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Sentencia CL-212-17 — Registro 8317

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que por la vía judicial y mediante sentencia definitiva se deje sin valor ni efecto la notificación escrita de suspensión de laborales a trabajadores, en virtud de que la misma está viciada de nulidad y no ajustarse a lo preceptuado en los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, en consecuencia se restituya de inmediato y sin ulterior recurso a los demandantes en sus puestos de trabajo, mas se condene al pago de salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución mas el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual y en atención a la violación de sus derechos fundamentales de que han sido víctimas los demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se citan como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, pero es el caso que dichas disposiciones contienen varios párrafos con distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque careciendo el mismo de claridad y precisión; y, b) en el desarrolla no se demuestra el error manifiesto y evidente, siendo lo expuesto un alegato de instancia inapropiado en este recurso extraordinario.- 4.- Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, siendo vedado para Tribunal de casación la inferencia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal, en fecha 28 de 2017, por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores RIGOBERTO AGUILAR SANTOS, ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, WALESKA YANETH ROSALES, HECTOR FERNANDO AGUILAR, JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, JOSÉ ANTONIO SIERRA RAMIREZ, DIGNA ELIZABETH ACEITUNO y GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA FERRERA, representados en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que por la vía judicial y mediante sentencia definitiva se deje sin valor ni efecto la notificación escrita de suspensión de laborales a trabajadores, en virtud de que la misma está viciada de nulidad y no ajustarse a lo preceptuado en los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, en consecuencia se restituya de inmediato y sin ulterior recurso a los demandantes en sus puestos de trabajo, mas se condene al pago de salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución mas el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual y en atención a la violación de sus derechos fundamentales de que han sido víctimas los demandantes, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de julio del 2014, por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de los demandantes señores 1) RIGOBERTO AGUILAR SANTOS; soltero, Ingeniero; 2) ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 3) MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, soltera, Secretaria; 4) WALESKA YANETH ROSALES, casada, estudiante; 5) HECTOR FERNANDO AGUILAR, soltero, Perito Mercantil y Contador Público; 6) JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, casado, Bachiller; 7) MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 8) JOSÉ ANTONIO SIERRA RAMIREZ, soltero, Perito Mercantil y Contador Público; 9) DIGNA ELIZABETH ACEITUNO, casada, Bachiller; 10) GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA FERRERA, casado, Mecánico Industrial, este último con domicilio en San Pedro Sula, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de noviembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para que se deje sin valor y efecto la notificación escrita de suspensión en virtud que la misma está viciada de nulidad; pago de salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución; instaurada por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO; en su condición de Representante Procesal de los Señores: RIGOBERTO AGUILAR SANTOS, ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, WALESKA YANETH ROSALES, HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ, JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, JOSE ANTONIO SIERRA RAMIREZ, DIGNA ELIZABETH ACEITUNO y GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a los Señores RIGOBERTO AGUILAR SANTOS, la suma de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.50,000.00) en concepto de 120 días que estuvieron suspendidos (Lps.40,000.00) y el pago de los 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.10,000.00); ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, la suma de CUARENTA MIL LEMPIRAS (Lps.40,000.00) en concepto de 120 días que estuvieron suspendidos (Lps.32,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.8,000.00); MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.32,500.00) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.26,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.6,500.00); WALESKA YANETH ROSALES, la suma de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps.36,562.50) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.29,250.