Sentencia CL-278-17 — Registro 8389
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2° numeral 2° y 46 del Código del Trabajo del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 1348, 1552, 1554, 1573, 1577 y 1578 del Código Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículos 1348, 1552, 1554, 1573 y 1578 del Código Civil, del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, artículo 2 inciso 2 y 46 del Código del Trabajo y artículos 82 y 90 Constitución de la República) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo y el Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida la abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia. costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil quince promovida por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ en su condición de representante procesal del señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA, mayor de edad, soltero Abogado, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha dos de marzo del dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ en su condición de Apoderada Legal del Señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a que se declare la relación de forma permanente y como consecuencia al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales y decimo tercer mes proporcional, mas los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, A declarar la relación de trabajo de forma permanente y como consecuencia al pago por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.183,976.73) desglosados así: preaviso N L.49,000.00; auxilio de cesantía L. 122,500.00; auxilio de cesantía proporcional L.4,990.69; Vacaciones proporcionales L.6,482.80; decimo tercer mes proporcional L. 10,500.00; más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria al señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA en su condición de representante procesal del señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de vacaciones pendientes, decimo cuarto mes pendiente y salario adeudado; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago de vacaciones pendientes, decimo cuarto mes pendiente y salario adeudado, a JOSE CARLOS GUILLEN CERNA; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION alegada por a parte demandada; VI) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el trabajador, comenzó a laborar para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ahora Secretaría de Recursos Naturales Ambiente y Minería el 1 de noviembre de 2009, contratado como Asesor Legal, devengando un salario mensual de L. 21,000.00; este laboró de forma continua e ininterrumpida, realizando sus labores de forma eficiente sin tener ningún tipo de problemas de trabajo, pero en fecha de 30 de junio del 2015, se le entregó nota de despido donde se le manifestaba que su contrato administrativo de servicios profesionales, vencía el 30 de junio del 2015, que el mismo no iba a ser renovado, despido que es ilegal e injusto. El contrato que se celebró con la institución demandada era de servicios profesionales, mismo que es contrario a derecho ya que era trabajador de dicha institución, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para la existencia del contrato de trabajo. La simulación es tal que en el caso del trabajador, el puesto o funciones que realizaba eran permanentes, o dicho de otra forma, subsiste la causa para la que él fue contratado, o sea en dicha Secretaria siempre se va a requerir personal del área legal, otra característica en los contratos de servicios profesionales es la independencia técnica y autónoma; pero en este caso el trabajador tenía un jefe inmediato quien le indicaba las funciones que tenía que realizar y las tareas a elaborar, laboraba en un departamento permanente de la SERNA y bajo un horario de trabajo el cual era de 8:00 am a 4:00 pm; es decir que estaba subordinado al horario de todos los empleados permanentes que laboraban para el Estado, también en el mismo contrato se establece el salario, mismo que era por la cantidad de L. 21,000.00.- 2. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que la relación de trabajo que sostuvo con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ( SERNA), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, fue mediante Contratos Administrativos de apoyo, no permanentes, en los cuales claramente se establece en su cláusula decima, sobre las leyes aplicables que “que las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de ese contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el mismo; por otra parte en estos contratos las partes acordaron que “ para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo” de igual manera el demandante aceptó las condiciones y términos de esos contratos, asimismo apoyado en la normativa del artículo 109 segundo párrafo, sección segunda en materia de personal de a Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Se concluye que no existe ninguna obligación laboral entre su representado y la demandante, ya que su relación fue meramente de carácter administrativo, citando el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, razón