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Sentencia CL-223-17 — Registro 8375

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento de VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pago retroactivo de incremento salarial, pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago del salario mínimo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, pago de indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación de la relación laboral hasta aquella en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indican como infringidos los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo, pero es el caso, que el primero contiene varios numerales y el segundo párrafos y literales siendo necesario precisar al cual de ellos se dirige el ataque; b) en el acápite denominado reglas procesales violadas cita la aplicación analógica de los artículos 273 del Código Procesal Civil y 94 de Ley Sobre Justicia Constitucional, como medio para la violación de las normas sustantivas, careciendo de claridad y precisión, ya que dichas disposiciones no pueden aplicarse analógicamente en esta materia solo de manera supletoria; c) en la explicación se alude a los artículos 63 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que no fueron relacionados en la formulación; y, d) no se demuestra el error manifiesto y evidente alegado en la apreciación de la prueba"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida, entre otros, el artículo 101 del Código del Trabajo, el cual no ostenta tal calidad. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derecho y deberes correlativos o los extinguen; b) en el acápite denominado reglas procesales violada se cita el artículo 278 del Código Procesal Civil, como medio para la violación de la norma sustantiva, careciendo de claridad y precisión, ya, que tal disposición no puede aplicarse analógicamente solamente de manera supletoria; y, c) en el desarrollo no se demuestra la existencia de un el error manifiesto evidente sobre la prueba"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal, en fecha 28 de julio del 2017, por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRÍA HERNANDEZ, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, GLORIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, FERMIN LAÍNEZ IRIARTE, JOSÉ PINEDA VEGA, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA, MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO, como recurrente; además, es parte recurrida, ESTADO HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARÍA YOLANDA PINEDA SANTOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral colectiva para el cumplimiento de VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, pago retroactivo de incremento salarial, pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago del salario mínimo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, pago de indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo la terminación de la relación laboral hasta aquella en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 04 de febrero del 2015, por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, en su condición de representante procesal de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRÍA HERNANDEZ, casada, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, soltera, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, casada, GLORIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, soltera, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, casado, FERMIN LAÍNEZ IRIARTE, casado, JOSÉ PINEDA VEGA, soltero, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA, casado, MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO, casado; todos mayores de edad, hondureños, y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través del Director Ejecutivo señor FELIPE ARTURO MORALES, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, contra el ESTADO HONDURAS por medio del Representante Legal el señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien a su vez representa a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio del Representante Legal el señor WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Banca y Finanzas, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR las excepciones de cosa juzgada y de pago opuesta por la parte demandada.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la excepción de transacción opuesta por la accionada.- TERCERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda presentada por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ en su condición de apoderado de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRIA HERNANDEZ, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, GLÓRIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, FERMIN LAINEZ IRIARTE, JOSE PINEDA VEGA, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA y MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) a través del señor FÉLIPE ARTURO MORALES y el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA quien a su vez representa a la SECERETARIA DE ESTADO EN ÉL DESPACHO DE FINANZAS para el cumplimiento del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; pago retroactivo del incremento salarial debido desde el mes de junio del 2012; pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago del salario mínimo; legal establecido en el arancel del profesional del derecho; pago de la indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo; pago de salarios dejados de percibir; consecuentemente se ABSUELVE a las demandadas de dicho pago.