Sentencia CL-195-17 — Registro 8315
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, preaviso, cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante indicado no es compatible con el tipo de infracción; b) omite señalar las normas sustantivas que infiringidas para la violación alegada; c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 22 de junio del 2017, por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, MIGUEL STEVENS IZAGUIRRE CRUZ, representado en juicio por el Abogado OLVIN DAVID MARTÍNEZ ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, preaviso, cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 16 de septiembre del 2014, por el señor MIGUEL STEVENS IZAGUIRRE CRUZ, mayor de edad, soltero, Bachiller en Administración de Empresas, hondureño, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, ahora INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 13 de diciembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda presentada porel señor MIGUEL STEVENS IZAGUIRRE CRUZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República, por ello, se CONDENA al pago de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.98,574.07)por los siguientes conceptos: PREAVISO: L.18,666.67; AUXILIO DE CESANTÍA: L.28,000.00; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L.1,270.37; VACACIONES CAUSADAS (2 AÑOS): L.7,200.00; VACACIONES PROPORCIONALES: L.725.93; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.3,355.56; DECIMO CUARTO MES CAUSADO (2 AÑOS): L.16,000.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.7,355.56; SALARIO ADEUDADO (2 MESES): L.16,000.00; más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria….- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que mediante varios contratos de trabajo de servicios profesionales celebrados con la demandada fue nombrado como Inspector de Migración, quien asumió realizar varias funciones que se plasmaron en el contrato de trabajo, devengando un salario inicial de L.8,000.00 y conservando el mismo hasta la separación del cargo, alegó a demás que el tiempo que laboró fue desde el 12 de abril del 2011 hasta la fecha del despido el 31 de mayo del 2014, desempeñando el cargo para un mismo patrono, continuamente en la misma actividad, por lo que constituye contrato de trabajo por tiempo indefinido; que fue despedido mediante memorándum en el cual le notificaron que no se le renovaría el contrato de trabajo de servicios profesionales, no aplicando en el presente caso el Régimen de Servicio Civil como pretende hacer creer la demandada, para no pagarle las prestaciones, ya que no trabajó con nombramiento ni acuerdo, por tanto debe de aplicarse las normas del Código de Trabajo Hondureño.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación contractual con la demandada, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales, con fecha de inicio y terminación, desempañándose en el cargo de Inspector de Migración, devengando un salario mensual de L.8,000.00, que además de que los contratos fueron consentidos y aceptados sin objeción alguna por el demandante, rechaza específicamente la fecha de inicio de la prestación de servicios profesionales; manifestó que el memorándum N°112-2014 DRH-DGME de fecha 31 de mayo del 2014, no se hizo con otro propósito más que en aras de la buena y sana administración, y que el demandante conocía de antemano la fecha de terminación, y que no puede argumentar antigüedad contractual ya que tenía una fecha de terminación laboral, y pretendió aplicar mal los artículos 47, 52 y 20 del Código del Trabajo, al tratarse de un contrato administrativo y no laboral.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 13 de diciembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MIGUEL STEVENS IZAGUIRRE CRUZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, ahora INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, en donde condenó a la parte demandada a pagar L.98,574.07, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas (2 años), vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes causado (2 años), decimo cuarto mes proporcional, salario adeudado (2 meses); más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta que quede firme la sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que los contratos suscritos por las partes fue con fecha de duración, al proceso no se ha presentado prueba que acredite alguna causa de excepción que permita la contratación a término, y aunque el actor nunca hizo reclamo de la forma de contratación, no puede estimarse que con ello renunció a los derechos que le concede la ley por ser de orden público las disposiciones del Código del Trabajo, en ese sentido, y en observancia a los artículos 47 y 52 del mismo código considerando la antigüedad del demandante, la relación debe tenerse por tiempo indefinido, por lo que la terminación de dicho nexo debe hacerse si ocurre alguna de las causas que establecen los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo sin embargo, lo expuesto en el memorándum es que el contrato llegó a su fin y que este no se renovaría, pero el simple hecho de manifestar el deseo de no prorrogarlos al vencimiento del plazo no justifica la terminación de los mismos, cuando aquellos tienen por objeto el desempeño de labores de carácter permanente y el empleado ha cumplido a cabalidad con sus funciones, es por ello que la demanda debe declararse con lugar, otorgándose el pago de prestaciones, salarios adeudados, decimo cuarto mes y vacaciones causadas de los últimos dos años, al no existir prueba que fueron pagados, ya que únicamente se aportó prueba de la cancelación del decimo tercer mes de salario.