Sentencia CL-181-17 — Registro 8311
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a el puesto de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, decimo tercer y decimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo dos años atrás conforme a lo establecido en la ley del salario mínimo, costas del juicio; segunda instancia declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesta por la parte demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 12 de junio del 2017, por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJÍA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a el puesto de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, decimo tercer y decimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo dos años atrás conforme a lo establecido en la ley del salario mínimo, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de julio del 2015 por la señora DIANA ELIZABETH GONZALEZ, mayor de edad, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de marzo del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 15 de noviembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Mariluz Martínez Mejía, en su condición de apoderada judicial del Estado de Honduras; II. REFORMANDO la sentencia definitiva apelada dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, visible a folios del 46 al 50 de la primera pieza de autos, así: a) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto declara con lugar la demanda interpuesta por la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ para el reintegro al trabajo, y pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA interpuesta por la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA para el reintegro a su puesto de trabajo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCA PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), representada por la Procuraduría General de la República Abogado ABRAHAM AIVARENGA URBINA, en cuanto ordena el reintegro de la señora Diana Elizabeth Flores González a su puesto de trabajo y el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios, en consecuencia ABSUELVE AL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República de reintegrar a la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ y del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, quedando vigente de éste numeral únicamente la CONDENA de Lps.27,501.29 por concepto de salario adeudado por reajuste al salario mínimo, sin perjuicio además del pago a la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ del total de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos conforme le fueron ofrecidas en la nota de terminación de la relación laboral; d) CONFIRMA TOTALMENTE EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada; II. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo para con la demandada, el 01 de agosto de 2012, como supervisor, devengando un salario mensual de L.6,944.10, siendo el mínimo legal para el año 2015 de L.8,489.68; que mediante nota de fecha 27 de marzo de 2015 fue cancelada del puesto de trabajo, siendo efectiva dicha cancelación a partir del 31 de marzo de 2015, en virtud del cierre de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, donde se desempeñaba en virtud de la creación de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos; violentando lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo; argumentó a demás que acudió a la Secretaría del Trabajo con el ánimo de conciliar, sin llegar a un arreglo conciliatorio, agotando la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que lo que existió entre la demandada fue una relación contractual de prestación de servicios determinados y limitado bajo el sistema jornal a planilla; que por otra parte lo que dio origen al despido se debió al cierre de la Dirección General de Vivienda y urbanismo originado en el amparo mediante decreto ejecutivo PCM-024-2014 de fecha 30 de mayo de 2014, en el cual se creó la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la República y de conformidad a lo establecido en el articulo 111 numeral 9) del Código de Trabajo que establece como causa de recisión de los contratos el cierre definitivo de la empresa o establecimiento, por lo que en feche 27 de marzo del 2015 la demandada se vio en la obligación de notificar la terminación de la relación contractual laboral, ofreciendo a la demandante el pago de las prestaciones; alego también que no procede el reintegro, pues al no existir presupuesto ni proyectos de vivienda, desaparece la razón para recontratar a la demandante y que con el presupuesto del año fiscal a signado cancelaron las prestaciones que correspondían a cada empleado contratado en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de noviembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condenó al Estado de Honduras a: reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo en el Cargo de Supervisor de la Dirección General de Carreteras por lo menos en las mismas condiciones a las que se tenía al momento de operarse el despido; le reconoció el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; y a pagar la cantidad de L.27,501.29 en concepto de salario adeudado por reajuste al salario mínimo a la demandante en forma retroactiva dos años contados a partir la presentación de la demanda, sin costas; demanda ordinaria laboral que fue promovida por la señora DIANA ELIZABETH GONZALEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP); bajo el criterio que en la presente litis la parte actora ha demostrado la ilegalidad del despido denunciado, por lo que es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda ordenando el REINTEGRO a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de producirse el despido ilegal e injusto con el Reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos y aumentos salariales que fue privado el demandante durante el juicio quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; que la parte actora en la suma de la demanda solicita el pago de conceptos vacaciones, aguinaldo y decimo cuarto mes causados y proporcionales; derechos éstos de los cuales la parte demandada no logró acreditar en juicio haber satisfecho por lo que procede declarar con lugar el pago de los mismas; conceptos que deberán ser liquidados junto con los salarios dejados de percibir en su momento procesal oportuno se efectúe; asimismo solicitó reajuste al salario mínimo, en cuanto a esta pretensión y constando en autos que el salario de la demandante ascendía a la cantidad