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Sentencia CL-276-17 — Registro 8387

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se condene al pago del preaviso y el complemento del auxilio de cesantía y los siguientes reajustes: salarial, bonificación anual, decimotercero y decimocuarto mes y vacaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que del análisis del anterior cargo, este Tribunal observa que la Recurrente ataca el fallo por infracción directa por falta de aplicación de las normas que cita, pero en la explicación hace mención al contrato colectivo de condiciones de trabajo, como a la motivación de las sentencias, que incluye la apreciación y valoración de las pruebas, lo cual resulta incompatible con el tipo de violación directa señalado; en adición, se realizan alegatos propios de instancia y se hace mención de normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso del artículo 8 del Código del Trabajo; por todo lo anterior, este motivo resulta inestimable"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) incluye como prueba dejada de apreciar por el Juzgador, pruebas documentales y de inspección que han sido objeto de valoración probatoria en las sentencias de ambas instancias, que también hizo suyas el ad-quem al confirmar el fallo de primer grado; y, b) invoca que el fallo “no es congruente con la prueba aportada por la parte demandante”, bajo la premisa establecida en el artículo 208 del Código Procesal Civil, cuando ese tema de la congruencia conforme dicha disposición, no es vinculado al material probatorio, por lo que hace su ataque al fallo de forma confusa.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por la Abogada MARLEN MARBELY PINEDA IRIAS, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por la Abogada YAJAIRA DOLORES PAZ PEÑA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se condene al pago del preaviso y el complemento del auxilio de cesantía y los siguientes reajustes: salarial, bonificación anual, decimotercero y decimocuarto mes y vacaciones, más costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de octubre del dos mil catorce, por el señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1).- DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE ORDENE EL PAGO DE COMPLEMENTO DE AUXILIO DE CESANTIA Y LOS SIGUIENTES, BONIFICACION ANUAL, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES PAGO DE VACACIONES POR REAJUSTE DEL 5.4% DE INCREMENTO SALARIAL instaurada por el señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; 2).- CONDENA a LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, A PAGAR AL DEMANDANTE LA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.73,155.81) en concepto de complemento de prestaciones laborales desglosados de la siguiente manera AUXILIO DE CESANTIA (23 MESES) L.66,243.45; COMPLEMENTO DE DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES PROPORCIONALES L.6,912.36; 3).- DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE ORDENE EL PAGO DE COMPLEMENTO DE AUXILIO DE CESANTIA POR 25 MESES DE SALARIO SEGÚN EL ARTICULO 120 LITERAL D) DEL CODIGO DE TRABAJO; PAGO DE PREAVISO, PAGO DE 10 MESES DE REAJUSTE SALARIAL POR INCREMENTO DEL 5.4% instaurada por el señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; 4).- ABSUELVE a LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, del pago de las pretensiones arriba descritas; 5) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 01 de octubre de 2013, bajo la condición que se le pagaran las prestaciones, interpuso la renuncia al cargo de Asistente Técnico en el Departamento de Tesorería General; en ese puesto hasta el 12 de diciembre de 2012 devengó un salario de L.42,669.00, a partir del mes de enero de 2013 por el aumento del 5.4% otorgado a los trabajadores para afrontar el costo de vida, el salario del demandante se incrementó a L.44,973.12; resaltando que hasta el mes de noviembre de 2013, la Universidad no había cancelado aquel aumento por eso en el salario del demandante no se vio reflejado. Es el caso que mediante acuerdo N°1910-2013 de fecha 17 de octubre de 2013, la señora Rectora Julieta Castellanos se dirigió a la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal manifestándole que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad, a partir del 01 de noviembre de 2013, le aceptaron la renuncia con el pago de sus prestaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Al calcular el salario de los promedios de los últimos seis meses devengados no incorporaron el incremento salarial equivalente al 5.4% correspondiente al año 2013, por otra parte el auxilio de cesantía lo amortizan conforme a lo establecido en la cláusula 32 del XIII contrato colectivo que ordena su pago, reconociendo 23 meses ignorando que son 25 meses como lo dispone el artículo 120 letra d) del Código de Trabajo, reformado por Decreto 150-2008; adicionalmente, en la cancelación del décimo tercer, décimo cuarto, la bonificación y el pago de vacaciones, tampoco está contemplado el ajuste porque le falta la nivelación apuntada, y finalmente, dejaron de incorporar los dos meses del preaviso, ya que los términos de la renuncia, es clara y enfática, está condicionada a que le cancelaran las prestaciones y en ese término, se engloban los dos conceptos: preaviso y auxilio de cesantía.