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.7,312.50); HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ, la suma de TREINTA MIL LEMPIRAS (Lps.30,000.00) en concepto de 60 días de que estuvieron suspendidos (Lps.20,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.10,000.00); JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, la suma de CUARENTA MIL LEMPIRAS (Lps.40,000.00) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.32,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.8,000.00); MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, la suma de CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS (Lps.51,000.00) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.40,800.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.10,200.00); JOSE ANTONIO SIERRA RAMIREZ, la suma de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Lps.62,500.00); en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.50,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.12,500.00) DIGNA ELIZABETH ACEITUNO la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps.55,000.00) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.44,000.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.11,000.00) y GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA; la suma de CUARENTA Y UN MIL CUARENTA LEMPIRAS (Lps.41,040.00) en concepto de 120 días de que estuvieron suspendidos (Lps.41,040.00) y el pago de 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos (Lps.10,260.00) III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda para restitución a sus funciones; mas el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual; instaurada por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO; en su condición de Representante Procesal de los Señores: RIGOBERTO AGUILAR SANTOS, ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, WALESKA YANETH ROSALES, HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ, JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, JOSE ANTONIO SIERRA RAMIREZ, DIGNA ELIZABETH ACEITUNO y GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA; en consecuencia ABSUELVE: Al ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA; a pagar dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para la demandada así: 1) Rigoberto Aguilar Santos, el 15 de junio del 2005, como Supervisor, devengando un salario mensual de L.10,000.00.- 2) Erick Owilson Herrera Gutiérrez, el 01 de junio del 2006, como Supervisor, devengando un salario mensual de L.8,000.00.- 3) Maritza Cristina Ochoa Rodríguez, el 01 de junio del 2006, como Recepcionista, devengando un salario mensual de L.6,500.00.- 4) Waleska Yaneth Rosales, el 13 de abril del 2006, como Supervisor, devengando un salario mensual de L.7,312.50.- 5) Héctor Fernando Aguilar Rodríguez, el 01 de septiembre del 2007, como Supervisor, devengando un salario mensual de L.10,000.00.- 6) Josué Alberto Aguilar Santos, el 15 de junio del 2006, como Supervisor, devengando un salario mensual de L8,000.00.- 7) Marvin Edgardo Colindres Andino, el 01 de junio del 2006, como Mecánico, devengando un salario mensual de L.10,200.00.- 8) José Antonio Sierra Ramírez, el 02 de mayo del 2006, como Supervisor, devengando un salario mensual de L.12,500.00.- 9) Diga Elizabeth Aceituno, el 02 de septiembre del 2013, como Supervisor de Bienes, devengando un salario mensual de L.11,000.00.- 10) Guillermo Segundo Maradiaga, el 12 de febrero del 2006, como Mecánico, devengando un salario mensual de L.10,260.00; que en fechas 31 de marzo de 2014 fueron suspendidos sorpresiva e intempestivamente de los puestos de trabajo mediante nota escrita que por el termino de 120 días, siendo efectiva dicha suspensión a partir del 01 de abril de 2014, que la relación laboral estaba regida por un contrato de trabajo por tiempo indefinido; argumentaron además que la demandada no realizo el trámite de suspensión ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social previa a la suspensión de los demandantes, sino que lo hizo posterior a dicha suspensión, pues fueron suspendido el 01 de abril de 2014, o obstante iniciaron el trámite ante la Secretaria de Trabajo hasta el 7 de abril de 2014 cuando ya habían sido suspendidos, por lo que no le asiste el derecho al Estado a acogerse a la figura legal que preceptúan los Artículos 100 y 102 del Código del Trabajo para suspender a empleados públicos porque dicho precepto legal es exclusivo para el poder privado y han concretizado que el Estado no es una empresa, así mismo la demandada y el supuesto caso que le asistiera el derecho de amparase en la figura legal citada, también es cierto que violento el debido proceso administrativo que se sigue para la suspensión de trabajadores; que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio con la parte patronal, acudieron a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo por lo que se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando notifico a los hoy demandantes en legal y debida de la decisión de suspender los contratos de trabajo