Sentencia CL-201-17 — Registro 8368
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria de reintegro al puesto de trabajo, en virtud del despido ilegal en violación al derecho de la permanencia y al reglamento interno, reajuste salarial conforme a los incrementos autorizados y aplicados en los dos últimos años, otros reajustes aplicados a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago de vacaciones causadas del período 2014-2015, bono por desempeño, e incentivo por antigüedad, salarios adeudados del 25 de febrero al 06 de abril del 2015, salarios dejados de percibir hasta que se cumpla con el reintegro y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no procede su admisión, ya que el Recurrente ataca a la sentencia por dos modalidades distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la aplicación indebida; además, se ha venido señalando que en los casos donde se alegue la violación directa de la ley, debe realizarse la misma prescindiendo de las cuestiones de hecho o fácticas que hayan sido objeto del debate y de la prueba, defecto que se aprecia en la explicación cuando se indica “…por cuanto la demandada no probó la causa del despido, niega en el acto el derecho de reinstalarse, arguyendo que no es “aconsejable” para la demandada por los costos actuariales…”, por lo que no resulta la vía adecuada para el ataque contra el fallo recurrido."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior cargo reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"También este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes CL105-09, 499-09, 300-11 y 767-12).- XIII. Que del material probatorio ha quedado establecido que algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos de la Institución demandada, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, acción para la cual la demandada contaba con ingenieros para dichas actuaciones y, si su finalidad era que se realizarán por profesionales valuadores certificados y registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pudo haber gestionado que sus ingenieros empleados se certificaran y registraran en dicha Comisión."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 95, numeral 19 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...." XIV. Dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar, a la mayoría del personal afectado por la restructuración, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República.- XV. Que esta Sala ya se pronunció en un caso similar, en la sentencia dictada el 31 de julio del 2018, expediente CL 09-17, casando parcialmente el fallo recurrido y declarando la procedencia de la demanda, dado que se estimó que el derecho de estabilidad laboral no puede ser vulnerado bajo el tema de la supresión de puestos de trabajo, sin respetarse lo previsto en el contrato colectivo vigente, que en este caso en particular, se regula en la cláusula 38 ESTABILIDAD LABORAL del contrato colectivo celebrado entre el INJUPEMP y su sindicato de trabajadores, visible a folio 105 de la primera pieza.- XVI.- Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante al puesto de trabajo u otro de igual o similar categoría, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha del despido hasta su reinstalación, pago de salarios adeudados y demás derechos.""
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de junio de dos mil diecisiete, por el Abogado JOSÉ DIONISIO SANCHEZ RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria de reintegro al puesto de trabajo, en virtud del despido ilegal en violación al derecho de la permanencia y al reglamento interno, reajuste salarial conforme a los incrementos autorizados y aplicados en los dos últimos años, otros reajustes aplicados a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago de vacaciones causadas del período 2014-2015, bono por desempeño, e incentivo por antigüedad, salarios adeudados del 25 de febrero al 06 de abril del 2015, salarios dejados de percibir hasta que se cumpla con el reintegro y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Lima, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal, la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, casada, Máster en Ciencias Contables, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda para el reintegro, pago del reajuste salarial sobre la base salarial que devengaba conforme al índice de precios al consumidor autorizados y aplicados regulados en el contrato colectivo, correspondiente a los años 2013-2014, 2014-2015 y los que en el futuro se pacten entre la demandada y el Sindicato de trabajadores de la institución, pago de reajuste salarial aplicado por la demandada a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago del bono por desempeño e incentivo por antigüedad y salarios dejados de percibir solicitados por el señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal; consecuentemente SE le ABSUELVE de dicha pretensión; sin perjuicio del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales reconocidas en la carta de terminación de la relación laboral por la demandada.- SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda para el pago de vacaciones del periodo 2014-2015 y salarios adeudados reclamados por el señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal; por ende se CONDENA a la demandada al pago de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.51,944.00) que corresponde al desglose siguiente: vacaciones 2014-2015: L.19,44.00; salarios adeudados del 27 de febrero al 06 de abril del 2015: L. 32,500.00.