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Sentencia CL-260-17 — Registro 8383

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido presunto, caso contrario se declare ilegal e injusto, desproporcionado, discriminatorio y AD NUTUM y se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, con el reconocimiento de los beneficios otorgados por el contrato colectivo y con el reembolso de gastos médicos en que se haya incurrido por no percibir los servicios del IHSS, indemnización por daños operados en el INJUPEMP con ocasión de la afectación de las aportaciones, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso, determinando de conformidad a su libre convencimiento lo que corresponde.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA); como recurrente las señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ; KAREN IVETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ, representadas en juicio por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido presunto, caso contrario se declare ilegal e injusto, desproporcionado, discriminatorio y AD NUTUM y se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, con el reconocimiento de los beneficios otorgados por el contrato colectivo y con el reembolso de gastos médicos en que se haya incurrido por no percibir los servicios del IHSS, indemnización por daños operados en el INJUPEMP con ocasión de la afectación de las aportaciones, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, por las señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público; con domicilio en Residencial Francisco Morazán, bloque 39, casa 23; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ, casada, Secretaria Ejecutiva, con dirección en Residencial Plaza, segunda etapa, bloque 83, casa 4510; KAREN IVETH BARAHONA VALDES, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en la Colonia Francisco Morazán, bloque 6, casa 02; ANA LETICIA MORALES MENDEZ, soltera, Bachiller en Administración de Empresas, con domicilio en la Colonia Brisas de Olancho, bloque 25, casa 3, NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ, casada, Licenciada en Informática, con domicilio en Altos de las Hadas, bloque 13; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA, casada, Perito Mercantil y Contador Público, con dirección en carretera al Sur, Germania km 10, contiguo al desvió de Santa Rosa; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras y Técnico en Computación, con domicilio en la Residencial Lomas de San José, II etapa, bloque b, casa 4 y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ, soltera, Técnico en Mercadotecnia, con dirección en la Colonia Lomas del Sur, bloque 18, casa 9, todos mayores de edad, hondureños, y este domicilio, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Presidente del Directorio de Especialistas, señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, quien es mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO SE ORDENA EL REINTEGRO AL TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, CON EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL CONTRATO COLECTIVO; instaurada por las Señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ; KAREN IVETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES a lo siguiente: a) Reintegrar a las Señoras SANDRA JAMILETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían a! momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral; instaurada por las Señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ; KAREN IVETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ para el pago de reembolso de gastos médicos e Indemnización por daños operados en el INJUPEMP; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES. IV.- ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) a través de su Director Presidente del Directorio de Especialistas y Representante Legal el Señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES pagar a las Señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ; KAREN IVETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ dichos conceptos. V. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes en el escrito de su acción expresaron que iniciaron su relación laboral con el INPREMA de la manera siguiente manera: SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ, a partir del 01 de agosto de 2009, en el puesto de Auxiliar de Cobros del Departamento de Cobros, siendo ascendida a partir del 16 de febrero de 2011, mediante Acuerdo No. 013-2011, al cargo de Oficial de Cobros en el mismo Departamento y devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 9,796.54 y en el momento del despido se encontraba recibiendo rehabilitación en el IHSS en el periodo comprendido del 29 de octubre al 26 de noviembre de 2014, en un horario de 1:30 pm, por lo que contaba con permiso especial en el que se les dieron 30 minutos para almorzar (de 12:30 a 1:00PM) y a la 1:00pm debía trasladarse del INPREMA al IHSS; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ, el 25 de Junio de 1993, en el puesto de Secretaria I del Departamento de Asesoría Legal, siendo posteriormente ascendida Secretaria II en el Departamento de Cobros y devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 19,154.97, al momento del despido gozaba de incapacidades médicas el 05 de diciembre de 2014, por 1 día, el 08 de diciembre de 2014, por 3 días y el 11 de diciembre de 2014, por 3 días con un diagnóstico S.D.A (Síndrome diarreico agudo y Estomatitis dolor agudo e inflamación dificultad a la apertura); KAREN IVETH BARAHONA VALDES, el 02 de junio de 1995, como Auxiliar de Cartera, siendo posteriormente ascendida a partir del 16 de febrero de 2011, mediante acuerdo No. 007-2011, al puesto de Oficial de Cobros en el mismo Departamento de