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 20 de marzo del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que de las probanzas se concluye que dichos contratos fueron elevados a acuerdos ministeriales por el Secretario de Estado en los Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, para efecto de los desembolsos presupuestarios del caso; es decir, del acervo probatorio no resulta acreditado que la relación jurídica que nos ocupa sea de naturaleza administrativa como lo alega el recurrente, pues las tareas asignadas al actor corresponden a las actividades regulares y permanentes en lo que a asuntos migratorios y de extranjería concierne, sin que al momento de la contratación se haya establecido una razón de excepción para su contratación por tiempo determinado como servicio profesional técnico, trabajo que fue retribuido sobre la base del renglón presupuestario 12100 como si se tratara de un contratista y para lo cual era necesario la autorización de la elaboración de un acuerdo ministerial, como así se hizo respecto de los contratos que bajo la denominación de “contratos de servicios profesionales técnicos” suscribiera el demandante, concluyéndose que dicha califican o procedimiento administrativo (autorizar la elaboración única de acuerdo ministerial) responde a la única finalidad de hacer efectivo el pago de la retribución salarial correspondiente, precisamente en atención a las normas presupuestarias fijadas para los distintos ejercicios fiscales, y que del contenido del informe N°CTH-022-2016 y los contratos en referencia, resulta acreditado que las tareas encomendadas al actor se estuvieron realizando del 12 de abril del 2011 al 30 de junio de 2014, sin que se estableciera en el contrato o resulte fácticamente una condición excepcional y particular que coloque la prestación de servicios en cuestión, en el ámbito de los contratos a término como lo asegura la parte demandada; por el contrario por ministerio de la ley, el vinculo jurídico que nos ocupa es de naturaleza permanente al tenor de lo que dispone el artículo 47 del Código del Trabajo, del que se generan derechos y obligaciones tanto para el patrono como para el trabajador.- 5.- Mediante auto de fecha 15 de mayo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 22 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de agosto del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OLVIN DAVID MARTINEZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Cortés Fallo en forma definitiva y unánime de votos la sentencia dictada en fecha vente (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en su acápite Primero CONFIRMO en Todas y cada una de su partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula del departamento de Cortés, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), visibles a folios 384, 385, 386, 387 del al de la pieza principal de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que al fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la relación laboral que existió entre el demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido con contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Clausula Séptima, hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada apreciada erróneamente por el tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en Documentos públicos. El juzgado no valorizó la actividad pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en la Cláusula Séptima; como así ya tenía conocimiento de la Terminación del contrato: quedo evidenciado que el demandante se hizo efectivo el pago en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por tanto la causa de su cancelación es legal y debe declararse sin lugar la Demanda Ordinaria de Primera Instancia para el Pago de prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos.- preaviso, cesantía Causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos Económicos que se deban.- en virtud de despido injustificado alegado por la parte demandante. Por otra parte, en el Considerando Tercero, Cuarto del fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece que “un cargo de naturaleza permanente en la Secretaría Derechos Humanos, aun cuando se pretenda darle otra denominación, en la práctica queda claro que la demandada actúa en completo fraude a la Ley “por otra parte indica “el trabajador desempeñaba personalmente su trabajo en un lugar especifico Dirección de Migración y Extranjería en el cargo de Inspector de Migración con sede en la Ciudad de Tegucigalpa “condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Derechos Humanos al Pago de prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos al demandante.- sin apreciar el A-quo, y el Adquem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación de INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; decreto que en su artículo la atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad Jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitado entonces el cumplimiento de cadena al Pago de prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Adquem, en vista de que el reclamante prestó sus servicios para extinta Dirección General y Migración y Extranjería institución que era parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación y Descentralización. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario encontraríamos entonces frente a una injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de justicia en el modo de proceder o de juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencia, ni perjuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde el Aquo” y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia el principio procesal de la no reformatio in pejus¸ garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anterior expuesto, CASAR LA sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Cortés de fecha veinte (20) marzo del año dos mil diecisiete (2017), pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de primera Instancia dictada en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), por le Juzgado de letras del Trabajo de esa misma Seccional, de la Demanda Ordinaria de Primera Instancia para el Pago de prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos.- preaviso, cesantía Causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos Económicos que se deban.- en virtud de despido injustificado, promovido por el señor MIGUEL STEVENS IZAGUIRRE CRUZ.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el precepto autorizante indicado no es compatible con el tipo de infracción; b) omite señalar las normas sustantivas que infiringidas para la violación alegada; c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 195-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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