Sentencia CL-261-17 — Registro 8384
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar parcialmente el recurso de apelacion de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales con reajuste salarial retroactivo y al amparo del precepto constitucional de a trabajo igual corresponde salario igual, todo en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados retroactivamente, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 127 de la Constitución de la República) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) que la infracción directa se realiza con prescindencia del haz probatorio y no necesita señalar normas procesales."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA; además, es parte recurrida EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales con reajuste salarial retroactivo y al amparo del precepto constitucional de a trabajo igual corresponde salario igual, todo en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados retroactivamente, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del año dos mil quince por el señor ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO, ahora conocido como ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio, por acciones realizadas en la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló reformando la sentencia de fecha treinta y uno de enero del diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS; 2) REFORMAR la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO el cual deberá leerse de la siguiente manera: “TERCERO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a pagar al trabajador ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO también conocido como ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA la cantidad de por los conceptos siguientes: PREAVISO Lps. 18,433.34, AUXILIO DE CESANTIA Lps. 36,866.68, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL Lps. 6,144.60, VACACIONES PROPORCIONALES Lps. 2,021.58, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL Lps. 768.08, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Lps. 5,376.53, SALARIOS ADEUDADOS Lps. 23,700.00; haciendo un total de NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 93,310.81”.- 3) CONFIRMAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO de la sentencia apelada; todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES CON REAJUSTE SALARIAL RETROACTIVO Y AL AMPARO DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL, TODO EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS RETROACTIVAMENTE, COSTAS DEL JUICIO, promovido por el señor ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO conocido también como ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- 4) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que su la relación laboral para la demandada el 1 de junio del año 2010, desempeñando el puesto de Asesor Legal, devengando un salario de Lps. 7,900.00, valor por debajo del Arancel del Colegio de Abogados que es de Lps. 21,000.00. Argumentó que en fecha 1 de febrero del año 2015, se le notifico del despido de su puesto de trabajo por la institución demandada antes descrita, dicho despido no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 112 del Código del Trabajo y viola los artículo 127, 129 y 134 de la Constitución de la República relacionado dicha normativa con los artículo 1, 20, 113 y 117 del Código del Trabajo, así mismo señala el demandante que ante el despido de que fue objeto, interpuso el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en fecha 18 de marzo del año 2015 en donde se señalo audiencia de conciliación para el día 9 de abril del mismo año agotándose con ello el trámite administrativo correspondiente.-2. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando rechazando el cargo que aduce desempeñar en esa fecha de Asesor Legal, el demandante fue contratado para servicios de Bodega de Puentes Modulares de la Dirección General de Carretera de dicha Secretaría, no obstante, por razones administrativas se instalo por periodo corto de tiempo en el lugar en que se ubica la Dirección Legal de la institución en referencia, tiempo en el cual del demandante no contaba con el título de abogado, no existiendo documentación alguna de que el mismo haya sido nombrado como asesor legal, que de ser así, no sería contratado mediante el sistema de jornal pagado por planilla como fueron contratados los servicios del demandante, ya que el documento de solicitud de cesantía refiere ser pagado mediante el sistema de jornal, planilla No. 06; señala a su vez la parte demandada que la nota de fecha 4 de febrero del 2015, comunica al demandante la determinación de prescindir de sus servicios profesionales a partir del 1 de febrero del año 2015, se origina como resultado de lo solicitado y autorizado por el demandante en la solicitud de la cesantía de la fecha 30 de enero de año 2015, no ostentando el cargo de asesor legal de la dirección de Carretera, al no ser derecho no se encontraba en el arancel del profesional del derecho. También manifestó el demandado que el arancel regula cliente profesional consistente en aplicable al caso, en vista que lo laboral