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que ha venido laborando en forma continua y sin interrupción desde el 05 de abril del 2010 con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, como Ingeniero Civil de la oficina regional de la ciudad de San Pedro Sula. La calidad de trabajador permanente la obtuvo mediante reconocimiento judicial por sendas sentencias definitivas firmes e irrecurribles que declararon la permanencia y estabilidad desde la fecha de ingreso; al momento del despido tenía una acumulación de tiempo efectivo de trabajo de cinco (05) años con dos (02) días, demostrando durante todo ese tiempo capacidad y eficiencia en el servicio, devengando como último salario mensual la suma de L.25,033.00; por constancia de Recursos Humanos del 25 de marzo del 2015, le indicaron al demandante que el 25 de febrero del 2015 fue reintegrado al trabajo, formalmente no es cierto ya que ese día no se hizo, puesto que el mismo día, sin que hubiere puesto un pie en las instalaciones de la demandada, recibió de la División de Recursos Humanos la notificación que a partir de aquella fecha comenzaría las vacaciones por 15 días del tercer año cancelando dicho periodo y 10 días adeudados del cuarto año, para reintegrarse el 06 de abril del 2015, días vacacionales que no fueron otorgados conforme al procedimiento del Código del Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo como tampoco le fueron pagadas; que las vacaciones señaladas no le fueron pagadas, como tampoco los salarios ordinarios de tal periodo; después de permanecer suspendido el contrato de trabajo por la notificación ilegal de las vacaciones, al presentarse el demandante el 06 de abril del 2015 y sin poner un pie en la puerta de las instalaciones, se le hizo entrega de la notificación de la terminación de la relación de trabajo, fundada tal decisión en que la División de Ingeniería y Proyectos es suprimido de la organización administrativa de la institución, en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desaparece en la estructura organizacional del Injupemp; que la norma 95 numeral 19) del Código del Trabajo como la cláusula 38 del Contrato Colectivo, derivan de los principios constitucionales citados, que tienden a proteger el derecho al trabajo evitando el desempleo; en este sentido, la demandada debió considerar la categoría de trabajador permanente sindicalizado para garantizarle el puesto de trabajo u otro afín asimilable a sus capacidades y funciones como Profesional de la Ingeniería; la condición fijada en el contrato colectivo, es una obligación patronal, garantizar el derecho a la permanencia del trabajador sindicalizado, es decir, el derecho al trabajo y protección contra el desempleo, contenido clausular del contrato que recoge los principios constitucionales plasmados en los artículos 127 y 128 de la Constitución de la República y en base al principio de igualdad de oportunidad y al principio universal del Derecho del Trabajo pide el demandante que en sentencia resolutoria condene a la demandada conforme a lo solicitado.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que Injupemp que conforme a su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más óptima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En el año 1997, el Instituto debió suspender la ejecución de dichos proyectos habitacionales conforme lo mandado en el Decreto 154-97 del Congreso Nacional de la República, quedando la División de Ingeniería y Proyectos únicamente efectuando la labor de avalúos de viviendas y terrenos, mediante las visitas para determinar los avances de obras de los préstamos que se otorgaban a los participantes. La Dirección Interina, de conformidad con los artículos 7, 18 numerales 1) y 2) de la Ley del INJUPEMP, está obligada a cumplir y hacer cumplir, la Constitución de la República, sus Leyes y Reglamentos, así como las resoluciones y demás normas o directrices emitidas por los entes contralores, fiscalizadores y Supervisores del Estado y además de dirigir, administrar y gestionar el Instituto, a cumplir con las políticas y directrices emanadas de la Asamblea, en el marco de la Ley y sus Reglamentos, procurando mantener una institución financiera y actuarialmente sana y solvente; asimismo, la Dirección Interina, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numerales 6) y 17) de la Ley del INJUPEMP está obligada a definir la estructura y organización de las dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de El Instituto, con base al manual de puestos y salarios y los reglamentos de la Institución, así como elegir, nombrar y remover de su cargo a los Gerentes, Jefes de División, Jefes de Departamento y demás personal, de conformidad con la estructura administrativa que sea aprobada por la Asamblea. Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la terminación laboral con el hoy demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue SUPRIMIDO de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, su puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al hoy demandante, por mandato legal la institución demandada ha sostenido y mantiene el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; es preciso aclarar que en la actualidad los servicios de avalúos de inmuebles objeto de préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto, lo concerniente al avalúo propiamente dicho, es efectuado por un Ingeniero Valuador certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyo pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quién a su vez efectuará el pago al Perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; de tal manera que la parte demandante erróneamente establece en su escrito de demanda que la suprimida División de Ingeniería y Proyectos era autofinanciable, ya que como se ha expresado Injupemp no ejerce ya actividades de avalúos respecto a los préstamos hipotecarios otorgados, por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda