Sentencia CL-214-17 — Registro 8372
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido y en caso que no pruebe la legalidad de la supuesta causa, que se condene a la institución demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos omite consignar la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 26 de junio del 2017, por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores IVOJANSEN GIRON PONCE, JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO y MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE, representados en juicio por el Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido y en caso que no pruebe la legalidad de la supuesta causa, que se condene a la institución demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que sea firme la sentencia condenatoria, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de noviembre del 2014, por los señores IVOJANSEN GIRON PONCE, Bachiller en Ciencias y Letras, y JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO, Perito Mercantil y Contador Público; ambos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, y en fecha 15 de diciembre de 2014, promovió demanda también el señor MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), como Ejecutor del PROGRAMA DE TIERRAS (PATH), por medio de su representante legal el señor EBAL JAIR DÍAZ LUPIAC. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 11 de octubre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones e indemnizaciones laborales; salarios dejados de percibir; instaurada por los Señores IVOJANSEN GIRON PONCE; JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO y MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; III.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; pagar al señor IVOJANSEN GIRON PONCE la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.156,206.84), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.26,833.32; Auxilio de Cesantía Lps.53,666.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.2,647.54;Vacaciones Lps.15,652.70;Vacaciones Proporcionales Lps.1,762.05; aguinaldo Lps.23,000.00; aguinaldo proporcional Lps.7,697.27; décimo cuarto mes Lps.23,000.00; décimo cuarto mes proporcional Lps.1,947.32; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. Pagar al señor JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.125,459.44), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.26,950.00; Auxilio de Cesantía Lps.26,950.00; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.5,017.23; Vacaciones Lps.9,881.74; Vacaciones Proporcionales Lps.2,506.37;aguinaldo Lps.23,100.00;aguinaldo proporcional Lps.3,977.05; décimo cuarto mes Lps.23,100.00; décimo cuarto mes proporcional Lps.3,977.05; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. Pagar al señor MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Lps.124,136.32), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.26,950.00; Auxilio de Cesantía Lps.26,950.00; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.5,201.39; Vacaciones Lps.9,881.74; Vacaciones Proporcionales Lps.2,600.69; aguinaldo Lps.11,550.00; aguinaldo pendiente Lps.8,277.50; aguinaldo proporcional Lps.7,700.00; décimo cuarto mes Lps.23,100.00; décimo cuarto mes proporcional Lps.1,925.00; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoría la sentencia. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral así: Ivojansen Girón Ponce, el 21 de Junio del 2010, y fue prolongando mediante una sucesión consecutiva de contratos hasta el 31 de Agosto del 2014, devengando un salario mensual de L.11,500.00; Jhosman Ricardo Ortega, el 18 de Abril del año 2012, mediante varios contratos de trabajo por tiempo determinado e ininterrumpidos y hasta la fecha de su despido el 31 de Agosto del año 2014, devengando un salario mensual de L.11,550.00, hasta la fecha del despido se desempeñaban en el cargo de Extractores en el Programa de Administración de Tierras (PATH), programa ejecutado por el Instituto de la Propiedad (IP); y Mauricio Antonio Oseguera Izaguirre, el 12 de abril del 2012, y fue prolongando mediante una sucesión consecutiva de contratos hasta el 30 de Agosto del 2014, devengando un salario mensual de L.11,500.00, hasta la fecha del despido se desempeñaba en el cargo de Digitalizador en el Programa de Administración de Tierras (PATH), programa ejecutado por el Instituto de la Propiedad (IP); que desde el inicio de la relación laboral con la institución demandada, celebraron contratos por tiempo determinado, realizando labores de carácter permanente y en forma continua hasta que el 31 de Agosto del año 2014, les notificaron que estaban despedidos y por las características que reviste la relación laboral y de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo legalmente son considerados como trabajadores permanentes; argumentaron también que el 30 de agosto del 2014 se les notificó verbalmente la terminación de la relación laboral; que el 23 de octubre del 2014 se dio por agotado el trámite administrativo; asimismo interpuso la Excepción Material de Prescripción.