Sentencia CL-262-17 — Registro 8324
Resumen
Segunda instancia confirmo con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro de mis representados a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, goce de vacaciones adeudadas y indemnización por daños en la relación de aseguración del INJUPEMP y por prestamos en la banca privada, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8, 114, 117, 97 y 98 del Código del Trabajo, entre otros; c) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio el cual en la explicación del cargo la Recurrente invoca; y, d) realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) formula alegatos propios de instancia.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS, YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ,, representada en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro de mis representados a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, goce de vacaciones adeudadas y indemnización por daños en la relación de aseguración del INJUPEMP y por prestamos en la banca privada, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de mayo del 2015, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, soltero, Electricista, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, soltera, Secretaria Taquimecanógrafa, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, casada, Perito Mercantil y Contador Público, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, casada, Abogada, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS, soltero, Técnico Electricista, YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, casado, Ingeniero Civil, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de abril del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 17 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de representante procesal de los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, también de generales expresadas; en cuanto al puesto de trabajo, reconociendo bono y goce de vacaciones periodo 2013-2014 para los señores señor Santos Martin Aguilar Portillo treinta (30) días de vacaciones bonificación y el pago del 28% de recargo sobre el sueldo que ascienda a la cantidad de L.43,003.59; a Alba marina Cartagena Lagos veintisiete (27) días de bono de vacaciones; Kelvin Omar Álvarez veintiséis (26) días de goce vacaciones; Laura Angélica Aguilar Veintisiete (27) días de goce vacaciones; y a Yelson Fernando Domínguez veintiséis (26) días de goce de vacaciones; y en relación a Lilian Nohelia Andino Erazo se le adeuda la cantidad de L. 6,049.99 en concepto de Horas extras, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; en consecuencia. II.- CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a Reintegrar a los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, al puesto de trabajo, reconociendo bono y goce de vacaciones periodo 2013-2014 para el señor Santos Martin Aguilar Portillo treinta (30) días de vacaciones bonificación y el pago del 28% de recargo sobre el sueldo que ascienda a la cantidad de L.43,003.59; a Alba marina Cartagena Lagos veintisiete (27) días de bono de vacaciones; Kelvin Omar Álvarez veintiséis (26) días de goce vacaciones; Laura Angélica Aguilar Veintisiete (27) días de goce vacaciones; y a Yelson Fernando Domínguez veintiséis (26) días de goce de vacaciones; y en relación a Lilian Nohelia Andino Erazo se le adeuda la cantidad de L. 6,049.99 en concepto de Horas extras, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva. III. Declarar SIN LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de representante procesal de los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, también de generales expresadas a pagar: Bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de la privatización de la empresa; asimismo, al señor Santos Martin Aguilar Portillo y Lilian Nohelia Andino Erazo el pago de feriados 2013-2014, Helaine Marietery Agüero Sierra el pago de vacaciones del período 2013-2014, Laura Angélica Aguilar Castillo pago días compensatorios del 2013-2014, Alba Marina Cartagena Lagos el vacaciones 2014-2015; en consecuencia; IV.- ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a pagar a los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, bono utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa asimismo al señor Santos Martin Aguilar Portillo y Lilian Nohelia Andino Erazo el pago de feriados 2013-2014, Helaine Marietery Agüero Sierra el pago de vacaciones del período 2013-2014, Laura Angélica Aguilar Castillo pago días compensatorios del 2013-2014, Alba Marina Cartagena Lagos el vacaciones 2014-2015; V. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para la empresa demandada así: 1) Santos Martín Aguilar Portillo, el 12 de noviembre de 1985, como Agente de Seguridad Interna I, dependiente del departamento de Seguridad y al momento de ser despedido se desempeñaba en el puesto de Agente de Seguridad Interna II, dependiente del Departamento de Administración, devengando un salario ordinario mensual de L. 26,787.95; 2) Kelvin Omar Álvarez Álvarez, el 25 de Octubre del 2006, como Conductor de Automóviles II, dependiente del departamento de Transporte y al momento de ser despedido se desempeñaba como Técnico en Telecomunicaciones I del Departamento de Telemática, devengando un salario ordinario mensual de L. 13,148.00; 3) Lilian Nohelia Andino Erazo, el 21 de Septiembre de 2010, como Administrativo II, dependiente de la Sección Centro de Servicios y al momento de ser despedida se desempeñaba como Administrativo II desempeñando funciones de Técnico en Mesa de Prueba en el Departamento MDS, devengando un salario ordinario mensual de L. 10,000.00; 4) Helaine Maritery Agüero Sierra, el 01 de abril de 1997, como Operadora de Telefonía Nacional, dependiente del departamento de Telefonía Nacional y al momento de ser despedida se desempeñaba como Administrativo III en el Cali Center (192), devengando un salario ordinario mensual de L. 17,342.12; 5) Laura Angélica Aguilar Castillo, el 25 de septiembre del 2006, como Operador Telecomunicaciones IV, dependiente del departamento de Telefonía Nacional, y al momento de ser despedida se desempeñaba en el mismo puesto, pero dependiente del departamento del Cali Center, devengando un salario ordinario mensual de L. 8,078.79; 6) Alba Marina Cartagena Lagos, el 15 de febrero del 2010, como Asistente Profesional 1, dependiente del departamento de Contratación y Administración de Recursos Humanos y al momento de ser despedida se desempeñaba en el puesto de Asistente Profesional II, dependiente del departamento de Clasificación y Provisión de Talento Humano devengando un salario ordinario mensual de L. 31,000.00; 7) Oscar Armando Coello Irías, el 04 de agosto de 2009, como Electromecánico II, dependiente del departamento de Operaciones y Mantenimiento y al momento de ser despedido se desempeñaba como Electromecánico II, del departamento de Operaciones y Mantenimiento, adjunto a la Sección Electromecánica devengando un salario ordinario mensual de L. 15,700.00; 8) Yelson Fernando Domínguez, el 09 de Abril de 2007, como Ingeniero I, dependiente de la Gerencia de Ingeniería y al momento de ser despedido se desempeñaba en el mismo puesto, dependiente Departamento de Obras Civiles de la Gerencia de Investigación y Desarrollo, devengando un salario ordinario mensual de L. 21,954.00; manifestaron también que el acoso laboral comenzó cuando se les notificó una suspensión de los contratos de trabajo del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, o sea por 119 días pues se debían presentar el 05 de Febrero de 2015, y que mediante oficios GGH-501-2015,GGH-467-2015, GGH-303-2015, GGH-124-2015, GGH-302-2015, GGH-269-2015, GGH-363-2015 y GGH-463-2015, todos del 05 de Febrero de 2015 se les notificó, respectivamente, la terminación de la relación laboral invocándoseles las causales que dieron origen a la misma; rechazaron las causales porque la suspensión de los contratos es una institución jurídica deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social; y en este caso, dicha Secretaría de Estado no otorgó la autorización, por lo cual la causal invocada es inexistente, porque no llegó a tipificarse, por cuanto según el Artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión de fue y operó únicamente por 119 días, a pesar que la empresa demandada solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo, por otro lado el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador; asimismo argumentaron que la empresa demandada estaba obligada a notificar a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que la Secretaria de Estado hubiese recibido el respectivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que, jurídicamente, los trabajadores continuaban suspendidos; a pesar que HONDUTEL no hizo los llamamiento a que la Ley le obligaba, transcurrido el término de la suspensión, el 05 de febrero del 2015 los demandantes se presentaron al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Es sabido que durante cualquier modalidad de suspensión del contrato de trabajo ni el patrono y ni el trabajador pueden ejercer acciones respecto al contrato; ni el patrono puede despedir, ni el trabajador puede darse por despedido. Si no hay reanudación, la suspensión no ha finalizado, pero en este caso encontrándose aún suspendidos los trabajadores, HONDUTEL decide dar por terminados sus contratos de trabajo. El patrono no los restituyó una vez transcurridos los 120 días de la suspensión, sino que incontinenti procedió a despedirlas, como si se tratara de una continuación de la suspensión; por lo que se dieron las terminaciones sin causa de las relaciones laborales se producen en franca violación al Artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH y a los Artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos; y que además de que las causas invocadas no existieron, la demandada ha realizado un acoso constante a los trabajadores, despidiéndolos en reiteradas ocasiones, violentando el derecho al trabajo y a la dignidad como seres humanos; y que les adeuda el aguinaldo proporcional del año 2014, así como a otros el pago de bonificaciones de vacaciones y de horas extras ordinarias y días festivos; es por ello que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, y al no haberse llegado a ningún arreglo, se dio por agotado el reclamo administrativo.