Sentencia CL-273-17 — Registro 8326
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, por despido directo, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) invoca modalidades distintas de infracción de ley, como ser la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; modalidades que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 18 de agosto del 2017, por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO, representada en juicio por el Abogado RONY ORLANDO BARAHONA SIERRA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, por despido directo, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2014, por la señora ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 13 de febrero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO, la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L. 67,413.73) por los siguientes conceptos: preaviso L.18,340.80; auxilio de cesantía L.36,682.04; auxilio de cesantía proporcional L. 1,146.30; vacaciones proporcionales L.764.20; decimo tercer mes proporcional L.3,275.12; y décimo cuarto mes proporcional L.7,205.27; mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; 3) Declarando SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la demandada, en el cargo de Transcriptor de Datos, el 16 de abril de 2010, inicialmente con un contrato a tiempo determinado y sucesivamente suscribió varios contratos consecutivos y el último con vencimiento el 31 de mayo de 2014, devengando un salario mensual de L. 7,860.44; y que ese mismo día se le notificó la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo, en forma escrita por el Jefe de Recursos Humanos a lo que considera ilegal, ya que de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo, esos contratos se consideran celebrados por tiempo indefinido, de igual manera lo expresa del artículo 52 de dicho cuerpo legal, por lo que se convierten en contratos por tiempo indefinido; consideró que la notificación de la terminación de trabajo es injusto, ilegal e improcedente, por haber suscrito varios contratos para la misma actividad; que compareció ante el Ministerio del Trabajo, con el fin de efectuar el reclamo por la vía conciliatoria, siendo imposible la misma se dio por agotado el procedimiento administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante prestó sus servicios mediante contratos por tiempo determinado, como Transcriptora de Datos, la que ha sido suprimida por restructuración estatal y creado el Instituto Nacional de migración; siendo la relación regida mediante contratos de servicios profesionales a termino los cuales tenían fecha de inicio y terminación, modalidad por la cual no puede ser considerada empleada permanente, ya que su contratación estaba supeditada a la aprobación del presupuesto respectivo para el pago por la prestación de sus servicios profesionales durante el termino para el cual era contratada, fuera del mismo no existía obligación alguna para con la demandante ya que ella misma reconoce en el hecho primero que su contratación era por tiempo determinado suscribiendo el último Contrato de Servicios Profesionales hasta el 31 de mayo del 2014, manifestó también que el contrato suscrito no existió prorroga ni expresa ni tacita si no que aparte de que la demandante desde el inicio era de su conocimiento la fecha que finalizaba la relación contractual con la demandada, las autoridades administrativas procedieron a oficializar la finalización del contrato mediante Memorándum No.114-2014 DRH-DGME de fecha 31 de mayo del 2014 en el que le manifestaron que el contrato no le seria renovado; notificación que además le fue girada para efectos de la respectiva liquidación para la devolución del equipo de trabajo que le había sido asignado, ejerciendo tal procedimiento dentro del marco de lo que formula la clausula cuarta suscrito por las partes; además alegó que la demandante equivocó el camino para interponer el reclamo el cual regido por las disposiciones del Derecho Administrativo, ya que la prestación de servicios profesionales/técnicos se encuentra regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo, y por ser contratos de carácter administrativos deben someterse al conocimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo que establece el artículo 3 literal a), quedando claro que los mismos no son sometidos a la Ley laboral como lo pretende ahora hacer ver la demandante al Juzgado de Letras el Trabajo, pues tanto el contrato referido como esta normativa establece como jurisdicción, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de lo cual la parte actora tenia pleno conocimiento no manifestándolo la demandante en ningún momento y que si la demandada continuara con esta contratación estaría violando lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República; que desde el inicio la demandante no ignoro la modalidad bajo la cual fueron contratados sus servicios profesional y la jurisdicción ante quien se dirimían los conflictos que del contrato resultaren; sin embargo aviesamente y pretendiendo desnaturalizar la originalidad del dicho contrato, invoca normas sustantivas inaplicables al caso ya que el articulo 3 y 20 del Código del Trabajo son improcedente al tratarse de un Contrato de Servicios Profesionales a Termino originado conforme a la facultad que le otorga el artículo 111 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y demás leyes administrativas, no siendo aplicable el Código del Trabajo para este caso ya que desde el inicio fue del vasto conocimiento de la parte actora.