Sentencia CL-289-16 — Registro 7719
Resumen
Segunda instancia confirmó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones legales, incremento salarial, horas extras, salarios caídos. Demandantes se dieron por despedidos indirectamente ya que el Alcalde hizo caso omiso a la petición de los demandantes porque ellos solicitaron que se les re ubicara a sus puestos de trabajo o a otro igual o mejor categoría.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.-"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que confirmó la proferida en primera instancia, donde se declara sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y absuelve a la demandada del pago de dichos conceptos, condenando a cancelar los derechos adquiridos a los demandantes; sin embargo, la misma resulta incongruente en virtud de no haberse resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas, entre éstas la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada en la audiencia primera de trámite, careciendo dicho fallo del pronunciamiento respectivo.- IX.- Que este Tribunal en sentencia definitiva dictada el 22 de agosto del 2017, en las diligencias formadas con el Recurso de Casación Laboral formalizado por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de representante procesal de los señores MARIO JAVIER VASQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS ISAIAS RIOS REYES, REINA ISABEL SANTOS LOPEZ Y OTROS, en la demanda ordinaria promovida por dichos señoras contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES (Expediente CL234-16), caso parcialmente la proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, declarando la demanda referida y condenando a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas, bajo el criterio que: “Que conforme las probanzas del juicio es indudable que desde un inicio los demandantes laboraron como Bomberos municipales para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, relación jurídica laboral que finalizó por decisión unilateral de los trabajadores a través del despido indirecto, fundamentándose para ello en una causa justa, ya que se les trasladó a un puesto diferente para el cual fueron contratados, variando y alterando sustancialmente sus funciones y la categoría de las mismas; las razones en que se basó tal determinación, si bien pueden tener alguna justificación desde el punto de vista de que se aduce que se estaba operando un cambio institucional con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, lo cierto es que se les debió respetar sus derechos adquiridos, como guardar la debida consideración y respeto a su dignidad como trabajadores, por lo menos informándoles de esa situación, para que tal medida no se tradujera en una imposición arbitraria del patrono, como así ocurrió, ya que en las notas donde se les informa de tal medida, solo se les indica su traslado como policías municipales y la puesta a la orden de un Jefe.”.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"Que el caso en referencia es similar al que se revisa en este extraordinario recurso, siendo la jurisprudencia la interpretación que los jueces hacen de la ley para aplicarla a los asuntos sometidos a su jurisdicción o juzgamiento, individualizando la regla general en cada caso concreto. Su finalidad es servir de instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, de la seguridad y certidumbres jurídicas, ya que la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo es una de las finalidades principales del mismo, tal como lo enuncia el primer párrafo del artículo 764 del Código del Trabajo.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764, primer párrafo (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, por la Abogada DIGNA RIOS ANDARA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de los señores RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, JULIO CESAR RIVERA PAREDES, MARCO TULIO FLORES MOLINA y otros, como recurrentes; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, representada en juicio por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones legales, incremento salarial, horas extras, salarios caídos y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, por la Abogada DIGNA RIOS ANDARA, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de los señores RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, casado; JULIO CESAR RIVERA PAREDES, casado; MARCO TULIO FLORES