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Sentencia CL-294-16 — Registro 7285

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones, daño emergente, lucro cesante, reajuste de salario mínimo, indemnización por negociación de transición, privatización, evaluación y dictamen médico legal por accidente de trabajo con riesgo profesional, físico y mental

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Por otro lado, en la formulación de los motivos de casación, no se aprecia que se haya expuesto alguno con una estructura y contenido, observando los requisitos técnicos que imperan en este extraordinario recurso.- IV.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, por la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora ANA CECILIA ORTEGA EVO, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, representada en juicio por el Abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones, daño emergente, lucro cesante, reajuste de salario mínimo, indemnización por negociación de transición, privatización, evaluación y dictamen médico legal por accidente de trabajo con riesgo profesional, físico y mental, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por la señora ANA CECILIA ORTEGA EVO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General, señor LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HEREZI, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, proferido por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que declaró CON LUGAR el defecto procesal de cosa juzgada interpuesta por el apoderado legal de la empresa demandada, sin costas; declarando CON LUGAR el defecto procesal de falta de legitimación en la causa interpuesta por el apoderado legal de la empresa demandada, sin costas; en consecuencia, se ordenó a la secretaría del despacho, archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 24 de mayo de 2006 y se le permitió entrar hasta el 6 de enero de 2011, como Encargada de Ornato en el Departamento de Seguridad e Higiene, Industrial y Ambiente al 31 de diciembre de 2010, asignación de carnet o ficha eventual en mayo 2006 No.29720-0, resultado contrato eventual No. 29720-0, a marzo 10- 2014. Que como empleada permanente, conforme contrato y ficha 3546-9 del 12 de enero de 2010, como Auxiliar de Servicios Portuarios; expone que el pago del salario fue bisemanal, que existen irregularidades en los documentos que presenta la demandada, que el patrono no procedió a exhibir o poner a la vista documento de renuncia firmada por ella, fue objeto de un solo enredo de forma documental, haciendo relación a la demanda de reintegro que promoviera en el expediente No. 482-11, que se encuentra en el archivo en ese juzgado, donde aduce se violentaron sus derechos como parte demandante. Además, pide la declaratoria de responsabilidad solidaria contra el Sub Gerente y el apoderado de la demandada, ya que infringieron la ley en su perjuicio. Hace mención del agotamiento del trámite administrativo y otras situaciones relacionadas con un recurso de revisión constitucional y reclama daños y perjuicios y reconocimiento fiscal contra la Abogada que la representó en la demanda inicial.- 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que lo expuesto por la parte demandante puede deducirse que la misma solicita el pago de prestaciones sobre un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido suscrito por las partes en fecha 12 de enero de 2010, aduciendo que si bien es cierto, existe un juicio de reintegro que le fue adverso, éste se dirimió sobre un Contrato de Trabajo Por Tiempo Determinado o por una relación eventual que finalizó el 12 de noviembre del 2010. Por lo que sus derechos sobre el contrato individual de trabajo por tiempo indefinido suscrito con la demandada en fecha 12 de enero del 2010, persisten para exigir derechos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria, además de reajustes de derechos irrenunciables y salarios, haciendo extensivo dichos derechos a la indemnización por negociación de transición y privatización. De igual manera exigiendo indemnización por accidente de trabajo y riesgo profesional, daño físico y mental, daño emergente y lucro cesante, aparte de exigir una sentencia con responsabilidad civil compartida para el Sub-Gerente de la Empresa Mario Francisco Coto Arce y el Abogado José Cardona, apoderado de la demandada, por supuestos ocultamientos de documentos para que la demandante perdiera su demanda, enfatizando la demandante una serie de hechos sobre documentos que no abonan a una causa concreta. En este sentido la parte demandante optó solamente por el reintegro laboral tal y como lo reconoce en su libelo de demanda, siendo objeto de debate las situaciones laborales derivadas de la contratación eventual