Sentencia CL-246-16 — Registro 7274
Resumen
En primera instancia se declaró con lugar demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo y confirmada en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no cita la norma sustantiva que considere violada conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, ya que el citado artículo 765 del mismo código es de carácter procesal; b) no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, ni en el precepto autorizante que señala, el artículo 765 del Código del Trabajo, el cual contiene dos numerales y el primero dos párrafos, con distintas causales o motivos de casación, por lo que se debió precisar en cual de ellos lo comprendía; c) omite indicar las normas procesales y también singularizar las pruebas; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 letra b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor JOSE GUILLERMO TORO VALLE, representado en juicio por el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación al puesto de trabajo y restitución de las funciones, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo de dos mil catorce, por el señor JOSE GUILLERMO TORO VALLE, mayor de edad, casado, Administrador, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, hoy SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSE GUILLERMO TORO VALLE, contra el Estado de Honduras a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor JOSE GUILLERMO TORO VALLE, contra el Estado de Honduras a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, directamente con la SERNA, por lo que conforme a lo dispuesto en el articulo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce una antigüedad laboral a partir del 21 de abril del 2010, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto REINTEGRAR a su puesto de trabajo tan siguiera en igualdad de condiciones, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que el demandante sea debidamente reinstalado, así como la restitución de sus funciones.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSE GUILLERMO TORO VALLE, contra el Estado de Honduras a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a la solicito de pago de vacaciones, decimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia SE ABSUELVE a la parta demandada del pago de esos conceptos.- CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 21 de abril de 2010, mediante la suscripción de varios Contratos Administrativos de Servicios Personales, en el puesto de Administrador en el Proyector Nacaome, con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., devengando un salario mensual de L. 27,000.00, desempeñando las labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada. Constando la suscripción de contratos que reunieron los tres elementos del contrato de trabajo, establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que la relación que unía a las partes era de orden laboral, entendiéndose que se está ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del trabajo, dejando ver una simulación de contrato de servicios profesionales por tiempo determinado que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la ley laboral en fraude a derecho, en consecuencia es aplicable el artículo 47 del Código del Trabajo y una vez vencido el último contrato de trabajo la institución no renovó más el contrato del demandante a pesar de estar consciente el empleador que le asistía el derecho al reintegro al puesto de trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con el demandado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante desde el inicio de su contratación tenían conocimiento de la fecha en que finalizaba su relación contractual y la instancia ante la cual debería interponer su reclamo; sin embargo no utilizó la vía acordada contractualmente para resolver las diferencias entre las partes por el contrario, queriendo ser listo en su proceder y obviando las cláusulas contractuales que consintieron y acordaron con el demandado, donde resulta que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, es incompetente para conocer de la causa de merito, presentando la misma hasta que la relación contractual había llegado a su término, por qué entonces no hizo tal reclamo ante las autoridades respectivas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas al sentirse perjudicado en su derecho al amparo de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo”; que en todo caso, para el demandante el plazo comenzaba desde la fecha en que firmó su Contrato de Servicios Profesionales con el demandado, plazo que dejó transcurrir y con ello prescribió el derecho que le otorgaba la ley para interponer cualquier acción en la que se consideraba afectado. Sin embargo no es competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, conocer del conflicto que se ocupa actualmente ya que la relación entre el demandante y el demandado tal como se ha establecido, se encuentra enmarcada dentro del Derecho Administrativo y no dentro del Derecho del Trabajo, en vista que de los contratos de servicios administrativos se desprende la obligación contractual más no laboral, la cual se fundamentaba en una vigencia determinada, consentida y aceptada sin objeción alguna por el demandante y que es competente para conocer del caso el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, rechazando por improcedente a los derechos reclamados por la parte actora.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor José Guillermo Toro Valle, contra el Estado de Honduras; condenando a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el demandante, contra el Estado de Honduras, directamente con SERNA, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoció una antigüedad laboral a partir del 21 de abril del 2010, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto reintegró al demandante al puesto de trabajo tan siguiera en igualdad de condiciones, más el pago de salarios dejados de percibir, así como la restitución de sus funciones; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de vacaciones, decimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales, en consecuencia se absolvió a la parte demandada del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que el demandante ha sido contratado a través de un contrato de servicios personales en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como ejecutando las mismas funciones de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución, ya que se cumplen los elementos de la regla de indefinidad del contrato de trabajo al tenor de lo establecido en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo y concurre el elemento más importante de toda relación laboral como ser la subordinación. Deduciéndose que el verdadero contrato de trabajo que nació fraudulentamente como contrato de servicios profesionales se ha desnaturalizado, pues al concurrir los elementos de todo contrato de trabajo y su permanencia en el tiempo ha provocado la exigencia y necesariedad de la institución en cuanto a lo que prestó el demandante. Por lo tanto se ha demostrado que éste ha suscrito varios contratos con el mismo empleador y en el mismo cargo, renovándose éstos contratos de manera ininterrumpida, uno en pos de otro, dejando entrever que aún subsiste la causa que le dio origen al contrato de trabajo suscrito inicialmente y que sigue subsistiendo la causa de contratación ya que la Secretaría en la cual ejercía sus actividades específicamente el demandante tiene y debe de tener un Administrador de Proyectos. También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeñaba el demandante en la institución, no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba dicho trabajo son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de lo que es y será la SERNA por lo que no pueden ser accidentales. Acotado lo anterior se deja ver claramente una simulación de contrato de servicios profesionales temporal, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, éste acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho (art. 3 del Código del Trabajo y art. 6 Código Procesal Civil); el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo. Por consiguiente, siendo que el vínculo de las partes está bajo el amparo del Código del Trabajo, por tratarse de una relación de trabajo y no de un contrato de servicios profesionales, es entendido que la finalización de trabajo también es nula por ser ilegal y procede el reintegro solicitado por el demandante. El actor también solicitó el pago en concepto de vacaciones, aguinaldo y decimo cuarto mes causados y proporcionales, pero se acreditó en autos que al demandante se le pagaron los conceptos de aguinaldo y decimo cuarto mes de salario en los periodos comprendidos 2012-2013 y 2013-2014, y gozo de vacaciones laborales, por lo que no procede dicho reclamo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos de trabajo celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; desprendiéndose de la lectura de dichos contratos, que las funciones por las cuales fue contratado el demandante, siempre fueron las mismas durante la suscripción de los contratos en mención, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula pero crea unos hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación. En ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y ésta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como el derecho civil y en el derecho laboral.- 5. Mediante auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Tribunal sentenciador estimó la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c)...ch)...d)...;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no cita la norma sustantiva que considere violada conforme lo requerido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, ya que el citado artículo 765 del mismo código es de carácter procesal; b) no es claro ni preciso en el concepto de la infracción, ni en el precepto autorizante que señala, el artículo 765 del Código del Trabajo, el cual contiene dos numerales y el primero dos párrafos, con distintas causales o motivos de casación, por lo que se debió precisar en cual de ellos lo comprendía; c) omite indicar las normas procesales y también singularizar las pruebas; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y uno de enero del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 246-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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