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Sentencia CL-216-17 — Registro 8373

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, más el pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, costas del presente juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 47 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) alega dos formas distintas de violación de la Ley, por una parte hace referencia a la aplicación indebida y por otra a la interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; c) el precepto autorizante ha sido formulado de forma imprecisa, omitiendo el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo, requisito indispensable, ya que dicho numeral hace referencia a distintos modos de violación a la Ley, tanto por la vía directa como indirecta, además posteriormente en la formulación indica todos los modos por la vía indirecta, lo cual provoca falta de claridad y precisión; hace referencia a normativa no señalada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 90 de la Constitución de la República."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 47 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) alega dos formas distintas de violación de la Ley, por una parte hace referencia a la aplicación indebida y por otra a la interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; c) el precepto autorizante ha sido formulado de forma imprecisa, omitiendo el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo, requisito indispensable, ya que dicho numeral hace referencia a distintos modos de violación a la Ley, tanto por la vía directa como indirecta, además posteriormente en la formulación indica todos los modos por la vía indirecta, lo cual provoca falta de claridad y precisión; hace referencia a normativa no señalada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 90 de la Constitución de la República."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de junio del 2017, por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO, representada en juicio por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, más el pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios dejados de percibir, costas del presente juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de agosto del 2014, por la señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO, mayor de edad, soltera, Master en Finanzas, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 23 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones e indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos; salarios dejados de percibir; instaurada por la señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; II. Condenar AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; pagar a la señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO; la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.234,787.68), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.65,333.32; Auxilio de Cesantía Lps.97,999.98; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.25,044.47; Vacaciones Proporcionales Lps.16,692.68; Aguinaldo proporcional Lps.7,858.64; Décimo Cuarto mes Proporcional Lps.21,858.59; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para con la demandada, el 06 de julio del 2010, como Auxiliar Administrativo, dependiente de la Gerencia Administrativa, devengando un salario mensual de Lps.28,000.00, y se desempeñó en las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación del patrono, bajo contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en el Artículo 20 del Código del Trabajo; argumentó que la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 47 del Código del Trabajo las labores eran permanentes o continuos en la Empresa; asimismo, el Artículo 52 último párrafo, que después de laborar por casi cuatro años consecutivos la demandada no renovó el contrato, a pesar de estar consciente que le asiste el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos, no obstante al amparo de los Artículos 129 Constitucional en relación con el Artículo 113 del Código del Trabajo, y con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio se presentó el reclamo administrativo, dándose por agotado el trámite administrativo el 13 de junio 2014.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante empezó a prestar sus servicios de consultoría, el 06 de julio del 2010, tal como consta en su respectivo contrato de servicios profesionales, regulado por Derecho Público y Administrativo del Estado y lo que realmente devengaba el ahora demandante eran honorarios profesionales por los servicios prestados y no un salario, que la relación en ningún momento era de orden laboral y que dicha controversia debe de dilucidarse ente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida la señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA TECNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG), condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.234,787.68, en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma, la parte demandada en la nota de fecha de fecha 01 de abril de 2014; no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir; que la parte demandante solicita en el acápite Cuantía de la Demanda, el pago de los Derechos Adquiridos tales como: vacaciones causadas; aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; conceptos que procede declarar con lugar en virtud que se acreditó en autos que la parte demandada no ha hecho efectivo dichos reclamos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 21 de marzo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba allegados por las partes al proceso quedó probada la relación de trabajo que existió entre demandada y demandante, la cual se inició en fecha 06 de julio del 2010, hecho reconocido por el demandado en la contestación de la demanda; en el puesto de Auxiliar Administrativo, devengando un sueldo de Lps.28,000.00 y la demandante suscribió no menos de cinco contratos con la modalidad de contratos de servicios profesionales, en los que se aprecia en su contenido, referirse a actividades de naturaleza permanente en la institución demandada y clara evidencia de los requisitos esenciales, para que exista un contrato de trabajo, como son: una actividad, la subordinación al jefe un salario como compensación a la labor prestada y también consta la notificación de fecha 01 de abril del 2014, mediante la cual el empleador, determina la terminación de la relación laboral, de manera unilateral e ilegal, ya que no invoca causal alguna que señala el artículo 112 del Código del Trabajo, violentando con el ello el derecho a la estabilidad laboral contemplada en la garantía constitucional en el artículo 129 de esta ordenamiento legal; en consecuencia la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial, está apegada a derecho y en vista de los consideraciones legales que anteceden este Tribunal de Alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva y que se conoce Apelación, se encuentra dictada conforme a derecho por lo que procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 23 de mayo del 2017, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 27 de junio del 2017, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de agosto del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre el Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El AD QUEM en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las respectivas cláusulas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece taxativamente que Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”. Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal para el cual son suscritos, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas, entendiéndose que el juzgamiento debió de haberse efectuado por el tribunal competente para la materia especifica del caso, cuestión que no sucedió en el presente caso. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la parte demandante y mi representada, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido del demandante, sino que en sus contratos de servicios profesionales expiró su vigencia, incluso el AD QUEM pretende cambiar la finalidad del nombre del Contrato de Servicios Profesionales el de “Contrato Laboral o de Trabajo” lo cual es insólito y es una clara invasión a una jurisdicción que no le corresponde, violentándose todas las garantías de mi representado. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el AD QUEM fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 47 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valoro la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) no solo al pago de prestaciones laborales, sino al pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos frente a una situación injusta y con parcialidad institucional, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tornar el juzgador atendiendo a criterios no contemplados por ley sustantiva no objetiva de justicia que conlleva a la falta de neutralidad en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias ajenas, ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Juez A QUO y el AD QUEM, no dándole ningún valor a las disposiciones generales de presupuesto y a la ley orgánica de presupuesto. Por lo expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento en fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete (2017), que consecuentemente confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales, que promovió la Señora DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO contra el Estado de honduras a través de LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 47 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) alega dos formas distintas de violación de la Ley, por una parte hace referencia a la aplicación indebida y por otra a la interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; c) el precepto autorizante ha sido formulado de forma imprecisa, omitiendo el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo, requisito indispensable, ya que dicho numeral hace referencia a distintos modos de violación a la Ley, tanto por la vía directa como indirecta, además posteriormente en la formulación indica todos los modos por la vía indirecta, lo cual provoca falta de claridad y precisión; hace referencia a normativa no señalada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 90 de la Constitución de la República.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 216-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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