con efectividad a partir del 01 de abril del 2014, que la suspensión de contratos de trabajo tendría una duración de 120 días, por lo que tal medida concluiría el día 29 de julio de 2014, pudiendo reanudar las labores a partir de esa misma fecha; que fue cumplido a cabalidad, debido que cada uno de los demandantes tuvo la oportunidad de reanudar sus labores, conservando su antigüedad y demás derechos a partir de esa fecha, que tal medida fue tomada por la demandada, a raíz de los resultados que arrojaron los estudios administrativos-financieros que se vieron orillados a practicar y mediante los cuales se rebeló el grave déficit presupuestario que afrontaría la institución en caso de no tomar las medidas necesarias y que implicarían el respeto irrestricto a la legislación laboral y a tomar la medida que fuera menos gravosa para ambos sujetos del contrato del trabajo; asimismo manifestaron que a través de los últimos años la demandada ha venido contando de manera extra limitada con un total de 4679 empleado y en virtud las condiciones de alta desproporcionalidad entre los trabajadores por acuerdo y contrato con relación a los trabajadores por jornal, laborantes en institución, encontramos que al sumar el total de los empleados que laboran por jornal estos ascienden a 3,604 trabajadores, en relaciones a los empleados totales de la institución que asciende 4,679, lo que finalmente representa que 8 de cada 10 empleados de INSEP sean “jornaleros” (emergentes), y todos ellos, al igual que los empleados por a cuerdo o por contrato, están cargados a una misma línea de acción presupuestaria, en este caso al objeto de gasto 10,000 (Servicios Personales), que consecuentemente terminan siendo insuficiente para soportar las condiciones alta desproporcionalidad a que se han estado refiriendo y que esta ultima situación es en conclusión lo que motiva a una institución, obligada a velar por la correcta distribución y aplicación de sus gastos, a tomar las medidas de saneamiento administrativa y financiero que correspondan, en el caso particular a conllevado a la imperiosa necesidad de recurrir ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social ha comprobar las causales que fueron invocadas en la notificaciones de suspensión de contratos y que han sido literalmente transcritas en el hecho “primero” del acápite “hechos y razones en que se apoya la defensa” en la forma prescrita en la legislación laboral vigente; y tomándose en cuenta que la medida de suspender los contratos de trabajo no extingue los mismos, sino que se trata de mantener en suspenso de forma temporal algunas condiciones esenciales de contrato de trabajo, tal circunstancia permitiría evitar el sobregiro mensual previsto en los estudios que al efecto se han realizado sobre el renglón presupuestario asignado para efectos de pago de la planilla del personal por jornal, esta medida prevendría que los fondos con los que cuenta en presupuesto se agoten prematuramente.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de noviembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores RIGOBERTO AGUILAR SANTOS; ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ; MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ; WALESKA YANETH ROSALES; HECTOR FERNANDO AGUILAR; JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS; MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO; JOSÉ ANTONIO SIERRA RAMIREZ; DIGNA ELIZABETH ACEITUNO; GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA FERRERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP); bajo el criterio que la presente litis se contrae a pedir que por la vía judicial se deje sin valor ni efecto la notificación escrita de suspensión de labores a trabajadores en virtud de que la misma está viciada de nulidad; restitución a los demandantes en sus puestos de trabajo; mas el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual; pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución; en lo que concierne a dejar sin valor y efecto la notificación escrita de suspensión de labores a los trabajadores en virtud de que la misma está viciada de nulidad; procede declarar con lugar en virtud de que el artículo 101 de nuestra Legislación Laboral señala: La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible; situación que no concurrió en las presentes diligencias en vista que los demandantes fueron suspendidos del 01 de abril de 2014 al 31 de julio de 2014; y fue hasta el 07 de abril del 2014 que la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) presento solicitud de suspensión de Contratos Individuales de Trabajo fuera del término que establece la Ley; por lo que siendo que dicho procedimiento está viciado de nulidad tal y como lo señala los artículos antes relacionados procede el pago de los salarios dejados de percibir desde el 01 de abril de 2014 al 29 de julio del mismo año; así como el pago de los 30 días; a los Señores Rigoberto Aguilar Santos, Erick Owilson Herrera Gutiérrez, Maritza Cristina Ochoa Rodríguez, Waleska