Cobros, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 17,377.86; ANA LETICIA MORALES MENDEZ, el 01 de marzo de 2007, mediante Acuerdo 033-07, en el puesto de Auxiliar de Cobros del Departamento de Cobros siendo ascendida a partir del 16 de febrero de 2011, mediante Acuerdo 009-2011 al puesto de Oficial de Cobros en el mismo Departamento, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 9,831.72; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ, el 01 de julio de 1997, en el puesto de Programador de la División de Operaciones, siendo posteriormente ascendida al puesto de Administradora de Redes y Comunicaciones siempre del mismo Departamento, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 33,636.71, el Jefe de Informática le quitó todas las funciones de su puesto sin notificarle nada por escrito previo al despido; MARIA JOSFFA ORTIZ PEREIRA, el 12 de agosto de 1996, en el puesto de Auxiliar de Cartera, siendo posteriormente ascendida, el 01 de junio de 2006, al puesto de Supervisora de Cartera en el Departamento de Cartera, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 31,373.28; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES, el 02 de noviembre de 2006, en el puesto de Auxiliar de Archivo en el Departamento de Cartera, habiendo sido trasladada a partir del 16 de abril de 2011, mediante Acuerdo No. 042-2011, al cargo de Auxiliar de Cartera, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 9,432.12; y, PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ, el 01 de agosto del 2003, en el puesto de Auxiliar de Préstamos en el Departamento de Préstamos mediante contrato por tiempo definido siendo posteriormente nombrada mediante Acuerdo No. 060-05 efectivo a partir del 01 de septiembre de 2005, devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 12,156.14. Salvo BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ, que fue despedida el 15 de diciembre de 2014, las demás fueron despedidas mediante nota de fecha 05 de diciembre de 2014. La causa de despido invocada es que “usted el día martes 11 de noviembre del 2014 abandonó en horas laborables y sin permiso del patrono, es decir abandonó su puesto de trabajo sin permiso autorizado para trasladarse al parqueo de esta institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa, tal como lo reconoció y confesó el Presidente y Secretario General del SITRAINPREMA, misma que igualmente no había sido autorizada por esta Institución y que es constitutiva de suspensión intempestiva de labores, y que quedó acreditada y constatada fehacientemente ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social, mediante acta correspondiente de esa misma fecha levantada por una inspectora de trabajo”. En el caso de autos, cuando se levantó el acta de constatación del supuesto abandono, las demandantes se encontraban en el centro de trabajo, no obstante, dicha acta no se levantó en su presencia o la de su Abogado y por ende no aparece su firma (indefensión). El reconocimiento de parte del Presidente y Secretario General del SITRAINPREMA de una supuesta suspensión no compromete a ningún trabajador en particular porque su declaración no fue rendida ante un juez competente, a estas no se les puede acusar de abandono del puesto de trabajo, porque tanto el día 11 de noviembre del 2014, como los siguientes hasta el despido marcaron a la hora de entrada y salida del trabajo. También se les imputa como causal el haber participado en una supuesta suspensión colectiva del trabajo, al supuestamente participar en una Asamblea Informativa, de manera que será la demandada quien pruebe, que antes de despedir a las demandantes obtuvo la declaratoria de ilegalidad de la supuesta suspensión por parte del Ministerio del Trabajo, los trabajadores de la demandada, especialmente las mujeres y su sindicato tuvieron justa causa para celebrar su Asamblea Informativa, que la supuesta suspensión no fue la lex motiv del presunto despido, pues desde que el Directorio de Especialistas asumió el poder bajo la asesoría del Abogado Luis Alberto Rovelo, se inició la persecución y acoso laboral especialmente contra las mujeres trabajadoras, contra su honor, contra su dignidad humana. Que se resumen así: a) Exigirles laborar más allá de la jornada máxima legal sin pago de trabajo extraordinario, violando la Cláusula 20 del Contrato Colectivo; b) Exigirles trabajo extraordinario sin el consentimiento, violando la Cláusula 19 del Contrato Colectivo; c) Exigirles trabajo los sábados y domingos ininterrumpidamente, sin observar el derecho al descanso semanal que ordena el Artículo 338 del Código del Trabajo; d) Cambio arbitrario de horario de trabajo; e) Negación del periodo de lactancia violando Cláusula 31 del Contrato Colectivo; f) Incumplimiento de la Cláusula 35 del Contrato Colectivo referente al costo de los exámenes de la vista; g) Negativa a otorgar el transporte o reembolsar los gastos violando la Cláusula 50 del Contrato Colectivo; h) Violación de la Cláusula 34 del Contrato Colectivo al no reconocer los gastos por asistencia médica y quirúrgica; i) Violación de la Cláusula 41 del Contrato Colectivo al negarse a otorgar los gastos funerarios del cónyuge; j) Negativa a darle cumplimiento a la Cláusula 52 del contrato colectivo en cuanto a otorgar el incremento salarial del 6.5%; y, k) La negativa reiterada del Directorio de Especialistas a recibir a los dirigentes del SITRAINPREMA, con lo cual rompieron el diálogo y toda comunicación. La conducta del patrono obligó a recurrir a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social donde le han sido impuestas sanciones por el acoso laboral. Como se puede ver, alegando las demandantes encontrarse ante un despido discriminatorio; primero porque al igual que el presente caso, fueron despedidos