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Sentencia CL-204-17 — Registro 8316

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales, que el empleado pretendió dar a los Contratos de Trabajo; por ende que se declare por tiempo indefinido dichas relaciones laborales originadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) omite el precepto autorizante."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, nnumeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 1348 del Código Civil) no forma parte del cuerpo legal laboral sustantivo; y, b) omite el precepto autorizante.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 47 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite el precepto autorizante; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, veinte de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida los señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES y JULIO CESAR ZERON AGUILAR, representado en juicio por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: demanda Ordinaria Laboral para que en Sentencia Definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos Contratos de Servicios Profesionales, que el empleado pretendió dar a los Contratos de Trabajo; por ende que se declare por tiempo indefinido dichas relaciones laborales originadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Asimismo pido la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones que fueron suspendidos y ante la negativa del Patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo. Pago de salarios dejados de percibir y pago de salarios adeudados. Vacaciones. Decimo Tercer y Decimo Cuarto mes causados y proporcionales. Costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del año dos mil catorce por HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES y JULIO CESAR ZERON AGUILAR, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que en Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinido dichas relaciones laborales originadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación a lo preceptuado en el articulo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Asimismo la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones que fueron suspendidos y ante la negativa del Patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo. Pago de salarios dejados de percibir. Vacaciones; Decimo Tercer y Decimo Cuarto mes causados y proporcionales 2013-2014; instaurada por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR, en su condición de Representante Procesal de los señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES Y JULIO CESAR ZERON AGUILAR; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA Procurador General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES Y JULIO CESAR ZERON AGUILAR a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanente en el cargo que mantenía; b) Asimismo a pagarle a los Señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, la suma de TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS Lps.35,096.88); por los conceptos de: Decimo Tercer mes 2013-2014 Lps. 9,500.00; Decimo Cuarto mes 2013-2014 Lps. 9,500.00; Decimo Tercer y decimo cuarto mes proporcionales Lps. 6,280.42 y Lps. 2,216.62 respectivamente; Vacaciones 2012-2013 Lps. 3,799.92 y 2013-2014 Lps. 3,799.92; ISAIAS AMADOR MORALES la suma de TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 36,099.63); por los conceptos de: Decimo Tercer mes 2013-2014 Lps. 9,500.00; Decimo Cuarto mes 2013-2014 Lps. 9,500.00; Decimo Tercer y decimo cuarto mes proporcionales Lps. 6,729.02 y Lps. 2,770.77 respectivamente; Vacaciones 2012-2013 Lps. 3,799.92 y 2013-2014 Lps. 3,799.92; Y JULIO CESAR ZERON AGUILAR la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 24,860.73); por los conceptos de: Decimo Tercer mes 2013-2014 Lps. 7,312.04; Decimo Cuarto mes 2013-2014 Lps. 7,312.04; Decimo Tercer y decimo cuarto mes proporcionales Lps. 5,179.26 y 2,132.63 respectivamente; Vacaciones 2012- 2013 Lps. 2,924.76;; IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES Y JULIO CESAR ZERON AGUILAR para el pago de salarios adeudados, para declarar la nulidad de la simulación de unos Contratos; decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales 2012-2013; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal al señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA de pagar a los Señores dichos conceptos. Y SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que los demandantes comenzaron sus labores con la hoy demandada, mediante la suscripción de varios contratos Individuales de Trabajo, de la siguiente manera: HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, desde 17 de Abril del año 2006, en el puesto de Supervisor de Instrumentos de la represa, devengando un salario mensual de L.9,500.00; ISAIAS AMADOR MORALES, desde 24 de Abril del año 2006, en el puesto de Supervisor de Instrumentos y manejo del equipo electromecánico, devengando un salario mensual de L.9,500.00; JULIO CESAR ZERON AGUILAR, desde 02 de septiembre del año 2013, en el puesto de Vigilante, devengando un salario mensual de L.7,3 12.04, desempeñando sus labores de manera continua e ininterrumpida, los demandantes