Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-247-16 — Registro 7998

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma incorrecta el precepto autorizante, ya que en la formulación ha señalado sub modos que corresponden a la violación por vía directa, mismos que están comprendidos en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a prueba apreciada erróneamente, lo que provoca aun mas desacierto en el ataque al fallo impugnado, ya que la apreciación de la prueba se produce por medio del error de hecho o de derecho (por falta de apreciación o apreciación errónea) y éstos a su vez se encuentran amparados en la violación por la vía indirecta, la que debió formular de forma independiente del motivo que nos ocupa; y, d) formula inapropiados alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 26 de julio del 2017, por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE, representado en juicio por el Abogado DANILO CRUZ ALVAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de agosto del 2014, por el señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 1 de abril del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de enero del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el señor Procurador General de a República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al el ESTADO DE HONDURAS a pagar al demandante la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ( L 55,64.236) por los conceptos siguientes: Preaviso L 18,666.68; Auxilio de Cesantía L 18,666.68; Auxilio de Cesantía Proporcional L 6,844.42; Vacaciones Proporcionales L 3,422.21, Décimo Tercer mes Proporcional L 2,021.36 y Décimo Cuarto mes Proporcional L 6,021.41 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS.”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, justicia, Gobernación y Descentralización, Secretaría del Interior y Población, específicamente empleado de la Dirección General de Migración y Extranjería, a partir del 08 de julio del 2011, con un salario de L.8,000.00, que el 31 de marzo del 2014, recibió Memorándum N°47-2014 DRH-DGME, firmado por el Jefe de Recursos Humanos, notificándole la terminación del contrato de prestación de servicios personales y que por orden superior no sería renovado, por lo que considera un despido injusto e ilegal por no existir causal alguna, no le señalan la falta cometida y tampoco se siguió el procedimiento legal que establece la ley para el despido; argumentó además que le hicieron suscribir sucesivamente y de manera continua Contratos de Prestaciones de Servicios Personales por tiempo limitado, sin embargo la carrera administrativa es la permanencia continua de personas, debidamente calificada para ingresar a la administración pública, con el propósito de concentrar sus esfuerzos en la prestación permanente del servicio y hacer del mismo, la fuente primordial de sus medios de vida garantizándoles ese derecho, para una vida normal de subsistencia, y al no tener causa de despido ni objeción alguna en el transcurso del tiempo que laboró, estaba debidamente calificado y por ende al respeto de los derechos laborales; manifestó que el mismo día del despido reclamó las prestaciones laborales y derechos adquiridos, los que se negaron a cancelárselos pese a que laboró por el lapso de 2 años 8 meses y 24 días, suscribieron varios contratos continuos sin interrupción; que tratando de llegar a un arreglo conciliatorio se presentó a las oficinas del Ministerio del Trabajo, haciendo caso omiso no hicieron acto de presencia, dando con ello agotado el trámite administrativo en fecha 02 de junio del 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, a través de la Procuraduría General de la República, contestó dicha demanda, rechazando la pretensión de la demandante, señalando que nunca existió una relación de trabajo, sino que lo que existió fue una relación contractual a término enmarcada dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica y las Disposiciones Presupuestarias de la República y que la demandante comenzó a prestar sus servicios mediante contratos por tiempo determinados como Inspector de Migración de la Dirección General de Migración y Extranjería, la que ha sido suprimida por reestructuración estatal y creado el Instituto Nacional de Migración; siendo la relación del demandante por contratos a término denominados de Servicios Profesionales N° 1825-A-2011, la duración fue de 25 días de validez y con vigencia del 06 al 31 de julio del 2011 y que los mismos tenían fecha de inicio y terminación, por lo cual no se podía tener como empleado permanente, ya que la contratación estaba supeditada a la aprobación del presupuesto respectivo para el pago por la prestación de sus servicios profesionales durante el término para el cual fue contratado; que el último contrato fue suscrito del 27 de enero al 31 de marzo del años 2014, sin objeción alguna; alegando que los contratos suscritos no están sometidos a la ley laboral, porque fueron contratos a término y que la prestación de servicios no fue de manera permanente, por lo que el beneficio que reclama no le corresponde por ser un beneficio de aquellos empleados que gozan de la categoría de permanentes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de mayo del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, CONDENÓ al demandado a pagar al demandante la cantidad L.55,642.76) por dichos conceptos y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS; bajo el criterio que los contratos de servicios profesionales, de los cuales resulta que el demandante poseyendo únicamente educación básica, fue contratado para realizar labores de inspector de migración, cuyas funciones se encuentran descritas en todos y cada uno de los contratos desde el 08 de julio del 2011 hasta el 31 de marzo del 2014, contratos que firmaron ambas partes bajo las mismas estipulaciones, variando únicamente el periodo de contratación, de lo cual se presume que el demandante fue contratado bajo la misma modalidad de contrato de servicios profesionales, extremo que lo aceptó la parte demandada en su escrito de demanda; asimismo resulto evidente que la sucesiva contratación del demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo como Inspector de Migración, que las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente, por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido aunque se haya pactado fecha de finalización en cada uno de ellos, por lo que la pretensión del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales una vez finalizado el contrato es procedente, que la relación de trabajo del demandante, mientras duró fue por tiempo indeterminado a partir de la relación laboral el 08 de julio del año 2011.