Sentencia CL-205-17 — Registro 7801
Resumen
En segunda instancia se reforma parte de la sentencia, bajo el criterio que se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios personales celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratado siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 numerales 3) y 4) del Código del Trabajo, ya que omite consignar la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, por la Abogada MARÍA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida el señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ, representado en juicio por la Abogada TULA HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconocimiento de la permanencia, salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete e febrero del año dos mil catorce, por el señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, hondureño, Bachiller Técnico en Electrónica y de este domicilio, contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por intermedio del señor JAVIER TOMAS DACARETT GARCIA, quien es hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló reformando la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: “FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ; 2.- REFORMAR la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 3.1) el cual deberá leerse de la siguiente manera: “3.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP); representado por lo Procuraduría General de la República; a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A: 1. REINTEGRAR al señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ ya sea como asistente o en otro puesto de igual categoría en la Subgerencia de Servicios Generales, sección de Transporte.”.- B) CONFIRMAR los numerales 1, 2, 3.2, 3.3 y 4 de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES Y AL RECONOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA Y PAGOS DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, CONDENA EN COSTAS, promovida por el señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- 3.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la demandada mediante contrato de trabajo, desde el 01 de octubre de 2010, devengando un salario de L.10,050.00; bajo la continua subordinación del Ing. José Carlos Rodríguez, y como jefe mediato Don Atilio Uclés, en su condición de Coordinador de Transporte; laboró para la demandada durante 3 años, 4 meses, hasta el 27 de enero del año 2014, sin darle ninguna explicación se le notificó que ya no laboraría más para la institución demandada.- 2. La parte demandada, El Instituto de la Propiedad, contestó dicha demanda señalando que Rechazando totalmente la pretensión de la demandante, ya que entre ella y el demandante nunca existió una relación de trabajo, sino que lo que existió una relación contractual a término enmarcada dentro de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, en los cuales claramente se establece que para dirimir y solventar las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, se someterían a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad. De igual forma, en virtud de lo que establece el art. 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquier de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónoma y todo lo relativo a los Contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los poderes del Estado. Asimismo, que habiendo llegado la obligación contractual de las partes a su final por el acaecimiento de la fecha estipulado en el contrato, no existe obligación posterior por parte del demandado con el demandante, ni mucho menos de sostener un contrato de servicios profesionales, ya que como se ha venido manifestando la relación que existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación para las partes conforme a lo que establece el artículo 24 c) párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración pública.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por el señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, bajo el criterio que la parte actora para probar este hecho, aportó al juicio: a) la notificación de fecha 24 de enero de 2014, dirigida al demandante, en donde se le notifica entre otras cosas lo siguiente: “como es de su conocimiento el contrato suscrito entre su persona y el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD vence el 27 de enero de 2014, sin ninguna responsabilidad del Instituto de la propiedad de acuerdo a la clausulo TERCERA”, a su vez la parte actora probó haber laborado en el cargo de Asistente de Transporte del Instituto de la Propiedad desde el 01 de octubre de 2010, suscribiendo contratos por servicios profesionales de manera continua hasta la fecha 27 de enero de 2014 (ver folios 25 al 68 de autos).- Asimismo, la parte actora acreditó que el cargo para el que fue contratado no requiere título universitario; para probar los hechos y razones en que apoya su defensa la parte demandada aportó al juicio los contratos de servicios profesionales citados anteriormente, de los que se colige que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación de la relación laboral en la finalización del contrato Administrativo de servicios profesionales tal como se pactó en las cláusulas contractuales que señalan que la resolución del contrato se puede producir por la “decisión unilateral de las partes según lo establecido en la cláusula séptima que reza: “que las partes acuerdan que de existir inconvenientes administrativos, económicos o presupuestarios el mismo podrá rescindirse unilateralmente por el Instituto el tiempo que estime conveniente”, no menos cierto