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que en efecto el demandante renunció a su trabajo en fecha 01 de octubre de 2013 como Asistente de Tesorero en el Departamento de Tesorería, manifestando en la nota de renuncia que, por problemas económicos, debe renunciar a su trabajo, pero jamás aduce en la misma que había llegado a un acuerdo con la Rectoría en cuanto al pago de sus derechos. En relación al pago del costo de vida que aduce el demandante, el mismo tocará probar tal aseveración ya que en efecto el costo de vida del año 2013 no se había pagado, pero en el caso que se ocupa, habrá que determinar si este debe pagarse en forma proporcional, pues el demandante no trabajó el año completo. Si bien es cierto que el demandante renunció a su trabajo no es menos cierto que la demandada en cumplimiento a las leyes laborales, determinó el pago de las prestaciones correspondientes por la renuncia, sin que en el oficio a que hace referencia el demandante, la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, haya ofrecido más de lo que le corresponde, sino más bien, manifestó en la misma que de acuerdo a la disponibilidad financiera se efectuaría la liquidación correspondiente. En base a lo preceptuado en las leyes vigentes y conforme al Contrato Colectivo es que al ahora demandante se le hizo el cálculo de las prestaciones que le corresponden por renuncia; es así que en cumplimiento al artículo 120 inciso g) del Código del Trabajo al demandante se le debía pagar un 35% del importe que le correspondería por años de servicios en concepto de auxilio de cesantía según los literales c) y d). En el caso que se ocupa el inciso d) no debe tomarse en cuenta, ya que el Contrato Colectivo vigente en su cláusula 32 establece: “En caso de renuncia del trabajador, la UNAH reconocerá a éste, por los servicios prestados, un porcentaje de las prestaciones laborales, por concepto de auxilio de cesantía, hasta un máximo de 23 meses, si hubiere trabajado veintitrés años o más, así como las vacaciones y demás derechos que le correspondieren en forma proporcional, en base a la escala siguiente:...”. Que el contrato colectivo de trabajo de acuerdo al artículo 53 del Código del Trabajo, establece: “ todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o mas empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente”, por lo que es ley entre las partes y debe cumplir al tenor del mismo. El demandante debió poner su renuncia dos meses antes de su retiro, pero este lo hizo a partir del 01 de noviembre de 2013 y presentó su nota de renuncia el 1 de octubre de 2013, por lo que es evidente que este no cumplió con lo establecido en el artículo 116 del Código del Trabajo, en clara violación a dicho precepto legal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Roberto Morales Ordoñez, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); condenando a la demandada a pagar al demandante la cantidad de L.73,155.81 en concepto de complemento de prestaciones laborales, desglosados de la siguiente manera: auxilio de cesantía (23 meses) L.66,243.45; complemento de décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones proporcionales L.6,912.36; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para que se ordene el pago de complemento de auxilio de cesantía por 25 meses de salario según el artículo 120 literal d) del Código de Trabajo; pago de preaviso, pago de 10 meses de reajuste salarial por incremento del 5.4%; absolviendo a la demandada del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que se probó mediante información proporcionada por el Departamento de la Carrera Administrativa, que al señor Morales se le hizo efectivo el pago de prestaciones en virtud de la renuncia interpuesta y de conformidad a la disponibilidad presupuestaria, asimismo se constató que para los meses de octubre y noviembre de 2014 se le hizo efectivo el pago por la cantidad de L.23,490.00 en concepto de costo de vida pendiente correspondiente al año 2013 (ver folio 46 de autos); por lo anterior y después de realizado el cálculo aritmético correspondiente resulta que las prestaciones laborales del demandante fueron pagadas sin aplicar el ajuste señalado anteriormente; asimismo la parte demandada no probó haber pagado el complemento de las prestaciones por el precitado ajuste ya que en el pago efectuado por dicho concepto solo se reconoce el ajuste al salario y no a las prestaciones, por lo que procede declarar con lugar el ajuste al pago a las prestaciones labores y demás valores pagados como ser décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones proporcionales; asimismo con base a lo expresado anteriormente y habiéndose probado en forma fehaciente que la demandada pago el ajuste de salario del 5.4% al demandante correspondiente al año 2013; el ajuste salarial solicitado se declara sin lugar, en cuanto al pago de 25 meses por auxilio de cesantía, solicitado por el actor de conformidad a lo