para el reintegro al trabajo, pago del reajuste salarial sobre la base salarial que devengaba conforme al índice de precios al consumidor autorizados y aplicados regulados en el contrato colectivo, correspondiente a los años 2013-2014, 2014-2015, pago de reajuste salarial aplicado por la demandada a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago del bono por desempeño e incentivo por antigüedad y salarios dejados de percibir solicitados por el señor Elmer Enrique Cubero Guifarro contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); absolviendo a la demandada de dichas pretensiones; sin perjuicio del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales reconocidas en la carta de terminación de la relación laboral por la demandada; declaró con lugar la demanda para el pago de vacaciones del periodo 2014-2015 y salarios adeudados reclamados por el demandante; condenando a la demandada al pago de L.51,944.00 que corresponde a los conceptos de vacaciones 2014-2015, salarios adeudados del 27 de febrero al 06 de abril del 2015, sin costas; bajo el criterio que las disposiciones dictadas en relación con la estructura, organización y desarrollo de las funciones de las instituciones de la administración pública, deben entenderse promulgadas en interés general, razón por la cual predominan sobre las que únicamente atienden al interés individual, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 62 de la Constitución de la República y por disposición del artículo 14 del decreto número 266-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero de 2014, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, se autorizó a las instituciones descentralizadas la supresión de dependencias internas cuando sea necesario o conveniente para los fines de la Administración Pública; facultad ésta que también es concedida a la institución demandada en los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 6) y 17) de la Ley que regula a la accionada; en razón de ello, y considerando el estudio de impacto financiero, actuarial y de procesos relacionado con el análisis de costo de la División de Ingeniería, se aprobó entre otros, la supresión de dicha División donde se venía desempeñando el demandante como valuador de bienes inmuebles, pues la actividad mencionada actualmente es ejercida por Peritos valuadores externos certificados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, según lo dispone el reglamento de préstamos del Injupemp; en ese sentido, se estima que la terminación del contrato de trabajo para con el demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y por ende la desvinculación contractual es válida y legal. En cuanto a los derechos económicos solicitados en razón del contrato colectivo, se estima procedente denegar tal petición por cuanto, según el documento visible a folio 90 de los autos, el accionante se afilió a la organización sindical hasta el 26 de mayo del 2015, es decir, días antes de la fecha en que se produjo la desvinculación laboral; de otra parte, cualquier derecho que le pudiera corresponder al actor previo al reintegro, debió computarse en la liquidación efectuada el 06 de abril del 2015. Siendo que la institución demandada reconoce adeudarle al demandante las vacaciones correspondientes al periodo 2014-2015 así como los salarios a partir del 27 de febrero del 2015 hasta la fecha de la desvinculación laboral (folio 222), resulta procedente conceder los mismos, los que se computaran de acuerdo al salario establecido a folio 214 vuelto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que las circunstancias económicas por las que atraviesa una empresa, pudiera en determinado caso convertirse en causa justa de terminación del contrato de trabajo, sometiendo la patronal sus actuaciones a los procedimientos legales que para ese fin establece el capítulo VII relacionado con la suspensión de los contratos de trabajo; y para los casos de reajuste de personal, este debe llevarse a cabo de acuerdo con las estipuladas en el contrato colectivo, y a falta de éstas, respetaran los derechos de antigüedad, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando según lo que a ese fin dispone el artículo 95 literal 19) del Código de la materia; procedimientos que en el sub judice la demandada no observó previo a comunicar al trabajador Elmer Enrique Cubero su decisión de poner fin al contrato de trabajo fundamentada en que la División de Ingeniería y Proyectos ha sido SUPRIMIDA de la organización administrativa de la institución hecho que de si, convierte en injustificado el acto del despido; no obstante, en el proceso se acreditó con la documentación visible o folios del 137 al 199 de la primera pieza, el estudio del impacto financiero, actuarial y de procesos que actualiza al 28 de febrero del año 2015, el análisis anteriormente realizado a la división de ingeniería, y entre éstos el impacto en el déficit actuarial del Instituto; la aprobación del Reglamento de Prestamos que atribuye a peritos valuadores inscritos en el “Registro de Valuadores de Activos, Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la labor de valuación según se estableció en el artículo 78 del ya citado, la resolución que autorizó a la Dirección interina para continuar las acciones legales y administrativas conducentes al cumplimiento del citado reglamento, el cual comprende conforme a Ley, políticas, estrategias, objetivos y estructura administrativa necesarios para garantizar un eficiente desarrollo institucional y adecuado desenvolvimiento técnico-administrativo; acciones legales que llevaron a que el 27 de marzo del año 2015, el Coordinador General de Gobierno, aprobara las medidas re-organizativas y de reducción del gasto de la