condiciones, de lo que se colige que su condición ha sido siempre bajo la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de presunciones, “o que quiso decir o no decir”, de tal manera que mi representada ha sido respetuosa de las disposiciones legales que han ligado a la hoy demandante con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de demanda es totalmente extemporánea y linda incluso con operar la cosa juzgada en las presentes diligencias. Lo expuesto en este hecho será debidamente probado en juicio. Resulta evidente que el INJUPEM, en caso de la contratación de la hoy demandante. Ha observado y cumplido estrictamente las normas Legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo, de lo cual la ahora demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en e contrato como acontece en la demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la Legislación laboral vigente, no obstante se acreditara debidamente en juicio. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. En relación con el articulo 112 literal L, y articulo 97 numerales 3 y 13 y 98 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal segundo del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por falta de apreciación de determinada prueba”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorios a). A folios 57 al 75 Memorándum N.DA-191-2015 de fecha 25 de febrero del 2015 acompañado de informe elaborado por la empresa de seguridad E.S.P.I.E. relacionado con el incidente suscitado en la Regional Norooccidental b) Copia de la notificación de audiencia de fecha 18 de marzo del año 2015, c) Copias de notas de fechas 04 y 05 de marzo del 2015, provenientes de la Regional Noroccidental relacionado con el incumplimiento en sus labores del señor DARYLL NOEL CALIX FERNÁNDEZ y otras de índole personal, D) Copia de acta CRL-176-2015 celebración de audiencia en la Ciudad de San Pedro Sula el día jueves 19 de marzo del 2015 e) Copia de informe de fecha 27 de febrero del 2015 proviniente de la Ciudad de San Pedro Sula debidamente firmada por el señor CARLOS HUMBERTO ORTEZ MALDONADO, quien actúa en su condición de asistente de la jefatura Regional del INJUPEMP DE San Pedro Sula. (Copias debidamente autenticadas). EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El artículo 113 del Código del Trabajo expresamente dispone que la terminación de la relación de trabajo conforme a una de las causas numeradas en el articulo 112 surte efectos desde que el patrono la comunique a la trabajadora pero esta goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales para que pruebe la justa causa en que se fundó, si el patrono no prueba la causa debe pagarle las indemnizaciones que correspondan. Emplazado el patrono en la presente demanda probo fehacientemente la causa justa contenida en los literales l) del artículo 112 del Código del Trabajo, que expresamente disponen como causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte. Literal I). Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario convencional, y en relación a los numerales 3 y 13 del artículo 97 y 98 del mismo cuerpo legal establecen: numeral 3. Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; y numeral 13. Cumplir las demás obligaciones que les impongan este código, las leyes y reglamentos de trabajo. Lo dispuesto en la Norma Sustantiva de orden nacional antes relacionada se vincula con las obligaciones que competen a los trabajadores de: Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o sus representante, según el orden jerárquico establecido”, y “cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código, las leyes y reglamentos de trabajo. Las normas sustantivas laborales de orden nacional antes descritas, enuncian para efecto de dar por terminado un contrato de trabajo, CAUSA JUSTA QUE EL PATRONO PUEDE EXPRESAR siempre y cuando estén debidamente probados los hechos como acontece en el presente caso, y dicha justa causa para que surta efectos deberá ser alegada válidamente en juicio, en el caso de que el trabajador demande al patrono, como ha ocurrido en el presente caso, que fue promovida demanda por el trabajador y el patrono alegó válidamente en juicio la causal que le expresó para dar por terminado el contrato de trabajo. La Honorable Corte de Apelaciones contrario sensu al Juez A-Quo incurre en error de hecho, al no apreciar adecuadamente en el fallo recurrido la prueba documental que debidamente singularizada por su importancia y relevancia explico en el orden siguiente: a). A folio 84 al 85, Prestó sus Servicios mediante contrato por prestación de Servicios desglosados de la siguiente manera: Contrato de Servicios Profesionales N. DRH-192-2007, a partir del 08 de agosto al 08 de octubre del año 2007, Contrato de Servicios Profesionales N.DRH-287-2007, a partir del 09 de octubre