Sentencia CL-180-17 — Registro 8364
Resumen
Segunda instancia reformo la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral a efecto de que el patrono pruebe en juicio la causa que invoca como justa en la terminación del contrato de trabajo y en caso de no poder hacerlo sea condenada a pagar las prestaciones e indemnizaciones legales y las costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, b) realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que el cargo que antecede, al igual que el motivo anterior, resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, b) realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de este tipo; b) señala el precepto autorizante de forma incorrecta, pues la infracción indirecta se encuentra comprendida en el inciso primero, párrafo segundo, del artículo 765 del Código de Trabajo; y, c) en el desarrollo se incita a la valoración de la prueba testifical la cual, por ser no reglada está supeditada a la inmediación del juzgador de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los quince días del mes de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; además, son parte recurrida el señor JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, representado en juicio por el Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral a efecto de que el patrono pruebe en juicio la causa que invoca como justa en la terminación del contrato de trabajo y en caso de no poder hacerlo sea condenada a pagar las prestaciones e indemnizaciones legales y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de septiembre del año dos mil catorce, por el señor JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS contra LA MUNICIAPLIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada por el señor JOSE ARMANDO CALIDONIO, quien es mayor de edad, hondureño, casado, ingeniero, y este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, que falló reformando la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, en el siguiente sentido: “PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Horacio Iván Fajado Flores, en su condición de representante procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis (25/11/16) por el Juzgado de Letras del trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda promovida por el señor JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS contra la MUNICIPAD DE SAN PEDRO SULA, a través e su representante legal; en consecuencia, se REFORMA la sentencia relacionada, la que consiste en: A) Declarar CON LUGAR la demanda de mérito, por tanto se CONDENA a la MUNCIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal al pago de los conceptos de: Preaviso: Lps. 57,199.33 y auxilio de Cesantía: Lps. 714.991.67, más los salarios dejados de percibir de la fecha del despido hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme el presente fallo. B) Fijar como monto total de CONDENA la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 795.026.44) que corresponden a los valores otorgados por el Iudex a Quo en concepto de derechos adquiridos, más los otorgados por esta alzada. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia de la referencia, en sus dos extremos, es decir, en cuanto declara sin lugar la prescripción alegada parte actora; el pago de derechos adquiridos y la exoneración de costas. TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que la relación laboral comenzó el 26 de 1986, desempeñaba el cargo de Contador y devengaba Lps. 24,514.00 mensuales, la que estuvo vigente hasta el 21 de julio 2014, fecha en que la Secretaria de la Municipalidad le entregó la certificación del acuerdo de despido. En el despido la demandada le notifica, que: “...por el acto delictuoso cometido en perjuicio de la Municipalidad de San Pedro Sula, al entregar permisos de operación falso a contribuyente y daño económico (monetario) al no entregar cantidades de dinero, considerándose perjuicio grave e injuria cometida en el servicio laboral prestado, causa un perjuicio económico a la Municipalidad de San Pedro Sula. Articulo 97.3 relacionado con él 112 inciso b), e) y 1) del Código del Trabajo”. dicha causa es ilegal, pues su único propósito es despedirlo sin indemnizarlo, a lo que suma que en el acuerdo de despido no le explica cuando se supone cometieron las falta y en qué modo particular se realizaron, no hay sentencia condenatoria por delito que sirve para demostrar la comisión de las faltas que justifican el despido. Posteriormente El 15 de julio del 2014, se llevó a cabo audiencia de descargos para la cual fue previamente convocado, la misma se llevó a cabo con hechos ambiguos y generalizados, el actor dio las explicaciones y justificaciones del caso y aun así en dicha audiencia no le dijeron de manera puntual la fecha en que se cometieron las faltas, día, hora, lugar y de qué modo se realizaron; también señala que en la convocatoria para descargos se le expresa conceptos diferentes que en el acuerdo de despido, por lo que no hay forma de vincular la audiencia de descargos con el acuerdo de despido; es así que indica que el incumplimiento por parte de la patronal del artículo 117 del Código del Trabajo, que manda imperativamente a la parte que termina el contrato de trabajo, indicar en forma clara la causa válida, alega que la omisión lo coloca en desventaja.