establecido en el artículo 120 literal c) del Código de Trabajo; es preciso mencionar que dicho cálculo no es aplicable al caso de autos pues en la presente litis no ha existido despido injustificado, tal como quedó probado en autos; siendo lo aplicable al presente caso lo establecido en el artículo 120 literal g) de la misma normativa que reconoce un 35% del importe que le correspondería por años de servicios; por lo anterior y considerando que la norma que más favorece al trabajador es el cálculo efectuado por la UNAH que reconoce 23 meses por auxilio de cesantía corresponde declarar sin lugar el pago de 25 meses por dicho concepto; en cuanto al pago de preaviso de conformidad a lo establecido en el artículo 116 del Código del Trabajo, no corresponde el pago en virtud que la relación cesó unilateralmente por voluntad del trabajador, asimismo la parte actora no aportó la existencia de algún otro sustento legal en el que justifique su derecho por lo que procede declararlo sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el contrato colectivo de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato y un empleador y regula todos los aspectos de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.); y se aplica a todos los trabajadores del ámbito, sobre cualquier otra disposición contemplada en el Código del Trabajo. Que de conformidad a la cláusula 32 del contrato colectivo vigente en la UNAH, en caso de renuncia el trabajador recibirá en concepto de auxilio de cesantía hasta un máximo de 23 meses si hubiese trabajado 23 años o más, así como las vacaciones y demás derechos que correspondan en forma proporcional. En relación al pago por concepto de costo de vida (5.4%), está debidamente acreditado en autos (folio 46) que al demandante se le hizo efectivo el pago de este concepto correspondiente al año 2013 y que sus prestaciones fueron pagadas sin haberse incorporado dicho ajuste del 5.4% por costo de vida; por lo que procede el pago de dicho ajuste a las prestaciones laborales y demás derechos inherentes a la misma. Que tal como se dijo anteriormente, al tener preeminencia el Contrato Colectivo sobre el Código del Trabajo, al trabajador demandante solo le abarca el pago de 23 meses de salario en caso de renuncia; por lo que el Código del Trabajo no le es aplicable en el presente caso, ya que está debidamente acreditado en autos que el demandante renunció a su puesto de trabajo, y por ende tampoco le corresponde el pago de preaviso, ya que este concepto solo corresponde a aquellos trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, lo cual no es el caso.- 5. Mediante auto de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARLEN MARBELY PINEDA IRIAS, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARLEN MARBELY PINEDA IRIAS, en su condición de representante procesal del señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada YAJAIRA DOLORES PAZ PEÑA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la Abogada MARLEN MARBELY PINEDA IRIAS, en su primer motivo expresa: “Acuso la sentencia de infracción directa por falta de aplicación de los artículos: 60 párrafo final; 116 párrafo primero y literal e); y, 120 párrafo primero y letra d) del Código del Trabajo reformado mediante decreto 150-2008; en relación con los artículos 206 N° 1) y 2), 207; y, 208 del Código de Procesal Civil aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del primer ordenamiento jurídico citado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal 1º párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. “Toda infracción directa de la ley, según reiterada jurisprudencia, surge cuando la sentencia, no aplica la norma que regula el juicio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION. Una de las modalidades de infringir la ley por la vía directa ocurre, cuando se deja de aplicar la norma al caso debatido en juico; su falta de aplicación, debe alegarse sin consideración a la apreciación probatoria y por ello, en el desarrollo del motivo, nos proponemos demostrar, que el Tribunal recurrido, infringió las disposiciones citadas bajo la referida circunstancia: veamos; El demandante, Roberto Morales Ordoñez mediante nota fechada el 1º de octubre de 2013, turnada a la Tesorera General, después de más de treinta y cinco años de servicio, bajo la condicionante que le pagaran sus prestaciones, interpuso su renuncia al cargo de Asistente de Tesorero, en el Departamento de la Tesorería General, que últimamente, venía desempeñando en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Atendiendo aquella solicitud, mediante Acuerdo N° 1910-2013 fechado el 17 de octubre del 2013, la Rectora de la UNAH señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS, se dirige a la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, manifestándole, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad, a partir del 1° de noviembre de aquel año, le aceptaban la renuncia con el pago de sus prestaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera de dicha Institución. No obstante lo anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la sentencia recurrida, confirma el