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Sentencia CL-214-16 — Registro 7150

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, injustificado y escrito que motivan esta acción, pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del motivo no se precisa el concepto de la infracción, ya que invoca dos causales distintas, como ser la aplicación indebida y el error de hecho, los cuales debieron ser expuestos en forma separada, por la independencia de los mismos en este extraordinario recurso; y, b) en su explicación formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 15 de junio de 2016, por la Abogada SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HERLAN ADONIS VERDE GARIA, representado en juicio por el Abogado SADY CASILDO RUBI VARELA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, injustificado y escrito que motivan esta acción, pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes proporcional, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de junio del 2014, por el señor HERLAN ADONIS VERDE GARCIA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ese entonces señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 7 de marzo del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor HERLAN ADONIS VERDE GARCIA contra el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA al Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, a pagar a favor del demandante los conceptos siguientes: Preaviso L.26,833.34; auxilio de cesantía L.26,833.34; auxilio de cesantía proporciona L.17,888.80; vacaciones proporcionales L.7,155.52; aguinaldo proporcional L.5,811.36; decimo cuarto mes proporcional L.17,311.41, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laboral en Aeronáutica Civil que es una dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) el día 21 de septiembre de año 2012, como Inspector de Operaciones en la Unidad de Estándares de Vuelo, devengando como salario la cantidad de L.23,000.00, estando encargado de realizar inspecciones de base, inspección de rampa, inspección de estación que incluye revisar los pilotos que porten sus licencias vigentes, certificados médicos, manuales de los aviones, cartillas de vuelo vigentes, equipos de vuelo según las regulaciones, equipos diferidos, todo esto dentro de la seguridad operacional, realizando su actividad de forma eficiente, sin embargo el día 2 de abril del año 2014, se le comunicó por escrito sobre su despido invocando como causal que su contrato no sería renovado, por lo que acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a solicitar los servicios de un inspector para que constatara su despido. Se levantó acta correspondiente, luego se citó al patrono para llegar a un arreglo conciliatorio en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, pero fue imposible presencia del patrono por lo que se dio por agotado el procedimiento gubernativo.- 2.-La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante tenía con la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) un Contrato de Servicios Profesionales el cual estaba regido por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento y bajo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo., lo que se puede afirmar debido a que el vínculo jurídico aludido se encuentra regulado por el Reglamento de la ley de Servicio Civil en sus artículos 222 y 223 contempla este tipo de contratos.- Por su lado el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”. Así mismo el Decreto Legislativos 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el diario oficial La Gaceta en fecha 23 de enero del 2014, dentro de la cuela se reforma el artículo 124-C de la ley General de la Administración Pública que dice “Los empleados o servidores que ostenten acuerdos ejecutivos de nombramiento, de las dependencias del Poder Ejecutivo que, en aplicación de esta Ley se fusionen, escindan o supriman, conservarán su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la ley y continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”, que la Jurisdicción del Trabajo fue creada para dirimir controversias originadas de los Contratos de Trabajo es decir que se originen producto de una relación laboral, sin embargo la relación que mantenía el demandante con la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), estaba regida por un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, mismo que nunca fue sujeto de reconocimiento de relación laboral, por ende dicha relación no está sujeta a la jurisdicción del trabajo. Asimismo, el contrato establece en su cláusula Décima Segunda: “CONTROVERSIAS: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato las partes se someten a los tribunales de lo Contenciosos Administrativo de esta ciudad”.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo de Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de diciembre del 2015, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda, condenó al demandado a pagar a favor del demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que aunque la relación entre las partes nació como contrato de servicios profesionales, por su naturaleza se está ante un contrato regido bajo la legislación laboral y por e hecho de la no renovación del contrato, se está ante un despido ilegal e injusto, por la incorrecta denominación del contrato suscrito entre las partes.- 4.