y del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido suscrito por la trabajadora con la ENP en fecha 12 de enero del 2010. Por lo que la demandante no puede invocar una causa que ya fue debatida en juicio, bajo el argumento que aún continúa vigente su contrato de trabajo por tiempo indefinido cuando el mismo fue renunciado voluntariamente por la demandante y así lo reconoce la sentencia de fecha 02 de marzo de 2012, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que reforma la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2011, dictada por el juzgado respectivo, donde se reconocía la validez de éste contrato y la cual es firme con las reformas realizadas por la señalada Corte. A lo anterior se suma que la presente acción no se encuentra formulada en el plazo legal correspondiente. En relación al pago de beneficios y reajustes salariales que exige la demandante derivados del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria y la Empresa Nacional Portuaria, por las razones ya expuestas, no le competen éstos derechos, por cuanto la demandada no se encuentra afiliada a dicha organización sindical al haber renunciado al Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido suscrito con la ENP en la fecha antes mencionada, ya que a partir de la renuncia continuó firmando contratos de trabajo por tiempo determinado y porque el mismo fue legítimamente anulado y reconocida dicha acción mediante sentencia judicial. Estas razones igualmente la invalidan para exigir el pago de la indemnización por transición y privatización, que se refiere al consecionamiento de la terminal de contenedores de Puerto Cortés, a la sociedad Operadora Portuaria Centroamericana, S.A. y cuyos compromisos económicos no fueron suscritos por la Empresa Nacional Portuaria y de los cuales los trabajadores de la ENP que pasaron al operador recibiendo un bono, que no fue pagado por la Empresa Nacional Portuaria sino por un banco fiduciario. De igual manera, sobre el pago de la indemnización por accidente de trabajo y riesgo profesional que reclama a demandante, la misma señala en su demanda que esto sucedió en el año 2006, al efecto el artículo 453 del Código del Trabajo, ya señala los plazos de prescripción para efectuar dichos reclamos que son de 1 año o 2 años según sea la situación laboral en que se encuentre un trabajador, por lo que en este caso, dicho reclamo ya ha prescrito.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha trece de abril de dos mil dieciséis, dictó auto interlocutorio declarando con lugar el defecto procesal de cosa juzgada interpuesta por el apoderado legal de la empresa demandada, sin costas; declaró con lugar el defecto procesal de falta de legitimación en la causa interpuesta por el apoderado legal de la empresa demandada, sin costas; en consecuencia, se ordenó a la Secretaría del despacho, archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos; bajo el criterio que en el caso que se ocupa, la demandante en su libelo de demanda solicitó el pago de prestaciones laborales y los colaterales que ello conlleva, más indemnización por accidente sufrido en el año 2006 e indemnización por negociación de Transición Privatización, estableciendo como documento fundante de su petitorio, un Contrato de Trabajo ficha No. 3546-9; en el relator hecho por la demandante en su demanda, se remite constantemente a las acciones hechas en el expediente que obra en los archivos fenecidos del este Juzgado bajo número 0506-2011-00482, en el cual la demandante interpuso demanda de reintegro contra la Empresa Nacional Portuaria por haber sido despedida, la cual fue fallada a su favor en Sentencia Definitiva de primera instancia dictada por este Juzgado, pero la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, reformó dicha sentencia declarando sin lugar la Demanda en referencia y solamente confirmó la misma en cuanto al pago de vacaciones causadas. Habiendo analizado la sentencia dictada por el tribunal de alzada, como bien lo señala el incidentista, en la parte segunda de los Fundamentos de Derecho de la referida sentencia, el tribunal Ad-Quem, establece que la demandante había renunciado a las condiciones del contrato de trabajo por tiempo indefinido, mediante un acto consentido por las partes al no haber realizado reclamo alguno, posteriormente firmando contratos de trabajo por tiempo determinado, razón por la cual no procede darle validez al contrato de trabajo por tiempo indefinido; y siendo que dicho contrato de trabajo al que se refiere del tribunal Ad-Quem es el mismo que señala la demandante en el negocio que se ocupa como documento fundante de todo el petitorio de su demanda, por lo que se puede determinar sin lugar a dudas que su causa de pedir ya fue objeto de juzgamiento y convierte