entre el demandante y la los Despachos de Infraestructura y lo que se paga es un salario a dicha prestación de servicios, así mismo sostuvo la demandada que el Arancel del Profesional del derecho no es ley a efecto de que se proceda a su aplicación, finalmente estableció la demandada que a su representado no le asiste obligación alguna para con el demandante, en vista de la finalización de la relación laboral de prestación de servicios profesionales no fue otra más que el resultado de la solicitud de cesantía que hiciera el demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ESDRAS RAFAEL OCHOA ROMERO, ahora conocido como ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA contra EL ESTADO DE HONDURAS, bajo el criterio que el demandante se desempeñaba funcionalmente como Profesional del Derecho, sin embargo la normativa que alude la parte demandante a efecto de solicitar el reajuste salarial a Lps. 21,000.00 (salario mínimo del profesional del derecho según el demandante) específicamente el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, ha sido anulada mediante sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha 27 de noviembre del año 2009, confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de enero del 2011 y declarado sin lugar el recurso de casación por parte de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 19 de febrero del año 2013, por lo que este precepto al ser anulado no es parte de nuestro ordenamiento jurídico y no siendo factible su aplicación. El demandante a referido la igual de oportunidades y de trato de empleo, sin embargo con la prueba aportada tanto de la parte demandante como la demandada esta juzgadora se ve imposibilitada de efectuar una comparación entre el salario que devengaba el demandante con respecto a sus compañeros de trabajo que ejercen la misma labor, para determinar si este, es totalmente injusto y fraudulento, al no ser acorde con la labor desempeñada, en consecuencia de ello no procede el amparo de la Garantía Constitucional igual trabajo igual salario, plasmada en su artículo 128, ya que como se reitera para ser uso de este precepto debe acreditarse en el proceso que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales, extremos que no se han comprobado en el proceso que nos ocupa, por lo que no deviene el reajuste salarial solicitado por la parte demandante. Si bien es cierto, se ha comprobado en el proceso que solicito su cesantía en fecha 30 de enero del año 2015, por lo que en vista de ello su terminación laboral no se debió a un despido injusto e ilegal, sino a la cesantía solicitada por el mismo demandante, no es menos cierto que corre agregado en autos como medio de prueba la nota de fecha 4 de febrero del año 2015 (f.19) en donde el Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos ofrece al demandante el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos, en razón a dicha cesantía, es por ello que en virtud de tal ofrecimiento de pago de las prestaciones laborales al demandante es que se constituye un derecho adquirido para el mismo, no existiendo discusión alguna en cuanto a lo referido, debiendo realizarse el pago desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta su terminación en fecha 1 de febrero del año 2015, de igual forma los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la firmeza del presente fallo, en vista de que el pago de las prestaciones laborales ofrecidas no debe de tener ningún tipo de acondicionamiento para su cobro, y por la actitud de la institución de no cumplir el ofrecimiento referido, por lo que esta juzgadora no toma en consideración lo estipulado por la parte demandada de que el demandante no ha realizado tramite de prestaciones.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la renuncia es el acto jurídico unilateral mediante el cual el trabajador rompe el contrato de trabajo, y es a partir de ese momento que se entendería terminado el vínculo laboral y tendría derecho al pago sus derechos adquiridos y salarios que se le adeuden a la fecha de la renuncia y siendo que consta en autos, que el demandante dio por terminada la relación laboral por solicitud de cesantía; Solicitud que le fuera resuelta por su patrono el 4 de febrero de 2015, es decir al operar la figura jurídica de la renuncia, solo corresponde el pago de los derechos adquiridos, pero su patrono también le reconoce el pago de sus prestaciones laborales; por lo tanto estando debidamente acreditado en autos que la relación laboral terminó por decisión del trabajador y no por un despido injustificado e ilegal, y habiendo aceptado el patrono pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, no procede el pago de los salarios dejados de percibir como indemnización por daños y perjuicios, ya que lo que opero fue una renuncia y no un despido, y este concepto de salarios dejados de percibir solo procede cuando ha operado un despido injustificado.