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Sentencia CL-183-17 — Registro 7797

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los demandnates, condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante la ausencia de acuerdo a la contratación colectiva se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar que párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha seis de junio de dos mil diecisiete, por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, los señores MARCO ANTONIO AGUILAR y GLENDA GERALDINA FUENTES, representados en juicio por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa y otros, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, veintiocho de mayo de dos mil quince, por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores MARCO ANTONIO AGUILAR, soltero, Electricista, y GLENDA GERALDINA FUENTES, casada, Abogada; ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por LIANA RODRIGUEZ VALLADARES en su condición de representante procesal de los señores MARCO ANTONIO AGUILAR Y GLENDA GERALDINA FUENTES, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas. II.- CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a Reintegrar a los señores MARCO ANTONIO AGUILAR y GLENDA GERALDINA FUENTES, al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva. III. Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, promovida por LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores MARCO ANTONIO AGUILAR y GLENDA GERALDINA FUENTES, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas, a pagar goce de vacaciones adeudadas, bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa; en consecuencia, IV.- ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar a los señores MARCO ANTONIO AGUILAR Y GLENDA GERALDINA FUENTES, pago de vacaciones adeudadas, bono utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa; V. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron a laborar para HONDUTEL de la manera siguiente: Marco Antonio Aguilar, el 07 de octubre de 2007, en el puesto de Electricista, al momento de la terminación de la relación laboral se desempeñaba como Instalador/Reparador de Líneas I, en la Sección de Instalación y Mantenimiento de San Pedro Sula, devengando un salario ordinario mensual de L.10,700.52; y, Glenda Geraldina Fuentes, el 03 de abril de 2006, en el puesto de Asesor Legal II, devengando un salario ordinario mensual de L.28,068.99; que el acoso laboral comenzó cuando a los demandantes se les notificó la suspensión de sus contratos de trabajo, misma que fue notificada para el periodo comprendido del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero de 2015, o sea por 119 días pues se debían presentarse el 05 de febrero de 2015 y contra dicha suspensión formularon las oposiciones respectivas, encontrándose estas aun en trámite en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; que mediante oficios GGH-239-2015 y GGH-407-2015, todos de fecha 05 de febrero de 2015, se les notificó la terminación de la relación laboral invocándoles tres supuestas causales. A pesar que HONDUTEL no hizo los llamamientos a que la Ley le obligaba, transcurrido el término de la suspensión, los demandantes se presentaron a su centro de trabajo el 05 de febrero de 2015, momento en el que se les entregó directamente sus notas de terminación, por lo que no hubo reanudación de las labores, esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación a los artículos 129 de la Constitución de la República; 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 07 de octubre del año 2014, invocando lo establecido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificarles en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir, a partir del 08 de octubre de 2014, por el término de 120 días, o sea hasta el día 04 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero de 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. En fecha 10 de octubre de 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud esta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista de las múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. Que en fecha 03 de febrero de 2015, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, el 05 de febrero de 2015, HONDUTEL notificó a los demandantes la decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado, con base en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada Liana Rodríguez Valladares, en su condición de representante procesal de los señores Marco Antonio Aguilar y Glenda Geraldina Fuentes, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante la ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; declaró sin lugar la demanda en cuanto al pago de goce de vacaciones adeudadas, bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa; absolviendo a la demandada al pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que los demandantes el día 07 de octubre de 2014, les notificaron la suspensión de sus contratos de trabajo por 120 días, que como consecuencia de la suspensión, en virtud de ampararse la parte demandada en las causales contenidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) así como también el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, fueron cancelados de sus puestos de trabajo mediante oficios números GGH-239-2015 y GGH-407-2015 de fecha 05 de febrero del 2015, al amparo de los citados artículos, por lo que es del criterio que se ha violentado el procedimiento infringiendo desde todo punto de vista las normas laborales, que sumado a ello HONDUTEL ofrece en el mismo oficio que contiene el despido el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, situación ésta que es contraria, ya que por una parte aduce tener causas justas para despedir a los demandantes sin responsabilidad, pero por otro lado hace ofrecimiento expreso del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, conllevando a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en el artículo 102 del Código del Trabajo. Que los demandantes solicitan el pago de derechos como ser pago de vacaciones adeudadas, bono de utilidades y estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamo en la banca privada, pago de cantidades adeudadas por cualquier otro concepto y por la privatización de la empresa, lo que cabe explicar que dichas pretensiones no fueron objeto de prueba en el presente juicio, lo cual imposibilita a esta Juzgadora el otorgamiento de dichas pretensiones; siendo oportuno declarar sin lugar las mismas.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada en el acápite “HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA” en el numeral cuarto señala que HONDUTEL, el 10 de octubre de 2014, presentó solicitud ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, pidiendo la suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos y en el numeral 5 aceptó que la Secretaría del Trabajo no emitió la resolución de la suspensión solicitada y que aun así tomó la decisión de dar por terminada la relación de trabajo con los demandantes por la precaria situación económica por la que atravesaba HONDUTEL; por consiguiente, la causal señalada en la nota de despido de fecha 5 de febrero de 2015, es ilegal e injustificada; y además, tampoco probó en autos las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipuladas en los numerales 4), 5) y 15) del artículo 100 del Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintiséis días del mes de abril de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ENY SAMARIS REYES VELASQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de junio de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra EI Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: "El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa "Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: "Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...". Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: "...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que "El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos". Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la Republica establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “…Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente", por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CODIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. El motivo que antecede, resulta inadmisible por lo siguiente: a) el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar que párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia.- IV. Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LOS OFICIOS DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 224 y 230; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 235-242, TODOS DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL CONSISTENTE EN: a) los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados a folios 224 y 230; Y B) Estados Financieros De HONDUTEL que corre agregado a folios 235-242, todos de la segunda pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) El Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PUBLICO CONSISTENTEEN: los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corren agregados a folios 224 y 230; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PUBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 235-242 de la segunda pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario".- V. Este segundo motivo no resulta admisible dado que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo.- VI. Que el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en el tercer motivo de casación alude lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del C6digo del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo, el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagaran desde la fecha en que ocurrió el despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Siendo así las cosas, nos encontramos ante dos momentos procesales distintos: en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, y se revela contra el mandato de la norma dándole un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. El motivo que antecede, resulta inadmisible pues el artículo 113 del Código de Trabajo que señala como violado, tiene tres párrafos, del cual la recurrente debió especificar que párrafo considera violado, mismas que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos en éste extraordinario recurso.- VIII. Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado a folios 224 y 230, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación con los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los trabajadores MARCO ANTONIO AGUILAR Y GLENDA GERALDINA FUENTES a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha veintiocho (25) de febrero del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que el demandante fundamentó su acción, de los hechos en que el demandado fundamentó su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la Republica, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamentó la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porque utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, razón por la que no estima que carezca de requisitos, por haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus tres motivos de casación y sin lugar nulidad solicitada en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 183-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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