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la empresa, el 07 de octubre del 2014, invocando lo instituido en los artículos: 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre del 2014, por el termino de 120 días, es decir, hasta el día 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero del 2015 y que dentro del personal suspendido se encontraban los demandante; alegó que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los 2 últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo entre otras la reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empres no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; en vista de que la empresa no pudo ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, esto derivó en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos; en virtud de ello el 10 de octubre del dos 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, Hondutel, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la empresa, solicitud esta que a la fecha todavía se encontraba pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos; posteriormente el tres de febrero del 2005, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, se presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos; por lo que habiendo transcurrido el termino de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión al demandante, el 05 de febrero del 2015 Hondutel, notificó al demandante la decisión de dar por terminado su contrato individual del trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, y que durante el período de suspensión pagó a la demandante, la indemnización equivalente a 30 días de su salario, por no haberle dado el aviso de suspensión de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, con treinta (30) días de suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de representante procesal de los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LILIAN NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, condenó a la empresa demandante a reintegrar a los demandantes al puesto de trabajo, reconociendo bono y goce de vacaciones periodo 2013-2014 para el señor Santos Martin Aguilar Portillo treinta (30) días de vacaciones bonificación y el pago del 28% de recargo sobre el sueldo que ascienda a la cantidad de L.43,003.59; a Alba marina Cartagena Lagos veintisiete (27) días de bono de vacaciones; Kelvin Omar Álvarez veintiséis (26) días de goce vacaciones; Laura Angélica Aguilar Veintisiete (27) días de goce vacaciones; y a Yelson Fernando Domínguez veintiséis (26) días de goce de vacaciones; y en relación a Lilian Nohelia Andino Erazo se le adeuda la cantidad de L. 6,049.99 en concepto de horas extras, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, a pagar los conceptos de bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de la privatización de la empresa; asimismo, al señor Santos Martin Aguilar Portillo y Lilian Nohelia Andino Erazo el pago de feriados 2013-2014, Helaine Marietery Agüero Sierra el pago de vacaciones del período 2013-2014, Laura Angélica Aguilar Castillo pago días compensatorios del 2013-2014, Alba Marina Cartagena Lagos el vacaciones 2014-2015; y absolvió a la empresa demandada, a pagar a los demandantes dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que en el caso sub judice ocurrió una suspensión del contrato de trabajo por 120 días como ya se expresó anteriormente, que producto de la suspensión conlleva la terminación de la relación de trabajo aduciendo que las causas persisten, es oportuno acotar que mediante Informe la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad social la resolución se emitió en fecha 27 de octubre del 2015, 8 meses después de operar el despido, lo cual se puede apreciar que dicha terminación operó antes que la entidad precitada Secretaría se pronunciara declarando con o sin lugar de dichas suspensiones; conllevando esto a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en el artículo 102 del Código del Trabajo; que es por los argumentos antes expuestos que está suscrita es del convencimiento que debe declararse con lugar la demanda de merito, en vista que los demandantes han probado de manera irrefutable el despido ilegal e injusto de que fue objeto por su empleador, conllevando al reintegro al puesto de trabajo de los demandantes desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo y a titulo de daños los salarios dejados de percibir desde que opero la terminación hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo así como los beneficios que se otorgaron a otros empleados por la contratación colectiva; que los demandantes dentro de sus pretensiones solicitan el goce de vacaciones adeudadas, bonificación de vacaciones y horas extras adeudadas, extremo que fue acreditado que se les deben a los demandantes por su orden al señor Santos Martin Aguilar Portillo treinta (30) días de vacaciones bonificación y el pago del 28% de recargo sobre el sueldo que ascienda a la cantidad de L.43,003.59; a Alba marina Cartagena Lagos veintisiete (27) días de bono de vacaciones; Kelvin Omar Álvarez veintiséis (26) días de goce vacaciones; Laura Angélica Aguilar Veintisiete (27) días de goce vacaciones; y a Yelson Fernando Domínguez veintiséis (26) días de goce de vacaciones; y en relación a Lilian Nohelia Andino Erazo se le adeuda la cantidad de L. 6,049.99 en concepto de Horas extras (ver folio 278); lo cual es oportuno declarar con lugar estas pretensiones en relación a los demandantes ya antes relacionados; que los demandantes solicitan el pago de derechos como ser pago de bono utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y de privatización de la empresa; lo que cabe explicar que dichas pretensiones no fueron objeto de prueba en el presente juicio lo cual imposibilita a esta Juzgadora el otorgamiento de dichas pretensiones; siendo oportuno declarar sin lugar las mismas.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 18 de abril del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que esta probado en autos que la fecha de despido fue el 05 de febrero de 2015, y es hasta el 27 de octubre de 2015, que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución Numero 132-2015, declaró con lugar la solicitud de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos, misma que fue objeto de recursos de reposición y nulidad absoluta de actuaciones administrativas, recursos que no han sido resueltos; por lo que al no estar acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo en la fecha de despido, no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que efectivamente los demandantes han sido despedidos de manera injusta e ilegal.- 5.- Mediante auto de fecha 07 de junio del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 09 de agosto del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto de 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de septiembre del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que los demandantes emplazaron al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código del Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez, continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CI. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “…Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”; por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8, 114, 117, 97 y 98 del Código del Trabajo, entre otros; c) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio el cual en la explicación del cargo la Recurrente invoca; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 241, 242, 249, 250, 254, 255, 259, 260, 264, 265, 270, 271; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 272-279, TODOS DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 241, 242, 249, 250, 254, 255, 259, 260, 264, 265, 270, 271; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 272-279, TODOS DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 241, 242, 249, 250, 254, 255, 259, 260, 264, 265, 270, 271; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: estados financieros de HONDUTEL, que corre agregado a folios 221-228, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI.- Que la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en el tercer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar al trabajador los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagarán desde la en que incurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se revela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) formula alegatos propios de instancia.- VIII. Que la Censora alega primera nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem, busca la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 234 y 235, con el que rio solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, si no que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los señores SANTOS MARTIN AGUILAR PORTILLO, KELVIN OMAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, HELAINE NOHELIA ANDINO ERAZO, HELAINE MARITERY AGÜERO SIERRA, LAURA ANGÉLICA AGUILAR CASTILLO, ALBA MARINA CARTAGENA LAGOS, OSCAR ARMANDO COELLO IRÍAS y YELSON FERNANDO DOMÍNGUEZ, a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha diecisiete (17) de enero del dos mil diecisiete (2017), el ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que los demandantes fundamentan su acción y de los hechos en que los demandantes fundamentan su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que la Censora alega segunda nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenté la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso subjúdice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar las dos nulidades alegadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR las dos nulidades subsidiarias presentadas 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 262-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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