por la cual, no existe ninguna obligación laboral entre su representado y la demandante, ya que su relación es meramente de carácter administrativo y será competente para conocer del asunto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de marzo del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ en su condición de representante procesal del señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, bajo el criterio que Que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo de los demandantes con la demandada era de orden administrativo, y que dicha relación estaba regida por leyes administrativas en virtud de tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Personales; por otro lado el demandante argumenta que los Contratos eran simulados de acuerdo a! principio de primacía de la realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. Por otra parte es preciso establecer que la presente acuerdo entre partes, se trata trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente; en consonancia con lo antes relacionado el demandante solicita el pago de sus prestaciones laborales por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención, es que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fue objeto el demandante este apegado a derecho ya que la nota de fecha 30 de junio del 2015 no contiene causal alguna establecida en el Código del Trabajo, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que este firme la sentencia condenatoria.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral 30 de junio del año 2015, según nota de terminación de la relación laboral firmada por el Licenciado Osman Mejía Sub Gerente de Recursos Humanos, sin embargo se considera que la relación laboral del demandante era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se le debe de tener como empleado permanente desde que inició su relación laboral y al no invocársele en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. Que en relación a la excepción de prescripción, es procedente declararla sin lugar, en virtud de que como ya se dijo, se acreditó que la relación laboral fue continua, celebrándose contratos de trabajo por tiempo determinado uno tras otro, es decir de tracto sucesivo, y es por tal motivo que no procede la excepción opuesta.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se declaro precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor JOSE CARLOS GUILLEN CERNA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2° numeral 2° por la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICAC1ON DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del artículo 2 numeral 2 con la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo. En dicho precepto legal claramente se establece como norma de orden público, una clasificación con respecto a quienes obliga el Código del Trabajo a su estricta aplicación, pero ahí mismo hace una excepción o exclusión con respecto a las personas que están exentas o excluidas de la aplicación del Código del Trabajo, esto tomando en consideración el tipo de trabajo que realizan y que para ellos existen otras normas a las cuales les son aplicables, en caso de algún conflicto; en el caso específico que nos ocupa estamos comprendidos en el numeral segundo del artículo 2 el cual establece: “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan.” En ese orden de ideas el A-Quem hace suyos los argumentos del A-Quo en el sentido de estimar que el demandante por el hecho de haber suscrito un contrato de servicios profesionales tiene el derecho de ser considerado como empleado público con derechos y obligaciones que por el contrato de servicios profesionales firmado no tiene, si bien es cierto el demandante tuvo una relación contractual de servicios profesionales con el Estado específicamente con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ahora Secretaria de Recursos Naturales y Minería, éste nunca tuvo el estatus de empleado dentro de la esfera de la administración pública (artículo 2 de la Ley del Servicio Civil), pues como ya lo señala el artículo 2 del Código del Trabajo haciendo una sabia separación, establece que para todo aquello que tenga que ver con la administración pública se deberá regir por la Ley del Servicio Civil, en este caso específico si el demandante deseaba ser empleado público, lo primero que tenía que hacer era someterse a todo el tramite establecido en la ley del Servicio Civil en su artículo 2 y su reglamento ya que esta ley es la que rige la forma de ingreso de los empleados al sistema público, trámite que él nunca realizo y ahora de manera antojadiza pretende que por medio de una sentencia judicial se le conceda un derecho del cual nunca gozo pues su puesto esta también incluido en la categoría de empleado de confianza por lo que tampoco está comprendido dentro de la esfera de atribuciones de la Ley del Servicio Civil, haciendo con esto que los entes judiciales, aprueben la violación a la Carta Magna y las leyes pertinentes, pues están creando obligaciones pecuniarias al Estado de Honduras, sin tomar en consideración que cada obligación pecuniaria del Estado, debe de