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Sentencia CL-209-17 — Registro 8371

Resumen

Segunda instancia revocó la sentencia desestimando la demanda ordinaria laboral para que se cumpla la reinstalación en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir, más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Conforme a los puntos expuestos por el Impetrante y revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que la misma desestima la acción del demandante señalando como demandada a una persona o entidad distinta a la que corresponde determinar, que es el Estado de Honduras; que de igual forma se utiliza la formula de desestimar la demanda, cuando lo correcto era declararla con o sin lugar, omitiendo el pronunciamiento en cuanto a que si se condena o absuelve al demandado de lo reclamado en el juicio.- X.- Además, en la motivación del referido fallo, dicho Tribunal toma en consideración una situación que no ha sido parte de la controversia, como es el tema de la existencia o no de un contrato por tiempo determinado, cuando la defensa de la demandada es porque esa relación que vinculaba a las partes, no se rige por la normativa del Código del Trabajo, al ser su nombramiento interino y sujeto al Derecho Administrativo, lo cual violenta su deber de congruencia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 12 de junio del 2017, por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal del señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se cumpla la reinstalación en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 21 de septiembre del 2016, por el señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO, mayor de edad, casado, Médico Especialista en Medicina Interna, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 19 de enero del 2017, proferida por el Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Lempira y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en 19 de Enero del 2017; SEGUNDO: DESESTIMANDO la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el reintegro al Trabajo en Iguales o Mejores Condiciones y el Pago de Salarios Dejados de Percibir, promovida por el señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO de generales conocidas, contra LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de su Representante Legal, Abogado ABRAHAM ALVARENGA; TERCERO: SIN COSTAS ni en primera y tampoco en segunda instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la demandada el 01 de junio del 2014, con un interinato como Médico Especialista de Guardia 6 Horas en el Hospital “Juan Manuel Gálvez” en la ciudad de Gracias Lempira, Departamento de Lempira, devengando un salario mensual de L.34,774.47, haciéndole prórrogas a los nombramientos interinos variando únicamente en cuanto a la duración; asimismo argumentó que siempre utilizaba fundamentos y figuras propias de la normativa de la Ley de Servicio Civil, pero lo cierto es que su relación laboral nunca estuvo bajo el régimen de servicio civil, por haber sido siempre un nombramiento interino, y que el 06 de julio del 2016 recibió notificación de que no sería renovado el contrato y que tenía hasta el 30 de julio del 2016, ello constituyó una acción de despido directo e injustificado; que presentó reclamo administrativo con el cual se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante dejó de promover su acción en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, no obstante que no le asiste el derecho subjetivo que reclama virtud que el demandante consintió y aceptó la totalidad de las condiciones de su nombramiento; y desde el momento que se le nombró mediante acuerdo interino, estuvo enterado que tenían fecha de inicio y finalización, o sea que tuvo conocimiento que dicho nombramiento que era de carácter administrativo y por tiempo determinado; razón por la cual el nombramiento interino tiene vigencia del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016, en atención a lo preceptuado en los artículo 2 numeral 2), del Código del Trabajo; artículos 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se deduce que la Jurisdicción que debe conocer sobre la acción que invoca es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en ningún momento corresponderá al Juzgado de Letras del Departamento de Lempira, el conocimiento de la misma por no estar comprendida dentro de sus atribuciones, en consecuencia la acción fue promovida ante un Juzgado a cuya competencia no corresponde el conocimiento de las causas relativas a los contratos de servicios y/o Profesionales que celebran los Poderes del Estado con personas naturales; que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su artículo 6 numeral 20 define el concepto de “Empleado Interino: Servidor público nombrado en un puesto para sustituir en forma temporal a un empleado regular por motivos de enfermedad, riesgo profesional licencia o cualquier otra causa de suspensión temporal de la relación de empleo, debiendo cumplir los requisitos del cargo.” El Artículo 77 del Reglamento de Servicio Civil literalmente dice en su primer párrafo: “La Autoridad Nominadora podrá realizar nombramientos de empleados en forma interina. Se consideran en estado de interinato los servidores nombrados para sustituir temporalmente a un empleado regular por motivos de enfermedad, riesgo