- 5. Mediante auto de fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por parte de la abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HODNURAS, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva de orden nacional por violación directa por la falta de aplicación de la norma sustantiva establecida en el artículo 127 de la Constitución de la República en cuanto al derecho a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva violentada a causa de su inaplicación es la establecida en el Artículo 127 de la Constitución de la República en cuanto al derecho a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO Dispone la Doctrina, que la falta de aplicación de un precepto constituye la infracción directa típica por haberlo ignorado el sentenciador o por no haberle reconocido validez. La violación se presenta porque se deja de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo, o se le da aplicación indebida o se le da aplicación no siendo el caso de hacerlo, o se le da aplicación no habiendo lugar a ello. Asimismo puede haber infracción directa cuando se aplica una norma pero en forma incompleta o se niega un derecho claramente consagrado por ella, o porque se aplica a un hecho inexistente no demostrado en el proceso. La norma establecida en el artículo 127 de la Constitución de la República que literalmente dice “Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” es de carácter sustantivo ya que genera un derecho a favor del trabajador, en el presente caso, a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, por consiguiente aplicable al criterio de sustantividad impartido por esta Corte Suprema de Justicia. La violación a esta norma por parte del Ad-quem se da cuando este se rebela, y deja de aplicar la norma al caso concreto, puesto que está acreditado en autos a folios 23, 27, 40 y 41 de la primera pieza, que el demandante realizó actos de procuración en representación de la Secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, y que ante esta situación, se mantuvo el salario de L 7,900.00, decisión del patrono que violenta de forma directa el derecho que este tiene a gozar de las mismas condiciones salariales que aquellos Abogados que realizan la misma actividad. Este motivo es suficiente para la prosperidad del presente recurso.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 127 de la Constitución de la República) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) que la infracción directa se realiza con prescindencia del haz probatorio y no necesita señalar normas procesales.- IV. Que la Censora alega nulidad subsidiaria: “En el caso que los motivos de casación no sean considerados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, interpongo nulidad subsidiaria del fallo recurrido en virtud de lo siguiente: PRIMERO. Que mi representado promovió juicio contra el Estado de Honduras por discriminación en el goce del salario mínimo de los Profesionales del Derecho. SEGUNDO. Que en el juicio de discriminación laboral como el presente, el que argumenta haber sido objeto de este tipo de situaciones debe acreditar los indicios en que se sustenta y la parte demandada, en este caso el patrono, deberá acreditar que ha procedido con apego al deber de igualdad de trabajo, es decir, que en tal situación no ha discriminado al demandante al haberle reconocido el salario correspondiente a las labores que desempeñaba y no a la inversa como lo impone ese razonamiento equivocado, donde el A-quem revierte la carga dinámica de la prueba en el trabajador. TERCERO. Que este Tribunal en la sentencia dictada el 27 de julio de 2011, en el expediente SL 326-09, estableció el criterio de que “ante ¡a invocación de una causa de discriminación por parte del trabajador, es el empresario o patrono que debe asumir la carga de probar los hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, por el denunciante debe de acompañar un indicio factico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir las presunciones probando que existe causa justificada suficiente. CUARTO. En virtud de la inversión de la carga probatoria en perjuicio de mi representado, la sentencia contiene defectos procesales que afectan directamente el resultado del fallo, desprotegiendo a mi representado de la norma constitucional que garantiza condiciones satisfactorias de empleo, impidiéndole el acceso al examen de los demás puestos de trabajo con similares funciones y condenando al trabajador a probar hechos que no le corresponden, a contrario sensu, al haber el demandante acreditado que no devengaba un salario igual que los demás Abogados, cumple con el requisito de exhibir el indicio de discriminación, y la parte demandada debió, acreditar en juicio que al demandante no se le paga el mismo salario por circunstancias especiales, condición que no se dio en el presente caso y que impulso al Ad-quem a excluir a mi representado del goce de condiciones laborales equitativas y satisfactorias. En virtud de lo anterior pido, que de no prosperar el motivo de casación invocado, se anule la sentencia recurrida y se ordene a la Corte de Apelaciones del Trabajo emitir un nuevo fallo conforme a los resultados de la prueba aportada por las partes en estricto apego a la carga probatoria que a cada parte le corresponde.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 261-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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