estar enmarcada dentro del presupuesto de la República, en este caso el cargo que la judicatura está creando esta fuera del presupuesto nacional de la República. Así las cosas, estimamos que el A-Quem al momento de hacer revisión de la sentencia de fecha dos de marzo del dos mil diecisiete dictada por el A-Quo, omitió la aplicación de los principios que rigen los contratos como ser (consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, causas de la obligación que se establezca) requisitos estos establecidos en el artículo 1552 y que tienen relación con los artículos 1348, 1554, 1573, 1577 y 1578 todos del Código Civil y que rigen parte de la contratación hecha por el demandante y la Secretaria de Recursos Naturales y Minería pues en dicha contratación, por tratarse una de las partes contratantes el Estado de Honduras, se establece en dicho contrato cual será la vía aplicable en caso de conflicto, la cual es y será la vía contencioso administrativo (artículo 3 inciso a Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), nunca el Estado de Honduras tal como lo ha manifestado el demandante en todo el curso de la demanda y la A-Quo en su sentencia ha simulado o hecho fraude de ley, pues las contrataciones que se dan por esta vía de contratos de servicios profesionales dependen exclusivamente de la necesidad temporal de ese servicio y de la disponibilidad presupuestaria, sin estos dos requisitos es imposible que la Administración publica pueda hacer una contratación de servicios profesionales ya que lógicamente no tendría el presupuesto para poder hacer el pago correspondiente. La omisión del A-Quem con respecto a obviar que para este tipo de conflictos tal como se ha pactado en el contrato, es la vía contencioso administrativo, crea para la administración publica un caos presupuestario, pues dan nacimiento de manera simulada a puestos de trabajo que materialmente son imposibles de sostener para la administración pública, poniendo al Estado de Honduras y a las dependencias gubernamentales en serios aprietos presupuestarios que a la larga se generan en más demandas interpuestas ante los Tribunales de la Republica las cuales colapsan el sistema. En este sentido, el sentenciador declara la existencia de una relación continua por la suscripción de varios contratos de trabajo, consecuentemente la permanencia en los puestos por parte del demandante; lo anterior hace que se reconozca la categoría de empleados públicos para el demandante, lo cual es contradictorio pues los considerados como tales, tienen una relación laboral regida por La ley de Servicio Civil, además dejando de observar que el demandante laboro para un Proyecto que tenía fecha de inicio y finalización cuya contratación estaba sujeta al presupuesto anual proveniente de fondos internacionales, entendiéndose que a la finalización del proyecto finaliza la relación existente entre el contratado por servicios profesionales y el Estado. A partir de todo lo anterior, queda claro que el sentenciador dejo sin aplicación lo establecido en el artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo, con la aplicación indebida que hace del artículo 46 del Código del Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2° numeral 2° y 46 del Código del Trabajo del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 1348, 1552, 1554, 1573, 1577 y 1578 del Código Civil; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, violación directa por falta de aplicación de los artículos 1348, 1552, 1554, 1573 y 1578 del Código Civil, del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por aplicación indebida del artículo 2 inciso 2 y 46 del Código del Trabajo en clara violación de los artículos 82 y 90 Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación de los artículos 1348, 1552, 1554, 1573 y 1578 del Código Civil, del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por aplicación indebida del artículo 46 del Código del Trabajo. En dicho precepto legal claramente se establece la modalidad de contratación en el caso de autos un contrato por tiempo limitado; si esta Honorable Corte hace un análisis exhaustivo de los fundamentos legales de creación del contrato que nos ocupa, como ser el contrato de servicios profesionales, verán que se configuran todos los elementos necesarios para su conformación y validez que están establecidos en el artículo 1552 del Código Civil y en el cual el primer requisito y el más esencial de todos es el consentimiento de las partes, en el caso de autos, tanto el demandante como el Estado tuvieron la voluntad de materializar dicho contrato, en el cual se establecen el objeto y la causa del mismo, en ningún momento de la contratación se estableció que el demandante pasaría a ser empleado o servidor público, ya que para que eso sucediera era necesario que él se sometiera al procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil, procedimiento que nunca se realizó por el demandante, razón por la cual la administración pública tiene categorizado al demandante como un empleado que esta fuera del sistema de la administración pública y que está brindando un servicio específico por un