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Sentencia CL-245-17 — Registro 7806

Resumen

En primera instancia se declaracon lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los demandantes condenando a la institución demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 112 del Código del Trabajo, señalado como violado contiene varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que es necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque; b) el precepto autorizante ha sido invocado de forma imprecisa, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) omite indicar si la violación es por vía directa, ya sea por la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea o por la vía indirecta por error de hecho o de derecho, ya fuese por falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, es hasta la explicación que se aduce a la norma sustantiva no debió ser aplicada; y, b) formula alegaciones propias de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, señalados como violados contienen varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que es necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque; b) el precepto autorizante ha sido invocado de forma imprecisa, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) carece de explicación.-

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, los señores CARLOS OQUELY HERRERA MARQUINA y OSCAR SALVADOR OSORTO GALLARDO, representados en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de aumentos salariales y bonificaciones otorgadas y otros derechos reconocidos a los demás trabajadores, más costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil catorce, por los señores CARLOS OQUELY HERRERA MARQUINA y OSCAR SALVADOR OSORTO GALLARDO, ambos mayores de edad, solteros, Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Directora Ejecutiva y representante legal, señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO AL TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. RECONOCIMIENTO DE AUMENTOS SALARIALES Y BONIFICACIONES OTORGADAS Y OTROS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS DEMAS TRABAJADORES; instaurada por el Señor CARLOS OQUELY HERRERA MARQUINA y OSCAR SALVADOR OSORTO GALLARDO; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores CARLOS OQUELY HERRERA MARQUINA y OSCAR SALVADOR OSORTO GALLARDO a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), de la siguiente manera: Carlos Oquely Herrera Marquina, el 1 de octubre de 2006, bajo la modalidad de contrato, y a partir del 16 de enero del 2007, de forma permanente en el cargo de Auxiliar de Beneficios, Dependiente de la División de Beneficios, sin embargo al momento del despido se desempeñaba funcionalmente como Encargado de Planilla de Jubilados, dependiente de la División referida, devengando un último salario de L.24,117.00; y, Oscar Salvador Osorto Gallardo, el 17 de febrero de 2006, inicialmente en el cargo de Auxiliar de Registro y Afiliación, posteriormente fue asignado a Planilla de Jubilados, dependiente de la División de Beneficios, devengando un último salario de L.21,400.00. El INJUPEMP de forma unilateral, ilegal e injusta procedió a cancelar de los cargos a los demandantes, enviándoles los Oficios No. 397-DE-2014 y 398-DE-2014, ambos de fecha 17 de julio del 2014, sin establecer con la debida precisión la causal de despido por la cual se rescinde los contratos de trabajo, contraviniendo claramente lo estipulado en el artículo 117 del Código del Trabajo, pues únicamente hace relación extensa de supuestas faltas, que en el plano de la realidad no existió de acuerdo a los términos que maneja la institución demandada, violentándose de esta manera los elementos esenciales del derecho de defensa y el debido proceso, pues no se siguió con estricto apego a derecho el procedimiento legal correspondiente, procediendo abruptamente a la finalización de la relación laboral de forma ilegal e injustificada con los demandantes, debiéndose aplicar para poder sancionar o despedir a un trabajador, conforme lo establece el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP. La supuesta falta que aduce el INJUPEMP en que incurrieron los demandantes, y que hace relación en los Oficios de despido, no está apegado a la verdad, en virtud de que en la condición de encargados de área de planillas de jubilados y pensionados, lo que en el plano de la realidad les correspondían como deberes inherentes es la verificación y realización de las deducciones que deberían hacerse al pago de los jubilados y pensionados, tales como Crédito Ya, embargos y otros, es decir, única y exclusivamente la aplicación de las deducciones que corresponden, por tanto la cantidad generada en totalidad proviene de otra fuente que es la Unidad de Informática, quienes son los responsables de proporcionar a planillas, la cantidad en concreto que debió ser pagada conceptualizada en cantidad en bruto, solo para que posteriormente los demandantes aplicaran las deducciones y dar la cantidad neta a pagar, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que a los demandantes se les realizó una Auditoría, la cual se efectuó al área de planillas de jubilados y pensionados del Instituto, dependiente de la División de Beneficios, por el cual éstos estaban asignados, ya que eran los encargados de la elaboración y revisión de la planilla ordinaria, y a su vez tenían la responsabilidad de verificar el cálculo del pago del decimocuarto