fallo de primera instancia, que había excluido el pago del preaviso y los dos meses de auxilio de cesantía, bajo el criterio que en la Universidad, está en vigor, un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, quien en su cláusula 32 establece, que el que renuncia a su cargo, recibirá en concepto de Auxilio de Cesantía, únicamente el valor de una mensualidad, por cada año de servicio, hasta una máximo de veintitrés salarios, así como las vacaciones y demás derechos que correspondan en forma proporcional. En la institución demandada, es cierto y se acepta que, al momento de la ruptura del vínculo laboral, estaba en vigor, el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo en mención que en su cláusula 32 consagra, que cuando un trabajador renuncia a su cargo -sin condición-, se le paga únicamente el Auxilio de Cesantía, descartando el preaviso, pero es el caso, que mi comitente, su determinación la condiciono a que le cancelaran las prestaciones y bajo esa modalidad, le fue admitida la renuncia. Bien: estando acreditado ambos extremos, es visto que la Corte recurrida, se volvió rebelde contra lo dispuesto en el artículo 8° del Código del Trabajo que dice “En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras”, y el párrafo final del artículo 60 del mismo ordenamiento que consagra: “Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo.. “; bajo esa premisa, entonces, debió aplicar el Decreto 150-2008, que reformando el artículo 120 del Código del Trabajo, supero los mínimos establecidos en el Contrato Colectivo en vigor en la Universidad. Como se viene sosteniendo, la ruptura del vínculo laboral mediante renuncia, condicionada al pago de las prestaciones y su aceptación por parte de la Institución demandada en esos términos, es evidente que excluye los efectos del Contrato Colectivo, porque para hacerse acreedor acogiéndose a este último, el trabajador en la UNAH, debe consignar ese requisito y entonces, bajo dicho concepto, se le cancelan 23 mensualidades a que se refiere la cláusula 32 del referido ordenamiento; por otra parte al negarle también el pago del preaviso, el Ad Quem, violento bajo la modalidad señalada, aquellas disposiciones y asimismo, el artículo 116 párrafo primero y literal e) que en la parte señalada, dispone lo que sigue; “ Si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso, e) De dos meses, cuando le ha servido por más de dos años”. Por regla general, se admite, que la falta de aplicación de una norma, es resultado de equivocada inteligencia de las disposiciones que regulan el proceso; por esa razón, no se cansa en repetirlo, que independiente de la forma de interpretar los preceptos, entre la parte actora y la demandada, existió una relación laboral, tutelada por el Código del Trabajo, con todas sus consecuencias en caso de renuncia como la comentada, y este ordenamiento consagra (artículo 60 párrafo final), que la norma que más favorece al trabajador, es la que deberá ser aplicarse y bajo ese contexto, la sentencia objeto de este recurso, no solo violo las normas sustantivas de orden nacional que se dejan apuntadas; también, los artículos 206 N° 1) y 2°, 207 ; y, 208 del Código de Procesal Civil, que consagran que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las demandas y en su motivación, deberán expresar los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, decidiendo, en consecuencia, los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo que por este motivo, procede casarse la sentencia recurrida.”.- III.- Que del análisis del anterior cargo, este Tribunal observa que la Recurrente ataca el fallo por infracción directa por falta de aplicación de las normas que cita, pero en la explicación hace mención al contrato colectivo de condiciones de trabajo, como a la motivación de las sentencias, que incluye la apreciación y valoración de las pruebas, lo cual resulta incompatible con el tipo de violación directa señalado; en adición, se realizan alegatos propios de instancia y se hace mención de normativa no señalada como infringida o relacionada en su formulación, tal es el caso del artículo 8 del Código del Trabajo; por todo lo anterior, este motivo resulta inestimable.- V.- Que en el segundo motivo se sostiene: “Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de los artículos: 116 párrafo primero letra e) y 120 literal b) del Código del Trabajo reformado por el Decreto 150-2008; en relación con el artículo 208 del Código de Procesal Civil, por infracción indirecta, incurriendo en error de hecho por falta de apreciación de los medios probatorios que obran a folios: 8, 9, 52, 54, 55, 56 de la primera pieza. NORMA PROCESAL VIOLADA. La norma de procedimiento que sirve de medio para la violación apuntada es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1° párrafo segundo parte inicial del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. “La falta de apreciación de la prueba consiste en que el juzgador enjuicia el caso y no valora en su conjunto, el haz probatorio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION. Comienza el ataque de la sentencia, sosteniendo por lógico