- CUARTO: SIN COSTAS …”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que eran empleados del IHNFA, que es una institución Descentralizada del Estado creada mediante decreto Legislativo No.199-97, dotado de personalidad jurídica, Patrimonio propio y de forma indefinida, que tenía como objetivo principal la protección de la Niñez y de la Familia, ingresaron a laborar en dicha institución estatal así: Melida Rosa Zalavarria Hernández, ingreso el 17 de septiembre de 2002, desempeñándose en el último puesto como Encargada del Programa de Bienestar Familiar; Mercedes Osiris Bueso Reyes, el 15 de julio del 2005, desempeñándose en el último puesto como Procuradora Legal; Sandra Liceth Muñoz Muñoz, el 01 de diciembre del 2000, desempeñándose en el último puesto como Jefa del Programa de Reeducación y Reinserción Social; Gloria Elizabeth Castillo Molina, el 0l de marzo del 2005, desempeñándose en el último puesto como Niñera; Adán Alberto Rivera Escobar, el 20 de junio de l998, desempeñándose en el último puesto como Supervisor; Fermín Laínez Iriarte, el 27 de marzo de 1996, desempeñándose en el último puesto como Supervisor; José Pineda Vega, el 10 de octubre del 2006, desempeñándose en el último puesto como Guardian I; Walther Humberto Montufar Leiva, el 20 de agosto del 2000, desempeñándose en el último puesto como Conductor de Automóvil I; y Mardin Osmaro Flores Maldonado, ingreso el 26 de febrero de 1997, desempeñándose en el último puesto como Oficial de Enlace; manifestó que por disposición del Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo PCM-026-14, de fecha 04 de junio del 2014, se ordenó Suprimir al IHNFA, razón por la cual los demandantes de conformidad al referido decreto ejecutivo, mediante carta de despido y acuerdo de terminación de relación laboral, el patrono dio por terminado ilegalmente el vínculo laboral pues no siguieron los procedimientos establecidos en la Ley, terminación que fue en el mes de noviembre del 2014, y que se hizo sin cumplir los requisitos establecidos en el Código del Trabajo, pero a pesar de esta ilegalidad el patrono le entrego a cada uno, una carta de despido donde se les manifestó de manera unilateral la decisión del empleador de “poner término a la relación de trabajo”, ofreciéndoles el pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones laborales, en el transcurso de 6 meses, que se les entrego la carta de despido, acto seguido se les obligo a suscribir en documento denominado “acta de terminación de una relación laboral y plan de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales del trabajador (a)”, donde el patrono nuevamente les dio a conocer la disposición de dar por terminada la relación laboral y que se les harán los pagos que le corresponde de acuerdo a la Ley; pero previo al pago deberán acreditar solvencia y finiquito para con el instituto y terceros, así como, también inscribirse en el SIAFI de la Secretaria de Finanzas; alegaron que el compromiso que hicieron de pagar la totalidad de los derechos laborales y demás prestaciones que les corresponden, no han cumplido con lo ofrecido y pactado; incumpliendo a la fecha con 2 meses de pago de las prestaciones laborales, engañándolos con esa actuación; por lo que también exigen el cumplimiento en su totalidad del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el IHNFA y SITRAIHNFA, Contrato Colectivo debidamente inscrito bajo registro No.2312, en el folio 77 del Tomo XV, del Libro de Registro de Contratos Colectivos de la Dirección General del Trabajo, dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y con especial atención a la Cláusula 89 del referido Contrato Colectivo donde el IHNFA, se comprometía a conceder un incremento salarial de L.1,200.00, a cada trabajador pagadero de manera retroactiva desde el mes de junio hasta la fecha en que quede finiquitada esta demanda con arreglo a las normas laborales; que también la señora Mercedes Osiris Bueso Reyes, exige ajuste del sueldo porque se desempeñaba como Procuradora Legal devengando un salario mensual de L.12,422.00, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho que literalmente establece: “El Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengará un sueldo mínimo mensual de L.21,000.00...”, que deberá de ser pagado de manera retroactiva desde la fecha de nombramiento en el cargo de procuradora legal, el 13 de septiembre del 2005, asimismo con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudieron al Ministerio del Trabajo, siendo imposible declararon agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes, fueron cancelados mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de Junio del 2014, gaceta 33,446 que según los artículos: 1: “Ordena suprimir al instituto hondureño de la niñez y la familia (IHNFA), creado mediante decreto legislativo 199-1997 de 29 de enero de 1998; 4: se declara al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) en proceso de supresión y clausura, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del código del trabajo numeral 9, se procederá en forma a la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento de los trabajadores de las prestaciones que hubiere lugar en derecho; que a los demandantes se les ofrecieron las prestaciones que legalmente le correspondían al momento de su liquidación, en función de un convenio de pago que en vigencia se extiende por 6 meses, mismo que sería pagado por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, que el Séptimo Contrato Colectivo en que se ampara el demandante para su reclamo en cantidades ilusorias nunca estuvo vigente, por el contrario el mismo al haber sido inscrito de forma irregular por la clase trabajadora en flagrante violación al acta especial de negociación colectiva suscrita por las partes en la que se acordara que para efecto de acordarse la cláusula económica de dicho contrato colectivo era requisito imperante escuchar dictamen favorable respectivo