- 2. La parte demandada, LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó la demanda señalando que la nueva administración ha realizado una investigación ante las denuncias de los contribuyentes que han efectuado pagos para la obtención de permisos de operaciones los cuales han resultado falsos, hechos que constituyen delito, de los mismo resultó que el demandante ha sido señalado por varias personas que ha recibido dinero a cambio de entrega del permiso de operación, hecho reñido con la ley, ya que causa graves perjuicios a la Municipalidad. Ante tal circunstancia se levantó acta de audiencia de descargos al demandante y de su resultado decidieron el despido fundamentándolo en los Artículos 112 literales e) y 1) en relación con el 97 y 98 del Código del Trabajo, por haber incurrido en una falta grave violando obligaciones que como trabajador le impone el Artículo 97. 1. 2. 3. del citado cuerpo legal. Respecto al hecho de que se expone en forma clara la causa válida para la rescisión laboral, está fuera de contexto, pues se entiende que el despido por la participación directa del actor en la emisión de permisos de operación falsos, y, respecto a la falta de inmediatez, acepta que la Municipalidad desconoce la fecha de las emisiones de los mencionados falsos permisos de operación, también en los momentos en que ocurrieron, pues los ejecutaba en clandestinidad. Por otra parte, la demandada también rechazó la prescripción del derecho de acción del patrono para despedir al trabajador, que vía defensa alega parte actora, pues la Municipalidad desconocía los actos cometidos por el trabajador, teniendo conocimiento de los mismos con las denuncias de los contribuyentes y el descubrimiento de los permisos de operaciones falsos, razones por las cuales una vez concluida la investigación se le convocó a audiencia de descargos y cuyo resultado fue el despido sin responsabilidad patronal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando sin lugar, la demanda para el pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir, promovida por el señor JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, sin costas, bajo el criterio que las causas que llevaron a la ruptura laboral se encuentran establecidas en el artículo 112 literal c) del Código del Trabajo, actuaciones impropias del trabajador, aceptadas por él y firmadas por la señora Catty Ester Rivas, compañera de trabajo quien afirmó haberle entregado dinero al trabajador Jorge Alberto Díaz Santos, igual que al demandante, igualmente firmado por el representante legal David Alberto Larach Canahuati, Abogado Luis Bautista, que era la persona que aparecía en los recibos pagados y con el supuesto permiso de operación, hechos que el demandante no negó realizar y que no correspondían a su actividad, causando perjuicios, tanto a la demandante como a los usuarios, circunstancias graves que imposibilitan mantener una relación de trabajo. Por otra parte, es preciso mencionar que en el presente juicio no es posible declarar la prescripción pues es hasta la fecha 2 de julio del 2014, que el demandante es señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la emisión del permiso de operaciones del establecimiento comercial Caribiean Bar, habiéndose levantado el acta de descargos en fecha quince de julio 2014 y despedido en fecha 21 de julio del 2014, es decir, no había transcurrido el término de 30 días establecido por el Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, declarando con lugar la demanda condenando a pagar a la demandada la cantidad de L. 795,026.44, sin costas; bajo el criterio que la desvinculación se produjo el 21 de julio del 2014, al entregarle al demandante la cancelación de su acuerdo de nombramiento como Contador 1, por hechos que según se aprecia fueron conocidos por la demandada en forma general el 19 de junio, la remisión del memorándum de parte de la Directora Municipal de justicia a la Procuradora General Municipal, con el objeto de que investigación de varios permisos de operación entre ellos el emitido el 4 de abril del bajo número 11452, correspondiente al establecimiento conocido como, “Caribean Bar” cuyo propietario es el señor David Alberto Larach Canahuati; siendo hasta el 2 de julio del 2014, en que empezaron las gestiones investigativas y se levanta un acta interna en la Procuraduría Municipal, en la que estuvieron presentes los señores Ángel Rolando Perdomo, Director de Control de Ingresos; Marlen Xiomara Rivera, Directora del Departamento Marnie Menardi Marconi, Procuradora General Municipal Alberto Larach Canahuati, propietario del establecimiento Caribean Bar; Luís Alonso Bautista Ríos, Apoderado Legal del señor Larach Canahuati y Catty Esther Ortiz Rivas, siendo ésta última quién involucra al demandante al expresar que recibió el dinero de parte del señor Larach Canahuati para agilizar el trámite en Control de Ingresos y que el dinero lo entregaba al señor Jorge Alberto Díaz Santos y posteriormente éste entregaba el permiso de operación, la solvencia y los recibos de pago del banco al interesado; después de ello la entidad Municipal el 14 de julio del 2014, citó al demandante a audiencia de descargos para el día siguiente a las 10:00 a.m., indicándole que los cargos eran: “No observar preceptos del reglamento y la inobservancia a las buenas costumbres y conducta ejemplar, por la supuesta emisión de permiso de operación falsos en perjuicio del contribuyente tal como lo