Sentencia CL-287-17 — Registro 8394
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, se pruebe la justa causa de un despido injustificado e ilegal para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reintegro, salarios caídos, ajuste de aguinaldo y décimo cuarto mes y vacaciones, ajustes de salarios según contrato colectivo vigente, costas procesales y personales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" El cargo anterior resulta inadmisible, pues el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar qué párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar qué párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio, y este primer motivo señala hechos sujetos a prueba, como lo son los motivos por los cuales se canceló o despidió a los demandantes; y, c) realiza alegatos propios de instancia. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de agosto del 2017, por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ, representada en juicio por el Abogado JERONIMO LEONEL IRIAS SUAZO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia, se pruebe la justa causa de un despido injustificado e ilegal para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reintegro, salarios caídos, ajuste de aguinaldo y décimo cuarto mes y vacaciones, ajustes de salarios según contrato colectivo vigente, costas procesales y personales; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de enero del 2015, por el señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ, mayor de edad, Técnico en Computación, hondureño y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General y representante legal el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, Salarios Dejados de Percibir, y el pago de beneficios otorgados a trabajadores durante la suspensión y despido del trabajo; instaurada por el Señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA II.- CONDENAR: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA a lo siguiente: 1. Reintegrar al Señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ a su puesto de trabajo por lo menos en igual de condiciones que tenia al momento del despido; Más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la Suspensión de Trabajo y despido hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo; III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Costas Personales; instaurada por el Señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ; contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA; IV.- ABSOLVER: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Representante Legal y Gerente General el Señor JESUS ARTURO MEJIA pagar al Señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ dicho concepto. V.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a trabajar para la demandada el 10 de agosto del 2010, desempeñando el cargo de Técnico en Comunicaciones, devengando un sueldo L.10,030.50; que entre el 08 de septiembre al 14 de octubre del 2014, se encontraba de vacaciones, correspondiente al último periodo causado en el trabajo; argumentó también que el 07 de octubre del 2014, recibió nota donde se le comunicaba la suspensión de labores a partir del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, la que consideró injusta, ya que se encontraba de vacaciones y porque no fue solicitada al Ministerio de Trabajo en tiempo y forma, además no se le hizo la notificación que las leyes exigen para dicha suspensión; que hizo todo lo posible para llegar a un arreglo conciliatorio, a lo que fue imposible, agotando con ello el trámite administrativo el 27 de noviembre del 2014 y que violentaron el contrato colectivo vigente.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que el 7 de octubre del 2014, invocando lo instituido en los artículos: 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del 8 de octubre del dos mil 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero del 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero del 2015 y que dentro del personal suspendido se encontraba el demandante; también manifestó que es de público conocimiento que la empresa demandada ha venido operando con pérdidas netas desde el 2009 hasta la fecha, mismas que se incrementaron durante los períodos fiscales de los años 2012 y 2013, al extremo que resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas; y lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revestida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; que el 10 de octubre del 2014, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de HONDUTEL y el 3 de febrero del 2015, presentó también ante dicha Secretaría de Estado formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persistían, lo que imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar al trabajador que legalmente fue suspendido; por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión al demandante, el 05 de febrero del 2015, HONDUTEL notificó al demandante la decisión de dar por terminado los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno del Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y Certificación de la resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria No. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008; sin embargo, el demandante alegó que la terminación del contrato de trabajo fue ilegal e injustificado y lo que sucedió fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1) Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2) La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido y que durante el periodo de suspensión le pagó a la demandante la indemnización equivalente a 30 días de salario, por no haberle dado el aviso de suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con 30 días de anticipación. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, salarios dejados de percibir, y el pago de beneficios otorgados a trabajadores durante la suspensión y despido del trabajo; promovida por el señor OSCAR ROLANDO PERALTA LOPEZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Representante Legal y Gerente General el señor JESUS ARTURO MEJIA; condenó a la parte demandada a reintegrar al demandante al puesto de trabajo por lo menos en igual de condiciones que tenía al momento del despido; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la suspensión de trabajo y despido hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de costas personales; absolvió a la parte demandada a pagar al demandante dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que del estudio de las presentes diligencias nos encontramos que el demandante en fecha 07 de octubre del 201, fecha en que le notifican la suspensión de labores por parte de HONDUTEL el mismo se encontraba gozando de sus vacaciones desde el 08 de septiembre de 2014 al 14 de octubre de 2014; por lo que conforme a lo establecido en el artículo 100 del Código del Trabajo, en este periodo, o mejor dicho al estar suspendida la relación laboral a causa de las vacaciones, no existe la posibilidad de suspender las labores; por las razones anteriormente expuestas y las pruebas allegadas al juicio, la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 24 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como de los medios de prueba acreditados en este juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria; este convencimiento se fundamentó en que la parte actora, con su medio de prueba documental acreditó en juicio la relación laboral que existió entre empleador demandado y trabajador demandante, la que fue iniciada el 01 de diciembre del 2010; que al momento de la suspensión del contrato colectivo de trabajo, al demandante se encontraba gozando su periodo de vacaciones, por lo que incurrió en ilegalidad contra los derechos del trabajador; y con la nota de fecha 05 de febrero del 2015, mediante la cual se notifica al demandante la terminación de su relación laboral invocando las mismas causas que utilizó el demandado para la suspensión del contrato colectivo y al no contar con la autorización legal respectiva de la Secretaría del Trabajo, el empleador incurrió en otra violación de los derechos del trabajador, constituyendo al despido unilateral ilegal e injustificado; asimismo, el demandado con sus medios de prueba no justificó los motivos que lo llevaron para dar por terminada la relación laboral en el presente juicio, violentando los artículos 112 y 117 del Código del Código del Trabajo vigente, por lo que procede el reintegro y demás derechos reclamados por el demandante; por consiguiente en el presente caso el trabajador no puede ser despedido por una liberalidad del empleador, sino por causa justa expresamente establecida por la Ley. 5.- Mediante auto de fecha 19 de junio del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de agosto del 2017, compareció ante este Tribunal, la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de septiembre de 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JERONIMO LEONEL IRIAS SUAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. II. Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo del demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que el demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió al demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basé en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajo a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T…”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez, continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”; por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”. III. El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar qué párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio, y este primer motivo señala hechos sujetos a prueba, como lo son los motivos por los cuales se canceló o despidió a los demandantes; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 70 y 71; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 72-79, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 70 AL 71; Y 8) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 72-79, TODOS DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. Explicación: 1) Argumenta la honorable Corte de Apelaciones que el demandante OSCAR ROLANDO PERALTA LÓPEZ, se encontraba gozando de vacaciones en esa fecha, teniendo suspendido su contrato de trabajo, por lo que no era factible la suspensión de la relación laboral, por lo que se incurrió en ilegalidad contra los derechos del trabajadora; en relación a este hecho, el Código de Trabajo en el artículo 100 en las causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, no señala que el goce de vacaciones sea un motivo injustificado para dar por terminado un contrato de trabajo. Ya que el artículo que desarrolla los procesos y causas de la suspensión de los contratos de trabajo no exceptúa la condición que se encuentra la trabajadora, por ende, debe entenderse que la suspensión es aplicable a todos los trabajadores sin importar la condición en que se encuentre. 2) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 3) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 4) El medio probatoria DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 70 AL 71; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 5) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: estados financieros de HONDUTEL, que corre agregado a folios 72 AL 79, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”. V.- Este segundo motivo no resulta admisible dado que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo. VI. Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en tercer motivo de casación alude lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar al trabajador los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagarán desde la en que ocurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se revela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”. VII. El cargo anterior resulta inadmisible, pues el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar qué párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso. VIII. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem, busca la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, por sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 70 y 71, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, si no que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar al señor OSCAR ROLANDO PERALTA LÓPEZ, a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecisiete (2017), el ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que los demandantes fundamentan su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamentó la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub júdice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el artículo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”. IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que se ha violado el derecho de defensa, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus tres motivos de casación y sin lugar nulidad solicitada en forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 287-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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