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Sentencia CL-259-17 — Registro 8382

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin justa causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el Reintegro de mis representados a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones con: A) El pago de los salarios dejados de percibir a título de Indemnización de Daños y perjuicios; B) Pago de Bono de utilidades estudiantil; C) Reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos; D) Pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa; E) Pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; F) Goce de vacaciones adeudadas; G) Indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada contiene párrafos y numerales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; b) en la explicación del cargo hace referencia a que se aplicó indebidamente el artículo 112 del Código del Trabajo; sin embargo, dicha norma ha sido citada como relacionada en la formulación del mismo y no como infringida, provocando falta de claridad y precisión al motivo; c) hace referencia a normativa no citada en la formulación tal es el caso de los artículos 11, 114 y 117 todos del Código del Trabajo; y d) formula alegaciones propias de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) confusamente el Impetrante alega la falta de apreciación de determinada prueba, pero al mismo tiempo establece que el medio de prueba fue interpretado erróneamente, es decir, que si se apreció, faltando claridad y precisión al cargo expuesto; b) no demuestra el error de hecho evidente por parte del Juzgador, que confrontado en el fallo pueda hacer que prospere el motivo; c) hace referencia a normativa no citada en la formulación tal es el caso del artículo 100 del Código del Trabajo.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada contiene párrafos y numerales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; y b) formula alegaciones propias de instancia. Es preciso indicar al Recurrente, que el computo de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios que correspondan al trabajador por el despido ilegal e injustificado, será calculado desde la ruptura de la relación hasta que quede firme el fallo, cuando la pretensión sea el pago de prestaciones, sin embargo en el caso que el trabajador invoque el reintegro como derecho constitucional alternativo que se le otorga, el cálculo se realizara desde la ruptura o despido hasta que el trabajador sea efectivamente reintegrado a su puesto de trabajo o a otro cargo de similar o mejor condición."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); además, son parte recurrida la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para la Justificación de una terminación sin justa causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el Reintegro de mis representados a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones con: A) El pago de los salarios dejados de percibir a título de Indemnización de Daños y perjuicios; B) Pago de Bono de utilidades estudiantil; C) Reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos; D) Pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa; E) Pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; F) Goce de vacaciones adeudadas; G) Indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del año dos mil quince, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON, hondureña, mayor de edad, Perito mercantil y de este domicilio., contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA,. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de abril del mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente literalmente dice: “FALLA: 1).- Declarar CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE BENEFICIOS OTORGADOS A OTROS TRABAJADORES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO COLECTIVO O DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA; PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS POR CUALQUIER CONCEPTO; GOCE DE VACACIONES ADEUDADAS instaurada por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General JESUS MEJÍA ARITA; 11.-CONDENA: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor JESUS MEJIA; A) A reintegrar a su puesto de Trabajo por lo menos en las mismas condiciones antes de operarse el despido a la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON; B) A pagarle los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se hayan generado desde la fecha del despido hasta el Reintegro a su puesto de Trabajo mismo que serán objeto de liquidación ; C) A reconocer 25 días pendientes de goce de vacaciones periodo 2013-2014, a pagar la bonificación de vacaciones periodo 2014-2015, la cual será sujeto a la liquidación que en su momento procesal se efectúe; D) a pagar a la demandante la cantidad de L.749.71 en concepto de 28% sobre el sueldo desde el mes de enero al 8 de octubre de 2014; III.- Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE BONO DE UTILIDADES ESTUDIANTIL; REEMBOLSO DE EVENTUALES GASTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS E INDEMNIZACIÓN POR PRESTAMOS EN LA BANCA PRIVADA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN LA RELACIÓN DE ASEGIJRACIÓN CON INJUPEMP; instaurada por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General JESUS MEJÍA ARITA; IV.-ABSUELVE: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor JESUS MEJIA del pago de las pretensiones arriba señaladas a los demandantes.- y.