desde hace varios años han venido desempeñando sus funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así consta en los contratos que han venido suscribiendo las partes mismos. que reúnen los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrató de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; en virtud de lo anterior se entiende que la relación que une a los demandantes con el empleador es de orden laboral. No obstante y la simulación que la entidad demanda ha intentado hacer de los contratos de trabajo, haciéndolos parecer como de naturaleza de servicios profesionales a término, con solo observar dichos contratos se puede determinar que los mismos son un típico contrato de trabajo a tiempo indefinidos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del trabajo se entiende que son trabajadores permanentes, pues la causa por la que fueron contratados subsiste. Finalmente los demandantes establecieron que a consecuencia de haber interpuesto Reclamo Administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, para la permanencia a sus puestos, la Institución demandada una vez vencido el último contrato no renovó el mismo.-2. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que rechaza totalmente las pretensiones de los demandantes, ya que la relación de trabajo que sostuvieron con la demanda, fue mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales, enmarcado en los Contratos Administrativos de apoyo, no permanentes, en los cuales claramente se establece en su cláusula décima sobre las leyes aplicables que “las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este Contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y a lo expresamente pactado en el mismo.”; por otra parte en estos contratos las partes acordaron que “para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo”, de igual manera consta en la Cláusula Décima de los Contratos que los demandantes aceptaron los condiciones y términos de estos contratos; asimismo, apoyado en el texto legal de la normativa del articulo 109 segundo párrafo, Sección segunda en Materia de Personal de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para periodo determinados,...” en relación al artículo 1 Capitulo Primero Principios Generales de la misma ley citada, que prescribe: “Por la presente ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular... de la Administración Pública sujetos al derecho Administrativo”, se concluye que no existe ninguna obligación laboral entre la demandada para la parte demandante, ya que su relación fue meramente de carácter administrativo.-3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES y JULIO CESAR ZERON AGUILAR contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes desde que iniciaron su relación laboral con la demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada en los Oficios 28 de febrero y 11 de marzo de 2014; no les señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de merito; asistiéndoles el derecho a ser reintegrados a su puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; así como la restitución a sus funciones, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor. Por otra parte, la demandante solicita la nulidad de la simulación de unos Contratos Administrativos, pago de: Salarios adeudados, Vacaciones; decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales de los años 2012-2013, 2013-2014, lo cual se procede a resolver de la siguiente manera: en lo que respecta al pago de Salario Adeudados procede declarar sin lugar, en virtud de no estar acreditado en los autos algún medio de prueba aportado al proceso tener derecho a los mismos; en lo que concierne a la solicitud de la nulidad de la simulación de unos Contratos Administrativos se declara sin lugar el mismo ya que los demandantes al laborar en la Institución demandada gozaron de todo los beneficios estipulados en dicha contratación; en relación al pago de vacaciones; decimo tercer y decimo cuarto mes de salario causados y proporcionales 2013-2014 se procede declarar con lugar dicho reclamo en virtud de estar acreditado en autos que se le adeudan los mismos; no así el decimo tercer y decimo cuarto mes causados y proporcionales 2012-2013 en virtud de que ya fueron pagados los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que se dio por terminada la relación laboral a partir del 28 de febrero y 15 de marzo del año 2014, según notas de terminación de la relación laboral firmadas por la Abogada María Eugenia Matute Subgerente de Recursos Humanos, sin embargo considera éste Tribunal que la relación laboral de los demandantes era continua, sobre todo porque celebraron varios contratos de trabajo y por tal razón se le debe de tener como empleados permanentes desde que iniciaron su relación laboral y al no invocárseles en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito, reintegrándoseles en sus puestos como empleados permanentes, así como declarando con lugar los demás derechos y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se declaro precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores HECTOR ARMANDO CASTRO MEZA, ISAIAS AMADOR MORALES y JULIO CESAR ZERON AGUILAR, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el