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de febrero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho; condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 67,413.73, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto, a la demandante se le contrato bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término; no es menos cierto, que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo en virtud de reunir los elementos del contrato laboral, relacionado con el 47 del mis cuerpo legal, norma que al ser confrontada con los hechos de la demanda medios de prueba, nos enmarca en que nos encontramos frente a una verdadera relación laboral, en virtud de lo establecido en los contratos y como consecuencia; el encadenamiento entre uno y otro sin existir interrupción alguna de la actividad que realizaba la demandante acumulando una antigüedad en el trabajo de 4 años 1 mes y 15 días; sumado a ello y revisada que ha sido la notificación de la no suscripción, no establece ninguna causal contenida en el Código del Trabajo, es en virtud de ello nos encontramos frente a un despido ilegal e injusto; por cuanto la demandada no ha demostrado ante este Juzgado causa que justifique el despido a la demandante; por lo anteriormente relacionado se declara con lugar la demanda de merito reconociendo a la empleada el pago de sus prestaciones laborales así como el pago de los salarios dejados de percibir, mismos que se calcularán desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo; que reclama el pago de derechos adquiridos enmarcando dentro de estos vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional, mismos que fueron probados en autos que no le fueron cancelados al demandante de manera proporcional, por lo que es pertinente declarar con lugar los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 21 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes; que las funciones por las cuales fue contratada la señora Elsa Anabel Martínez Castillo siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración; Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.”, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado; y que vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar la sentencia apelada, por encontrarse dictada conforme a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de junio del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 18 de agosto del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de septiembre del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte del Abogado RONEY ORLANDO BARAHONA SIERRA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en el primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL ÚNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el párrafo primero del artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecisiete, en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecisiete, visibles a folios del 9 al 12 de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La Prueba singularizada y apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: DOCUMENTOS PÚBLICOS. El Juzgador no valorizo la actividad pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en la Clausula Séptima; como así mismo ya tenía conocimiento de la terminación del contrato; quedo evidenciado que al demandante se hizo efectivo el pago en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de su cancelación es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones laborales por despido directo, a titulo de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en el Considerando Cuarto y Quinto del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece que “es un cargo de naturaleza permanente en la Secretaria de Derechos Humanos, aun cuando se pretenda darle otra denominación, en la práctica queda claro que la demandada actúa en completo fraude a Ley” por otra parte indica “el trabajador desempeñaba personalmente su trabajo en un lugar especifico Dirección General de Migración y Extranjería en el Cargo de Transcriptor de Datos con sede en la Ciudad de Tegucigalpa” condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Derechos Humanos al pago de prestaciones laborales por despido directo, a titulo de daños y perjuicios salarios dejados de percibir al demandante, sin apreciar el A-quo, y el Ad-quem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; decreto que en su artículo 1 atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización , con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitando entonces el cumplimiento de condena al pago de prestaciones laborales por despido directo, a titulo de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Adquen, en vista que el reclamante prestó sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería, institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el articulo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las paretes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo” y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecisiete (2017), pronunciada por la Corte de Apelaciones del trabajo de esta Sección Judicial, que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha trece (13) de febrero del dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia de emplazamiento para el pago de prestaciones laborales por despido directo, a titulo de daños y perjuicios salarios dejados de percibir promovida por la señora ELSA ANABEL MARTÍNEZ CASTILLO.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) invoca modalidades distintas de infracción de ley, como ser la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; modalidades que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 273-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
11