Yaneth Rosales, Josue Alberto Aguilar Santos, Marvin Edgardo Colindres Andino, José Antonio Sierra Ramírez, Digna Elizabeth Aceituno Y Guillermo Segundo Maradiaga, No Así Del Señor Fernando Aguilar Domínguez que le corresponde el pago de salarios desde el 02 de abril al 30 de mayo de 2014; de igual forma en relación a la Señora Waleska Yaneth Rosales del 25 de febrero de 2014 al 10 de abril de 2014 y otra del 11 de abril al 28 de mayo de 2014 se encontraba gozando de vacaciones por lo tanto estaba suspendido su Contrato de Trabajo; en lo que respecta a la restitución de los demandantes a sus puestos de trabajo y mas el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual; de igual forma se declara sin lugar en virtud de no estar acreditado con la prueba aportada al proceso que los demandantes hayan sido despedidos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 22 de marzo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada en el acápite ‘hechos y razones en que se apoya la defensa” en el numeral primero señala que a partir del 1 de abril del 2014 notificó a los demandantes la decisión de suspender sus contratos de trabajo por un término de 120 días consecutivos y en el numeral 5 aceptó y en el hecho segundo les notificó que la suspensión duraría hasta el 29 de julio de 2014; solicitud de suspensión que fuera presentada ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad social, en fecha 7 de abril de 2014; es decir, seis días después de haberles notificado a los trabajadores demandantes la suspensión de sus contratos de trabajo; y es hasta el 12 de diciembre de 2014, que la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad social emitió la resolución declarando con lugar la solicitud de suspensión solicitada; y aún así INSEP tomó la decisión de tener por suspendido la relación laboral con los demandantes sin haber obtenido primero dicha autorización; por consiguiente, la suspensión hecha a los trabajadores es ilegal e injustificada; y además, tampoco probó en autos las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipuladas en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código del Trabajo; y que al no estar acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que efectivamente los señores demandantes han sido suspendidos de manera injusta e ilegal; y que vistas las consideraciones anteriores procede confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 22 de mayo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 28 de junio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de agosto del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en un único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional de índole Laboral por infracción indirecta proveniente de error en la apreciación errónea del medio de prueba denominado documental por oficio y del medio de prueba denominado reconocimiento judicial que constan a folios 50, 53, 54 al 58, 59 al 66 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 100 numerales 4, 5 y 15, 101,102 del Código del Trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738, 739 y 858 del Código del Trabajo y articulo 238 numeral 3 del Código Procesal Civil. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: I.- MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO DOCUMENTAL POR OFICIO: Dirigido a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual la Autoridad Administrativa informa que la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) siguió el procedimiento legal establecido (Articulo 101 y 102 del Código de Trabajo) para la comprobación de las causas en que se fundó para la suspensión de contratos de trabajo de los señores RIGOBERTO AGUILAR SANTOS, ERICK OWILSON HERRERA GUTIERREZ, MARITZA CRISTINA OCHOA RODRIGUEZ, WALESKA YANETH ROSALES, HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ, JOSUE ALBERTO AGUILAR SANTOS, MARVIN EDGARDO COLINDRES ANDINO, JOSE ANTONIO SIERRA RAMIREZ, DIGNA ELIZABETH ACEITUNO Y GUILLERMO SEGUNDO MARADIAGA FERRERA. II.-MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERO 1: Practicado en las oficinas de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), específicamente en el Departamento de Recursos Humanos de la Institución a efecto de constatar si a los demandantes se les cancelo los salarios correspondientes del 01 de abril al 29 de junio del 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. En la motivación de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se pueden percibir el error en que incurrió el Tribunal A Quem, al momento de formar su convencimiento en lo referente a la pretensión de los demandantes, tanto al momento de aplicar la norma sustantiva al caso concreto, así como en la apreciación de los medios probatorios. Antes de profundizar en el contenido de la sentencia impugnada, es preciso aclara que la pretensión de la parte actora la constituye la nulidad de las notificaciones de fecha uno (01) de abril de dos mil catorce (2014), a través de las cuales mi representada les comunica su decisión de suspender sus contratos de trabajo por el termino de ciento veinte (120) días; argumentando los demandantes que dicho acto se realizó al margen de lo preceptuado en los artículos 100, 101) 102 del Código de Trabajo.