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Sentencia CL-252-16 — Registro 8000

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la demandante y se confirma en segunda instancia bajo el criterio que conforme a su duración de la relación laboral y a lo dispuesto en el artículo 46 del Código de la materia, las relaciones de trabajo además de ser por tiempo indefinido pueden también convenirse por tiempo limitado o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que cita como infringidas, los artículos 20, 46 y 47 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter sustantivo conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue; b) en su explicación alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso del artículo 12 del Reglamento de Instructores; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en tres de agosto del año dos mil dieciséis, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); además es parte recurrida, la señora DORIS SUSANA ECHEVERRI REYES, representada en juicio por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, por la señora DORIS SUSANA ECHEVERRI REYES, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Representante Legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida DORIS SUSANA ECHEVERRI REYES, Contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal por la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal por la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ a pagar a la trabajadora demandante la cantidad de CIENTO DIECINUVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS. 119,589.64), distribuidos de la siguiente manera: Preaviso Lps.21,983.73; Auxilio de Cesantía Lps.54,959.33; auxilio de cesantía proporcional Lps.10,442.27; vacaciones proporcionales Lps.5,967.01; Décimo tercer mes proporcional Lps.601.94, décimo cuarto proporcional lps.5,312.74; Salarios adeudados Lps. 20,322.62; Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme la presente Sentencia Condenatoria- 3) DECLARA SIN LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS INTERPUESTO POR EL APODERADO ACTOR. - 4) SIN COSTAS.”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingresó a laborar el 11 de febrero de 2009, como Instructora-docente en el departamento de química industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, impartiendo clases, entre otras, de química medica I y II, química general, química orgánica general y laboratorios, teniendo a la fecha de terminación del contrato, el 23 de enero del 2015, una acumulación de tiempo efectivo de trabajo de 5 años, 11 meses con 13 días y un promedio salarial L.9,138.89. Fue notificada verbalmente de su despido el 23 de enero del 2015 por el jefe del departamento de química el doctor Raúl Gámez Sabillon, quien le manifestó que no se le prorrogaría su contrato como instructora docente para el periodo académico del 2015 y que se presentara a la oficina de personal, el 23 de enero del 2015, siguiendo las instrucciones recibidas la demandante se presento ante la jefa de recursos humanos la señora Alba Ruth Gomez, quien le comunico que no se prorrogaría su contrato. 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que la demandante inicio a laborar el 1 de febrero del 2010, como Instructora para impartir laboratorios de químicas devengando un salario que dependía del número de unidades valorativas asignadas por periodo, y siendo que esta laboraba como Instructora de Laboratorios le es aplicable el Reglamento General de Instructores en el cual en su artículo 1 señala que los “instructores, los estudiantes que mientras cursen sus estudios son seleccionados como colaboradores o auxiliares de la docencia en las labores practicas del laboratorio”, así mismo señala que “aquellas personas que no cumplan con dichos requisitos se les cancelara su contrato de trabajo”, el artículo 12 señala que los “instructores son personal temporal o transitorio ya que su contratación está condicionada a ser estudiante universitarios con índice académico superior, y cursar un número determinado de asignatura entre otros”, de acuerdo a lo anterior y siendo que la demandante ya obtuvo el grado de licenciatura no cumple con el requisito señalado anteriormente. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, la demanda ordinaria laboral promovida por DORIS SUSANA ECHEVERRIA REYES, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, condenando a la misma a pagar la cantidad de de CIENTO DIECINUVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS. 119,589.64); sin lugar el incidente de tachas y sin costas; bajo el criterio que la demandada no aporto al Proceso el Reglamento de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras para establecer si tenía las facultades suficientes para dar por rescindido el contrato de trabajo con la demandante, ya que lo único que quedo establecido en el acta de constatación de despido verbal es que la Jefe de Recursos Humanos de la demandada establece que no le renovaron el contrato a la trabajadora de acuerdo al reglamento de Instructores de la UNAH, ya que una vez que el Instructor se gradúa debe de salir de la figura de Instructor, sin embargo quedo acreditado en autos que la demandante se graduó en agosto del año 2014, y la demandada no le rescindió el contrato de trabajo; y siendo que la demandada acepta que la demandante no se le renovó el contrato de trabajo y el cargo que desempeñaba la demandante en la Institución demandada es un cargo permanente en el cual está siempre tuvo continuidad, nunca se interrumpió la relación laboral; entiende que después al haber varios contratos para la misma actividad, se convirtió en un contrato por tiempo indefinido; por lo tanto la demandada al terminar abruptamente la relación laboral, está obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que conforme a su duración de la relación laboral y a lo dispuesto en el artículo 46 del Código de la materia, las relaciones de trabajo además de ser por tiempo indefinido pueden también convenirse por tiempo limitado o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente a de poner término a la relación de trabajo o para