L.6,944.10 y de conformidad a las bases salariales mínimas establecidas por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social se colige que para el año 2013 el salario mínimo ascendió a L.7,312.04; para un reajuste de L.367.94 para el 2014 L.7,860.44 para un reajuste de L.916.34 y para el 2015 L.8,489.28 para un reajuste de L.1,545.18; en tal sentido y al constatarse que la demandante devengaba un salario inferior al mínimo legal consecuentemente procede declarar con lugar dicha pretensión de conformidad a la diferencia que resulte entre lo devengado y lo establecido en ley dos años en forma retroactiva contados a partir de la presentación de la presente demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 09 de marzo del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, revocando parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto declaró con lugar la demanda interpuesta para el reintegro al trabajo, y pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; en consecuencia declaró sin lugar la demanda interpuesta para el reintegro a su puesto de trabajo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; revocó parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto condenó al Estado de Honduras, y ordenó el reintegro de la trabajadora demandante a su puesto de trabajo y el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el reintegro a título de indemnización por daños y perjuicios, y absolvió al Estado de Honduras, de reintegrar a la demandante y al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, quedando vigente de éste numeral únicamente la condena de L.27,501.29 por concepto de salario adeudado por reajuste al salario mínimo, sin perjuicio además del pago a la demandante del total de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos conforme le fueron ofrecidas en la nota de terminación de la relación laboral; confirmó totalmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso se estableció que la demandante fue cancelada mediante nota de fecha 27 de marzo del año 2015, en la cual le notifican que en vista de que ella laboraba en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo y esta fue cerrada dando paso a la creación de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), en consecuencia se le pagarían las prestaciones laborales y demás derechos adquiridos; asimismo que si bien es cierto el trabajador demandante reclama el reintegro a su puesto de trabajo, pues es un derecho del trabajador conforme la Constitución de la República quien debe de decidir si opta por el reintegro o por el pago de sus prestaciones laborales, siendo éste un derecho alternativo, sin embargo en el presente caso y conforme las pruebas presentadas no es posible poder reintegrar a la trabajadora demandante a su puesto como supervisor en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, en virtud de que ésta ya desapareció desde el año 2015 y de decretar un reintegro sería ilusorio su cumplimiento, por lo que únicamente le correspondería el pago de sus prestaciones laborales conforme le fue ofrecido en la nota de terminación de la relación laboral; que por las razones antes expuestas es procedente declarar sin lugar la demanda de reintegro, sin perjuicio del pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos que le pudieran corresponder a la trabajadora demandante.- 5.- Mediante auto de fecha 26 de abril del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora DIANA ELIZABETH FLORES GONZALEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de agosto del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en el primer motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia recurrida se ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta por apreciación errónea por error de hecho de los medios de prueba denominados documental, que adelante se singularizan en relación a las demás pruebas en su conjunto, y que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 113 tercer párrafo literal a) y 117 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 112 en todos sus literales y 863 del Código del Trabajo.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS.- Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Nota de despido, de fecha 27 de marzo del 2015, b) constancia de trabajo, en donde se expone que es empleada de Soptravi, asignada a la Dirección General de Carreteras, y, c) nota de fecha 08 de agosto del 2012, en donde el patrono se le asigne funciones en la Oficina de Enlace entre SDOPTRAVI/derechos humanos sin cambiarle el puesto en su acuerdo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente los cuates fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el despido efectuado a la demandante es ilegal e injusto ya que si bien es cierto la parte demandada justifica la terminación del contrato de la demandante en el cierre de la Dirección General de Vivienda, sin embargo mi representada nunca laboro en esa dirección, lo que puede visualizarse en la constancia de trabajo que corre a folio 18 de autos, la demandante fue contratada para desempeñarse en la Dirección General de Carreteras en el cargo de supervisor, pero que fue asignada funcionalmente a otro departamento, por lo que la causa para dar por terminada la relación de trabajo es injustificada, ya que cierre de dicha dirección, no afectaba su derecho al trabajo, pues debió regresar a su lugar original de trabajo, pues como se puede ver en la nota de fecha 8 de agosto del 2012, lo que se pide es asignarle funciones dentro de la Dirección y en ningún momento se le hizo cambio del contrato que firmó con el demandado.- además de lo anterior la nota de despido no contiene ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo que facultan al patrono para dar por terminada la relación de trabajo y al apreciarla en forma incorrecta, el tribunal juzgador de la sentencia recurrida, no valoró el hecho de que la nota de despido no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 117 del Código del Trabajo, así como que la misma establece que se le reconocerán a la demandante el pago de sus prestaciones laborales, lo que deja entrevisto que el despido es ilegal, pues no se reconocería ese pago si el despido fuese llevado a cabo en legal y debida forma.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; b) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días de mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 181-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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