establece el artículo 97 numeral 1 y 3 del Código del Trabajo”, de lo anterior se concluye que los permisos de operación que le imputan al trabajador, para lo cual realizó todas las actuaciones que estimó pertinentes, incluyendo el despido del demandante para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo. Los hechos puntualizados en el numeral anterior, también viene a que en la audiencia de descargos que se llevó a cabo el 15 de julio del 2014, el actor acepta que a veces llegaban conocidos y les daban ayuda y junto con la señora Catty Ortiz agilizaban los trámites a los amigos contribuyentes para que no hicieran largas filas, pero en ningún momento aceptó haber recibido dinero de parte de la mencionada compañera de trabajo; al respecto cabe mencionar, que si bien es cierto que el actor de compañía de la señora Ortiz agilizaban los trámites a los contribuyentes, tal acto se presta para “conjeturar” muchas situaciones en el ámbito laboral; cierto también lo es, que los recibos de pago y el permiso de operación tienen estampado el sello, fecha y firmas del banco recaudador de valores en concepto de impuesto sobre volumen de venta, permiso de operación, rótulos, en el caso específico del señor David Alberto Larach Canahuati actuando en representación del estacionamiento comercial “Caribean Bar”, de lo que se desprende que los valores ingresaron a las arcas de la Municipalidad de San Pedro Sula, documentos que no fueron cuestionados u objetados por la demandada; y, respecto al permiso de operación de negocio No. 11452, consta que está elaborado en el papel que ocupa la Municipalidad para estos casos y que cumple con los requisitos establecidos de la ordenanza municipal que institucionalizada y regula el proceso simplificado de su emisión aprobado en el punto no. 15, Acta No.13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26 de octubre del 2006, permiso renovado el 4 de abril del 2014, firmado y sellado por la persona que en ese momento estaba al frente de la Dirección Municipal de Ingresos, cuya firma es ilegible, pues no se incorporó al proceso prueba que revirtiera la misma, extremo que desvirtúa la falsedad del permiso de operación alegado por la demandada, pues aun y cuando la Dirección Municipal de Ingresos de no haber extendido ningún permiso de operación al establecimiento comercial denominado “Caribean Bar”, razonamientos fácticos y jurídicos por los que el tribunal estimó conducente para la reforma de la sentencia recurrida.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en su condición de representante procesal del señor JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Este es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional y de índole laboral por interpretación errónea del artículo 112 letra e) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada es el artículo 112 letra e) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículos 97 numeral 3) del precitado código. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que sirven de medio para la violación de la norma sustantiva son las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (1) La Corte sentenciadora el ocho de marzo del año dos mil diecisiete (08-03-17) al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis (25-11-16), ha interpretado de forma errónea la disposición de carácter sustantivo indicada como violada (artículo 112, literal e) del Código del Trabajo; la infracción enunciada tiene lugar cuando a un hecho que se discute, o debidamente comprobado o aceptado por las partes, y reconocido por el juzgador se le deja de aplicar la norma que lo regula, en el presente caso la Corte sentenciadora establece que hechos reflejados EN ACTOS INMORALES, COMETIDOS POR EL TRABAJADOR DE MANERA REINCIDENTE Y SISTEMÁTICA, esos comportamientos no tienen el grado de gravedad capaz de hacer cesar la relación de trabajo, por lo que le está dando a ésa norma una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu, violando la norma sustantiva por interpretación errónea de la misma, en relación a lo que dispone el artículo 97 numeral 3 del código del trabajo que hace referencia a las obligaciones que tienen los trabajadores de observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, EN EL SUBLITE LA VIOLACIÓN CONSISTE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 1 12, letra e) POR LA CORTE DE APELACIONES ES EN EL CASO CONCREYO ACTUAL; el artículo 112 prescribe: Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: inciso e) “Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador corneta en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante autoridad competente”; y quedó acreditado en el juicio que el demandante cometió de manera reiterada actos inmorales en perjuicio del patrono, ya que se retiraba constantemente de su puesto de trabajo como contador 1 de la unidad de contabilidad a la que propiamente le corresponde, para dedicarse a tramitar pagos por servicios y tasas municipales por tributos no ingresados a las arcas municipales, que es una actividad de otra dependencia que no le corresponde, deuda que es aceptada por el propio empresario David Alberto Larach Canahuati quien al verse sorprendido se compromete pagar los impuestos adeudados de los años 2012 y 2013 (f.73,74) para que le entreguen el permiso de operación legítimo de su negocio Karibean Bar, ello en vista que el anterior (el falso) no fue emitido por el Jefe de Control de Ingresos Municipales en cuyo sistema aparece como moroso, y así lo hace saber don Rolando Perdomo en Certificación que corre agregada a (f.75); SIENDO CONFESO el trabajador al aceptar en audiencia de descargos (f.78) que “hacía favores a los amigos contribuyentes” para obtener los mismos, “que a veces les pide a sus compañeros que le ayuden”, “que ayuda a conseguir la emisión de recibos”, “que se involucra agarrar documentos”, etc., que se acreditaron con los medios de prueba agregados a folios 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, relacionado con los folios del 53 al 59 en los cuales y a manera de ilustración se relacionan con los actos inmorales reincidentes del demandante, ya que hacía lo mismo y por lo cual ya había sido denunciado anteriormente por otra valiente ciudadana y sancionado por “ACEPTAR RECOMPENSA COMO RETRIBUCIÓN POR ACTOS PROPIOS DE SU CARGO” lo que consta en folio 58 de autos; lo cual en su conjunto si fue bien apreciado y valorado por el A-QUO para declarar sin lugar la demanda, pero que el AD-QUEM insólitamente en los FUNDAMENTOS DE DERECHO lo aprecia como “conjeturas” en yuxta posición a lo preceptuado en los artículos 738 y 739 del código del trabajo; También podemos apreciar EN HECHOS PROBADOS del fallo recurrido, de manera errónea EL AD-QUEM le da énfasis penal al asunto que es eminentemente laboral ya que no lo asocia con el acto inmoral cometido por el trabajador contra la patronal; por lo tanto debió establecer como hecho probado EL ACTO INMORAL cometido por el trabajador en contra de la municipalidad de San Pedro Sula, pero el AD-QUEM equivocadamente separa el contenido completo del inciso e), ya que de una simple lectura podemos concluir que el acto inmoral debe ser debidamente comprobado ante autoridad competente y en éste caso fue investigado y comprobado por la Gerencia del INMUDE y otras autoridades municipales que llenan los requisitos del artículo 6 del código del trabajo, y que cualquier acto delictuoso debe ser investigado por el órgano competente como es el Ministerio Público, pero que no viene al caso. Al no aplicarse la normativa anteriormente descrita, la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en una clara violación de la misma por interpretación errónea del artículo 112 letra e) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal, POR LO QUE POR ÉSTE PRIMER MOTIVO, EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE CASAR.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional y de índole laboral por interpretación errónea del artículo 112 letra b) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Órden Nacional violada es el artículo 112 letra b) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del supra referido cuerpo legal. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que sirven de medio para la violación de la norma sustantiva son las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (2). La Corte sentenciadora el ocho de marzo del año dos mil diecisiete (08-03-17) al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis (25-11-16), ha interpretado de forma errónea la disposición de carácter sustantivo indicada como violada (artículo 112, literal b) del Código del Trabajo; la infracción enunciada tiene lugar cuando a un hecho que se discute, o debidamente comprobado o aceptado por las partes, y reconocido por el Juzgador se le deja de aplicar la norma que lo regula, en el presente caso la Corte sentenciadora establece que hechos reflejados en GRA VE INDISCIPLINA, COMETIDOS POR EL TRABAJADOR DE MANERA REINCIDENTE Y SISTEMÁTICA, esos comportamientos no tienen el grado de gravedad capaz de hacer cesar la relación de trabajo, por lo que le está dando a ésa norma una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu, violando la norma sustantiva por interpretación errónea de la misma, en relación a lo que dispone el artículo 97 numeral 3 del código del trabajo que hace referencia a las obligaciones que tienen los trabajadores de observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, EN EL SUBLITE LA VIOLACIÓN CONSISTE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 112, letra b) POR LA CORTE DE APELACIONES EN EL CASO CONCRETO ACTUAL; el artículo 112 prescribe: Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: inciso b) “Todo acto inmoral de violencia, injurias, malos tratamientos, o grave indisciplina, en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo”; y quedó acreditado en el juicio que el demandante cometió de manera reiterada actos graves de indisciplina en perjuicio del patrono, ya que se retiraba constantemente de su puesto de trabajo como contador 1 de la unidad de contabilidad a la que propiamente le corresponde, para dedicarse a tramitar pagos por servicios y tasas municipales por tributos no ingresados a las arcas municipales, que es una actividad de otra dependencia que no le corresponde, deuda que es aceptada por el propio empresario David Alberto Larach Canahuati quien al verse sorprendido se compromete pagar los impuestos adeudados de los años 2012 y 2013 (f.73,74) para que le entreguen el permiso de operación legítimo de su negocio Karibean Bar, ello en vista que el anterior (el falso) no fue emitido por el Jefe de Control de Ingresos Municipales en cuyo sistema aparece como moroso, y así lo hace saber don Rolando