requerimiento, que la violación apuntada ocurre, cuando el fallo es contrario a lo demostrado en juicio. Antes de individualizar y examinar las pruebas que el A-QUO dejara de apreciar para dictar un fallo contrario a la evidencia que aquella arroja y que la Corte recurrida, al confirmar la de primera instancia la prohíja, violo los artículos invocados en este motivo y por ello, me permito señalar las que aparecen agregadas a folios 8, 9, 52, 54, 5, 56 de la primera pieza que por su orden, paso a singularizarlas de la siguiente manera: a) La nota fechada el 1 de octubre del 2013, dirigida por el señor Roberto Morales Ordoñez a la Tesorera General de la UNAH, interponiendo la renuncia al cargo de Asistente de la Tesorería General de dicha Institución, condicionada a que le cancelaran las prestaciones; b) El Acuerdo N° 1910-2013 fechado el 13 de octubre del 2013, mediante el cual, la Rectora de la UNAH, ordena a la Licenciada Jacinta Ruiz Bonilla, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, aceptarle la renuncia al señor Roberto Morales Ordoñez a partir del 1° de noviembre del 2013, con el pago de sus prestaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera de la institución. (énfasis añadido); c) La inspección solicitada por la parte demandante, que acredita que las fotocopias acompañadas con la demanda y se refieren a la nota de renuncia y su respuesta, son conforme con sus originales; d) El oficio N° 905-2013 dirigido a la Licenciada Julieta Castellanos Rectora de la UNAH por la Msc. Jacinta Ruiz Bonilla Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, recomendando aceptar la renuncia de Roberto Morales Ordoñez a partir del 1 de noviembre del 2013 con el pago de sus prestaciones; y, e) El Oficio N° TG-476-2013 dirigido por la Tesorera General de la UNAH a la Msc. Jacinta Ruiz Bonilla, enviándole la renuncia de Roberto Morales Ordoñez, recomendándole el tramite con el pago de sus prestaciones. El sistema procesal laboral hondureño, permite a los Juzgados y Tribunales, dictar sentencias, sin estar sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto, forman libremente su convencimiento.- Sin embargo, esa libertad, debe estar inspirada en los principios científicos que informan el haz probatorio, debiendo apreciarse en su conjunto y atenerse en su exegesis a la valoración correcta para que el fallo, sea congruente con la demanda y demás pretensiones, decidiendo apropiadamente los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. En la sentencia que afana este motivo, ocurrió lo contrario, porque constando en autos, mediante prueba documental, que la demandada, no obstante haber admitido la renuncia y ordenado el pago de las prestaciones al señor ROBERTO MORALES ORDOÑEZ como estaba condicionada; entonces, por imperativo contenido en la lay, se hizo acreedor a los beneficios que de la misma se deriva (la ley), porque el Estado, es cierto que tutela los Contratos Colectivos pero el Código del Trabajo, que contiene disposiciones de orden público dispone, que la leyes prevalecen siempre sobre los contratos colectivos cuando aquella, otorga mayores beneficios al trabajador. Por esa razón, al momento de aceptarle la renuncia y ofrecerle el pago de las prestaciones, que injustificada e ilegalmente la sentencia recurrida le ha negado el complemento solicitado, es evidente la violación apuntada y por tal razón, evidenciando la insubordinación en contra de lo establecido por este Supremo Tribunal, quien mediante reiterada jurisprudencia ha dispuesto, que el error de hecho en la falta de apreciación de la prueba, que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al Tribunal a casar el fallo impugnado, tiene que ser manifestó, de tal manera, que sin esfuerzo se evidencie la rebeldía del juzgador para arribar a ese desacierto, se puede comprobar en el caso sub-lite, al efectuar un somero análisis de los medios probatorios singularizados, sin mucho estudio se determinara, que el AD-QUEM, al confirmar el fallo apelado, incurrió en la infracción apuntada y violo los artículos apuntados en este motivo y el 738 que como medio sirve para reforzar aquel criterio, lo mismo que el artículo 208 del Código Procesal Civil, porque el fallo impetrado, no es congruente con la prueba aportada por la parte demandante y en tal virtud, por este motivo, debe casarse la sentencia recurrida”.- VI.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) incluye como prueba dejada de apreciar por el Juzgador, pruebas documentales y de inspección que han sido objeto de valoración probatoria en las sentencias de ambas instancias, que también hizo suyas el ad-quem al confirmar el fallo de primer grado; y, b) invoca que el fallo “no es congruente con la prueba aportada por la parte demandante”, bajo la premisa establecida en el artículo 208 del Código Procesal Civil, cuando ese tema de la congruencia conforme dicha disposición, no es vinculado al material probatorio, por lo que hace su ataque al fallo de forma confusa.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 276-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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