institución demandada propuestas por la Dirección del Instituto; en razón de ello, se aprobó entre otros, la supresión de la división de Ingeniería y Proyectos del Instituto, división ésta en donde el actor había venido desempeñando sus labores como valuador de bienes inmuebles en la oficina regional. Así como para cubrir los gastos administrativos y operativos razonables acordes al otorgamiento de dichos beneficios; de manera que, aunque el despido resulte injustificado es evidente que el reintegro no resulta aconsejable en éstas circunstancias, el costo actuarial que significa mantener la división de ingeniería afecta los recursos de los beneficiarios del sistema y aunque las valuaciones siempre sean necesarias, estas pasaron a ser desarrolladas por personal independiente autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en tales circunstancias el principio de estabilidad laboral resulta parcialmente limitado ante la imposibilidad de cumplimiento del contrato de trabajo mediante el reintegro, más no así en cuanto al pago de las indemnizaciones que oportunamente fueron ofertadas por la demandada y reconocidas por el a quo.- 5. Mediante auto de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de junio de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSÉ DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal del señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado JOSÉ DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por aplicación indebida de los artículos 111 párrafo penúltimo y 101 párrafos primero y segundo en relación al 113 interpretado párrafos primero, segundo y tercero letra b) todos del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 128 numeral 15) y 129 de la Constitución de la República. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva violada de orden nacional está contenida en los artículos 111 párrafo penúltimo y 101 párrafos primero y segundo en relación al 113 interpretado párrafos primero, segundo y tercero letra b) relacionados con los artículos 128 numeral 15) y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1°, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. Toda infracción directa por aplicación indebida parte de la base de que la sentencia impugnada no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso; y en el caso de la infracción directa de ley, se estima primordial indicar lo que está en pugna con las normas legales sustantivas que se indican como violadas. En el caso que nos ocupa, al margen de todo medio de prueba, y como elemento para la legitimación del reclamo laboral, lo constituye el hecho de que debe estar acreditada en el proceso la existencia de la relación de trabajo y dicho vínculo contractual haya concluido mediante la notificación de un despido injustificado, en el caso de autos, por no observarse el procedimiento previo de comprobación de la causa en que se funda una suspensión de contrato y que se inicie, -el procedimiento-, ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. En autos, y reconocida por la Corte juzgadora, está la evidencia de la existencia de una relación de trabajo y su ruptura por decisión de la demandada mediante la vía del despido injustificado sin observar el procedimiento previo que ordena la ley.- En el presente caso, se puntualizan las partes de la sentencia recusada que están en pugna con las disposiciones legales sustantivas que se estiman violadas: 1) La existencia de un despido directo e injustificado, reconociendo que el demandante tiene el derecho alternativo de exigir el cumplimiento del contrato de trabajo reclamando el reintegro al trabajo y pago de los salarios caídos.- La Corte reconoce la existencia de un despedido injusto, y ante tal despido reconoció el derecho reclamado por el demandante a ser reintegrado a las labores reconociendo que lo hace en ejercicio del articulo 113 interpretado párrafos primero, segundo y tercero letra b) del Código del Trabajo.- Pero la sentencia entra en pugna con la norma legal indicada, cuando reconociendo la existencia del despido injustificado y el derecho del actor a ser reintegro, por cuanto la demandada no probó la causa del despido, niega en el acto el derecho de reinstalarse, arguyendo que no es “aconsejable” para la demandada por los costos actuariales, lo que evidencia la pugna de la sentencia recurrida con la disposición legal invocada. 2) La Corte juzgadora reconociendo que la demandada motivó su decisión de terminar el contrato de trabajo en el numeral 9 del artículo 111 del Código de Trabajo, y a la vez, que no observó el procedimiento previo de comprobación de la causa en que se funda el despido que debió iniciarse ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, indicado en el artículo 111 párrafo penúltimo, hecho que derivó en lo que la misma sentencia señala como despido injustificado, y al confirmar la sentencia definitiva la Corte hizo aplicar indebidamente las normas legales 111 párrafo penúltimo y 101 párrafos primeros y segundo del Código del Trabajo, haciendo que la sentencia recurrida entre en pugna con las disposiciones antes citada al suponer que se comprobaba y autorizaba la causa alegada de suspensión del contrato de trabajo, y así provocar la notificación del despido directo e injustificado. 3) Por ser reconocido por la Corte que el actor fue despedido sin justificación, por las responsabilidad que compete a la demandada, el demandante hizo uso de los derechos emanados del contrato de trabajo y de las facultades que le conceden los artículos 101 párrafo segundo y 113 interpretado del Código del Trabajo, párrafo tercero letra b).