al 31 de diciembre del año 2007, Contrato de Servicios Profesionales N.DRH-029-2008, a partir del 02 de enero al 30 de junio del año 2008, Prorroga al CONTRATO N.DRH-029-2008 de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado de fecha 05 de 2008, hasta el 31 de agosto del año 2008, Contrato Individual de Trabajo con carácter Definido N.094-2008, a partir del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2008, Contrato Individual de Trabajo con Carácter Definido N.070-2009, a partir del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2009, Contrato Individual de Trabajo con Carácter Definido N.149-2010, a partir del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2010, Contrato Individual de Trabajo con Carácter Definido N.031-2011, a partir del 10 de enero al 30 de junio del año 2011, Contrato Individual de Trabajo con Carácter Definido N.DRH052-2016, a partir del 07 de septiembre del año 2015, según sentencia condenatoria de reintegro, emitida por parte del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, misma que establece reintegrar a la señora GRACIA MARIA VALLADARES LÓPEZ, en iguales igualdades contractuales. En el Extremo: 2) se informa que tal como lo estipula su contratación, “EL TRABAJADOR”, es un empleado temporal por lo que “EL INSTITUTO”, no tendrá, más que las obligaciones que generen o deriven del estricto cumplimiento de los contratos firmados entre las partes. EN CUANTO AL EXTREMO: 3) se informa que la hoy demandante afecto la partida presupuestaria N. 129-00 denominada (Contratos especiales) y por planilla N-121-00 denominada (Contrato Definido). EN CUANTO AL EXTREMO 4) en cuanto este extremo se informa que después de revisar el expediente administrativo que tienen en custodia el departamento de Recursos Humanos, se constató que no existe ninguna nota donde solicite el cambio de estatus de empleado temporal a empleado permanente. En cuanto al RECONOCIMIENTO JUDICIAL: extremo 1) se informa que no existe ninguna documentación al respecto, en virtud de que la hoy demandante su contratación llego a su terminación, tal y como se había pactado originalmente entre las partes. EN CUANTO: al extremo 2) se informa que lo que hubo fue una terminación de contratación de la hoy demandante. EN CUANTO: al extremo 3) se informa que a la hoy demandante se le reintegro acatando el fallo judicial emitido oportunamente por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el cual ordeno al Instituto a reintegrarla en igualdad de condiciones , es decir bajo la modalidad de contratación temporal. EN CUANTO: AL EXTREMO 4) se informa que la hoy demandante devengaba un salario mensual de Lp.9, 200.00 exactos. EN CUANTO AL EXTREMO 5) se informa que no se le aplico el aumento salarial del 5.18% para el año 2014 y 5.82% para el año 2015 ya que los mismos solo aplican para los empleados permanentes del Instituto. EN CUANTO AL EXTREMO 6) se informa que no se le aplico el aumento salarial para el año 2016 a la hoy demandante ya que los incrementos salariales son aplicables solamente a los empleados permanentes del Instituto, así mismo se le informa que para el año 2016 se informa que el Instituto no ha otorgado incrementos salariales a ningún empleado. EN CUANTO AL EXTREMO 7) se informa que la hoy demandante solo gozo en tiempo 28 días de vacaciones, mismas que no fueron pagadas ya que solo los empleados permanentes gozan de este beneficio. EN CUANTO AL EXTREMO 8) se informa que no fueron pagados 28 días de vacaciones por la hoy demandante no era empleado con estatus de permanente. EN CUANTO AL EXTREMO 9) se informa que no se le pago el BONO POR DESEMPEÑO, por cuanto su contratación era temporal y este bono solo aplica a los empleados permanentes. EN CUANTO AL EXTREMO 10) se informa que la hoy demandante ejercía actividades en apoyo al personal permanente del Instituto. En cuanto al medio de prueba exhibición de documentos 1) se adjunta copia fotostática del contrato Individual de Trabajo con Carácter Definido, sin que la hoy demandante haya querido estamparle la firma en el mismo, no obstante de que percibió a entera satisfacción de ella, el salario que el INJUPEMP, oportunamente pago por la vigencia de dicha contratación temporal. Como la Causa Justa para la terminación del contrato de trabajo fue válidamente alegada en juicio, la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación indirecta de norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por la cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el recurso de Casación y es suficiente merito para que se case la sentencia recurrida.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del material probatorio; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 300-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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