profesional, Licencia o cualquier otra causa de suspensión temporal de la relación de empleo, debiendo en todo, caso acreditarse la idoneidad para el cargo.” En el caso concreto, debe observar este Tribunal que el demandante está consciente que su relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud estaba supeditada a un nombramiento interino cuya característica principal es que tiene una fecha de inicio y otra de finalización, y siendo un nombramiento interino, el Código del Trabajo los excluye del ámbito de competencia de ese Tribunal; y que el demandante se encuentra excluido de la aplicación del Código del Trabajo y consecuentemente no es competencia de esta Jurisdicción conocer del presente caso de autos, puesto que el demandante se encontraba protegido por la Ley de Servicio Civil debido a que la relación laboral con la demandada emanaba de un acuerdo de nombramiento interino y no de un contrato.- 3.- El Juzgado de Letras Departamental y del Trabajo por Ministerio de la ley, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha 19 de enero del 2017, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, condenó a la parte demandada a que proceda a reintegrar al demandante a la actividad laboral como Médico Especialista de Guardia 6 horas en el Hospital “Juan Manuel Gálvez” de Gracias, Departamento de Lempira, bajo las mismas condiciones en las cuales se encontraba al momento de su despido, más el pago de salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que quedó acreditada la actividad personal del trabajador a favor del patrono, una continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, y la retribución pactada y otorgada por el patrono al trabajador, y atendiendo a los principios pro homine, la buena fe, y el principio protectorio, siendo los derechos laborales son derechos humanos amparados no solo por nuestra carta magna sino por tratados, convenios y organismos internacionales como el ya conocido Organización Internacional del Trabajo, que vela por el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores principio protector a favor del demandante, la primacía de la realidad que ha quedado acreditada, la parte demandada no puede presumir que debido al carácter de interino del empleado el mismo no podría tener el derecho de reintegro a sus labores, que actualmente demanda, pues la misma práctica de contratación que los medios de prueba aportados reflejan, le otorga ese derecho de continuidad y permanencia en el trabajo al hoy demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 27 de marzo del 2017, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, en cuanto a que desestimó la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones y el pago de salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que al revisar el proceso, nos damos cuenta que no se llegó al mismo, ningún medio de prueba que nos permita constatar que subsiste la causa que originó el contrato entre las partes, que la plaza que ocupaba el demandante, está disponible aún, o en su defecto, que fue ocupada por otra persona. Vistas así las cosas, queda en evidencia que en el caso que nos ocupa, no se cumple con esos presupuestos exigidos y de obligatorio cumplimiento, los cuales son necesarios para que por disposición legal, se tengan los contratos por tiempo determinado, en contratos por tiempo indeterminado. De lo anterior, se colige, que la ley laboral vigente requiere de dos situaciones, para considerar que una elación laboral se considere por tiempo indefinido según lo establece el artículo 47, se requiere primero, que esa elación inicie y subsista merced a la suscripción de contratos de trabajo por tiempo limitado, y segundo, que al vencimiento de los contratos, subsista la causa o materia que los originó; de ambos presupuestos que conforman la norma sustantiva laboral invocada por el actor, solo se acreditó el primer elemento de configuración, y que es que la relación laboral entre Fernando Emilio Fúnez Castillo y la Secretaría de Salud, originada mediante la suscripción de contratos de trabajo por tiempo limitado, más no hay prueba alguna, que los indique que la causa o materia que le dio origen a esos contratos subsiste y sigue siendo necesaria en el lugar donde prestaba sus servicios el demandante; en conclusión, de acuerdo a lo probado en juicio, no podía la A-quo estimar las pretensiones del trabajador, consecuentemente, hay evidencia de un interpretación errónea de la ley, en razón que para estimar los hechos de la demanda, no se establecieron los presupuestos que establece el artículo 47 del Código del Trabajo, para que una relación laboral, que inició con la suscripción de un contrato de trabajo por tiempo limitado, se considere por tiempo indefinido, por lo tanto, asumimos, que no hay despido alguno y por lo tanto, no hay obligación de parte de la demandada ni a reintegrar al trabajador cuyo contrato de trabajo es vencido, y tampoco al pago de salarios dejados de percibir, consecuentemente, debemos revocar la sentencia, aun y cuando la haya consentido la parte contraria al no recurrirla.- 5.- Mediante auto de fecha 25 de abril del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal del señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal del señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de agosto del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada CARMEN FLORENCIA ROSA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- 8.