mes de salario en forma individual por cada uno de los jubilados y pensionados a través de las opciones habilitadas en el sistema As/400. Dicha auditoría encontró que debido a la inoperancia de los demandantes faltaron de cuidado en el cumplimiento de sus responsabilidades no incluyendo en el mes de mayo del año 2014, las bajas correspondientes de los jubilados y pensionados fallecidos, muy a su pesar a tener a sus disposiciones los certificados de defunción de los 20 jubilados que tenían el estatus de fallecidos que reportó la División de Finanzas en el memorando 0606-2014 DF de fecha 17 de junio de 2014, ocultando los demandantes esa deficiencia e inhabilidad, por el cual efectuaron un procedimiento administrativo, mediante el cual realizó la acción como deducción al décimo cuarto mes de salario, quedando una jubilación o pensión en valor cero, y se les cambio el estatus de fallecidos en el sistema As/400 hasta el 02 de junio del 2014, después de generada la planilla del décimo cuarto mes de salario por la Unidad Técnica de Informática. Resulta que ante los hechos imputados a los demandantes y los hallazgos encontrados por las Auditorías realizadas, la institución demandada acatando el procedimiento laboral convencional respetando el derecho de defensa de los trabajadores, se les convocó en legal y debida forma para la celebración de las audiencias de descargos, celebrándose las mismas ante testigos en las cuales ellos no desvanecieron los hechos imputados, por lo que el demandado respetando en pleno uso de su derecho, habiéndose constatado fehacientemente las faltas cometidas y agotado el procedimiento administrativo laboral, procedió de conformidad a la ley laboral vigente en el país a dar por terminado el contrato de trabajo que lo ligaba a los demandantes sin responsabilidad de su parte.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Carlos Oquely Herrera Marquina y Oscar Salvador Osorto Gallardo, contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); condenando a la institución demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto los demandantes cometieron una falta al infringir los procedimientos y políticas establecidas por la institución demandada, al hacer pagos indebidos por el orden de L.2,918,993.63 en el área de jubilados y pensionados; no menos cierto es que la falta según la parte demandada cometida por los demandantes no puede considerarse como grave de las que dan lugar al despido, en vista de no existir en autos el Reglamento Interno de Trabajo de la demandada donde se establezcan las faltas y la intensidad de la gravedad de las mismas, lo que hace imposible a la Juzgadora establecer si dicha causal invocada es en realidad una causa grave que justifique el despido; asimismo los demandantes durante el desempeño de sus labores no han sido sancionados por ninguna falta, de tal manera que la medida disciplinaria aplicada es totalmente desproporcionada a la falta. En vista de las consideraciones legales anteriores es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que a folio 47 se encuentra el memorando de fecha 1 de julio de 2014, dirigido por el Jefe de la División de Beneficios, ingeniero Jacobo Santos Gámez, dirigido a la Licenciada Belky Aguilar Z.; en el cual le informa el procedimiento a seguir para el pago de planillas de jubilados y pensionados del décimo cuarto mes de salario correspondiente al año 2014, y en el cual está debidamente establecido que la generación de pago del décimo cuarto mes de salario, le corresponde a la Unidad de Informática, ya que el área de planillas no cuenta con la habilitación del acceso para generar dicha planilla; y que es hasta que se ha generado el archivo, que el área de planillas realiza las deducciones, y una vez hechas las mismas, se solicita a informática la generación del proceso para el pago del décimo cuarto mes de salario de jubilados y pensionados, por lo que está claro quién es la oficina encargada de subir a la plataforma de pago dicha planilla, y es la unidad de informática. Que este Tribunal al considerar desproporcional la sanción impuesta, lo que busca es tratar de disminuir los casos en que los empleadores actúen con extrema severidad y arbitrariedad, dándole así al trabajador una protección en su relación laboral; máxime que los demandantes no han sido sancionados con anterioridad; y que la falta que les atribuye, fue ordenada por otra dependencia, tal como consta a folio 49, en la que el Jefe de la División de Beneficios le solicita al Jefe de la Unidad de Informática, instruya a quien corresponda realizar el proceso para el pago del décimo cuarto mes del año 2014. Que a criterio de este Tribunal de Alzada, la sentencia apelada se encuentra apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria.- 5. Mediante auto de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a los recurrentes, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva el artículo 112 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El artículo 112 del Código del Trabajo regula las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo indeterminado. En el presente caso a los demandantes, el Patrono LOS DESPIDIÓ CON JUSTA CAUSA, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 112 del Código de Trabajo. En vista de haber incurrido ambos en una flagrante violación a la reglamentación interna de mi representada EL INJUPEMP, y las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, mi representada es una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los Empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos nuestros participantes por muerte, invalidez, separación y vejez, mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida, y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidar el sistema de protección social de nuestro País; durante la secuela del presente litigio quedó plenamente probado en autos que los hoy demandantes incurrieron en un exceso al haber generado una planilla de pago del décimo cuarto mes de salario del año 2014, a jubilados y pensionados del Instituto, con valores totalmente incorrectos, generando así desembolsos a los mismos por cifras que no eran las que correspondían; en consecuencia no existe posibilidad jurídica de que el patrono por ello debe ser condenado al reintegro ni debe ser sancionado con la obligación de indemnizarle como lo dispone la ley para el caso del despido sin causa justificada de las estipuladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo cual dicha norma sustantiva no debió haber sido aplicada en su sentencia por la Corte recurrida para resolver el caso concreto. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el Recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 112 del Código del Trabajo, señalado como violado contiene varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que es necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque; b) el precepto autorizante ha sido invocado de forma imprecisa, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; c) omite indicar si la violación es por vía directa, ya sea por la falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea o por la vía indirecta por error de hecho o de derecho, ya fuese por falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, es hasta la explicación que se aduce a la norma sustantiva no debió ser aplicada; y, b) formula alegaciones propias de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. Lo expuesto en este segundo motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, señalados como violados contienen varios literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que es necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque; b) el precepto autorizante ha sido invocado de forma imprecisa, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) carece de explicación.- VI. Que el Censor formula un tercer motivo de casación manifestando lo siguiente: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de Prueba Documental toda la documentación inherente a que mi representada siguió el debido proceso como requisito indispensable para dar por terminada la relación de trabajo con justa causa y en apego a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 97, 98 y 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 726, 740, 763, 863 y 858 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorio Medio de Prueba Documental: Los memorandos internos y el Informe rendido por la Unidad de Auditoría Interna de mi representada, en donde claramente se aprecia el nivel de responsabilidad que recae sobre los hoy demandantes, en cuanto a los pagos indebidos que los mismos generaron en el desempeño de sus funciones asignadas. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. En el caso de mérito es aplicable lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo que expresamente dispone las justas causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Las normas sustantivas contenidas en el artículo 112 del Código del trabajo, son aplicables en el caso de mérito porque entre el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), ha seguido el debido proceso y tuvo motivos y elementos racionales para dar por terminado el contrato de trabajo que lo unía con los hoy demandantes, sin responsabilidad de su parte, de conformidad a como ha quedado demostrado en las piezas de autos. La Honorable Corte de Apelaciones incurre en error de hecho al no apreciar adecuadamente en el fallo recurrido la prueba documental propuesta y evacuada consistente en: Medio de Prueba Documental, reconocimiento judicial e interrogatorio de testigos. Pruebas que en su conjunto acreditan en forma fehaciente que el fundamento que generó la terminación de la relación de trabajo, o constituyó el hecho de haber finalizado el contrato de trabajo con los hoy demandantes, sin responsabilidad para mi representada (EL PATRONO), lo cual fue alegado válidamente en juicio sin embargo no fue debidamente apreciado por los Juzgadores de primera y segunda instancia y en virtud de ello se produce la infracción indirecta de la Ley sustantiva de orden nacional. Lo anteriormente expuesto permite demostrar en estricto derecho, que a terminación del contrato que unía a la demandante con su ex empleador, llegó a su fin sin responsabilidad de nuestra parte, lo cual hace que la sentencia recurrida sea casada en este motivo”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 97, 98 y 112 del Código del Trabajo, señalados como violados contienen varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que es necesario precisar a cuál de ellas se dirige el ataque; b) el precepto autorizante ha sido invocado de forma imprecisa, ya que omite el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VIII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 245-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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