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 01 de abril del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado que efectivamente el demandante celebró varios contratos de servicios personales, por tiempo determinado desde el mes de julio del año 2011, para laborar como Inspector de Migración de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en la Dirección General de Migración y Extranjería, laborando en forma continua; y si bien es cierto en los contratos antes referidos se establece fecha de inicio y fecha de finalización, sin embargo los mismos no pueden ser considerados como contratos de trabajo por tiempo determinado, en primero lugar porque el cargo que desempeñaba el demandante era para desempeñar labores de carácter permanente, además la relación laboral reúne los tres elementos esenciales para que exista contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo; que quedó establecido que el demandante fue despedido mediante nota de fecha 31 de marzo del 2014, en consecuencia sirve la presente como notificación formal de la terminación del mismo, el cual por orden superior no será renovado, observándose que en dicha nota no le indican causal justa de las establecidas en el Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha 27 de mayo del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 26 de julio del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de agosto del 2016, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado DANILO CRUZ ALVAREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCPETO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha uno (01) de Abril del año dos mu dieciséis , en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha dos veintiocho (28) de enero del año dos mu dieciséis, visibles a folios (253) al (255) al de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre el demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos públicos: consistente en los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado suscrito entre el ahora demándate y el estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación, y Descentralización, a través de la suprimida dirección General de Migración y Extranjería ahora Instituto Nacional de Migración como ente Desconcentrado, agregados al Expediente de mérito, haciendo especial énfasis en la Cláusula Novena mismo que literalmente dice: El Presente contrato queda sujeto a las disposiciones del Artículo 295 del Reglamento de la Ley de servicio Civil y en caso de Conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al Derecho Administrativo; queda evidenciado que esta acción de demanda, el actor debió haberla interpuesto ante Juzgado competente, siendo en este caso el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia se puede afirmar que no existió relación de trabajo. Sino todo lo contrario se comprobó que el ahora demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de Servicios profesionales por tiempo de terminado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regula las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado no tiene más obligaciones de las que se generaron en dichos contratos, de igual manera con los contratos de aprobación agregados al expediente de administrativo de personal debidamente compulsado del demandante, se pudo constatar que los contratos de prestación de servicios profesionales son sujetos a aprobaciones mediante acuerdo por parte del señor secretario de Estado de la Secretaria de Estados en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación, y Descentralización, a través de la suprimida Dirección General de Migración y Extranjería ahora Instituto Nacional de Migración en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del presupuesto del año 2014 Lo anterior se Expresa por que el fuero donde debió promover su acción el demandante, es el juzgado de lo Contencioso Admirativo, pues como anteriormente se ha expresado la ley atribuye al indicado Juzgado, el conocimiento de las controversias de carácter particular o general, en que se vea involucrada la administración Publica, ya que la competencia es la facultad que tiene cada Juez y Tribunal para conocer de los negocios que la Ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones y en caso particular el Juzgado de Letras del Trabajo No competente para conocer de dicho asunto. Sumado a lo anteriormente descrito podemos mencionar, el actor de la demanda no puede venir a esta instancia a solicitar una permanencia en su puesto sin haber cumplimentado los requisitos señalados por la ley de Servicio Civil y su Reglamento y sin contar mi representado con el renglón presupuestario para la plaza permanente legalmente aprobada por el área respectiva de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas para la prestación de servicios que presto el demandante, mediante la modalidad de contrato a término, pues de lo contrario se estaría desobedeciendo a lo establecido en el articulo 109 de las Disposiciones General del presupuesto 2014. Igualmente se comprobó que el demandante celebro varios contratos de Servicios profesionales con mi representado, con vigencia determinada, regidos por el Derecho administrativo a los culés se le hizo su respectivos contratos de Servicios profesionales, como acreditarnos con las copias de los mismos, además en una de la clausulas NOVENA establece que renuncia expresamente que se somete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, estando obligado el demandante a respetar dichas clausulas, por los contratos son convenios, en virtud de la cual una o más personas se obligan con otras u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa tal como lo establece el código civil en su articulo 1346, 1348, además los contratos deben de ejecutarse de buena fe y por lo consiguiente obligan no solo a lo que en ella expresa si no a todas las cosas emanan de la naturaleza de las obligaciones o de que por ley o la costumbre pertenecen a ella, ya que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes y es importante resaltar que lo pactado entre partes constituye ley. Por lo anterior expuesto, CASAR la sentencia dictada por la corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha uno (01) de abril del año dos mu dieciséis (2016), que consecuentemente declara confirmar la sentencia de fecha veintiocho (28) de enero del años dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de Salarios Dejados de Percibir, Prestaciones Sociales, E Indemnizaciones Laborales, por Despido Directo, Ilegal e Injusto. Promovido por el señor JUAN RAMON GUDIEL IZAGUIRRE.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma incorrecta el precepto autorizante, ya que en la formulación ha señalado sub modos que corresponden a la violación por vía directa, mismos que están comprendidos en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a prueba apreciada erróneamente, lo que provoca aun mas desacierto en el ataque al fallo impugnado, ya que la apreciación de la prueba se produce por medio del error de hecho o de derecho (por falta de apreciación o apreciación errónea) y éstos a su vez se encuentran amparados en la violación por la vía indirecta, la que debió formular de forma independiente del motivo que nos ocupa; y, d) formula inapropiados alegatos de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 247-16. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

9