a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, requisito que fue omitido por la clase trabajadora para la inscripción de forma irregular ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, tomando en consideración que las erogaciones que realiza la Administración Pública no lo hace de forma antojadiza sino que amparado a un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, por lo que, lo practicado por la clase trabajadora del entonces IHNFA es violatorio a los intereses del Estado y deslealtad a lo acordado, en virtud de que la cláusula en referencia obedecía a la parte económica a la que debería responder el IHNFA siendo por ello de suma importancia el dictamen de Finanzas alevosamente omitido por la clase trabajadora y por lo cual se han interpuestos las acciones pertinentes ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respectiva y atinente al caso, acciones que están pendientes de fallo; que en audiencia de primera de tramite interpuso las excepciones de: Defecto procesal de falta de legitimación para demandar, cosa juzgada, perentoria de pago y transacción .- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la excepción de transacción opuesta por la demandada, declaró sin lugar la demanda promovida por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, en su condición de representante procesal de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRIA HERNANDEZ, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, GLORIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, FERMIN LAINEZ IRIARTE, JOSE PINEDA VEGA, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA y MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) a través del señor FÉLIPE ARTURO MORALES y el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA quien a su vez representa a la SECERETARIA DE ESTADO EN ÉL DESPACHO DE FINANZAS, para el cumplimiento del VII contrato colectivo de condiciones de trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; pago retroactivo del incremento salarial debido desde el mes de junio del 2012; pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, pago del salario mínimo; legal establecido en el arancel del profesional del derecho; pago de la indemnización señalada en el artículo 102 del Código del Trabajo; pago de salarios dejados de percibir, absolvió a las demandadas de dicho pago, sin costas; bajo el criterio que la terminación de la relación laboral se produjo en principio por un acto del empleador al suprimir el IHNFA mediante acuerdo ejecutivo y que era el lugar donde prestaba sus servicios los trabajadores demandantes estos celebraron ante el Inspector del Trabajo una acta denominada terminación de una relación laboral y plan de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales del trabajador hecho por el cual aceptan la desvinculación laboral y el pago ofrecido compromiso que pese a que en algunos casos se cumplió días después del vencimiento del plazo señalado en la citada acta este se efectuó sin desconocer los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores, sin que sea posible condenar a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir pues estos proceden únicamente cuando la terminación de la relación de trabajo es injusta y en el caso de merito en principio se fundamento en un decreto ejecutivo en observancia a lo dispuesto en el artículo 111.9 del Código del Trabajo y posteriormente ante la aceptación del cese laboral por los actores, tal y como antes se dijo; de otra parte, independientemente de la decisión ya tomada por el empleador, bien podían las partes en aras de solucionar la controversia lograr una avenencia sobre los derechos derivados del modo de terminación del contrato y arribar a la fórmula de consenso de que este término por mutuo acuerdo pues la disposición legal inicialmente citada no exige más sino el mutuo acuerdo sin importar de quien fue la iniciativa eso si bajo el supuesto indispensable de que las manifestaciones de voluntad estén exentas de vicios, como en efecto sucedió en el caso de merito; en ese sentido, resulta procedente declarar con lugar la excepción de transacción opuesta por la accionada al tenor del artículo 2000 del Código Civil y por ende declarar sin lugar la demanda para el pago de prestaciones pues aunque la excepción de pago ha sido declarada sin lugar razón del tiempo, lo cierto es que la demandada cumplió con el pago de estas; y en cuanto al pago de salarios en base al Arancel del Profesional del Derecho, este no tiene el rango de Ley puesto que el origen discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuado a través del Órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para, la formación de la Ley tampoco ha sido sancionado por el Ejecutivo para que en tal caso produzca efectos erga omes en ese sentido tal petición resulta inatendible; de otra parte, tal y como lo afirma la demandada la señora Mercedes Osiris Bueso Reyes consintió el salario que la institución le pago y pretender lo que nunca exigió en el curso de la prestación del servicio, es contrario al principio de buena fe que debe prevalecer en la relación de trabajo; asimismo en cuanto a la excepción de pago a la fecha de la presentación de la demanda ya se habían cancelados los valores reclamados por el actor; por lo que se desestima en razón del tiempo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 31 de marzo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que el INHFA a través de su Director Ejecutivo, vía acción de amparo impugnó la resolución No.194/DGT/NCJ2013 emitida el 3 de Junio del 2013 por la Dirección General del Trabajo dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que daba vigencia al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INHFA y SITRAINHFA, acción resuelta