- El derecho emanado de los artículos citados, por no autorizarse la suspensión del contrato por no existir la causa invocada, consiste en solicitar el reintegro al trabajo y los salarios dejados de percibir, iniciativa procesal que el demandante ejecutó en su momento, sin embargo, fue negado aquel derecho por la Corte juzgadora, lo que hace que la sentencia recurrida entra en punga con la normas legales relacionadas como violadas. En el presente caso, la Corte juzgadora, de las normas sustantivas de orden nacional invocadas, ha hecho producir a éstas efectos contrarios a las mismas, incurriendo en una violación directa por aplicación indebida de la ley, de manera que el fallo recurrido contiene disposiciones en abierta pugna con el texto claro de la ley, tal como ha quedado demostrado. Al no aplicar las normas citadas, generó que Corte dictara una sentencia confirmando la de primera instancia, y la infracción directa por aplicación indebida de las normas legales invocadas hizo que se violaran los artículos relacionados 128 numeral 15) y 129 de la Constitución de la República, en cuanto que respectivamente, la Constitución garantiza que el Estado tutela los contrato individuales de trabajo y que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores y las causas justas de separación y cuando el despido es injustificado, a elección del trabajador, solicitar el derecho el reintegro al trabajo, colocándose la Corte sentenciadora en posición de rebeldía ante la ley. Por las razones expresadas se hace procedente la admisión este motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no procede su admisión, ya que el Recurrente ataca a la sentencia por dos modalidades distintas de violar la ley, la infracción directa o falta de aplicación y la aplicación indebida; además, se ha venido señalando que en los casos donde se alegue la violación directa de la ley, debe realizarse la misma prescindiendo de las cuestiones de hecho o fácticas que hayan sido objeto del debate y de la prueba, defecto que se aprecia en la explicación cuando se indica “…por cuanto la demandada no probó la causa del despido, niega en el acto el derecho de reinstalarse, arguyendo que no es “aconsejable” para la demandada por los costos actuariales…”, por lo que no resulta la vía adecuada para el ataque contra el fallo recurrido.- IV.- Que como segundo motivo se sostiene: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley de sustantiva de orden nacional en infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo a la corte sentenciadora incurriera en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que llevó a la Corte juzgadora a la violación de los artículos 111 párrafo penúltimo, 101 párrafo primero y segundo, en relación al artículo 113 interpretado párrafo tercero letra b) todos del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 128 numeral 15) y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, es la documental que se encuentra agregada a folios 222 consiste en la prueba documental evacuado por medio de libramiento de oficio numerales 9) y 10) y folio 230 consiste en un reconocimiento judicial numeral 4) de la primera pieza. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte juzgadora, al confirma en todas sus partes la sentencia de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente los medios de prueba singularizados y admitidos a la parte demandante en relación a la prueba en su conjunto, al concluir que existió causa para la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos, y que el despido no es producto del arbitrio sino del interés colectivo, y con tal apreciación errónea transgredió derechos y garantías que dañaron las pretensiones legítimas del demandante.- En contra de la conclusión anterior, la Corte estimó que definitivamente, por el incumplimiento por parte de la demandada del procedimiento previo a comunicar al trabajador su decisión de poner fin al contrato de trabajo, el despido es injustificado, sin embargo la sentencia, en contra de las pruebas concluye que el reintegro no resulta “aconsejable” por los costos actuariales que causan a la demandada, evidenciando que la sentencia recurrida pugna con las pruebas particularizadas. Si bien es permisible la terminación de los contratos de trabajo de los empleados y trabajadores estatales y paraestatales, la terminación de los mismos debe ser fundada en causa justa y autorizada en ley, y antes de ser comunicada, por principio de defensa, la entidad patrocinadora del despido debe agotar previamente los procedimientos de ley observando las recomendaciones y convenios que al respecto indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la comprobación de la causa en que se funda la terminación del contrato.- De no cumplirse tal ritualidad previa, el despido se torna injustificable.- La Corte aprecia erróneamente, en relación a los otros medios de prueba, las pruebas que obran a folios 222 numerales 9) y 10) y 230 numeral 4) del cuaderno de primera instancia, que evidencia que se incumplió el procedimiento previo de comprobación de la causa para suspender el contrato de trabajo del demandante vinculado a la División de Ingeniería y Proyectos, aun cuando la Corte reconozca que la demandada debió someterse a los procedimientos previos legales relacionados con la suspensión de los contratos, la inobservancia del procedimiento concluye la Corte, hace que el principio de estabilidad laboral resulta lesionado ante la imposibilidad del cumplimiento del contrato de trabajo mediante el reintegro.- Esto demuestra la pugna de la sentencia recurrida con las pruebas singularizada. Consecuente con lo anterior, la sentencia que se ataca por este motivo, debe casarse.”.- V.- Que el anterior cargo reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado.- VI. Que el Recurrente en su tercer motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta, que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio probatorio documental de la parte actora que corre agregados a folios 285 que contiene acta de evacuación del medio de prueba reconocimiento judicial, y folio 286 referido al informe del Jefe de la División de Prestamos de la demandada que corren en la primera pieza. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 111 párrafo penúltimo, 101 párrafo segundo y 113 interpretado párrafo primero y tercero letra b) del Código del Trabajo. DISPOSICIONES PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirven de medio para la violación de las normas sustantivas indicadas en este motivo, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el numeral 1º, párrafo segundo parte primera del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte de Apelaciones al confirmar la sentencia, incurrió en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho de los medios probatorios documentales de la parte actora que corre agregado a folios 285 y 286 de la primera pieza de autos. El Código del Trabajo establece, que los juzgados y tribunales, al momento de dictar sentencia, deben apreciar la prueba y atenerse a los principios científicos que informan la crítica de la misma; por tal razón, el fallo no puede ser contradictorio a lo establecido en el proceso, que es lo que precisamente ocurre en el caso de autos. A folios 285 y 286 del expediente de primera instancia, se encuentran respectivamente, el acta que recoge la evacuación de la prueba reconocimiento judicial y el informe del 25 de agosto del 2016 emitido por la Jefe de la División de Prestamos de la demandada.- El folio 285 conteniendo el acta del 06 de septiembre del 2016, la juez actuante dice que tuvo a la vista la nota del 25 de agosto del 2016 emitida por la Jefe de la División de Prestamos de la demandada, y el folio 286 contiene materialmente la nota que relaciona la juez.- De su correcta apreciación esta prueba evidencia que la actividad de avalúos sobre bienes inmuebles para el otorgamiento de préstamos hipotecarios que ejecutaba el demandante, por su naturaleza ha sido y es permanente, pasó a ser realizada por peritos valuadores externos certificados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y los mismos no tienen ningún grado de subordinación con la demandada.- La Corte juzgadora aprecia erróneamente ésta prueba, en relación con otros medios probatorios, ya que la misma evidencia que al suprimirse la División de Ingeniería y Proyectos de la organización administrativa, no hacía ni hace desaparecer las actividades de avalúos sobre bienes inmuebles y por ello mismo, la demandada reconoce la naturaleza de dicha actividad corno permanente, propia e inherente para el otorgamiento de préstamos hipotecarios, sin que la supresión de la división provocara necesariamente hizo desaparecer los avalúos de bienes inmuebles, y al subsistir las actividades de avalúos, la demandada llega a aceptar que las mismas se ejecutan por personal externo sin ningún grado de subordinación a la demandada. La Corte sentenciadora concluyó erróneamente, --haciendo que la sentencia recurrida pugne con las pruebas descritas--, que el reintegro no resulta aconsejable pues afecta los recursos de los beneficiarios del sistema, reconociendo la Corte Juzgadora, aunque las valuaciones siempre sean necesarias desarrolladas ahora por personal independiente, el principio de estabilidad laboral resulte parcialmente limitado.- Esta conclusión no es congruente con lo que este Tribunal de Casación ha venido sosteniendo que el superior valor de los derechos fundamentales debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho Laboral, tomándose en cuenta el principio de la Estabilidad Laboral que tiene su fundamento en el hecho que mientras persista la materia del empleo deberá de mantenerse la continuidad en el mismo, y que la permanencia no depende de lo que las partes hubieren pactado, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fácticos sustanciales por sobre los jurídicos-formales (Sentencia recaída en el Recurso de Casación número 112-2015 del 21 de junio del 2016). Por las razones apuntadas, la Corte recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia, violó las disposiciones sustantivas señaladas en el presente motivo, y todo, porque siendo claras las pruebas singularizadas no fueron apreciados correctamente por la Corte juzgadora, dando lugar a que el fallo, por esa apreciación errónea, supedite el reintegro y la estabilidad laboral a que el patrimonio de la demandada es exclusivo para atender la prestación previsional y servicios de los participantes y a los costos actuariales. Entiende el recurrente, que el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de la prueba y por tal razón forma libremente su convencimiento, pero esa potestad, --de formar libremente su convencimiento--, no es absoluta de tal manera que puede el juzgador enjuiciar la prueba en forma errónea y dictar un fallo contrario a la evidencia que de ella emana, violando los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, que sirvieron de medio a la violación. Consecuente con lo anterior, la sentencia que por este motivo se ataca, debe casarse.”.- VII. Que el cargo que antecede resulta admisible, ya que reúne los requisitos exigidos por lo que procede su admisión, ya que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo resulta justificado y procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- VIII. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “SE SOLICITA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Solicito respetuosamente se resuelva la nulidad absoluta de la sentencia proferida el 21 de marzo del 2017 por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, por evidenciar la inobservancia de los artículos 206 No. 1) y 2), 207, 208 y 211 del Código Procesal Civil.