otros 125 trabajadores más y de ellos fueron reintegrados 54 (según Acta de fecha 13 de enero de 2015 que se acompaña), lo que evidencia un tratamiento desigual y discriminatorio y que INPREMA ha reconocido su acción desproporcionada y ha pretendido enmendar su error reinstalándolos. Donde hay igual razón, deberá aplicarse la misma disposición, actuar de otra manera violenta el artículo 1 literal a) y b) del Convenio 111 de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de noviembre del 2014, las demandantes junto con varios compañeros abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores por lo que se procedió a levantar un acta de inspección a través de una Inspectora del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores su derecho constitucional de defensa. Posteriormente, se convocó a las demandantes a una audiencia de descargos, misma que se celebraron en fechas 24, 26 de noviembre y 03 de diciembre del 2014, en las oficinas de recursos humanos de la demandada. A las demandantes se les sancionó, puesto que cuando suspendieron intempestivamente las labores no hubo quien pudiera atender algunos maestros afiliados; porque si bien es cierto, la misma se celebró en el centro de trabajo, no es menos cierto que fue en las horas de trabajo y, si bien como lo establece el SITRAINPREMA, la asamblea informativa puede ser realizada dentro de la jornada de trabajo, pero avisando por lo menos 48 horas antes y dejando el personal mínimo para continuar con sus labores diarias; sin embargo, al no darse ninguna de los actos previos, la misma se convierte en un abandono de puesto de trabajo y en una suspensión intempestiva de labores.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL Y DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA EN CUANTO AL PAGO DE REEMBOLSO; promovida por las señoras SANDRA JAMILETH AGUILERA SANCHEZ; BELKIN YAMILETH MEJIA MARTINEZ; KAREN IVETH BARAHONA VALDES; ANA LETICIA MORALES MENDEZ; NANCY EUNICE VALLADARES GONZALEZ; MARIA JOSEFA ORTIZ PEREIRA; SHERLIE JULISSA ORTIZ CANALES y PATRICIA ISABEL HERRERA ORDOÑEZ, contra el INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), sin costas, bajo el criterio que del análisis de los medios de prueba aportados al proceso se llega a la conclusión que la parte demandada no probó el abandono de labores alegado, ya que las demandantes asistieron a su trabajo el día 11 de noviembre de 2014, en el cual marcaron su entrada como salida; de igual forma no se le dio cumplimiento a lo que establece el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución demandada; de tal manera que la medida disciplinaria aplicada es totalmente desproporcionad a la falta. En vista de las consideraciones legales anteriores la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndoles el derecho a ser reintegradas a sus puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de las demandantes.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que es un hecho probado la relación de trabajo que existió entre demandado y demandantes, el cual no es controvertido por ser reconocido por la parte demandada en el libelo de la contestación de la demanda. Que el empleado dio por terminada la relación laboral a cada una de las demandantes por la misma causa, siendo esta: “por abandono de su puesto de trabajo en horas laborables y sin justa causa el día 11 de noviembre del 2014”, sin permiso del patrono para asistir a una asamblea informativa que fue convocada por la Junta Directiva del SITRAINPREMA, suspensión de labores que quedó acreditada en una Acta del Inspector del Trabajo correspondiente, ver folios del 21 al 24 de primera pieza. Con el medio de prueba documental (Acta de Acuerdo Conciliatorio) el Directorio de Especialistas reintegro a 52 trabajadores y a otros les ofreció el pago de prestaciones que fueron despidos por iguales motivos que los demandantes; con esta actitud el empleador desvaneció negó la existencia de la causal que utiliza en el inicio para dar por terminada la relación laboral de los demandantes.- Pues además no acreditó que el abandono haya alcanzado el término de dos días consecutivos en sus puestos de trabajo, por lo que evidencia que la sanción no respondió a fundamentos legales del artículo 112 del Código del Trabajo, sino a una acción subjetiva incurriendo en la violación de la norma contenida en el artículo 96.3 de ese mismo ordenamiento legal que establece “se prohíbe a los patronos:... despedir o perjudicar en alguna forma a sus trabajadores a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales licitas”. Que es lo ocurrido en el caso de estudio que el empleador en una medida disciplinaria desproporcionada en relación a los preceptos legales, Constitución de la República y Convenios Internacionales que protegen la Libertad Sindical y su participación lícita en actividades de la vida de su Organización, sean despedidas de sus puestos de trabajo sin agotar el orden de la sanción establecida en el Reglamento Interno del Centro de Trabajo.- En consecuencia, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial está apegada a derecho.- 5. Mediante auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIOIAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha once de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del NSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del 1NPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores..., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente se aprecié tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso, determinando de conformidad a su libre convencimiento lo que corresponde.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 260-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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