es, que la actora logró acreditar en juicio la continuidad laboral al haber ejercido las mismas funciones durante casi 4 años (desde el 01 de octubre de 2010 al 27 de enero de 2014) en el cargo de Asistente de Transporte; cargo éste que es de naturaleza permanente en la Institución demandada, asimismo probó que el contrato de servicios profesionales fue desnaturalizado en su esencia, constatándose la existencia de los requisitos para la existencia de contrato de trabajo, tales como actividad personal, subordinación y salario (ver clausula tercera del Contrato de Servicios Profesionales que corre a folio 137 de autos), asimismo, probó que para la realización de la actividad para la cual se contrató al demandante no se requiere un conocimiento especializado o experticia sobre alguna ciencia o materia como lo sería el caso de un contrato por servicios profesionales; es por esto que se concluye que la parte demandada no logró acreditar en juicio el carácter administrativo de la contratación, así como la temporalidad del mismo, ya que si bien es cierto señala en memorando DRH-236-16 que debido a la restructuración que ha sufrido el Instituto de la Propiedad, el cargo del demandante ya no existe; esta causa no fue objeto de debate en el presente juicio; por ende el acto de privar al demandante de continuar laborando para la Institución constituye un acto unilateral del empleador, configurándose el despido alegado. Que con base a lo antes expuesto, la causa señalada al demandante en cuanto a la terminación del contrato se encuentra viciada de NULIDAD, al haberse determinado el carácter indefinido de la relación laboral, siendo que el vencimiento del contrato no se encuentra de conformidad a las Justas Causas contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo; tomando en cuenta que el despido es la sanción más grave impuesta por el patrono al trabajador, el cual debe de obedecer a especialísimas circunstancias consideradas como faltas muy graves contempladas en la Ley o en el Reglamento Interno de Trabajo, por lo no se encuentra ajustado a la legalidad las razones invocadas al trabajador demandante para separarlo de su cargo, violentando con ello el derecho al trabajo y al derecho de la estabilidad laboral, reconocido como un Derecho Humano, notificando el despido sin expresar en forma clara las razones por las cuales fue privado de su derecho a continuar laborando.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, pero reformando parte de la sentencia, sin costas; bajo el criterio que se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios personales celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratado siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Así mismo se ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se le considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Por otra parte, es preciso establecer que ya no existe el asistente de transporte, sino que lo que existe es el puesto de subgerente de servicios generales con su jefe de transporte; por lo que no es una causal válida para dar por terminada la relación laboral, por lo que el trabajador ha probado el despido directo que alega fue objeto, ya que dentro de las causas justas para la terminación del contrato de trabajo, que señala nuestro Código del Trabajo, dentro de las mismas no se encuentra lo invocado por la parte demandada, lo que vuelve el despido del demandante ilegal, y ello vuelve, injusta la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono, pues, no existe justa causa; de acuerdo con el memorando D-RH-223-2016 de fecha 9 de marzo de 2016 y que obra a folio 157, la Jefa de Personal del Instituto de la Propiedad, le hace saber al Abogado Luís Alberto Torres Cáliz que “Debido a la reestructuración que ha sufrido el Instituto de la Propiedad, y de acuerdo a la profesionalización requerida en el Manual de Puestos y salarios, estas estructuras de puestos han sufrido modificaciones, por lo que ya no existe el asistente de transporte, sino que lo que existe es el puesto de Subgerente de Servicios Generales con su Jefe de Transporte.”; y que de acuerdo con “los cambios sufridos de acuerdo a la estructura que se refiere, ya no existe la figura de jefe inmediato que en aquel entonces recaía en el Ingeniero José Canos Rodríguez, en virtud de que estos dos puestos no son necesarios en la nueva estructura del Instituto de la Propiedad.”, y que “La causa que le dio origen a este contrato de asistente de Jefe de Transporte, ya no subsiste en la nueva estructura.”.- De lo anterior se colige que si bien es cierto la figura de asistente de transporte ya no existe en la estructura administrativa del Instituto de la Propiedad, no es menos cierto que si existe un Subgerente de Servicios Generales con su Jefe de Transporte; por lo que el demandante debió ser reubicado en la nueva estructura anteriormente señalada, ya sea como asistente o en otro puesto de igual categoría en dicha subgerencia.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada MARÍA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada MARÍA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del señor PAUL JOSE MANUN HERNANDEZ, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Este es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 numerales 3) y 4) del Código del Trabajo, ya que omite consignar la relación sintética de los hechos en litigio y la declaración del alcance de su impugnación.- III. Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 205-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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