- Este Alto Tribunal ha señalado que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente haciendo las declaraciones que éstas exijan decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. También este Tribunal de Casación ha venido sosteniendo que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales, evitando opiniones personales, y que la nulidad que se pretende debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera, hagan transgredir situaciones que amparan derechos y garantías que efectivamente ocasionen perjuicios procesales y de defensa y que el Tribunal deba enmendar, habida cuenta que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y que todo acto que ejecuten fuera de la misma es nulo e implica responsabilidad. A continuación paso a demostrar como la Corte Juzgadora violentó derechos y garantías que ocasionaron perjuicios procesales y de defensa a la parte demandante: a) En el Fundamento de Derecho primero, reconoce la Corte juzgadora que ha quedado demostrado y probado la pretensión del demandante de hacer efectivo el cumplimiento del contrato de trabajo mediante la acción de reintegro, por haber sido despedido injustamente, sin embargo, niega al actor tal derecho y garantía arguyendo causarle perjuicios financieros a la demandada. b) En el Fundamento de Derecho segundo, reconoce que las circunstancias económicas, “pudiera en determinado caso convertirse en causa justa determinación del contrato de trabajo, sometiendo la patronal sus actuaciones a los procedimientos legales,...., procedimientos que en el sub judice la demandada no observó previo a comunicar al trabajador Elmer Enrique Cubero su decisión de poner fin al contrato de trabajo fundamentada en que la División de Ingeniería y Proyectos ha sido suprimida de la organización administrativa de la institución hecho que de si, conviene en injustificado el acto del despido”.- Este fundamento concluye en que se violentó el principio de estabilidad laboral, convirtiendo el despido en injustificado. c) En el Fundamento de Derecho tercero, contrario a las conclusiones de los fundamentos anteriores, la sentencia indica que las medidas que llevaron al Instituto a la supresión de la división en la que laboraba el actor no es el resultado del arbitrio…, “de manera que, aunque el despido resulte injustificado es evidente que el reintegro no resulta aconsejable en estas circunstancias,…, en tales circunstancias el principio de estabilidad laboral resulta parcialmente limitado ante la imposibilidad de cumplimiento del contrato de trabajo mediante el reintegro...”.- La Corte juzgadora al expresar que no es “aconsejable” el reintegro, transgrede el derecho y garantía por ella misma reconocido de hacer efectivo el cumplimiento del contrato de trabajo por la vía del reintegro, causando perjuicios a los derechos y garantías tutelados por el Estado y defensa del demandante. d) En el fundamento de derecho quinto, con una opinión muy particular, la sentencia pretende en hacer una “ponderación de intereses, en este caso, resulta autorizada por la Constitución de la República, al encontrase ante dos derechos protegidos que reciben igual tutela por parte del Estado y por parte de la Organización Internacional del Trabajo...”.- La “ponderación de intereses” de “dos derechos protegidos que reciben igual tutela”, a la Corte sentenciadora le interesa despojar al demandante de los derechos y garantías constitucionales relativas al trabajo, causándole perjuicios procesales y de defensa, de tal forma que este Tribunal de Casación debe enmendar. Ante tal singular sentencia acusada, que obvia el superior valor de los derechos fundamentales que debe ser criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho Laboral y la tutela efectiva del Estado a las garantías y derechos constitucionales que se otorguen a los trabajadores, la sentencia sitúa a la Constitución Nacional en una competencia en que la primacía la tienen las disposiciones gubernativas y las que emitan instituciones paraestatales, --como la demandada--, en relación a los procedimientos para la terminación del contrato de trabajo, sin importar lo que la Constitución de la República en sus artículos 59, declara que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado...”, y que en el articulo 64 reafirma esa garantía y derecho al proclamar que “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” La sentencia impugnada daña derechos y garantías relativas al trabajo que tutela la Constitución de la República en sus artículos 128 numeral 15) y 129, y además de violentar éstas disposiciones constitucionales, contiene vicios que transgreden el derecho de defensa cuando se trata de garantizar el principio de estabilidad laboral fundado en el hecho de que mientras persista la materia del empleo deberá mantenerse la continuidad y permanencia en el mismo, mediante el reintegro al trabajo (Sentencia recaída en el Recurso de Casación numero 112-2015 del 21 de junio del 2016). Por ser ostensible las contradicciones, la falta de claridad e incongruencias y la violación de derechos y garantías que ocasionan perjuicios a la defensa de la parte demandante, se pide se resuelva la nulidad absoluta que se solicita.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la nulidad alegada de forma subsidiaria no procede, ya que dada la admisión del segundo y tercer motivo se casa la sentencia recurrida y debe proceder este Tribunal a dictar en su reemplazo el que proceda conforme a derecho.