Perdomo en Certificación que corre agregada a (f.75); SIENDO CONFESO el trabajador al aceptar en audiencia de descargos (f.78) que “hacía favores a los amigos contribuyentes” para obtener los mismos, “que a veces les pide a sus compañeros que le ayuden”, “que ayuda a conseguir la emisión de recibos”, “que se involucra agarrar documentos”, etc., que se acreditaron con los medios de prueba agregados a folios 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, relacionado con los folios del 53 al 59 en los cuales y a manera de ilustración se relacionan con los actos graves de indisciplina reincidentes del demandante, ya que hacia los mismo y por lo cual ya había sido denunciado anteriormente por otra valiente ciudadana, siendo sancionado por “ACEPTAR RECOMPENSA COMO RETRIBUCIÓN POR ACTOS PROPIOS DE SU CARGO”, lo que consta en folio 58 de autos; lo cual en su conjunto si fue bien apreciado y valorado por el A-QUO para declarar sin lugar la demanda, pero que el ADQUEM insólitamente en los FUNDAMENTOS DE DERECHO lo aprecia como “conjeturas” en yuxta posición a lo preceptuado en los artículos 738 y 739 del código del trabajo; También podemos apreciar EN HECHOS PROBADOS del fallo recurrido, de manera errónea EL AD-QUEM le da énfasis penal al asunto que es eminentemente laboral ya que no lo asocia con el acto grave de indisciplina reincidente cometido por el trabajador contra la patronal; por lo tanto debió establecer como HECHO GRAVE DE INDISCIPLINA reincidente probado cometido por el trabajador en contra de la municipalidad de san pedro sula, pero el AD-QUEM equivocadamente no aplica el contenido del inciso b), ya que de una simple lectura podemos concluir que el acto grave de indisciplina debe ser debidamente comprobado ante autoridad competente y en éste caso fue investigado y comprobado por la Gerencia del INMUDE y otras autoridades municipales que llenan los requisitos del artículo 6 del código del trabajo, y facultan al patrono para poner fin, a la relación laboral con el trabajador sin responsabilidad de su parte. Al no aplicarse la normativa anteriormente descrita, la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en una clara violación de la misma por interpretación errónea del artículo 112 letra b) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal, POR LO QUE POR ÉSTE SEGUNDO MOTIVO, EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE CASAR.”.- V. Que el cargo que antecede, al igual que el motivo anterior, resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- VI. Que el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en el tercer motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional y de índole laboral por interpretación errónea del artículo 112 letra 1) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva violada es el artículo 112 letra 1) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículos 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que sirven de medio para la violación de la norma sustantiva son las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (3). La Corte sentenciadora el ocho de marzo del año dos mil diecisiete (08-03-17) al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis (25-11-16), ha interpretado de forma errónea la disposición de carácter sustantivo indicada como violada (artículo 112, literal 1) del Código del Trabajo; la infracción enunciada tiene lugar cuando a un hecho que se discute, o debidamente comprobado o aceptado por las partes, y reconocido por el juzgador se le deja de aplicar la norma que lo regula, en el presente caso la Corte sentenciadora establece que hechos reflejados en GRAVE INDISCIPLINA, COMETIDOS POR EL TRABAJADOR DE MANERA REINCIDENTE Y SISTEMÁTICA, esos comportamientos no tienen el grado de gravedad capaz de hacer cesar la relación de trabajo, por lo que le está dando a ésa norma una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu, violando la norma sustantiva por interpretación errónea de la misma, en relación a lo que dispone el artículo 97 numeral 3 del código del trabajo que hace referencia a las obligaciones que tienen los trabajadores de observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, EN EL SUBLITE LA VIOLACIÓN CONSISTE LA INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 112, letra 1) POR LA CORTE DE APELACIONES EN EL CASO CONCRETO ACTUAL; el artículo 112 prescribe: Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: inciso 1) “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, sin embargo el IUDEX AD-QUE al revocar de primera instancia hizo caso omiso a lo estrictamente antes indicado; y quedó acreditado en el juicio que el demandante cometió VIOLACIÓN GRAVE DE LAS OBLIGACIONES en perjuicio del patrono, ya que se retiraba constantemente de su puesto de trabajo como contador 1 de la unidad de contabilidad a la que propiamente le corresponde, para dedicarse a tramitar pagos por servicios y tasas municipales por tributos no ingresados a las arcas municipales, deuda que es aceptada por el propio empresario David Alberto Larach Canahuati quien al verse sorprendido se compromete pagar los impuestos adeudados de los años 2012 y 2013 (f.73,74) para que le entreguen el permiso de operación legítimo de su negocio Karibean Bar, ello en vista que el anterior (el falso) no fue emitido por el Jefe de Control de Ingresos Municipales en cuyo sistema aparece como moroso, y así