MOLINA, soltero; ELICEO CRUZ URBINA, soltero, Jefe de la oficina de prevención y seguridad contra incendios del Cuerpo de Bomberos; JUAN TROCHEZ CASTELLANOS, casado; CARLOS MARTIN PEÑA CASTRO, soltero; GERSON ANTONIO PEÑA MATEO, soltero; NATIVIDAD POSAS LOPEZ, soltero; OMAR ALFREDO ESPINOSA ESPINOSA, soltero; JORGE LUIS PEÑA ESCOTO, casado; JOSE CARLOS LAZARO BAUTISTA, soltero; ANDRES FLORES, casado; y HECTOR RAMON SIERRA VILLAMIL, casado, Teniente del Cuerpo de Bomberos, todos mayores de edad, hondureños, Bomberos y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, por medio del Alcalde Municipal, señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos, dos últimos años de incremento salarial, horas extras, vacaciones adeudadas y otros pagos y las costas del juicios, promovida por los demandantes, señores RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, 18-02-1991, JULIO CESAR RIVERA PARECES, 19-01-2005, MARCO TULIO FLORES MOLINA, 16-03-1992, ELICEO CRUZ URBINA, 16-02-1979, JUAN TROCHEZ CASTELLANOS, 17-02- 2004, CARLOS MARTIN PEÑA CASTRO 02-05-1988, GERSON ANTONIO PEÑA MATEO, 15-01-2004, NATIVIDAD POSAS LOPEZ, 16-02-1997, OMAR ALFREDO ESPINOSA ESPINOZA, 01-07-2006, JORGE LUIS PEÑA ESCOTO 29-01-2004, JOSE CARLOS LAZARO BAUTISTA, 16-02- 2004, ANDRES FLORES 16-07-1985, Y HECTOR RAMON SIERRA VILLAMIL 16-05-1987 , de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; Contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA , a través de su representante legal Ingeniero ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también de generales expresadas en el Preámbulo de esta sentencia; En consecuencia A) ABSUELVE: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal Ingeniero ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios caídos o dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, incremento salarial últimos dos años, horas extraordinarias, vacaciones adeudadas, otros pagos y las costas del juicio, B) CONDENA: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal Ingeniero ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagar a los trabajadores demandantes las cantidades de dinero que por derechos adquiridos les corresponden en forma individual así: 1) RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, LPS 19,904.94; JULIO CEZSAR RIVERA PAREDES LPS. 13,171.27; 3) MARCO TULIO FLORES MOLINA LPS. 18,284.00; 4) ELICEO CRUZ URBINA LPS. 22,890.17; 5) JUAN TROCHEZ CASTELLANOS LPS. 12,697.47; 6) CARLOS MARTIN PEÑA CASTRO LPS. 18,544.67; 7) GERSON ANTONUIO PEÑA MATEO LPS. 13,241.58; 8) NATIVIDAD LOPEZ LPS.16,859.22; 9) OMAR ALFREDO ESPINOZA LPS. 10,676.92; 10) JORGE LUIS PEÑA LPS. 13,003.15; 11) JOSE CARLOS LAZARO BAUTISTA LPS. 12,712.75; 12) ANDRES FLORES LPS. 16,482.96; Y, 13) HECTOR RAMON SIERRA LPS.20.138.22, el presente calculo fue elaborado por el Ministerio del Trabajo.- SIN COSTAS: en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para la Municipalidad de San Pedro Sula, en las fechas siguientes: 1) RAFAEL ANTONIO MEJÍA MALDONADO, el 18 de febrero de 1991 hasta el 16 de octubre de 2014; 2) JULIO CESAR RIVERA PAREDES, el 19 de enero de 2004 hasta el 16 de abril de 2014; 3) MARCO TULIO FLORES MOLINA, el 16 de marzo de 1992 hasta el 16 de octubre de 2014; 4) ELISEO CRUZ URBINA, el 16 de febrero de 1979 hasta el 16 de octubre de 2014; 5) JUAN TROCHEZ CASTELLANOS, el 17 de febrero de 2004 hasta el 16 de octubre de 2014; 6) CARLOS MARTÍN PEÑA CASTRO, el 02 de mayo de de 1988 hasta el 16 de octubre de 2014; 7) GERSON ANTONIO PEÑA MATEO, el 15 de enero de 2004 hasta el 16 de octubre de 2014; 8) NATIVIDAD POSAS LÓPEZ, el 16 de febrero de 1997 hasta el 16 de octubre de 2014; 9) OMAR ALFREDO ESPINOZA ESPINOZA, el 16 de junio de 2006 hasta el 16 de octubre de 2014; 10) JORGE LUIS PEÑA ESCOTO, el 29 de enero de 2004 hasta el 16 de octubre de 2014; 11) JOSÉ CARLOS LÁZARO BAUTISTA, el 16 de febrero de 2004 hasta el 16 de octubre de 2014; 12) ANDRES FLORES, el 16 de julio de 1985 hasta el 16 de octubre de 2014; 13) HECTOR RAMON SIERRA VILLAMIL, el 16 de mayo de 1987 hasta el 16 de octubre de 2014. Resulta que los demandantes después de muchos años de laborar para la Municipalidad de San Pedro Sula, desempeñándose como Bomberos, cuyas funciones han sido siempre salvando vidas, extinguiendo incendios, trasladando pacientes, etc., y en fecha 19 de septiembre de 2014, se les comunicó a los demandantes que a partir de esa fecha iban para la