- X. Son hechos probados: a) La relación laboral que vinculó a las partes; b) Que la misma fue terminada por la parte demandada mediante nota de fecha 5 de abril del 2015, derivado de que la División de Ingeniería y Proyectos es SUPRIMIDO de la organización administrativa de la Institución, con el reconocimiento del pago del total de las prestaciones e indemnizaciones laborales; c) el demandante se encuentra afiliado a la organización sindical de la institución demandada; d) No se realizó una restructuración adecuada por INJUPEMP inclusiva, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral, pues la valuación de inmuebles, se sigue realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos. e) No se no se siguió el procedimiento establecido en la cláusula 37 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre el INJUPEMP y el Sindicato de la misma.- XI. Es de recordar la línea Jurisprudencial que ha establecido este Tribunal “Ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) y en su caso particular, se deben atender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulan este tipo de situaciones” (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-09, 239-12 y 293-12). No solo orientarlas al Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, como se expone por la parte demandada.- XII. También este Tribunal de Casación tiene establecida jurisprudencia con referencia a lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo vigente que regulan este tipo de situaciones y no sólo orientarlas al seguimiento de recomendaciones de un plan de reducción del gasto corriente (Ver expedientes CL105-09, 499-09, 300-11 y 767-12).- XIII. Que del material probatorio ha quedado establecido que algunas de las funciones de División de Ingeniería y Proyectos de la Institución demandada, a la fecha continúan realizándose, tales como el avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios, acción para la cual la demandada contaba con ingenieros para dichas actuaciones y, si su finalidad era que se realizarán por profesionales valuadores certificados y registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pudo haber gestionado que sus ingenieros empleados se certificaran y registraran en dicha Comisión.- XIV. Dentro de los criterios a analizar por la demandada, previo a una restructuración, era la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución, con la finalidad de garantizar, a la mayoría del personal afectado por la restructuración, la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República.- XV. Que esta Sala ya se pronunció en un caso similar, en la sentencia dictada el 31 de julio del 2018, expediente CL 09-17, casando parcialmente el fallo recurrido y declarando la procedencia de la demanda, dado que se estimó que el derecho de estabilidad laboral no puede ser vulnerado bajo el tema de la supresión de puestos de trabajo, sin respetarse lo previsto en el contrato colectivo vigente, que en este caso en particular, se regula en la cláusula 38 ESTABILIDAD LABORAL del contrato colectivo celebrado entre el INJUPEMP y su sindicato de trabajadores, visible a folio 105 de la primera pieza.- XVI.- Por las razones antes expuestas y las pruebas allegadas al juicio, procede declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante al puesto de trabajo u otro de igual o similar categoría, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha del despido hasta su reinstalación, pago de salarios adeudados y demás derechos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y haciendo aplicación de los artículos 127, 128 numeral 15), 129, 134, 135, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 53, 55, 56, 60 párrafo primero, 66, 95 numeral 19), 113, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 765 numeral 1 párrafo segundo, 769, 777, 778 y 858 del Código del Trabajo; 22, 197, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo del año 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Departamento de Cortés.- SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo que venía desempeñando en virtud del despido ilegal en violación al derecho de la permanencia y al reglamento interno, reajuste salarial conforme a los incrementos autorizados y aplicados en los dos últimos años, otros reajustes aplicados a los trabajadores permanentes por costo de vida, pago de vacaciones causadas del período 2014-2015, bono por desempeño, e incentivo por antigüedad, salarios adeudados del 25 de febrero al 06 de abril del 2015, salarios dejados de percibir hasta que se cumpla con el reintegro y costas del juicio promovida por ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, de generales conocidas, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su representante legal y Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. TERCERO: CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a: 1. REINTEGRAR al señor ELMER ENRIQUE CUBERO GUIFARRO, a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del Contrato; 2. Más el pago de los salarios adeudados y vacaciones por un monto de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.51,944.00) que corresponde al desglose siguiente: vacaciones 2014-2015: L.19,44.00; salarios adeudados del 27 de febrero al 06 de abril del 2015: L. 32,500.00, más los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, así como también, el reconocimiento de los demás derechos laborales adquiridos en su ausencia. CUARTO: SIN COSTAS.- Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificaron de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Contra esta sentencia no cabe ningún recurso.- Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días de mes de diciembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 201-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ,
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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