Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-189-17 — Registro 8313

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios causados y proporcionales de los últimos dos años, salarios y viáticos adeudados, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 123 interpretado letra b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 352 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) realiza alegatos propios de instancia.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al igual que el motivo anterior la norma que indica como violada (Artículo 123 interpretado letra b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 352 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) realiza alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la señora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, representada en juicio por el Abogado JUAN ANGEL CABRERA GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios causados y proporcionales de los últimos dos años, salarios y viáticos adeudados, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, doce de noviembre de dos mil quince, por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la señora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ, mayor de edad, soltera, Licenciada en Lingüística, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Lima, Departamento de Cortés, contra la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, por medio de su representante legal, señor DAVID ORLANDO MARIN LOPEZ.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la señora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ contra la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, por medio de su representante legal señor DAVID ORLANDO MARIN LOPEZ, para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos adeudados de dos años y proporcionales, viáticos adeudados y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: En consecuencia CONDENA a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, por medio de su representante legal señor DAVID ORLANDO MARIN LOPEZ, a pagarle a la trabajadora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L.88,750.83), por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso; 60 días SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L.7,700.00).-B) Auxilio de Cesantía; 240 días TREINTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L.30,800.00).- C) Auxilio de Cesantía Proporcional; 28,50 días TRES MIL SEISIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.3,657.50) .- D) Vacaciones Adeudadas; 2 años CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS (Lps.4,400.00).- E) Vacaciones Proporcionales; 19,00 días DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS (Lps.2,090.00).- F) Decimotercer mes Adeudado; 2 años SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (Lps.6,600.00).- G) Decimotercer mes Proporcional; 19,33 días DOS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.2,126.67).- H) Decimocuarto mes Adeudado; 2 años SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 6,600.00).- I) Decimocuarto mes Proporcional; 4,33 días CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.476.67).- J) Pago de Viáticos; VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 24,300.00).- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la trabajadora demandante desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la respectiva sentencia definitiva.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, en el sistema de educación a distancia regional de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el 10 de septiembre de 2006 como docente tutor a las ordenes de la Universidad Pedagógica Nacional para impartir clases en el Área de Letras y Lenguas, teniendo a la fecha de finalización de la relación de trabajo una acumulación de tiempo efectivo de trabajo de 9 años, 3 días, y un promedio mensual de salario de L.18,375.00; que la labor de docente tutor de la demandante fue continua y sin interrupción desde su fecha de ingreso, por ser continua y permanente la modalidad de educación a distancia en la demandada, la tutoría del Área de Letras y Lenguas es constante sin que hubiere interrupciones, consecuentemente las asignaturas propias de tal área siempre se han impartido, por lo que todo el tiempo la demandante tuvo asignada en cada periodo una carga académica regular, todo obedeciendo a la misión exclusiva de la demandada de formar profesionales de la educación. Cuando la demandante hacía el trabajo de docente, el mando inmediato superior estaba en las autoridades administrativas y académica del centro universitario regional las cuales ejercían controles de asistencia y del tiempo-hora-clase que impartía, bajo tal parámetro, para septiembre de 2015, tuvo conocimiento por intermedio de la Directora especial del centro universitario y confirmado por la Coordinadora del Área de Letras y Lenguas que a la demandante no se le asignaría la carga académica habitual a partir del III periodo académico del 2015 ni en los periodos subsiguientes, hecho que se concretó en que las asignaturas que venía impartiendo la demandante fueron asignadas a otros docentes, por lo que decidió solicitar la intervención de la inspectoría de trabajo para conocer las razones legales que tuvo la demandada para no asignarle carga académica. Por los hechos antes expuestos, en que se evidencia una terminación ilegal del vínculo contractual, la demandante reclama el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos derivados de la relación de trabajo que venía desempeñando sin interrupción por más de 9 años consecutivos.