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para la demandada el 11 de noviembre de 2009, en el puesto de Administrativo III, dependiente de la sección de documentación, pero funcionalmente se desempeñaba como operadora de telecomunicaciones IV, en el Departamento de Call Center 191, devengando un salario de L.8,133.00. El acoso laboral comenzó cuando se le notificó una suspensión de los contratos de trabajo del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, o sea por ciento diecinueve (119) días, pues se debían presentar el 05 de febrero de 2015. Mediante oficio GGH268-20 15, del 05 de febrero de 2015, se notificó, la terminación de la relación laboral invocándosele tres supuestas causales HONDUTEL le notificó al demandante la decisión de dar por terminada la relación laboral invocándole tres supuestas causales, rechazándose las mismas, ya que la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió, de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión del demandante operó exactamente los 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto a la segunda causal de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador. Respecto a la tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respetivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la Ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir, el 05 de febrero del 2015, el demandante se presentó al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndosele impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, y de los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada el 7 de octubre de 2014, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraba el demandante. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días, 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, HONDUTEL siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión al demandante, el 5 de febrero de 2015, HONDUTEL, notificó al demandante la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de sus prestaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que HONDUTEL no ha incurrido en violación de los derechos laborales de la demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), bajo el criterio que si bien es cierto, la parte demandada justifica la terminación de la relación laboral en la suspensión del contrato de trabajo por un término de 120 días debido a la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; causales cuya comprobación fueron iniciadas ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 10 de octubre de 2014; obteniendo en fecha 27 de octubre de 2015, Resolución No. 132-2015 que declara CON LUGAR la misma, salvo excepciones; que del estudioso minucioso de la prueba se puede observar que la suspensión del contrato de la demandante se efectuó a partir del 08 de octubre de 2014, con efectividad hasta el 05 de febrero de 2015, tal como consta en la acción de personal; que una vez concluido dicho plazo; la parte demandada procedió a dar por terminada la relación laboral sostenida con la demandante; ese mismo día 5 de febrero de 2015; encontrándose en suspenso la relación laboral, puesto que no consta en autos que la parte demandada, previo a la notificación del despido haya procedido a reintegrar a la demandante, quien a esa fecha además de encontrarse suspendida su relación laboral se encontraba en estado de gravidez, debido a esa omisión en el procedimiento no se efectuó la comunicación del estado de embarazo a la parte patronal; asimismo, es preciso mencionar que el despido se efectúa de manera arbitraria; ocho meses anteriores a que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo de Seguridad Social, hubiese emitido resolución que autorizara la suspensión de los mismos; en contravención a lo que establece el Artículo 103 del Código de Trabajo, que reza: La reanudación de los trabajos debe notificarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el patrono, sus representantes o causahabientes para el solo efecto de dar por terminados sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que la mencionada entidad recibió el respectivo aviso escrito. El ministerio comunicara la reanudación de los trabajos al sindicato correspondiente, o a los trabajadores. Para facilitar esta notificación, el patrono, sus representantes o causahabientes deberán dar todos los datos pertinentes que se les pida. El ministerio hará uso de cuantos medios tenga a su alcance para hacer del conocimiento de los trabajadores interesados la reanudación de las labores. Si por cualquier motivo el ministerio no logra localizar en el término de tres (3) días, a partir de la fecha en que recibió los datos a que alude el inciso anterior, a uno o más trabajadores, mandará a publicar inmediatamente la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se insertara por tres (3) veces consecutivas en el diario oficial “la gaceta”, y en otro de vasta circulación, y en este caso el término de treinta (30) días comenzará a correr para dichos trabajadores a partir de la fecha de la primera publicación”. Que con base a lo antes expuesto el procedimiento seguido a la demandante en cuanto a la terminación del contrato de trabajo se encuentra viciado de NULIDAD, ya que una vez concluido el término de suspensión la parte demandada no procedió a reanudar la relación laboral; mediante el reintegro de la demandante, hecho que le impidió notificar su estado de gravidez; asimismo, dio por terminada la relación laboral sin la debida autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; por lo que se observa violación al debido proceso establecido en el Código de Trabajo con ello violentando el derecho al trabajo y al derecho de la estabilidad laboral, reconocido como un derecho humano, por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda ordenando el Reintegro de la demandante con el Reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que correspondan.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de abril del mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por la quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba documental el demandante probó la relación laboral que existió entre el empleador y la demandante la cual se inició el 11 de noviembre del 2009, en el puesto de Administrativo III dependiente de la Sección Documentación, devengando un salario de Lps.8, 133.00 mensuales. Que la terminación de la relación laboral, fue acreditada por la parte actora, la cual le fue notificada mediante Oficio GGH-268- 2015, de fecha 05 de mayo del 2015, en la cual la empresa demandada HONDUTEL, le invoca como causal la suspensión del contrato colectivo por término de 120 días a partir del 08 de octubre del 2014 al 4 de febrero del 2015 y la otra causa, por la grave crisis económica, en que HONDUTEL se encuentra, causas que no están tipificadas en el artículo 112 del Código del Trabajo; corno fundamento legal, para dar por terminada la relación laboral, por lo tanto al no justificar la causa el patrono se tiene como despido ilegal, infringiendo con ellos la demandada garantía constitucionales, contenida en el artículo 129; normas internacionales contenidas en el Convenio de la OIT No. 111, que protegen la estabilidad Laboral. Que la parte actora con sus medios de pruebas, probó el despido ilegal que fue objeto del empleador y justificó sus pretensiones reclamadas en juicio menos las pretensiones de: a) pago de bono estudiantil. Reembolso de eventuales gastos de medios y quirúrgicos. Indemnizaciones por daños en la relación de aseguramiento con INJUPEMP por préstamos en la banca privada, por ser conceptos No reconocidos por la Legislación Laboral. En consecuencia, la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial está apegada a los lineamientos que franquean las disposiciones sustantivas y adjetivas que regulan la materia laboral.