-La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 7 de marzo del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en los contratos firmados entre las partes concurren los 3 elementos del artículo 20 del Código del Trabajo, por lo tanto se está ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y la parte demandada no estableció causa alguna para dar por terminado el contrato de trabajo.- 5.-Mediante auto de fecha 16 de mayo del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.-En fecha 15 de junio del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 1 de julio del 2016 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN CARLOS RODAS CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.-Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada SWEETENIA INDIRA ROMERO RODRIGUEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida proveniente de la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en el Contrato de Servicios Profesionales que obra en el expediente de primera instancia (Folios del 46 al 55), en relación con las demás pruebas en su conjunto, que hizo al Juzgador incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que lo llevó a la violación del artículo 113 párrafo primero, tercero y literal b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal, y los artículos 46 literal c), 47 párrafo final del Código del Trabajo, en relación con los artículos con los artículos 256 y 364 de la Constitución de la República, artículos 1 y 94 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 200 párrafo primero y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del trabajo, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el Medio Probatorio denominado DOCUMENTAL, consistente en el último Contrato de Servicios Profesionales suscrito con el demandante que obra a folios del 46 a 52, del expediente de primera instancia. Limitándose únicamente a describir la proposición del referido medio probatorio y a indicar su número de folio. Sin hacer referencia alguna a que éste en su Clausula tercera estipula que es un contrato con fecha de inicio y terminación ,Encontrándonos ante un contrato por tiempo determinado, al cual no les es aplicable, lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, mismo que si opera para relaciones por tiempo indeterminado; pero que de igual manera de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 118 del mismo cuerpo legal, lo que procede es una sanción pecuniaria y no de reintegro y mucho menos de Salarios Dejados de Percibir. Entendiéndose de lo anteriormente expuesto que el referido contrato, posee el carácter excepcional de los contratos de tiempo limitado o fijo plasmado en el artículo 46 literal c) y 47 párrafo final del Código del Trabajo. Aunándose a ello que tales contratos, se rigen por la Ley de Contratación del Estado, ya que el CAPITULO VII de ésta, específicamente en su artículo 94, los describe como Contratos de Consultoría. De igual manera el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su CAPITULO XX CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, en su artículo 200 párrafo primero establece que “Las secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada…”. Y en su artículo 201 dicho Reglamento ordena: “Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad”. En el presente caso esta recurrente acreditó fehacientemente con el Medio de Prueba denominado DOCUMENTAL de que lo que existió fue la terminación de la relación contractual por mutuo consentimiento de las partes por haber acecido la fecha para su finalización según lo convenido, NO EXISTIENDO DESPIDO, sin embargo se, hace la observación Honorable Corte, que en contraposición a lo antes expresado, en el CONSIDERANDO (7) del fallo impugnado, el tribunal Sentenciador hace nuevamente una valoración errónea del Medio de PRUEBA DOCUMENTAL, expresando “ Que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe, sin que sea permitid peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción del contrato se aduzcan por cualquiera de las partes, razones, hechos, o motivos a la sorpresa entre ambas partes contratantes, de modo que toda lealtad debe de expresarse, por uno de ellos al otro, los cuales son los motivos determinantes de la extinción unilateral y esta manifestación debe expresarse en el momento mismo de efectuarse la terminación del contrato; por lo tan, únicamente valora la parte que a su criterio favorece al demandante. Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. Lo que hizo incurrir a la Corte acusada en error de hecho que aparece manifiesto de los autos, llevándola a la aplicación indebida delos artículos 113 párrafo primero, tercero y literal b) del Código del Trabajo interpretado por el Decreto Legislativo 89 del 24 de noviembre 1969, y del artículo 117 del mismo cuerpo legal. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO al presente caso, lo han sido de manera INDEBIDA.A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del motivo no se precisa el concepto de la infracción, ya que invoca dos causales distintas, como ser la aplicación indebida y el error de hecho, los cuales debieron ser expuestos en forma separada, por la independencia de los mismos en este extraordinario recurso; y, b) en su explicación formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 214-16.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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