sus actuales acciones en cosa juzgada, por tener éstas sus orígenes de una relación laboral que ha quedado resuelta en sentencia firme. Asimismo, en cuanto a la indemnización por accidente de trabajo que solicita, debió haber sido objeto de proceso en el expediente 0506-2011-00482, por lo que se tiene también como cosa Juzgada. En cuanto el defecto procesal de falta de legitimación en la causa, la legislación hondureña establece que “son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa” como lo establece el artículo 64 numeral 1 del Código Procesal Civil; y en el caso de autos, la relación laboral entre la demandante y la empresa demandada finalizó en fecha 8 de abril del año 2010, como consta en el documento que corre agregado a los autos a folio 50, por lo que la demandante ya no es titular en forma alguna de la relación jurídica que reclama, pues la misma fue objeto de un proceso anterior como ya se ha expresado, conforme lo establece el artículo 210 numeral 4 del mismo cuerpo adjetivo antes mencionado, razón por la cual es del criterio declarar con lugar el Defecto Procesal de Falta de Legitimación en la Causa.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando el auto interlocutorio proferido en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo al estudio de las diligencias de mérito y a los argumentos esgrimidos por la recurrente, la cuestión a resolver mediante el recurso que se ocupa, se relaciona directamente con la declaratoria Ha Lugar de los defectos procesales de cosa juzgada y falta de legitimación en la causa, interpuestos por la parte demandada; con respecto a la cosa juzgada, tal y como lo consideró el iudex A-quo, la demandante previamente interpuso demanda para el reintegro al puesto de trabajo, pretensión que fue desestimada en los momentos procesales correspondientes y que a la fecha la sentencia que así lo declarara es firme, por ende no es posible que bajo esos mismos argumentos (causa de pedir) ya decididos se impetre prestaciones laborales entre otros derechos; y es que conforme el artículo 129 constitucional, ante la desvinculación laboral el derecho de la trabajadora es alternativo, pudiendo optar por el reintegro a su puesto de trabajo o al pago de las prestaciones laborales y es visto que la actora en su momento optó por la reinstalación a su puesto de trabajo, oportunidad procesal en la que tuvieron que plantearse todos los hechos, argumentos y pretensiones que se derivaren del nexo jurídico en cuestión; pues de lo contrario por disposición legal la sentencia emitida surte sus efectos sin que sea posible que esos mismos hechos y argumentos puedan reservarse para futuras demandas y pretensiones; de ahí que al concurrir en la demanda que se ocupa, los presupuestos establecidos en los artículos 196, 210 y 465 del Código Procesal Civil, aplicados de forma supletoria, la resolución adoptada por el juez de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, sin necesidad de hacer análisis respecto a la falta de legitimación, por cuanto la declaratoria de la primera excluye a la segunda.- 5. Mediante auto de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA DE AMAYA, en su condición de representante procesal de la señora ANA CECILIA ORTEGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada EDORFILIA ALVAREZ ACUÑA DE AMAYA, en su condición de representante procesal de la señora ANA CECILIA ORTEGA, formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación (el primero por falta de aplicación del artículo 449 numeral segundo parte final del Código Procesal Civil, el segundo por aplicación indebida del mismo artículo, en el tercero por interpretación errónea de los artículos 113 del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la República, el cuarto por violación indirecta por error de hecho por la apreciación errónea de pruebas violentando los numerales del 1 al 12 del artículo 29 del Código del Trabajo, en el quinto violación indirecta por error de hecho por la falta de apreciación de pruebas, en el sexto y séptimo motivos alega violación indirecta por error de derecho por apreciación errónea de pruebas) por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 numeral 2), 3) y 4) del Código del Trabajo, ya que omite consignar los acápites de la designación de las partes, indicación de la sentencia impugnada y la declaración del alcance de su impugnación.- III.- Por otro lado, en la formulación de los motivos de casación, no se aprecia que se haya expuesto alguno con una estructura y contenido, observando los requisitos técnicos que imperan en este extraordinario recurso.- IV.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 294-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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