- El recurso se formalizó exponiendo dos motivos, el primero por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea de prueba documental y el segundo por infracción directa, solicitando subsidiariamente la nulidad de la sentencia.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1) dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que el Recurrente de forma subsidiaria solicita la nulidad de la sentencia impugnada bajo los siguientes señalamientos: “NULIDAD SUBSIDIARIA: Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales de conocer por vía de apelación o de CASACIÓN para INVALIDAR las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en materia laboral es admisible como Causal el error IMPROCEDENDO cuando por el Quebrantamiento de Normas procedimentales se lleguen a infringir normas sustanciales de carácter laboral, SE ALEGA EN FORMA SUBSIDIARIA la nulidad de la sentencia por las razones siguientes: La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Santa Rosa de Copan y del Trabajo por Ministerio de Ley en fecha VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), que motiva el Recurso de Casación de que se hace mérito, no ha sido dictada dentro de los parámetros que para este tipo de resoluciones judiciales establece el Código Procesal Civil, por cuanto tal estamento jurídico manda que las sentencias deben ser claras precisas y sobre todo congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Pero en el caso de autos la Corte Sentenciadora al emitir el fallo recurrido incurrió en la inobservancia de tales parámetros, al pronunciarse en el numeral segundo de la parte dispositiva del fallo recurrido de la siguiente manera: “… SEGUNDO: DESESTIMANDO la demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el reintegro al trabajo en Iguales o Mejores Condiciones y el Pago de Salarios Dejados de Percibir, promovida por el señor FERNANDO EMILIO FUNEZ CASTILLO de generales conocidas, contra LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Representante Legal, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA…” Lo anterior producto de que La Procuraduría General de la República como órgano estatal con funciones autónomas según su Ley orgánica, nunca fue parte en el presente juicio puesto que la demanda del caso de autos se promovió en contra de EL ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, indicándose al Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República como representante Legal del Estado de Honduras. Pero La Corte Sentenciadora al Desestimar la demanda en contra de una entidad que no fue parte en el presente proceso, se ha alejado de los principios y parámetros que para las Sentencias establece el Código Procesal Civil, además que utiliza el Tribunal ad-quem en el numeral antes transcrito del fallo resuelve “DESESTIMANDO la demanda ordinaria laboral...” cuando ese tipo de pronunciamiento no es el apropiado en la materia de qué trata el caso de auto, siendo lo correcto declarar Con y Sin lugar la demanda, condenando o absolviendo al demandado, según lo ha dejado establecido este Tribunal Supremo el fallo que emitió en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaído en el expediente CL-80-16. Por lo que fundamentado lo anterior en los artículos 90 de la Constitución de la república, 858 del Código del trabajo en relación a los artículos 2, 3, 10 numerales 1 y 2, 11, 200 numeral 2 literales b) y d), 206, 207, 208, 211 y 214 numeral 2 del Código Procesal Civil en consecuencia es procedente ANULAR LA SENTENCIA dictada por Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan en fecha VEINTISIETE (27) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017).”.- IX.- Conforme a los puntos expuestos por el Impetrante y revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que la misma desestima la acción del demandante señalando como demandada a una persona o entidad distinta a la que corresponde determinar, que es el Estado de Honduras; que de igual forma se utiliza la formula de desestimar la demanda, cuando lo correcto era declararla con o sin lugar, omitiendo el pronunciamiento en cuanto a que si se condena o absuelve al demandado de lo reclamado en el juicio.- X.- Además, en la motivación del referido fallo, dicho Tribunal toma en consideración una situación que no ha sido parte de la controversia, como es el tema de la existencia o no de un contrato por tiempo determinado, cuando la defensa de la demandada es porque esa relación que vinculaba a las partes, no se rige por la normativa del Código del Trabajo, al ser su nombramiento interino y sujeto al Derecho Administrativo, lo cual violenta su deber de congruencia.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo dicho Tribunal ser más cuidadoso en los asuntos sometidos a su conocimiento.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 90 párrafo primero, 127, 128, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212, 701 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha 27 de marzo del 2017, visible a folios del 11 al 16 de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 209-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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