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició prestando sus servicios profesionales como Docente, bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, en el Centro de Educación a Distancia “CUED” de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en los diferentes periodos académicos del año 2006, siendo su último periodo el segundo académico del 2015. Resulta que por su naturaleza los periodos académicos en el Centro de Educación a Distancia “CUED” presentan interrupción de tiempo entre cada periodo académico. Que en el año 2010, el Poder Legislativo mediante decreto No.18-2010 y publicado en diario oficial “La Gaceta” en fecha 16 de abril del mismo año, decretó Estado de Emergencia Fiscal en el país, en la cual adopta medidas de racionalización del gasto público, afectando de esta manera a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, como institución desconcentrada, dichas medidas continúan vigentes según circular No.CGG-027-2014; que en aplicación a lo anteriormente expuesto la Secretaría de Finanzas aplicó dos congelamientos al presupuesto aprobado para el año 2014 de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, tal como se acreditó con la fotocopia debidamente autenticada del Acuerdo del Consejo Superior, CSU-028-2014 del Acta No.007-CSU-2014 de fecha 19 de agosto del año 2014, en donde se comunica que las autoridades universitarias a través del Consejo Superior Universitario, aprobaron una serie de medidas de reducción presupuestaria, las cuales requieren ser aplicadas de manera urgente y sin excepciones para garantizar el buen funcionamiento de la institución para el resto del año, medidas que afectan entre otras, el Grupo 10000 (servicios profesionales) consistente en suspender la contratación del personal docente y administrativo de las diferentes Unidades contratadas bajo la modalidad de Servicios Profesionales y Técnicos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Dionisio Sánchez Ruiz, en su condición de representante procesal de la señora Débora Patricia Alfaro Martínez, contra la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN; condenando a la demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.88,750.83, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, decimotercer mes adeudado; decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes adeudado, decimocuarto mes proporcional, pago de viáticos, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que en materia probatoria es principio universal que quién afirma un hecho está obligado a probarlo, ya que es a través de la prueba, el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, y en su momento pueda esta darle el valor jurídico probatorio y en el presente juicio, la parte demandada alega que la demandante fue contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, y de la lectura de los mismos se desprende lo siguiente: A) Que la señora Débora Patricia Martínez se obligaba a prestar su servicio dentro del Centro de Educación a. Distancia "CUED", instalaciones de la demandada, ver Clausula 1ra.- B) Que la obligaban a cumplir con su servicio asumiendo toda la responsabilidad legal, ver Clausula 2da.- C) Asimismo la obligaban en la Clausula sexta a liberar a la Entidad demandada de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona, violentando de esta forma lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo.- D) Que en la parte resolutiva le advierten en el inciso b), que el contrato cesara si la actora cede, traspasa o trasmita el contrato a terceros sin previa autorización por escrita.- E) Que recibe como retribución del servicio la cantidad de L. 9,900.00, por cada periodo académico de tres meses, resultando que obtenía un salario de L.3,300.00 mensuales, la que se obliga la demandada a pagar en una fecha determinada, y que tales contratos se consideran celebrados por tiempo indeterminado de conformidad a lo que disponen los artículos 47 y 52 de dicho cuerpo de legal, ya que la labor realizada por la demandante dentro de la entidad demandada era continua y permanente. Que en cuanto al despido injusto alegado por la actora, al tomar la decisión la parte patronal de no renovar nuevamente el contrato que venía suscribiendo con la señora Débora Patricia Martínez por tiempo limitado, da así por finalizada la relación laboral, sin existir ninguna causa que justifique tal decisión, es decir, que le faculte dar por finalizada la relación contractual sin responsabilidad de su parte, de conformidad a lo que dispone el artículo 112 del Código del Trabajo, labor que venía desempeñando desde el 10 de septiembre de 2006 hasta el 22 de agosto del 2015, ver folio 51 de los autos, y que por la redacción de los mismos contratos se llega a la conclusión que parece un contrato unilateral en el que solo se obliga a la demandante, la que ha venido desempeñando la misma actividad de forma continua según el periodo académico y en el mismo lugar, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, tales contratos se consideran celebrados por tiempo indefinido.