Policía Municipal, bajo las órdenes del comisario Walter Varela, estando los demandantes en total desacuerdo en vista de que las funciones que desempeñarían eran primero hacer entrenamiento de maniobras militares, levantar puestos de vendedores municipales, andar levantando carros mal estacionados con la grúa, y en definitiva metiéndose a problemas con las personas que se nieguen a obedecer, no teniendo ninguna equidad en cuanto a las funciones que desempeñaban a las funciones nuevas que les asignaron, durante el resto del tiempo que trabajaron para la Municipalidad de San Pedro Sula, por tales razones se dieron por despedidos indirectamente ya que el señor Alcalde Armando Calidonio Alvarado, hizo caso omiso a la petición de los demandantes porque ellos solicitaron que se les reubicara a sus puestos de trabajo o a otro igual o mejor categoría, hecho que se puede constatar en el acta de fecha 7 de octubre del 2014, cuyo extremo queda claro, porque consta en Acta levantada por el Inspector de la Secretaría de Trabajo, en virtud de que en esa fecha se hicieron presentes los demandantes con el inspector solicitado, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contestó dicha demanda señalando que se contrató a los demandantes para trabajar en el Departamento de Bomberos, y por razones de que el Cuerpo de Bomberos Municipal pasa a ser parte de BOMBEROS DE HONDURAS, y en aras de brindarles protección, estabilidad laboral, continuidad y permanencia en su trabajo, y por tener pendiente la entrada en vigencia del nuevo organigrama municipal a partir del mes de enero del año 2015, se decidió trasladar un buen grupo de los bomberos, inicialmente a la Policía Municipal que por varios años los ha venido capacitando y entrenando en varias áreas y con conocimientos generales del ámbito de competencia municipal para el buen desarrollo de sus funciones y con ello ejecutar su labor con ética y rendimiento para alcanzar los resultados esperados, mancomunando el ejercicio de sus funciones de trabajo social comunitario en favor de la sociedad sampedrana, sabiendo la parte patronal que podían desempeñar eficientemente las labores concatenada con actividades sociales en el municipio interactuando con las comunidades, participando en emergencias para la atención y traslado de personas a albergues municipales producto de desastres provocados por fenómenos naturales, atendiendo aspectos de incendios forestales, asuntos viales o de tránsito, participando activamente en los diferentes CODEL y del mismo CODEM en coordinación con la Unidad de Alerta Temprana, combate al Dengue y la Chicungunya en apoyo a la Unidad de Salud Municipal y en las cuales participan activamente la Policía Municipal, pero se mal interpretó la intención municipal. La Municipalidad de San Pedro Sula a partir del mes de enero 2015 entra a funcionar con un nuevo Organigrama Municipal, en el cual la Policía Municipal está dividida en varias Unidades dentro de las cuales se encuentra una unidad para el apoyo de las actividades anteriormente descritas y siendo que el personal que se trasladó del Departamento de Bomberos Municipal, se encuentra ya capacitado para realizar esas funciones, se instruyó el traslado de los mismos por estar el Patrono facultado para ello según las facultades del Alcalde Municipal conforme lo manda el Titulo VI, Capítulo 1, Artículo 100 de la Ley de Municipalidades vigente, y por la subordinación que existe y siendo elemento de la relación laboral entre Patrono y Trabajador, éstos últimos incumplieron una orden directa que no menoscaba ni lacera sus derechos, conservando su salario y mejorando sus condiciones de trabajo. De ese personal, la mayoría se quedó laborando en funciones específicas y siempre relacionadas con su entrenamiento en el Departamento de Bomberos Municipal. Es por ello que se rechaza la pretensión de despido indirecto por baja de categoría de los demandantes que tomaron la decisión de dar por terminada la relación de trabajo que los unía con la Municipalidad de San Pedro Sula, cuando la única pretensión era que por la labor social y benéfica que los bomberos han bridado a la comuna sampedrana, protegerlos de un posible despido al ser trasladados a Gobernación Política dependiente de Comercio Interior.