por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia otorgando la misma y estableciendo como efectos legales “..,Que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho en que se ha incurrido,, se cancele y se deje sin ningún valor ni efecto la resolución No. 194/DGT/NC/2013... y que consta a No. 2312 del folio 77 del Tomo VII del Libro de Registro de Contratos Colectivo de Condiciones de Trabajo..”; por consiguiente la resolución emitida por la Dirección General del Trabajo carece de validez y eficacia jurídica, lo que implica la inaplicabilidad del contrato colectivo en referencia, al tenor de lo que estipula el artículo 65 del citado cuerpo legal; y es que la declaración de nulidad de una inscripción registral conlleva efectos ex tunc, los que se producen desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica al estado anterior, consecuentemente se establece que esa relación jurídica jamás existió, se crea una ficción jurídica que da como resultado como que no nació nunca, es decir, se retrotrae todo al momento anterior al “pretendido” inicio de la relación cuestionada y decretando que todos los efectos desplegados en ese espacio de tiempo (desde su inicio hasta el momento de la declaración), jamás han existido en el mundo jurídico, que en este caso lo sería el séptimo contrato colectivo en el que básicamente se sustenta la demanda y las alegaciones del recurrente; así las cosas, al cancelar y dejar sin ningún valor ni efecto la resolución No.194/DGT/NC/2013 y su inscripción, se mantiene vigente el Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y SITRIHNFA, contratación en base a la cual tiene que calcularse los derechos económicos laborales de los demandantes dada la terminación de la relación de trabajo, tal y como así se hizo, según consta en los cálculos de las prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que resulta improcedente la pretensión de los demandantes a fin de que se aplique el séptimo contrato colectivo antes mencionado; la señora Mercedes Osiris Bueso Reyes reclama el ajuste a su salario con efecto retroactivo, señalando que se desempeñaba con el cargo de procuradora, actividad por la cual devengaba la suma de L.12,422.40, mas el Arancel del Profesional del Derecho dispone que dicha actividad tiene que retribuirse con un salario mensual mínimo de L.21,000.00; desde ese contexto fáctico jurídico, si bien dicho Arancel es un cuerpo normativo que establece los aranceles judicial, administrativo y notarial, regulando los montos mínimos de los honorarios que devengarán los Profesionales del Derecho en el ejercicio de su profesión, tal texto legal fue aprobado por la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, previa autorización de la Asamblea General Ordinaria, siendo por lo tanto de observancia obligatoria para los miembros del Colegio en referencia; pues para que una normativa tenga carácter imperativo y obligatorio con efectos erga omes, se requiere que el ente estatal respectivo así lo haya decretado, tal y como lo consideró el iudex a quo; en razón de lo anterior, el ajuste de salario solicitado por la demandante es improcedente, encontrándose supeditada la prestación de servicios a lo pactado por las partes en el contrato de trabajo; por las razones fácticas y jurídicas expuestas, este Tribunal de alzada estima que las razones fáctica, probatorias y de derecho en que el A-Quo fundamenta la sentencia que se conoce mediante recurso de apelación, están apegadas a derecho y a los principios que operan en la materia, por lo que es procedente su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 31 de mayo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRÍA HERNANDEZ, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, GLORIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, FERMIN LAÍNEZ IRIARTE, JOSÉ PINEDA VEGA, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA, MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de julio del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en su condición de representante procesal de los señores MELIDA ROSA ZALAVARRÍA HERNANDEZ, MERCEDES OSIRIS BUESO REYES, SANDRA LICETH MUÑOZ MUÑOZ, GLORIA ELIZABETH CASTILLO MOLINA, ADAN ALBERTO RIVERA ESCOBAR, FERMIN LAÍNEZ IRIARTE, JOSÉ PINEDA VEGA, WALTHER HUMBERTO MONTUFAR LEIVA, MARDIN OSMARO FLORES MALDONADO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de agosto del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado CESAR MILIAN PRADO, en un primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta que proveniente de la apreciación errónea por error de hecho evidente en los autos en el medio de prueba DOCUMENTAL PUBLICO numeral 18), de la parte demandante que obra a folios275 de la primera pieza.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 111 y ll3del Código del Trabajo.- PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido es DOCUMENTOS PÚBLICO numeral 18), de la parte demandante que obra a folios 275 de la primera pieza, propuesto por la parte demandante, documento que consiste en Constancia emitida por la Secretaría Administrativa de la Dirección General del Trabajo, donde hace constar que a folio 174 del Tomo XV del Libro de Registro de Contratos Colectivos, se encuentra inscrito el VII Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (IHNFA) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y DE LA FAMILIA (SITRAIHNFA), constancia de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince (18-05-2015)”.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva ya señalada, están contendidas en los artículos 82, 738 y 739 del Código del Trabajo; 273 del Código Procesal Civil utilizado como norma análoga aplicable y el artículo 94 de Ley Sobre Justicia Constitucional.- PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DELA FORMA SIGUIENTE: La Corte Recurrida es del criterio que es incompatible ya que si bien es cierto se ha dictado la sentencia de amparo de fecha 24 de septiembre del 2015, donde se declara la nulidad séptimo contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el IHNFA Y EL SITRAIHNFA, también es cierto de que desde que se despidieron a mis representados (Noviembre y Diciembre del 2014) siempre estuvo vigente el séptimo contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el IHNFA Y EL SITRAIHNFA según acredite con la DOCUMENTACIÓN PUBLICA que se refiere a la constancia de la dirección general del trabajo de fecha 18 de mayo del 2015 que se encuentra agregada a folio 275 del expediente seguido en primera instancia el cual establece de que el contrato colectivo vigente hasta la fecha del amparo, era el séptimo contrato colectivo de trabajo, por lo que aplicación del principio de no retroactividad de la ley, que la sentencia de amparo es posterior a la demanda de mis representados por lo tanto no les aplica la nulidad del séptimo contrato colectivo del trabajo, ya que mi parecer la ley de justicia constitucional habla al respecto de los efectos de que los amparos de que los actos que hayan sido otorgados a raíz del séptimo contrato colectivo de trabajo, continúan vigentes a pesar de su nulidad posterior, por lo que aplicando en los artículos 63 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por todo lo expuesto, queda plena y absolutamente demostrado la apreciación errónea incurrida por la Corte Sentenciadora de la prueba Documentos Públicos numeral 18), agregada a folios 275 de la primera pieza, que la hizo caer en la violación precitada y ello vuelve procedente la Casación en este motivo.”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indican como infringidos los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo, pero es el caso, que el primero contiene varios numerales y el segundo párrafos y literales siendo necesario precisar al cual de ellos se dirige el ataque; b) en el acápite denominado reglas procesales violadas cita la aplicación analógica de los artículos 273 del Código Procesal Civil y 94 de Ley Sobre Justicia Constitucional, como medio para la violación de las normas sustantivas, careciendo de claridad y precisión, ya que dichas disposiciones no pueden aplicarse analógicamente en esta materia solo de manera supletoria; c) en la explicación se alude a los artículos 63 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que no fueron relacionados en la formulación; y, d) no se demuestra el error manifiesto y evidente alegado en la apreciación de la prueba.- 4. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta que proveniente de la apreciación errónea por error de hecho evidente en los autos en el medio de prueba DOCUMENTOS PÚBLICOS de la parte demandada que obra a folios 27-35de la primera pieza. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada son los Artículos 101, 102y 111 #09 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido es DOCUMENTOS PRIVADOS numeral 1), agregada a folios 27- 35de la primera pieza, propuesto por la parte demandada, documentos que consisten en Cartas de despido.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva ya señalada, están contendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; 278 del Código Procesal Civil utilizado como norma análoga aplicable. PRECEPTO AUTORIZANTE RESPECTO A ESTE MOTIVO: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo del numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo.- En el caso de autos la Corte sentenciadora aprecio erróneamente la prueba DOCUMENTOS PRIVADOS agregada a folios 27-35 de la primera pieza, propuesto por la parte demandada.- SE EXPLICA LA VIOLACIÓN DELA FORMA SIGUIENTE: La Corte Recurrida no observa la correcta aplicación de la norma laboral cuando se termina una relación laboral por causa de cierre del centro de trabajo, como es el caso de méritos; es de hacer notar Honorable Corte de Suprema que la Corte recurrida no se percata que cuando a mis representados se les entrega la ilegal carta de despido, en dicha acta se les despide de manera inmediata y no se les reconoce los derechos otorgados en los artículos 101, 102 y 111 donde el Código del Trabajo otorga el beneficio de indemnizar a los empleados por no dar aviso de la terminación de la relación laboral, esto se demostró en juicio mediante Documentos Privados agregada a folios 27-35 de la primera pieza que contiene las cartas de despido entregadas a mis representados, documentos estos que no fueron refutados en ninguna etapa del juicio; por todo lo expuesto, queda plena y absolutamente demostrado la apreciación errónea incurrida por la Corte Sentenciadora de la prueba Documentos Privados agregada a folios 27-35de la primera pieza, que la hizo caer en la violación precitada y ello vuelve procedente la Casación en este motivo.”.- 5. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma sustantiva infringida, entre otros, el artículo 101 del Código del Trabajo, el cual no ostenta tal calidad. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que confiere derecho y deberes correlativos o los extinguen; b) en el acápite denominado reglas procesales violada se cita el artículo 278 del Código Procesal Civil, como medio para la violación de la norma sustantiva, careciendo de claridad y precisión, ya, que tal disposición no puede aplicarse analógicamente solamente de manera supletoria; y, c) en el desarrollo no se demuestra la existencia de un el error manifiesto evidente sobre la prueba.- 6. Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 223-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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