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el recurrente manifestó su desacuerdo en la manera que la Señora Juez A-quo, según su parecer, se apartó de la ley en particular de los artículos 123.b interpretado y 352 del Código del Trabajo y explica cómo debe hacerse el cálculo del preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones, el artículo 123 interpretado del CT explica que las indemnizaciones se calcularan tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador en los días efectivamente trabajados durante los últimos 6 meses de vigencia del contrato, o fracción de tiempo menor sino se hubiere ajustado dicho término, en este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia mediante oficio No. 866-SCSJ-2014 que contiene la Circular No. 1-2014 de la sesión celebrada por el Pleno de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de fecha 13 de mayo del año 2014 mediante la cual se dio a conocer la Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral ocupándose entre otros aspectos de la fórmula del salario mensual promedio (SMP) la cual textualmente dice: "Para efectuar dichos cálculos, siempre deberá utilizarse la fórmula del salario mensual promedio (SMP). Este salario se obtiene mediante la suma de todos los ingresos percibidos por el trabajador durante los últimos seis (6) meses y que constituyan salario (sueldos ordinarios, horas extras, bonificaciones habituales y salarios en especie) dicha suma de todos estos conceptos se dividen entre seis (6) para obtener el salario ordinario promedio (SOP). El salario ordinario promedio se multiplica por siete (7) y se divide entre seis (6) para obtener finalmente el salario promedio mensual. También se puede determinar el SPM multiplicando el salario ordinario mensual (SOM) por catorce (14) y dividiendo finalmente entre doce (12), cuando no se tienen bonificaciones de ninguna clase y el SOM no ha variado durante todo el año; pero es más oportuno calcular dicho concepto utilizando la formula: SPM=(SOM x 7)/6." De ninguna manera es procedente utilizar la formula ofrecida por el recurrente, por ser fuera de toda proporción, pues es total y absolutamente increíble y fuera de lógica que de un salario ordinario mensual de L.3,300.00 pase a un salario promedio mensual de L.27,000.00, de manera que la fórmula utilizada por la Señora Juez A-quo para el cálculo de las indemnizaciones es correcto pues ha sido corroborada por esta integración utilizando la formula ya establecida por la Corte Suprema de Justicia.- 5. Mediante auto de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la señora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la señora DEBORA PATRICIA ALFARO MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ANGEL CABRERA GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos 123 interpretado letra b) y 352 en relación con los artículos 3, 25 y 764 párrafo primero todos del Código de Trabajo, relacionados con los artículos 64, 205 No.1) y 304 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal 1°, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION LA EXPLICO EN LA FORMA SIGUIENTE. Esta violación estriba en la rebeldía de la Corte sentenciadora en no aplicar la norma que regula el caso.- La infracción directa por falta de aplicación de la norma se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente clara y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la norma, o, que la sentencia haga producir efectos contrarios a la norma, y en el caso de autos, la sentencia recurrida que confirma la de primera instancia, pugna con los artículos 123 interpretado letra b) y 352 del Código de Trabajo, que regulan la forma de establecer el promedio de los salarios devengados en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato de trabajo a efecto de calcular las indemnizaciones por despido injustificado, y que a opinión particular de la Corte juzgadora “de ninguna manera es procedente por ser fuera de toda proporción, pues es total y absolutamente increíble y fuera de lógica…”. La sentencia debió apoyarse en las normas que se avienen al litigio, es decir, las que se invocan en este motivo; y, siguiendo el criterio del Supremo Tribunal, esta forma de infracción directa ocurre independientemente de las cuestiones probatorias, por lo que es evidente, que al estudiar el fallo objeto del recurso, se encuentra que el mismo infringe las normas invocadas en la modalidad apuntada, y se llega a la infracción directa por falta de aplicación de la ley, y en armonía con las normas citadas, el cálculo indemnizatorio por el despido injusto debió efectuarse utilizando la fórmula del salario promedio que regulan las normas legales invocadas, es decir, que la Corte Juzgadora debió operar tomando como base el promedio de los salarios devengados por la demandante en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis (6) mes de vigencia del contrato de trabajo. El cálculo del salario promedio tal como está precisado en las normas de ley, no puede ser reemplazado por instructivos, circulares, conclusiones de particulares y talleres de operadores de justicia. En primer lugar, porque el oficio No.866-SCSJ-2014 que contiene la circular 1-2014 en que dice apoyarse la Corte sentenciadora NO ES LEY; y la ley, es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite; y corresponde al Poder Legislativo la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.