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los demandantes contra la Municipalidad de San Pedro Sula; absolviendo a la demandada del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, a título de daños y perjuicios el pago de salarios caídos o dejados de percibir, incremento salarial últimos dos años, horas extraordinarias, vacaciones adeudadas y otros pagos; condenando a la demandada a pagar a los trabajadores demandantes las cantidades de dinero que por derechos adquiridos les corresponden en forma individual así: Rafael Antonio Mejía Maldonado, L.19,904.94; Julio Cesar Rivera Paredes, L.13,171.27; Marco Tulio Flores Molina, L.18,284.00; Eliceo Cruz Urbina, L.22,890.17; Juan Trochez Castellanos, L.12,697.47; Carlos Martin Peña Castro, L.18,544.67; Gerson Antonio Peña Mateo, L.13,241.58; Natividad Posas López, L.16,859.22; Omar Alfredo Espinosa, L.10,676.92; Jorge Luis Peña, L.13,003.15; José Carlos Lázaro Bautista, L.12,712.75; Andrés Flores, L.16,482.96 y Héctor Ramón Sierra, L.20.138.22, el presente cálculo fue elaborado por el Ministerio del Trabajo, sin costas; bajo el criterio que para que se considere despido indirecto y surta todos sus efectos legales en beneficio de quienes lo alegan, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Constatación fehacientemente, por parte del Inspector de Trabajo, de la violación al contrato de trabajo que el trabajador asevera ha sido objeto por parte del patrono. b) Elaboración del despido indirecto, que debe de contener una relación circunstanciada de los hechos que motivaron dicho despido. c) Acta en la que conste la entrega al patrono por parte de los actores del supradicho despido, este procedimiento se asocia, con lo preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo, que ilustra, en el sentido, de que, si no concurren los tres elementos esenciales, señalados en dicho artículo no existe contrato de trabajo y, por consiguiente, al trabajador no lo ampara la legislación laboral hondureña. Que el acta elaborada por un Inspector del Trabajo y que corre agregada a folios del 21 al 32 y vuelto de los autos, si se lee cuidadosamente, se puede establecer con claridad que el inspector de trabajo actuante, únicamente consigna las declaraciones de ambas partes, pero en ningún momento y en ningún renglón de dicha acta deja constancia que haya constatado la supuesta rebaja de categoría de que según los demandantes fueron objeto por parte de la demandada. Que al no darse el elemento más esencial, como ser la constatación de las violaciones al contrato de trabajo y Código de Trabajo no puede existir despido indirecto porque no hay causal para invocar el mismo y es de lógica que el inspector no constatara tal extremo ya que no se había consumado ese hecho, pues a los demandantes no se les había asignado sus funciones por parte de la demandada, y estos se adelantaron a los hechos que aún no se habían dado y que lo correcto hubiese sido esperar que la Municipalidad de San Pedro Sula, les asignara a cada uno de ellos las labores a desempeñar y en ese momento llevar el Inspector para que este pudiera constatar lo que correspondiera. La parte actora, presentó sus medios de prueba en el momento procesal oportuno, pero con ninguno de ellos logró acreditar fehacientemente la causal invocada en su despido indirecto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos, sin duda alguna, los demandantes fueron trasladados a otro puesto de trabajo, es decir como miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal a la posición de Policías Municipales, más lo que varía en ambos puestos son las funciones a desempeñar y que en razón de su formación, tal traslado no implica una causa justa para darse por despedidos de forma indirecta, tal y como la demandada lo manifestó ante el Inspector del Trabajo, y es que el cambio de funciones no constituye motivo suficiente para el auto-despido de quién presta servicios de forma subordinada sin responsabilidad de su parte; pues de autos no consta que se les haya rebajado de categoría, según lo autoriza la ley en el inciso g) del artículo 114 del Código del Trabajo; de otra parte, es visto que al momento de comunicar la ruptura de la relación laboral los actores se encontraban en proceso de inducción lo que implica que tal cambio en principio fue aceptado por éstos (ver folios del 374 al 410 p.p.), lo anterior en razón de la potestad directiva y el ius variandi que concede al empleador la facultad de poder variar las condiciones de trabajo con observancia en los límites que impone la ley, existiendo en el presente caso una justificación para el cambio de funciones según el convenio interinstitucional suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y el Cuerpo de Bomberos de Honduras el día 02 de mayo de 2014; de ahí que, dicho traslado no conlleva menoscabo en los derechos laborales de los trabajadores, tal cual lo disponen los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo, en ese sentido la pretensión de la recurrente no resulta atendible.