primer motivo de casación alega: “Violación por falta de aplicación del Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo. El Artículo 2° Primer párrafo y numeral 2° del Código del Trabajo, establece que por ser de orden público las disposiciones de esta Ley, todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como las personas naturales están obligadas a cumplirlas y claramente cierra el párrafo con la expresión siguiente: “Se exceptúan” entre las cuales vale decir que a las estas entidades públicas, a las que se refiere el mencionado párrafo primero y descritas en su numeral 2° no le son aplicables porque están exceptuadas o si se quiere exentas de su aplicación. Las entidades referidas son: Artículo 2° Numeral 2° primero y segundo párrafos. “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal”. (Segundo párrafo). Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”. Naturalmente, este párrafo vigente desde 1959 separa los dos grandes campos laborales: el privado o particular para ser conocido por el Código del Trabajo y el público bajo la cobertura de la Ley del Servicio Civil (y dice: para cuando se expida lo que ocurrió en 1988), por eso se aplica desde la vigencia de la Ley del Servicio Civil desde el año 1988 y ampliada por la Convención Interamericana contra la Corrupción, en vigencia muchos años después de la del Código del Trabajo y de la Ley del Servicio Civil, incluso de la constitución de la República del año 1982 que en Capitulo XIII, Articulo del 321 al 324 anotan los términos: “Los servidores del Estado” (321), “Todo funcionario público” (322), “Los funcionarios” (323) y “Si el servidor público” (324), cuyos términos dejan sin vigencia los que ese Artículo 2° numeral 2° los denomina como “Los empleados públicos o sus servidores” todo lo cual hace indispensable saber cuáles son las denominaciones vigentes y aplicables para estos “trabajadores”. La vigencia de las leyes está prevista en el Artículo 43 del Código Civil. La Ley del Servicio Civil denomina a sus protegidos como: “empleados públicos” en el Artículo 1 numeral 5 y como “servidores públicos” en el Artículo 2 que laboran en las Secretarías de Estado. La “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en el Artículo 1 DEFINICIONES. Parágrafo primero y tercero dice “Para los efectos de esta Convención, se entiende por: “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 2° numeral 2° del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) omite el precepto autorizante.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Violación por falta de aplicación del artículo 1348 del Código Civil.. El artículo 1348 del Código Civil establece que: “Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Son pues “ley” de obligatorio cumplimiento, a menos que una ley promulgada de acuerdo con los Artículos 1° y 5° lo derogue o reforme. No se puede dejar al arbitrio de las partes la ejecución o la interpretación de los contratos, cualquier desvío de lo pactado da lugar a que la parte contraria obtenga el derecho legítimo de reclamar su cumplimiento, la sentencia ha suplantado estas disposiciones sin tener la altura de una “ley debidamente promulgada” que haya sido sometida al rigor del Artículo 1° del Código Civil y publicada en “La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 1348 del Código Civil) no forma parte del cuerpo legal laboral sustantivo; y, b) omite el precepto autorizante.- VI.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el tercer motivo de casación alega: “Aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo en relación con el artículo 2° numeral 2° en sus dos párrafos, de este mismo Código insultando el Artículo 256 de la Constitución de la República. Este articulo 256 de la Constitución, que por ser Ley suprema esta por sobre toda otra disposición secundaria y debe respetarse absolutamente; el criterio se podría aplicar a los casos de la empresa privada-empleado, porque es propio de esta jurisdicción apoyada en el Artículo 47 del Código del Trabajo pero impropia para aplicarse a una relación laboral Estado-servidor público porque esta corresponde a la Ley del Servicio Civil y a la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. Al margen de todo anteriormente alegado, y sin que se pueda tomar como aceptación alguna por parte nuestra, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN El Tribunal Sentenciador confirmó la sentencia del “a quo” por considerar que a los “Contratos Administrativos de Servicios Personales” suscritos entre las partes en litigio se les aplica el Código del Trabajo y, es visto que tanto su Artículo 2° numeral 2°, como El Artículo 1° de la Ley del Servicio Civil al que el Artículo 2° laboral se refiere y el Artículo 256 de la Constitución de la República ordenan que las relaciones del Estado con sus servidores deben cobijarse bajo el servicio civil y su pago dentro de la Ley del Presupuesto.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 47 del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite el precepto autorizante; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 204-17.Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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