lo hace saber don Rolando Perdomo en Certificación que corre agregada a (f. 75); SIENDO CONFESO el trabajador al aceptar en audiencia de descargos (f.78) que “hacía favores a los amigos contribuyentes” para obtener los mismos, “que a veces les pide a sus compañeros que le ayuden”, “que ayuda a conseguir la emisión de recibos”, “que se involucra agarrar documentos”, etc., que se acreditaron con los medios de prueba agregados a folios 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, relacionado con los folios del 53 al 59 en los cuales y a manera de ilustración se relacionan con los actos de violación graves de las obligaciones de manera reincidente del demandante, ya que hacía lo mismo y por lo cual ya había sido denunciado anteriormente por otra valiente ciudadana, siendo sancionado por “ACEPTAR RECOMPENSA COMO RETRIBUCIÓN POR ACTOS PROPIOS DE SU CARGO”, lo que consta en folio 58 de autos; lo cual en su conjunto si fue bien apreciado y valorado por el A-QUO para declarar sin lugar la demanda, pero que el AD—QUEM insólitamente en los FUNDAMENTOS DE DERECHO lo aprecia como “conjeturas” en yuxta posición a lo preceptuado en los artículos 738 y 739 del código del trabajo; También podemos apreciar EN HECHOS PROBADOS del fallo recurrido, de manera errónea EL AD-QUEM le da énfasis penal al asunto que es eminentemente laboral ya que lo debió establecer como un acto de VIOLACIÓN GRAVE DE LAS OBLIGACIONES que incumben al trabajador, de acuerdo a con los artículos 97 y 98 del código del trabajo vigente, en un hecho reincidente probado cometido por el trabajador en contra de la municipalidad de san Pedro sula, pero el AD-QUEM equivocadamente no aplica el contenido del inciso i), ya que de una lectura concluir que la comisión de CUALQUIER VIOLACION GRAVE DE LAS OBLIGACIONES o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional, y en éste caso se ha cumplido fielmente lo antes descrito ya que el hecho fue investigado y comprobado por la Gerencia del INMUDE y otras autoridades municipales que llenan los requisitos del artículo 6 del código del trabajo, cumpliéndose con el debido proceso de investigación, constatación del hecho, cita a audiencia de descargo al trabajador implicado en el hecho, brindándole el derecho constitucional de defensa, y por la gravedad de la falta entrega de la notificación de la terminación de la relación laboral con el trabajador sin responsabilidad de su parte. Al no aplicarse la normativa anteriormente descrita, la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en una clara violación de la misma por interpretación errónea del artículo 112 letra 1) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal, POR LO QUE POR ÉSTE TERCER MOTIVO, EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE CASAR.”.- VII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- VIII. Que el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en el cuarto motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta proveniente de ERROR DE HECHO manifiesto, derivado de una apreciación errónea de la prueba por parte de la Corte Sentenciadora, relacionada con el Medio Probatorio DOCUMENTAL Y TESTIFICAL que corren agregados a los folios: del 9 al 11 y repetida en f. del 81 al 83; folios del 53 al 59; 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente: Por infracción indirecta, de la Corte sentenciadora, incurriendo en error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado Documental. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada es el artículo 112 letras b), e), 1) del Código del Trabajo vigente relacionado con el artículo 97 numeral 3) del mismo cuerpo legal. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente por el Tribunal Ad-Quem, son los medios de prueba DOCUMENTAL consistente en: 1).- Certificación del acuerdo de cancelación N° 066-2014, f.9-11 repetido en f.8183; 2).- Como antecedente: memorando 145/95 f.53, certificación de acta # 286-95 f.54-55, llamados de atención f.56 y 57, audiencias de descargos f.58 y 59; 3).- Recibos varios de pago de impuestos municipales f.60 al 69; 4).- Permiso de operación N° 11452 f.70; 5). Memorando f.71; 6).- DECLARACIÓN TESTIFICAL contenida en Acta de comparecencia f.7374; 7).- Certificación f.75; 8).- Acta audiencia de descargos f.78 al 80, de la primera pieza de los autos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que sirven de medio para la violación de la norma sustantiva son las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (4). Independientemente que en cuanto a las pruebas, en los juicios del trabajo todo Tribunal goza de la más amplia autonomía para apreciarlos tal y como lo describen los artículos 738 y 739 del código del trabajo, de manera que las pruebas tiendan a demostrar los hechos básicos en que apoyen sus pretensiones los litigantes, la violación por infracción indirecta ocurre cuando el fallo es contrario a lo demostrado y aportado en juicio; en el caso Sub-Iite, El Ad-Quem, en fecha 08/03/17 al declarar con lugar el recurso de apelación formulado por la parte demandante apelante y recurrida, contra la sentencia definitiva de fecha 25/11/16 dictada por el Juzgado de primera instancia, y revocar la sentencia en la demanda de la referencia, incurrió en ERROR DE HECHO derivado de la mala apreciación de la prueba por la Corte sentenciadora, relacionada con los medios de prueba documental y