tiempo limitado, mientras existe la necesidad de sus servicios, al finalizar esta necesidad finaliza el servicio prestado por el demandante, cuando el A-Quem en su sentencia toma como suyos los argumentos del A-Quo hace aplicación indebida del articulo 46 y 2 inciso 2 del Código del Trabajo ya que trata de aplicar una norma que no es aplicable al caso factico que se presenta, siendo lo correcto la aplicación de la vía contencioso administrativo pues ya está establecida en dicha vía el tratamiento para este tipo de casos, al hacer ese tipo de valoraciones el A-Quem violenta el principio de Igualdad, defensa y debido proceso consignados en la Constitución de la República, porque pone en desventaja a mi representado con respecto a los argumentos alegados por el demandante ya que de manera forzada pretende encasillar su problema factico en una normativa legal que no es la aplicable al caso concreto, violación que se ve más marcada por el hecho que se distorsiona el principio del debido proceso como garantía de juicio, ya que el Estado de Flonduras está siendo condenado por un juez que no es competente para conocer de ese tipo de casos, como se ha reiterado en todo el proceso, la vía procesal correcta para dilucidar este tipo de conflictos es la vía contencioso administrativo, no la vía laboral ya que el caso factico planteado no está enmarcado en la legislación laboral, pero aun así de manera forzada se está aplicando una legislación que no es la pertinente al caso, pues no se está tomando en consideración que la voluntad de las partes al momento de realizar la contratación claramente establecieron la vía para resolver cualquier conflicto. La aplicación indebida de la norma al caso factico planteado trae claras violaciones al principio del debido proceso y derecho de defensa pues dejan en condición de inferioridad a mi representado pues como se ha dicho de manera forzada se aplica una normativa que no es acorde al caso factico planteado. En este Sentido las partes estaban sujetas a contratos administrativos de Servicios Profesionales, los cuales firmaron sin objeción alguna, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo y sujetándose al plazo y a las condiciones contractuales, imperando siempre el principio de autonomía de la voluntad de las partes y donde se tenía claro la fecha de inicio y finalización de la contratación y los derechos y obligaciones a que se sujetaban, cumpliendo mi representada al pie de cada contrato y sin embargo el A-Quem dejo de aplicar lo establecido en artículo 1348 y 1552 del Código Civil, al aplicar indebidamente el artículo 46 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículos 1348, 1552, 1554, 1573 y 1578 del Código Civil, del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, artículo 2 inciso 2 y 46 del Código del Trabajo y artículos 82 y 90 Constitución de la República) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el tercer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46 de este mismo Código vulnerando el Artículo 256 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió aplicación indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo en relación con el artículo 46, ya que procedió a aplicar una normativa sustantiva que no era acorde al caso factico presentado, pues impone al Estado de Honduras con su sentencia una obligación que no está presupuesta dentro del gasto de la institución condenada al pago y crea un puesto que no existe dentro de la institución en clara violación a lo establecido en el artículo 256 de la Constitución, que por ser Ley Suprema, está por sobre toda otra disposición secundaria y donde se crea el régimen de Servicio Civil regulando las relaciones entre empleo y función pública; de lo cual está claro que el Código del Trabajo aplica únicamente a los casos de la Empresa Privada-Empleado, porque es propio de esa jurisdicción apoyada en el Artículo 46 del Código del Trabajo; pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-Servidor Público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa administrativa. Por tanto mi representada no estaba obligada al momento de poner fin a la relación laboral, a probar una justa causa de despido como erróneamente la corte sentenciadora lo establece en su sentencia. En este sentido el Ad Quem, desconoce el derecho administrativo y las Disposiciones Presupuestarias que regulan la Administración Centralizada y los entes desconcentrados del Estado en su normativa presupuestaria, no se puede aplicar el artículo 46 del Código del Trabajo caprichosamente, ya que como se ha manifestado las relaciones que existieron entre el demandante y mi representada, fueron bajo un Contrato Administrativo de Servicios Personales eran labores que por su naturaleza no podían ser más que contratos a término sin obligación de mi representada fuera de los consignados en los contratos. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “A-Quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo y el Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 278-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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