- Y este será precisamente el punto de partida del análisis que voy a realizar para señalar los errores en que incurrió el Tribunal de Segunda Instancia al momento dictar la resolución. En primer término, los preceptos jurídicos que según la parte actora fueron violentados por mi representada al momento de realizar el procedimiento de suspensión de sus contratos individuales de trabajo, le atribuyen competencia exclusiva a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, para conocer sobre este asunto.- Por lo que mi representada en fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 del Código de Trabajo, en fecha siete (7) de abril de 2014 procedió a solicitar ante la Autoridad Administrativa la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes. Este hecho reviste especial importancia dentro de los argumentos del presente recurso, debido a que el Tribunal A Quem en el considerando número once(11) de la sentencia impugnada manifiesta que en el presente juicio la demandada no probó que la suspensión de los contratos de trabajo de los actores estuviere motivada en las causas establecidas en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código de Trabajo.- Señores Magistrados, mi representada en el presente juicio no estaba obligada a comprobar ante el Tribunal A Quo las causas en que fundó la suspensión de los contratos de trabajo, la carga probatoria que la norma jurídica le atribuye a la demanda, es acreditar que inicio el trámite para la autorización de la suspensión ante la Autoridad Competente, que en este caso es la Secretaria de Trabajo; hecho que se acredito en juicio a través del medio de prueba documental por oficio, en el que la autoridad administrativa informa al Tribunal de Primera Instancia que mi representada realizo el trámite en debida forma y que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014) se emitió resolución declarando con lugar la solicitud de suspensión de contratos individuales de trabajo de los demandantes que ella presento (ver folio 54 del primera pieza de autos). En segundo término, el Tribunal A Quem manifiesta en la sentencia, que la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRCUTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), presentó la solicitud de forma extemporánea, razonamiento que se encuentra errado por los argumentos que expongo a continuación: 1) La solicitud para la autorización de suspensión de contratos de trabajo se presentó en fecha siete (7) de abril del año dos mil catorce (2014); basta con realizar el computo de plazo, de los tres días hábiles que tenía mi representada para presentar la solicitud para darse cuenta que el trámite se inició dentro del plazo legal establecido en el artículo 101 del Código de Trabajo; y 2) Si la solicitud se hubiera presentado de forma extemporánea la Autoridad Administrativa hubiese fundamentado su resolución en este hechos para declararla sin lugar, condenado a mi representada a pagar los derechos que correspondieren a los trabajadores suspendidos.- Señores Magistrados, en el supuesto de ser cierto que mi representada no inicio la comprobación de las causas de la suspensión de contratos de trabajo en el plazo establecido, lo procedente es que los hoy demandantes hubiesen agotado los recursos ante la autoridad administrativa y si esta confirmaba la resolución se impugnara ante el Tribunal competente, que es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Señores Magistrados como pueden apreciar, la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en un grave error al momento de realizar el razonamiento que la llevaría a dictar una justa resolución, debido a que no tomo en consideración que la pretensión de la parte actora no está atribuida a los Juzgado de Trabajo, que este asunto se debe resolver en sede administrativa y que la parte que se encuentre disconforme con la resolución que dicte la Secretaria de Trabajo, deberá impugnarla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se citan como normas sustantivas infringidas, entre otros, los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, pero es el caso que dichas disposiciones contienen varios párrafos con distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque careciendo el mismo de claridad y precisión; y, b) en el desarrolla no se demuestra el error manifiesto y evidente, siendo lo expuesto un alegato de instancia inapropiado en este recurso extraordinario.- 4.- Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, siendo vedado para Tribunal de casación la inferencia.- 5.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 numeral 5 literal a), 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 212-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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