testifical, incorporados en el presente juicio por la parte demandada, apelada, recurrente. Teniendo establecido la doctrina y reiterada jurisprudencia, que el ERROR DE HECHO en la falta de apreciación de la prueba, conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal a casar el fallo impugnado, tiene que ser manifiesto, que sin esfuerzo, se evidencie la equivocación del juzgador, por ello la relaciono a continuación: 1) folios 9-11 repetido en folio 81-83: consistente en CERTIFICACION DEL ACUERDO DE CANCELACIÓN N° 066-2014, de fecha 18 de julio del año 2014; A CONTRARIO SENSUM DEL CRITERIO DEL AD-QUEM, en el considerando 2, se estableció la declaración de la señora CATTY ESTER ORTÍZ RIVAS, quien adujo que entregó cantidades de dinero al empleado Jorge Alberto Díaz Sánchez, para la cancelación de los recibos en mora y obtención del permiso de operación; en el considerando 3 se estableció: a) que el permiso de operación no había sido emitido por la unidad de control de ingresos, b) se constató la mora que se encuentra vigente por el no pago de los impuestos de industria, comercio y servicios del contribuyente Caribean Bar, para obtener el permiso de operación; Y se concluye que “dicho permiso de operación no se ha emitido por parte de la municipalidad considerado un acto inmoral del trabajador en perjuicio del patrono, siendo lo dicho causa justa para dar por terminada la relación laboral, tipificada en el artículo 112 inciso b), e) 1) relacionado con el artículo 97 numeral 3 del código del trabajo” (grave indisciplina y actos inmorales); por lo tanto mi representada ventiló el asunto por la vía correcta que es la vía laboral y no penal, y por la gravedad del asunto dió por terminada la relación de trabajo con justa causa, correctamente fundamentada en los antes indicados artículos. 2) Folios del 53 al 59: COMO ANTECEDENTE de realizar ACTOS INMORALES siendo reincidente en el inadecuado desempeño de sus actividades en el centro de trabajo, consistentes en: Memorando 145/95 f.53, Certificación de acta # 286-95 f.54-55, llamados de atención f.56 y 57, Audiencias de Descargos: acción que es reincidente ya que anteriormente también había sido descubierto y denunciado por otra valiente ciudadana de nombre MAR/A DEL CARMEN TABORA CARDENAS, propietaria de BAR Y RES TA URANTE “TOFFIE’ ta/ y como consta en fo/io 54 que se re/a ciona con CERT/F/CA CIÓN A CTA n° 286-95 levantada por el Lic. Roberto Zaldívar Rivera en su condición de Juez de Policía, en la que establece que comparece la señora MARIA DEL CARMEN TABORA CARDENAS (Propietaria del BAR Y RESTAURANT TOFFIE), quien denuncia el señor JORGE DIAZ por haberle facilitado el Permiso de Operación de Negocios # 097483 con RMC 1007292-1 y los comprobantes de pago correspondientes, sin saber ella, que el trámite para obtener éstos, había sido violentado, lo que le conllevó a una AUDIENCIA DE DESCARGOS, por “ACEPTAR RECOMPENSA COMO RETRIBUCIÓN POR ACTOS PROPIOS DE SU CARGO”, lo que consta en folio 58 de autos, con cual se acreditó que la inapropiada e inmoral conducta del demandante se viene cometiendo desde hace varios años atrás, causando daño material y monetario pues no se enteraban cantidades de dinero a la comuna sampedrana, actuaciones que fueron descubiertas y que se asemejan al caso actual. 3) Folios del 60 al 69: relacionado con RECIBOS VARIOS DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES de los años 2012 y 2013, los cuales aunque calzan un supuesto sello de una entidad bancaria, el pago de los mismo nunca ingresó a las arcas municipales por lo que el contribuyente Larach Canahuati propietario de Caribean Bar se mantuvo en mora, con saldos pendientes (f.75), y por consiguiente no se le entregó permiso de operación (f.75), con lo que se concluye que los recibos y el permiso no fueron emitidos por Control de Ingresos Municipal (por lo que el caso de falsificación de sello y del permiso de operación que es considerado como un delito, se encuentra en investigación del Ministerio Público); pero contrario a lo anteriormente acreditado el AD-QUEM erróneamente asegura que los pagos ingresaron a las finanzas de la municipalidad, del cual no existe ningún reporte y que el permiso de operación fué expedido por la unidad de control de ingresos, aún y cuando fue desmentido por el Jefe de dicha unidad (f.75), 4) Folio 70: consistente en el PERMISO DE OPERACIÓN N° 11452, a nombre de CARIBEAN BAR, el cual fue decomisado por los Inspectores del Juzgado de Policía Municipal que decomisaron una serie de permisos por presentar irregularidades (f.71), los cuales no fueron emitidos por la unidad de control de ingresos, pero que el AD-QUEM concluyendo policialmente asegura que son legítimos. Recordemos que el despido no versa sobre emisión (impresión o expedición) de permisos de operación falsos, sino que versa sobre grave indisciplina y actos inmorales del trabajador: al dedicarse a la cancelación de los recibos en mora y obtención de permisos de operación (considerando 2) y no realizar su labor en los términos estipulados, es decir en la unidad que propiamente le corresponde, configurando daño material y monetario pues no se enteraron cantidades de dinero a la comuna municipal, art 112 letras e), b), 1) en relación con el 97 numeral 3, (considerando 3), (grave indisciplina y actos inmorales). 