- 5. Mediante auto de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y una nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante de la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDON, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- 8. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación con el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su p. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible; 8) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su p. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunado a lo anterior, el 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CI. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII contrato colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”, por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2 La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la honorable Corte de Apelaciones violentó directamente LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, en relación con el artículo 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada contiene párrafos y numerales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; b) en la explicación del cargo hace referencia a que se aplicó indebidamente el artículo 112 del Código del Trabajo; sin embargo, dicha norma ha sido citada como relacionada en la formulación del mismo y no como infringida, provocando falta de claridad y precisión al motivo; c) hace referencia a normativa no citada en la formulación tal es el caso de los artículos 11, 114 y 117 todos del Código del Trabajo; y d) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DEL 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 227 Y 228; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 244-251, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) el oficio del 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 228; Y B) Estados Financieros de HONDUTEL, que corre agregado a folios 244-251, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL del 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que e dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) El Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folio 228; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 244-251 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su p. 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) confusamente el Impetrante alega la falta de apreciación de determinada prueba, pero al mismo tiempo establece que el medio de prueba fue interpretado erróneamente, es decir, que si se apreció, faltando claridad y precisión al cargo expuesto; b) no demuestra el error de hecho evidente por parte del Juzgador, que confrontado en el fallo pueda hacer que prospere el motivo; c) hace referencia a normativa no citada en la formulación tal es el caso del artículo 100 del Código del Trabajo.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del articulo 113 en relación con el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar a la trabajadora los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagarán desde la fecha en que ocurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo subexamine, un momento posterior que extiende y amplía las obligaciones que mediante sentencia, se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se rebela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada contiene párrafos y numerales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; y b) formula alegaciones propias de instancia. Es preciso indicar al Recurrente, que el computo de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios que correspondan al trabajador por el despido ilegal e injustificado, será calculado desde la ruptura de la relación hasta que quede firme el fallo, cuando la pretensión sea el pago de prestaciones, sin embargo en el caso que el trabajador invoque el reintegro como derecho constitucional alternativo que se le otorga, el cálculo se realizara desde la ruptura o despido hasta que el trabajador sea efectivamente reintegrado a su puesto de trabajo o a otro cargo de similar o mejor condición.- VIII. El impetrante alega nulidades subsidiarias en las cuales aduce que: “NULIDADES SUBSIDIARIAS SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio del 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 228, con el que no solamente se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación con los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a la señora NELY SUYAPA FIGUEROA ARDÓN a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia el 19 de abril del 2017. El ad quem, al omitir esa motivación, produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante fundamentó su acción, de los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamentó la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 deI Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, siendo que lo argüido por el Censor pudo haber sido invocado mediante un motivo de casación debidamente estructurado conforme a la Ley y a la técnica de éste recurso extraordinario de casación, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable las nulidades alegadas de forma subsidiaria.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar las nulidades solicitadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR LAS NULIDADES solicitadas de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 259-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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