Sentencia CL-268-16 — Registro 7606
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que reforma la sentencia declararando sin lugar la demanda para el pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional" Que la sentencia recurrida, reformó el fallo definitivo dictado por el a-quo, declarando por ello sin lugar la demanda en relación al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente y exhaustiva, conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, omitiendo motivar y explicar lo relacionado sobre los extremos vinculados a los señalamientos relativos a la situación jurídica de la legalidad del despido del demandante, no solo por el cambio del horario de trabajo que diera lugar al despido del demandante, sino sobre si la nueva jornada fue notificada con la anticipación debida y se encuentra dentro de los parámetros del límite diario que de la misma impone la ley, como también los extremos de la variación de las condiciones de trabajo y lo relativo a la copia del documento contractual presentado en el proceso por la demandada.- IX. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de abril de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, por el Abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor DANIEL ISAIAS OSORIO LOZANO, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AGAPE CHRISTIAN ACADEMY S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado ADALID PAZ ESCAMILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, derechos e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injustificado y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha doce de junio de dos mil quince, por el Abogado EDUARDO VINICIO MEJIA TROCHEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor DANIEL ISAIAS OSORIO LOZANO, mayor de edad, casado, Maestro de Educación Musical, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AGAPE CHRISTIAN ACADEMY S. DE R.L., por medio de su Gerente General, señor EVER EMILIO ANTUNEZ BANEGAS, mayor de edad, Empresario, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Adalid Paz Escamilla, en su condición de apoderado legal demandado contra la sentencia definitiva proferida el trece de Enero del año en curso (13/01/16), relacionada con la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma; la que consiste en: I) Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir; por tanto, se ABSUELVE la demandada de dicho pago. II.) Fijar como monto total de condena la suma de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 29,869.08) que corresponden a los valores establecidos por la Iudex A-Quo en los conceptos de derechos adquiridos y salario adeudado. SEGUNDO: CONFIRMANDO la mencionada sentencia en cuanto a la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS…”.
ANTECEDENTES DE HECHO
- El demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 01 de junio del año 2000, inició la relación laboral para la institución educativa denominada INVERSIONES AGAPE CHRISTIAN ACADEMY S. DE R.L., desempeñándose continua e ininterrumpidamente como empleado permanente de manera personal, remunerada y bajo la subordinación de la institución en el cargo de Maestro de Educación Física y Musical, devengando un salario mensual de L.17,187.50. Que en fecha 20 de marzo de 2015, se le notificó al demandante la nota de despido, por el cual la misma no le fue entregado el 10 de marzo de 2015, tal como lo asevera la parte demandada sino que le fue extemporáneamente entregado hasta el 12 de marzo del año 2015, pero aun así siguiendo el supuesto de la tesis de la demandada de que hubiese sido notificado dicho cambio de horario el 10 de marzo de 2015, (notificación que igual continuaría siendo extemporánea), observando que el mismo memorando condiciona expresamente la efectividad de dicha notificación al decir que el empleado ejecutara personalmente su trabajo con el siguiente horario de lunes a viernes de 6:50 a.m. a 2:50 p.m. sin perjuicio de que en caso necesario el patrono puede hacer cambios o ajustes de horario cuando lo estime conveniente, avisando al empleado con una anticipación prudencial, para que el trabajador pueda tener la oportunidad de prepararse para ello, o para valorar la posibilidad o imposibilidad de cumplir el nuevo horario, esto porque el nuevo horario de trabajo evidentemente constituye un cambio en las condiciones de trabajo, el cual tiene derecho el demandante a discutir o consensuar con el patrono si al momento de su comunicación lo considera imposible a su realidad personal o una desmejora en las condiciones de trabajo que pudiera implicar una violación al contrato de trabajo, quedando así evidenciado que no existe justa causa para el despido.