5) Folio 71: Consistente en el MEMORANDO de fecha 19 de junio 2014, en el cual la directora municipal de justicia remite una lista de cinco permisos de operación decomisados a igual número de negocios para que se investiguen por presentar irregularidades y entre los cuales se encuentra el de Caribean Bar; con lo que se acredita que erróneamente el AD-QUEM emite un fallo equivocado, ya que en el plan de la demanda, el demandante: a) trató de dar un enfoque penal a su asunto que es eminentemente laboral, b) pidió a los jueces del Trabajo no prestarse a las presiones y persecuciones políticas, c) dijo que hay fraude de ley. 6) Folios 73-74: Consistente en la DECLARACIÓN TESTIFICAL contenida en Acta de Comparecencia y relacionado con el TESTIMONIO de la testigo de cargo señora CATTY ESTER ORTÍZ RIVAS, que ha declarado a viva voz los hechos tal y como se sucedieron a raíz del decomiso de un permiso de operación de un negocio el cual se presume que es falso, señalando directamente al ahora denunciante JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS de ser la persona a quien LE ENTREGABA DINERO para el pago de los recibos y la tramitación del permiso y se consigna en la mencionada Acta, la cual firmó en fecha 02 de julio del año 2014; confirmando que “ella actuando de buena fé recibía el dinero por parte del señor David Alberto Larach Canahuat, por la amistad y para evitar el congestionamiento de las grandes filas y para agilizar el trámite en la oficina de Control de Ingresos, se le entregó el dinero al compañero Jorge Alberto Díaz Santos el permiso de operación, la solvencia, y al pago al banco, DICHO SEÑOR ENTREGABA PERSONALMENTE EL PERMISO DE OPERACIÓN Y LA SOL VENCIA AL SEÑOR JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS; Concluyendo la participación inequívoca del demandante, por lo que el despido se basó en el trámite y entrega no de falsificación de permisos de operación 7) Folio 75: Consistente en la CERTIFICACIÓN ORIGINAL DE MEMORANDO que corre a folio 75, enviado el señor Ángel Rolando Perdomo en su condición de Director de Control de Ingresos en fecha once de noviembre del año en curso (11-11-2014), con su respectivo soporte en la cual la Dirección Municipal de Ingresos establece que el Establecimiento Comercial CARIBEAN BAR tiene saldos pendientes de: Industria y Comercio de los años 2012, Bienes Inmuebles 2012-2013, Servicios Públicos 2014, por lo que NO ha extendido ningún Permiso de Operación de este negocio y que por tal motivo lo consideró falso, es por ello que el ocho de julio 2014, la Abogada Marnie Menardi Marconi envía a la oficina de Recursos Humanos un MEMORANDO INTERNO, que corre a folio 72, informando que los empleados involucrados son CATY ESTHER ORTIZ y JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, como las personas señaladas por el propio contribuyente y solicita se indague en la acta de Descargos que se levante al respecto si hay más empleados involucrados. 8) Folios 78-80: Consistente en el ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS, levantada el día quince de julio del año dos mil catorce al señor JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, QUIEN ES CONTESTE Y CONFESO en la misma y taxativamente expresa: “yo a veces les pido a mis compañeros que me ayuden”, “yo lo que ayudo es a conseguir la emisión de recibos, lo que si a veces me involucro es a agarrar documentos para agilizar la fila”, a la pregunta ¿Por qué manifiesta que emite facturas si esa no es su función? Responde: “es que a veces llegan conocidos y les ayudo”, a la pregunta ¿Con la señora Catty Ortíz’ han emitido recibos a contribuyentes? Responde: si a veces le pido que ayude para agilizar estos trámites a gente que llega, a la pregunta ¿Aparte de este negocio Caribean Bar ha solicitado recibos para otros negocios? Responde: si lo he hecho cuando amistades me lo piden. Como podemos apreciar, de los hechos ocurridos y del resultado de la audiencia de descargo, se concluye que el empleado JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, ha cometido violación al artículo 112, letras b), e), 1) en relación al artículo 97 numeral 3, y demás aplicables del Código del Trabajo vigente, causa justa que facultan al Patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte y solamente le hará efectivo derechos adquiridos al empleado demandante. Concluyendo Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo del ADQUEM ocasiona graves daños a los intereses de la mi representada y por ende del pueblo sampedrano, por violación indiscutible de la Ley Sustantiva de orden nacional, por la infracción enunciada consistente en la apreciación errónea de la prueba descrita, lo que hace que por éste cuarto motivo del fallo recurrido, ÉSTE CUARTO MOTIVO EL RECURSO DE CASACIÓN DEBE CASARSE.”.- IX. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-quem haya incurrido en un error de este tipo; b) señala el precepto autorizante de forma incorrecta, pues la infracción indirecta se encuentra comprendida en el inciso primero, párrafo segundo, del artículo 765 del Código de Trabajo; y, c) en el desarrollo se incita a la valoración de la prueba testifical la cual, por ser no reglada está supeditada a la inmediación del juzgador de instancia.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de sus cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 180-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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