obra o servicios determinados; ello es razonable, pues aun y cuando sea cierta la necesidad de la permanencia de los trabajadores en sus trabajos, la Ley también tiene presente que en ocasiones el patrono además de sus trabajadores de planta, requiere de servicios eventuales de trabajadores por alguna causa extraordinaria y transitoria que se presenta, y para que estos últimos sean lícitos y tengan validez, es necesario que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador, extremo que tiene que acreditarse en juicio, pues no basta que así se estipule en el contrato; en el caso de mérito, no obstante que el vínculo jurídico que unió a las partes en conflicto inició con fundamento en el artículo 1 del Reglamento General de los Instructores, por ser la actora en esa fecha estudiante de la accionada, y que en principio justificaba la naturaleza temporal de dicho nexo, lo cierto es que, después de la obtención de su título universitario, la demandante continuó prestando sus servicios en beneficio y sin objeción de la institución demandada hasta por casi seis meses; de ahí que, dicha relación se enmarca en lo estipulado en los Articulo 47 y 48 del Código del Trabajo, requiriéndose para su desvinculación una causa justa para ello, situación que no ha ocurrido en el presente caso, pues al momento de que la patronal le comunicara el cese, únicamente le expuso que era por la no prorroga de su contrato; razón por la cual no es posible desconocer los derechos que los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo, conceden a los trabajadores subordinados, y por ello, la pretensión del recurrente no resulta atendible. 5. Mediante auto de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha tres de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a mi representada, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto y que le hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 20, 26, 46, 47 y 48 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 303 reformado de la Constitución de la República.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) los acuerdos N° 1345-2014, 2186-2014, 2814-2014, que obran en los folios noventa (90), noventa y uno (91) y noventa y dos (92) de la primera pieza, en su relación con el haz probatorio documental.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a mi representada, evacuado en su oportunidad, en relación a la demás prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto.- En el caso en particular, la demandante fungió como Instructora, al amparo del Reglamento de Instructores, cuyo texto obra agregado a los autos, del folio noventa y tres (93) al folio noventa y cinco (95) de la primera pieza, por una parte, y por la otra, mi representada, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para él solo efecto de cumplir con la beca del Instructor y documentar la relación no laboral sino académica, se veía en la obligación de documentar vía acuerdo la “contrata” temporal de los mismos afectando el renglón presupuestario respectivo del cual proveían a la demandante de un fondo en compensación de su servicio.- El espíritu del Reglamento de Instructores no es el de promover de alumnos empleados, sino el de promover la participación de los alumnos d excelencia académica como coadyuvantes en áreas de su carrera, recibiendo a cambio 1 beneficio de una beca que económicamente les ayude en la culminación de sus es dios.- Sin embargo, para la Corte Sentenciadora, los acuerdos N° 1345-2014, 2186- 14, 2814-2014, que obran en los folios noventa (90), noventa y uno (91) y noventa dos (92) de la primera pieza vienen a ser contratos que por la naturaleza de la prestación devienen en ser considerados por tiempo indefinido.- Honorables Magistrados, la categoría de Instructores, apropiadamente definida en el Artículo 12 del Reglamento de Instructores, establece en primer instancia que la misma debe ser considerada como única, por su condición singular de ser ocupada exclusiva y transitoriamente por aquellos estudiantes del nivel académico superior que se distinguen por sus índices, como coadyuvantes de las labores practicas, de laboratorio, docencia, vinculación universidad- sociedad, que imparten los profesores de dichas asignaturas, en segunda instancia, resulta cierto que algunos de estos laboratorios han siempre formado parte del pensum académico de la carrera en la cual estaba becada la Instructor Doris Susana Echeverri Reyes, y tal cual ella, otros han servido y otros servirán en esta actividad, bajo el amparo del Reglamento de Instructores y a cambio de un fondo beca que es parte del estimulo concedido a un alumno con excelencia académica.- Los acuerdos aportados como medios de prueba documental, fueron apreciados incorrectamente, en primer instancia por parte de la A Quo, y en su caso, la Corte de Apelaciones incurrió en el mismo error al fallar confirmando en todas sus partes la sentencia recurrida.- La documental señalada (que obra en los folios noventa (90), noventa y uno (91) y noventa y dos (92) de la primera pieza), apreciada correctamente, y en su valoración respecto del resto de la prueba documental, como ser el Reglamento de Instructores (folios del noventa y tres (93) al noventa y cinco (95) de la primera pieza), no habría dejado ninguna duda a los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, para declarar con lugar el recurso de apelación, procediendo en autos a reformar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, declarando sin lugar la demanda, y absolviendo a mi representada de cualquier responsabilidad laboral para con la demandante.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que cita como infringidas, los artículos 20, 46 y 47 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter sustantivo conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue; b) en su explicación alude a otras disposiciones no invocadas en su formulación, tal es el caso del artículo 12 del Reglamento de Instructores; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 252-16. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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