- La norma legal 123 letra b) del Código de Trabajo, ya ha sido interpretada por el Poder Legislativo según decreto 65 del 28 de septiembre de 1966, y dicha disposición legal y su interpretación no han sido reformadas ni derogadas, por tanto, de conformidad a la Constitución de la República, le corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…, lo que significa que es propio de los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…, lo que significa que es propio de los órganos jurisdiccionales aplicar en sus resoluciones definitivas. LA LEY Y NO CIRCULARES que propendan sustituir la ley formalmente creada. En segundo lugar, porque aplicar la circular No. 1-2014, por el solo hecho de atender un facilismo NO UNIFICA LA JURISPRUDENCIA LABORAL, porque aplicar en sentencias definitivas el contenido de la circular citada va en contra del fin principal de la fuente unificadora de la jurisprudencia nacional de trabajo como es el recurso de casación Laboral; en consecuencia, unificar la jurisprudencia nacional a través del recurso de casación laboral se permite a la Corte Suprema de Justicia realizar una interpretación de la Ley Laboral para que sirva de guía confiable a los operadores de la justicia del trabajo.- Solo así, el Poder Judicial puede cumplir la obligación que impone el artículo 764 párrafo primero, del Código del Trabajo. La sentencia impugnada, Ilustre Corte, al aplicar la circular disminuye y tergiversa los derechos y garantías constitucionales a favor de la demandante; limita el derecho y la garantía de percibir una justa indemnización sobre la base de un salario promedio calculado por los días efectivamente laborados en los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato de trabajo, fórmula que es muy diferente a la considerada "como correcta" por la Corte juzgadora tomada de una circular que hace reducir ostensiblemente el salario promedio a favor de la demandada pero en perjuicio de la demandante que tiene derecho, de acuerdo a ley, a recibir una indemnización por despido injusto conforme a las normas legales indicadas como violadas. La conclusión de la Corte sentenciadora, violenta las normas legales de orden nacional invocadas y relacionadas con los artículos constitucionales 64, 205 No.1) y 304.- Evidentemente la Corte Juzgadora, ha aplicado la Circular de la Sala Laboral-Contencioso-Administrativo que pugna declaraciones, derechos y garantías de índole laboral establecidas.- En la dirección descrita, los artículos 3 y 25 del Código del Trabajo, indican que son nulos Ipso Jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores; y que en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el Código del Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo. Por las razones apuntadas, se afirmar que la Corte de Apelaciones actúa arbitrariamente, porque sin razón o norma legal que lo justifique, la llevó a conclusiones que infringen directamente las normas legales citadas como violadas.- Por' este motivo, la sentencia recurrida, deberá ser casada.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (Artículo 123 interpretado letra b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 352 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional en Infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL admitido a la parte demandante que adelante se singulariza en relación a los demás medios de prueba en su conjunto y que llevó a la Corte sentenciadora a la violación de normas sustantivas de orden nacional contenidas en los artículos 123 interpretado letra b) y 352 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 59 párrafos primero, segundo y tercero y 64 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas indicadas, estan contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBAS APRECIADAS ERRONEAMENTE: La prueba singularizada de la parte demandante como apreciada erróneamente es la siguiente: Prueba documental evacuada por exhorto que aparece agregada a folios 179 a 180 de la primera pieza, extremos 2 y 3 en relación con la prueba documental admitida consistente en la contestación a la demanda epígrafe "Hechos y Razones en que se apoya la Defensa", numeral 2 literal d), folios 19 vuelto, propuestas y admitidas a la parte demandante en audiencia del 26 de abril del 2016, folio 77 vuelto y 78. LA VIOLACION LA EXPLICO EN LA FORMA SIGUIENTE. Se impone al impetrante la obligación de singularizar la prueba documental evacuada por exhorto que en su oficio la Corte recurrida, al proferir su fallo dejara de apreciar, y que obra a folios 179 a 180 de la primera pieza, extremos 2 y 3 en relación a la prueba documental admitida consistente en la contestación a la demanda epígrafe "Hechos y Razones en que se apoya la Defensa", numeral 2 literal d), folio 19 y vuelto, propuestas y admitidas a la parte demandante, en audiencia del 26 de abril del 2016, folios 77 vuelto y 78 de la primera pieza. La prueba admitida a la parte demandante consistente en la evacuación de una documental por medio de exhorto para establecer el salario devengado en el periodo académico del 2014 al 2015 y el último periodos académico laborado en 2015.