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes ya que la relación que hubo estuvo enmarcada a través de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, y para solventar las controversias que surjan de la aplicación de estos, las partes deben someterse a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo que establece el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; razón por lo cual no existe ninguna obligación laboral entre la parte demandada y los demandantes, ya que la relación es meramente de carácter administrativo, aceptando el demandante sin objeción alguna los términos de los contratos suscritos entre ambas partes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2016, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada, con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir; promovida por los señores IVOJANSEN GIRON PONCE; JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO y MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), como Ejecutor del PROGRAMA DE TIERRAS (PATH), por medio de su representante legal el señor EBAL JAIR DÍAZ LUPIAC; condenó al Estado de Honduras a pagar a los señores IVOJANSEN GIRON PONCE la suma de L.156,206.84, a JHOSMAN RICARDO ORTEGA ANDINO la suma de L.125,459.44, y a MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE la suma de L.124,136.32; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoría la sentencia, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los Señores Ivojansen Giron Ponce; Jhosman Ricardo Ortega Andino y Mauricio Antonio Oseguera Izaguirre desde que iniciaron su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada, no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la procede declarar con lugar la demanda de mérito; que la parte demandante solicita también el pago de derechos adquiridos que procede declarar con lugar dichos conceptos en virtud de no estar acreditado en autos que la parte demandada haya hecho efectivos los mismos; y que en relación a la Excepción Material de Prescripción opuesta por la representante procesal de la parte demandada se concluye que la Representante Procesal de la parte demandada al interponer dicho defecto en relación a que el Código del Trabajo ya establece la forma de prescripción del Contrato de Trabajo y por lo cual los demandantes debieron impugnar el contrato en su momento de acuerdo a los pactos que se rigen al contratos que son ley entre las partes por lo que el debió interponerlo en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en el plazo de 15 días que es el plazo que estable la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; de lo anterior se puede apreciar que la excepcionante no es clara y precisa en determinar de dónde se deberá partir para computar ese plazo de 15 días, para así poder establecer si opera o no la prescripción alegada en el presente caso, por lo que se procede a declarar sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 27 de marzo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso se dieron los presupuestos para considerar que esos contratos de trabajo son por tiempo indefinido, por las siguientes razones: a) Los Trabajadores prestaron sus servicios a la institución en forma sucesiva en diferentes períodos y a los cuales se les incorporaron enmiendas en los mismos términos del Contrato origen; b) El Representante Procesal de la parte demandada no aportó ninguna prueba mediante la cual se pudiera establecer que al vencimiento del término del último contrato celebrado entre las partes, la causa para la cual fueron contratados los trabajadores había desaparecido en la institución, por el contrario se puede observar que los Contratos de los demandantes eran para el mismo cargo, y realizando actividades, que dada la naturaleza de la labor que se desempeñaban en la institución, es de carácter permanente y las causas que motivaron la suscripción de los contratos subsisten, por lo que se toman como contratos por tiempo indefinido; c) En los mismos contratos se establece el pago de un salario mensual por los servicios que prestaban los demandantes; que las prestaciones laborales solamente resultan cuando se ha producido un despido y sin embargo, con la aceptación por parte del Representante Procesal de la parte demandada en el sentido de afirmar que lo que se produjo fue un vencimiento del Contrato de Trabajo por Tiempo Determinado, se concluye que lo que se ha provocado fue la ruptura de la relación laboral, lo cual se enmarca en lo que se conoce como un despido encubierto, por consiguiente procede que a los trabajadores se les haga efectivo el pago de las prestaciones y la indemnización reclamada, y por las consideraciones anteriormente expuestas este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de primera instancia que se conoce en vía de apelación se ajusta a derecho, por lo que procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 17 de mayo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 26 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de junio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de agosto del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ RAMÓN MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos omite consignar la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 214-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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