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Sentencia CL-257-17 — Registro 8381

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventualidades gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago y goce de vacaciones adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la Banca privada, más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8, 114, 117, 97 y 98 del Código del Trabajo, entre otros; c) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio el cual en la explicación del cargo la Recurrente invoca; y, d) realiza alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) formula alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, el señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, representado en juicio por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventualidades gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago y goce de vacaciones adeudadas, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la Banca privada, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, por el señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas. II.- CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a Reintegrar a al señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, al puesto de trabajo, reconociendo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva. III. Declarar SIN LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas a pagar: bono de utilidades y estudiantil; pago y goce de vacaciones adeudadas; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto; indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; en consecuencia,. IV.- ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS, bono de utilidades y estudiantil; pago y goce de vacaciones adeudadas; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto; indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; V. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 26 de noviembre de 2009, en el puesto de Agente de Seguridad Interna II, devengando un salario ordinario mensual de L.8,600.00. Que el demandante fue objeto de acoso laboral, mismo que comenzó cuando se le notificó la suspensión de su contrato de trabajo efectivo del 07 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, es decir por un plazo de 120 días pues debía presentarse el 05 de febrero de 2015; contra dicha suspensión se presentó formal Oposición ante la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, misma que a la fecha de interposición de la demanda de merito no ha sido resuelta. Que mediante oficio GGH-265-2015 de fecha 05 de febrero de 2015, Hondutel le notificó al demandante la decisión de dar por terminada la relación laboral invocándole tres supuestas causales, rechazándose las mismas ya que la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión del demandante operó exactamente los 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto a la segunda causal de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador. Respecto a la tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, Hondutel estaba obligado a notificar a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respetivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la Ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir el 05 de febrero del 2015, el demandante se presentó al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndosele impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, y de los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada el 7 de octubre de 2014, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraba el demandante. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014 Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, Hondutel siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión al demandante, el 5 de febrero de 2015 HONDUTEL, notificó al demandante la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de sus prestaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que Hondutel no ha incurrido en violación de los derechos laborales de la demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que Hondutel se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Augusto Bustamante Turcios, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar al demandante al puesto de trabajo, reconociendo el pago de los salarios dejados de percibir incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago del bono de utilidades y estudiantil, pago y goce de vacaciones adeudadas, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; absolviendo a la demandada al pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que en el caso bajo estudio, ocurrió una suspensión del contrato de trabajo por 120 días, que producto de la suspensión conlleva la terminación de la relación de trabajo aduciendo que las causas persisten, es oportuno acotar que mediante Informe la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social manifiesta que se emitió Resolución en fecha 27 de octubre del 2015, lo cual se puede apreciar que dicha terminación operó antes que la entidad precitada se pronunciara declarando con o sin lugar de dichas suspensiones; conllevando esto a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en el artículo 102 del Código del Trabajo. Que de conformidad a lo establecido como causa que motivó el despido dentro de eso encuentra la imposibilidad de Explotar la empresa con un mínimo razonable y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos y es contradictorio entonces por parte de la empresa demandada el cual está acreditado en autos que HONDUTEL suscribió contrato de prestación de servicios de seguridad (ver folio 42 al 44), siendo este aspecto contrario con las causas invocadas para fundamentar la suspensión de los contratos de trabajo y seguido del despido del demandante. Es por los argumentos antes expuestos que es del convencimiento que debe declararse con lugar la demanda de merito, en vista que el demandante ha probado de manera irrefutable el despido ilegal e injusto de que fue objeto por su empleador. Que el demandante solicitó el pago de derechos como ser pago de bono de utilidades y estudiantil, pago y goce de vacaciones adeudadas, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; lo que cabe explicar que dichas pretensiones no fueron objeto de prueba en el presente juicio lo cual imposibilita el otorgamiento de las mismas, siendo procedente declararlas sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el artículo 101 párrafo primero del Código del Trabajo señala que: “La Suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible.”. En el caso de mérito, la parte demandada en el acápite “HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA” en el numeral cuarto señala que HONDUTEL el 10 de octubre de 2014 presentó solicitud ante las autoridades del ministerio del trabajo pidiendo la suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos, por consiguiente, la causal señalada en la nota de despido de fecha 5 de febrero de 2015 (folio 8) es ilegal e injustificada; y además, tampoco probó en autos las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipuladas en los numerales 4), 5) y 15) del artículo 100 del Código del Trabajo. Que está probado en autos que la fecha de despido fue el 5 de febrero de 2015, y es hasta el 27 de octubre de 2015, que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución Número 132-2015, declaró con lugar la solicitud de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos, misma que fue objeto de recursos de reposición y nulidad absoluta de actuaciones administrativas, recursos que no han sido resueltos; por lo que al no estar acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo en la fecha de despido, no cabe duda, que efectivamente el señor Carlos Augusto Bustamante Turcios ha sido despedido de manera injusta e ilegal.- 5. Mediante auto de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación con el 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Segundad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (Art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (Art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (Art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el Art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los Art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, el 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: si bien es cierto que el Art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el Art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los Art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los Art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que el trabajador, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo del demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”, por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el Art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 111 numeral 8, 114, 117, 97 y 98 del Código del Trabajo, entre otros; c) que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio el cual en la explicación del cargo la Recurrente invoca; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 184 Y 185; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 190 AL 197, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) El oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 184 y 185; y B) Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 190 al 197, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) El Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio del 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folio 184 y 185; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 190 al 197 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI.- Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en el tercer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar al trabajador los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagarán desde la en que ocurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se revela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) formula alegatos propios de instancia.- VIII. Que el Censor alega primera nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 184 y 185, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar al señor CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en veintiuno (21) de marzo del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante basó su acción y en los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que el Censor alega segunda nulidad subsidiaria: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamentó la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar las dos nulidades alegadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR las nulidades subsidiarias solicitadas 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 257-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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