- Para efectos de la claridad que tendría la evacuación de dicha prueba, la demandada en la contestación a la demanda hace llegar a los hechos discutidos, --admitiendo--, que la accionante trabajó durante el primer periodo académico del 2015 once (11) días y en e1 segundo periodo del mismo año, otros once (11) días. Lo anterior es fundamental para determinar que entre e1 14 de febrero al 9 de agosto del 2015 se constituyen los dos (2) últimos periodos trimestrales académicos y que conforman los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato de trabajo, y en ese periodo la demandada acepta que efectivamente la actora trabajó veintidós (22) días, y el salario probado que devengó la demandante y establecido en la sentencia definitiva fue de tres mil trescientos lempiras mensuales (LP 3,300.00 mensuales).- Sin embargo, de haberse apreciado correctamente este medio de prueba, y en función de las normas legales invocadas como violadas, la Corte juzgadora hubiere concluido que el cálculo para establecer las indemnizaciones por el despido injustificado, debió haberse efectuado tomando como única fórmula y como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato. La Corte sentenciadora apreciando erróneamente la prueba particularizada, concluyó que el salario promedio para calcular las indemnizaciones por despido injustificado "tiene varias fórmulas" y que las mismas toman en cuenta lo percibido durante los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato de trabajo, sin embargo, no consideró que el salario promedio deriva de tomar en cuenta lo percibido por el trabajador en los días efectivamente laborados en los últimos seis (6) meses de vigencia del contrato de trabajo, lo que condujo que la Corte juzgadora apreciara erróneamente el medio de prueba singularizado, y por medio de tal error, violó las normas procesales y normas relacionadas y, en forma indirecta, viola las normas sustantivas de orden nacional invocadas. En razón de todo lo expuesto anteriormente procede que se case la sentencia en le presente motivo.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al igual que el motivo anterior la norma que indica como violada (Artículo 123 interpretado letra b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa y si bien es cierto la otra norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 352 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- VI. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Siendo que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y cuando conste en autos decretarse de oficio aunque las partes no lo aleguen, solicito respetuosamente se resuelva la nulidad absoluta de la sentencia proferida el 16 de marzo del 2017 por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, por evidenciar la inobservancia de los artículos 206 No.1) y 2), 207, 208 y 211 del Código Procesal Civil. Es criterio reiterado de esta Honorable Corte, que la nulidad que se pretende debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal y de defensa, de tal forma que el Tribunal de Casación deba enmendar. La sentencia, la cual se pide nulidad, no expresa en sus "Fundamentos de Derecho" las motivaciones fácticas jurídicas, es decir, que no contiene los motivos de hecho y de derecho en que se fincó su decisión.- La fundamentación de la sentencia recurrida va en contra de la exhaustividad y congruencia que exigen las normas procesales como requisitos internos de la sentencia. A continuación paso a demostrar como la Corte Juzgadora violento derechos y garantías que ocasionaron perjuicios a la parte demandante: a) El "Fundamento de Derecho Primero”, lo dedica a reproducir el oficio No. 366-SCSJ-2014, que contiene la circular 1-2014, pero obvia expresar las motivaciones de su determinación y lo que le haya merecido la prueba admitida que sustenta el recurso de apelación. b) En el mismo "Fundamento de Derecho", la Corte juzgadora expresa su opinión particular al señalar que "De ninguna manera es procedente utilizar la fórmula ofrecida por el recurrente, por ser fuera de toda proporción, pues es total y absolutamente increíble y fuera de lógica…”.- La Corte, con la transcripción, está expresando una opinión que no es apreciación y valoración fundada en derecho, y podemos señalar esa opinión, como divagaciones personales de los juzgadores. C) La Corte obvia el criterio orientador en la interpretación y aplicación del Derecho Laboral, el valor superior de las garantías y derechos constitucionales que se otorguen a los trabajadores, en que, conforme al artículo 64 de la Constitución de la República "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". d) La sentencia contiene vicios que transgreden el objetivo de unificar la jurisprudencia nacional laboral al aplicar como derecho, como ley formalmente creada la circular 1-2014, y con ella violentando el objetivo principal de unificar la jurisprudencia laboral por medio del Recurso de Casación, como lo indica el Código del Trabajo en su artículo 764 párrafo primero, y contraviniendo a la Constitución de la República en su artículo 304, en cuanto que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado…evidentemente la Corte juzgadora no ha aplicado la ley y se coloca en franca pugna en unificar la jurisprudencia laboral, dañando derechos y garantías”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada subsidiariamente. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 189-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.