- 5. Mediante auto de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIGNA RIOS ANDARA, en su condición de representante procesal de los señores RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, JULIO CESAR RIVERA PAREDES, MARCO TULIO FLORES MOLINA y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada DIGNA RIOS ANDARA, en su condición de representante procesal de los señores RAFAEL ANTONIO MEJIA MALDONADO, JULIO CESAR RIVERA PAREDES, MARCO TULIO FLORES MOLINA y otros, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que confirmó la proferida en primera instancia, donde se declara sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y absuelve a la demandada del pago de dichos conceptos, condenando a cancelar los derechos adquiridos a los demandantes; sin embargo, la misma resulta incongruente en virtud de no haberse resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas, entre éstas la excepción perentoria de prescripción opuesta por la demandada en la audiencia primera de trámite, careciendo dicho fallo del pronunciamiento respectivo.- IX.- Que este Tribunal en sentencia definitiva dictada el 22 de agosto del 2017, en las diligencias formadas con el Recurso de Casación Laboral formalizado por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de representante procesal de los señores MARIO JAVIER VASQUEZ RODRIGUEZ, MARCOS ISAIAS RIOS REYES, REINA ISABEL SANTOS LOPEZ Y OTROS, en la demanda ordinaria promovida por dichos señoras contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES (Expediente CL234-16), caso parcialmente la proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, declarando la demanda referida y condenando a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas, bajo el criterio que: “Que conforme las probanzas del juicio es indudable que desde un inicio los demandantes laboraron como Bomberos municipales para la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, relación jurídica laboral que finalizó por decisión unilateral de los trabajadores a través del despido indirecto, fundamentándose para ello en una causa justa, ya que se les trasladó a un puesto diferente para el cual fueron contratados, variando y alterando sustancialmente sus funciones y la categoría de las mismas; las razones en que se basó tal determinación, si bien pueden tener alguna justificación desde el punto de vista de que se aduce que se estaba operando un cambio institucional con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, lo cierto es que se les debió respetar sus derechos adquiridos, como guardar la debida consideración y respeto a su dignidad como trabajadores, por lo menos informándoles de esa situación, para que tal medida no se tradujera en una imposición arbitraria del patrono, como así ocurrió, ya que en las notas donde se les informa de tal medida, solo se les indica su traslado como policías municipales y la puesta a la orden de un Jefe.”.- X.- Que el caso en referencia es similar al que se revisa en este extraordinario recurso, siendo la jurisprudencia la interpretación que los jueces hacen de la ley para aplicarla a los asuntos sometidos a su jurisdicción o juzgamiento, individualizando la regla general en cada caso concreto. Su finalidad es servir de instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, de la seguridad y certidumbres jurídicas, ya que la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo es una de las finalidades principales del mismo, tal como lo enuncia el primer párrafo del artículo 764 del Código del Trabajo.- XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 19, 20, 21, 23, 26, 30, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 2 de la Ley de Salario Mínimo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212, 716 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 2 de mayo del 2016, visible a folios del 20 al 24 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 289-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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