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AGAPE CHRISTIAN ACADEMY S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que el 09 de marzo del 2015, se le hizo llegar un Memorándum al señor Daniel Isaías Osorio Lozano, por parte de la Gerencia Administrativa a través del Lic. Arquímedes Alvarenga, donde se le comunicó la readecuación de su horario de trabajo y de la asignación de una actividad extracurricular académica y/o deportiva, instrucciones que tenían que ser cumplidas y ejecutadas por el demandante, sin embargo, él manifestó que no cumpliría tales disposiciones, a pesar de que estaba obligado al cumplimiento de la misma, tal como están descritas en su Contrato de Trabajo. Ante la negativa del demandante de no acatar ni cumplir con las instrucciones impartidas por la Gerencia Administrativa, el día 10 de marzo del 2015 se le hizo entrega de una convocatoria a fin de que compareciera a la celebración de una audiencia de descargo el 12 de marzo del 2015, procediéndose a levantar la respectiva acta a fin de constatar las faltas cometidas por el demandante y en su descargo más bien ratificó expresamente la comisión de dichas faltas en virtud de no acatar ni cumplir las instrucciones que de modo particular le habían sido instruidas por la Gerencia Administrativa, constituyendo así por parte del demandante una clara violación a los preceptos establecidos en la legislación laboral al no realizar su labor en los términos estipulados.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, pago de décimo tercer mes proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago de vacaciones proporcionales, promovida por el abogado Eduardo Vinicio Mejía Trochez, quién actúa en su condición de apoderado legal del señor Daniel Isaías Osorio Lozano, contra la sociedad INVERSIONES AGAPE CHRISTIAN ACADEMY S. DE R.L.; condenando a la demandada a pagar al demandante la cantidad de L.366,864.60, distribuidos así: preaviso L.40,104.16; auxilio de cesantía L.280,729.12; auxilio de cesantía proporcional L.16,155.23, vacaciones proporcionales L.10,767.92, décimo tercer mes proporcional L.3,821.38, décimo cuarto mes proporcional L.12,415.18, salario adeudado 5 días L. 2,864.60; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que para el trabajador el deber de obediencia consiste en la obligación de acatar la autoridad patronal y cumplir las órdenes que le den sus superiores respecto a la ejecución de las tareas y al comportamiento personal durante el desempeño de los servicios. La justa rebeldía del trabajador, la posibilidad que se niegue a cumplir lícitamente ciertas órdenes. En el ámbito del trabajo, al igual que en otras esferas, el poder jerárquico encuentra límites, y el primero de ellos se halla en que la obediencia del subordinado se concreta a los actos del servicio o función. Que del estudio y análisis de las pruebas practicadas se considera que el despido del demandante es injusto, ya que si bien la empresa demandada le notificó al demandante el cambio de horario; también no es menos cierto que la órdenes que el patrono le daba iban en perjuicio del trabajador ya que con el cambio de horario le estaba modificando su jornada de trabajo, sumado a eso no le consultó si efectivamente él quería o podía dar la clase de deportes, tomando en consideración que la profesión del demandante es maestro de educación musical y no de educación física; el poder de dirección del patrono no es absoluto tiene ciertas limitaciones y estas son aquellas que puedan vulnerar las condiciones de trabajo que han sido adquiridos por los trabajadores. En el caso sub judice no solo se les estaba obligando a cumplir una orden que iba contra sus derechos sino que también no se le dio la oportunidad al demandante de exponer porque no aceptaba el cambio de horario; tomando en consideración que el demandante era empleado con una antigüedad considerable según consta en la constancia de trabajo extendida por el administrador la relación data desde 01 de junio del año 2000; tampoco se acreditó en juicio que el trabajador haya cometido una falta tan grave que ameritara el despido según reglamento interno de trabajo vigente en la empresa, por lo que a juicio de éste Tribunal la sanción es excesiva con relación a la falta cometida. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales: el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, y constando en autos que la empresa no ha pagado dichos conceptos por tal razón procede ordenar su pago, así como de 05 días de salario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, la que consiste en declarar sin lugar la demanda para el pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir; absolviendo a la demandada por dichos pagos; fijando como monto total de condena la suma de L.29,869.08 que corresponden a los valores establecidos por la Iudex A-Quo en los conceptos de derechos adquiridos y salario adeudado; confirmando la mencionada sentencia en cuanto a la exoneración de costas; bajo el criterio que una vez comunicada la terminación del contrato de trabajo, el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido, de no hacerlo debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según la ley le corresponden, más a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. El ius variandi es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el patrono sobre sus empleados y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio; es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo; sin embargo, tal poder no es absoluto al estar limitado, ante todo por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas. El límite a la aplicación del ius variandi es un triple filtro enmarcado por su razonabilidad (que no sea arbitraria), funcionalidad (que obedezca a un motivo atendible) e indemnidad del trabajador (que no le provoque menoscabo patrimonial o moral, o que le ocasione un perjuicio material que le sea adecuadamente compensado); en el sub judice es visto que la patronal previo a materializar el despido del demandante, el 12 de marzo del 2015 fue oído en audiencia de descargo en la cual le recordaron que el 10 de marzo del 2015 recibió un memorando donde le notificaban el cambio del horario; al respecto el actor respondió “no puedo firmar el acuse de recibo en vista de que como mi horario es la salida a las 2:30 p.m. según la notificación antes mencionada, por lo tanto se me abrió la puerta en otro trabajo donde entro a las 3:00 p.m. en adelante teniendo ahí un contrato firmado, por eso mismo no puedo retractarme...”; tal eventualidad resulta contraria a lo contractualmente pactado, puesto que el actor se comprometió con la demandada a ejecutar personalmente el trabajo en el horario previamente señalado (de lunes a viernes de 6:50 a.m. a 2:50 p.m.) sin perjuicio de que en caso de ser necesario, el patrono pudiera hacer cambios o ajustes de horario cuando lo estimara conveniente, avisando al empleado con una anticipación prudencial; lo cierto es que el demandante recibió el memo el 10 de marzo del 2015 relacionado con la notificación del cambio de horario, situación que no llegó a ocurrir puesto que desde ese mismo momento el actor mostró renuencia para cumplir con la orden, tal actitud motivó la convocatoria a audiencia de descargos en la que reiteró su negativa a atender el cambio de horario, afirmando que al terminar su jornada de trabajo, tenía que incorporarse a otro empleo con entrada a las 3:00 p.m. y ello le impedía aceptar la variación; ante la negativa la patronal quedó facultada para poner fin a la relación de trabajo sin responsabilidad alguna, pues el cambio antes referido es permitido por virtud del principio del ius variandi; y, además por ser una atribución acordada en el contrato de trabajo; circunstancias, que impiden estimar la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad argumentados por la parte actora, ya que conocida la imposibilidad del trabajador para cumplir con el nuevo horario, no era factible imponer una sanción distinta a la adoptada; de ahí que los argumentos sostenidos por el recurrente ante esta Alzada resultan atendibles.- 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, en su condición de representante procesal del señor DANIEL ISAIAS OSORIO LOZANO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, en su condición de representante procesal del señor DANIEL ISAIAS OSORIO LOZANO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ADALID PAZ ESCAMILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la Sala de lo Constitucional de este Tribunal ha determinado en los fallos dictados el 19 de Octubre de 2016 en el expediente AL 221-15 y 2 de mayo de 2017 en el expediente AL 958-15, los siguientes criterios que también comparte esta Sala: “Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países…Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso. Los principios del derecho laboral tienen una triple función: una función política, una función normativa y una función interpretativa. La función política, legislativa o informadora, consiste en que se contemplen en las leyes laborales todas las virtualidades propias en cada principio, otorgándole una eficacia operativa en la materia y con los alcances regulados por aquella. La función normativa, sirve como supletoria en caso de ausencia de la ley y que se orienta, cuando así lo prevé expresamente el ordenamiento jurídico nacional, sin que la ausencia de una remisión tal, impida al intérprete aplicarlos para integrar el Derecho… El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO. Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE. En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación…”.- VII. Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- VIII. Que la sentencia recurrida, reformó el fallo definitivo dictado por el a-quo, declarando por ello sin lugar la demanda en relación al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y los salarios dejados de percibir; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente y exhaustiva, conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, omitiendo motivar y explicar lo relacionado sobre los extremos vinculados a los señalamientos relativos a la situación jurídica de la legalidad del despido del demandante, no solo por el cambio del horario de trabajo que diera lugar al despido del demandante, sino sobre si la nueva jornada fue notificada con la anticipación debida y se encuentra dentro de los parámetros del límite diario que de la misma impone la ley, como también los extremos de la variación de las condiciones de trabajo y lo relativo a la copia del documento contractual presentado en el proceso por la demandada.- IX. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- X. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XI. Que, por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 22 de abril del 2016, visible a folios 22 al 27 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 268-16.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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