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Sentencia CL-18-17 — Registro 7582

Resumen

En segunda instancia se reformo la sentencia y se condeno al Estado de Honduras a pagar preaviso auxilio de cesantía auxilio de cesantía proporcional vacaciones proporcionales décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "3.- Que lo antes expuesto resulta inestimable por la razón siguiente: lo manifestado en el acápite denominado primer motivo, carece de la estructura apropiada para determinar la existencia de un cargo debidamente formulado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo, resultando ser un inoportuno alegato de instancia, contrario a lo consignado en el artículo 770 del mismo ordenamiento legal antes citado.- 4.- Doctrinalmente se ha establecido que la causal o motivo de casación y el concepto de la violación debe invocarse con claridad y precisión, cuidando de no agrupar en el mismo cargo conceptos incompatibles, porque cada uno de ellos tiene una motivación distinta y excluyente de la de los otros. Igualmente debe señalarse con absoluta precisión la norma legal de carácter sustantivo del orden laboral nacional, que se considere infringida, caso contrario el cargo no estará bien presentado sino se le formula mediante una proposición jurídica completa, entendiendo por tal la que denuncia tanto la violación del medio como la del fin.- 5.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en lo expuesto en su primer y único motivo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, son parte recurrida el señor HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, representado en juicio por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes, decimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes proporcional, costas; promovida por HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de noviembre del dos mil dieciséis dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló reformando la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, así: “Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de Representante Procesal de la parte demandante.- II.REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 26 de septiembre del 2016, que corre a folios del 235 al 238 de la primera pieza de autos de la forma siguiente: a) CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar al señor HECTOR AUGUSTO ORELLANA HERNANDEZ la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 246,415.34), por los siguientes conceptos: Preaviso L.49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 179,500.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L.1,159.67; Vacaciones Proporcionales L.767.67; Décimo Tercer Mes Proporcional L.2,744.00; y Décimo cuarto mes Proporcional L. 13,244.00; más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo de conformidad a derecho.- III.- CONFIRMA el numeral 1 y 2 parcialmente solo lo referente a la cantidad Total dejando firme y subsistentes el desglose de todos los conceptos de este mismo numeral; 3, 4, 5 y 6 de la parte resolutiva del fallo apelado.- IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que prestó sus servicios a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Salud el 1 de febrero del 2007, firmando contratos continuos por tiempo determinado desempeñándose en el cargo de Asesor Legal, en la Secretaría General devengado un salario de L. 21, 000.00, en fecha 17 de febrero del 2014 fue notificado mediante oficio GRH-448-2014 de fecha 14 de febrero del 2014, efectivo al 15 de febrero del 2014 de la terminación de su contrato de trabajo, fundamentando la terminación de la relación laboral en que con instrucciones de la administración superior su contrato de trabajo con la institución finalizaba a partir 15 de febrero del 2014, siendo este su ultimo día trabajado.- 1. La parte demandada EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que al demandante no se le notificó una cancelación por despido que le corresponde únicamente al personal permanente de la administración, sino que lo que realmente sucedió fue que se procedió a notificar al ahora demandante la finalización del contrato por tiempo determinado, ya que a pesar que el ahora demandante tenía conocimiento que estos tenían termino, este pretende continuar laborando, hecho que no se podía consentir ya que no contaba con la disponibilidad presupuestaria para el pago de un nuevo contrato de Servicios Profesiones y Técnico. El demandante debe atenerse a lo estipulado en el artículo 124-C reformado de a Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, artículo 111 párrafo primero y tercero de la estimación presupuestaria e Ingresos de la Administración Central para el ejercicio Fiscal 2014, artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Es preciso establecer que al demandante no le corresponde permanencia en el puesto que ha desempeñado, pues los trabajadores permanente son nombrados a través de un acuerdo, prestando sus servicios personales a la administración púbica bajo el régimen y protección de la Ley del Servicio Civil, acuerdo que no establece una fecha de terminación de la relación laboral a diferencia de los contratos de Servicios Técnicos y/o Profesionales que establecen una fecha de inicio y una fecha de terminación del contrato tal y como lo establece el artículo 2012 párrafo segundo del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, que la modalidad de contratación fue consentida y aceptada por la parte demandante, por lo cual no se puede alegar un despido ilegal e injusto.- 2. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS; bajo el criterio que si bien es cierto, al demandante se le contrato bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos con contratos a término; no es menos cierto, que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral los contratos eran verdaderos contratos de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20, relacionado con el 47 y 347 del Código de Trabajo, por lo tanto estamos frente a una relación laboral, sumado a ello se colige que la parte demandada no justificó, que el despido del demandante esté apegado a derecho, por cuanto percibir, mismos que se calcularán desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que este firme el presente fallo. Por otra parte el demandante reclama el pago de derechos adquiridos enmarcando dentro de estos vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional, mismos que no le condenarse.- 3. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis reforma parcialmente la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que quedó probada la relación laboral que existió entre el empleador y trabajador demandante la cual se inició en febrero del 2007 mediante contratos de servicios profesionales y técnicos en el puesto de Asesor Legal y con un salario de Lps.21,000.00, dicha relación laboral fue terminada unilateralmente por el patrono el 17 de febrero del 2011; sin invocar causa justa contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo además de infringir la Garantía Constitucional contenida en el artículo 129 con lo que violento el derecho de la estabilidad del demandante. Con el análisis de los contratos de servicios profesionales se determino que los mismos reúnen los requisitos y fundamentos contenidos en los artículos 20 en relación con el artículo 47 del Código del Trabajo; con lo que se evidencia que lo que existió fue una relación de trabajo entre empleador y demandante, por lo tanto al ser este un empleado permanente que ha sido despedido injustificadamente le asiste el derecho reclamado de preaviso, auxilio de cesantía y cesantía proporcional, décimo cuarto mes, vacaciones proporcionales, por no haberlos pagado el empleador, pero no probo el adeudo reclamado respecto al aguinaldo y vacaciones pendientes, por lo que no es posible condenarlos. Por otra parte de la revisión aritmética de los condenados como derechos que corresponde a la parte demandante, que aparece en la parte dispositiva de la sentencia definitiva apelada, se encuentra incongruencia entre la Suma Total, de Lps.245,255.67 y los valores detallados asignados a cada concepto condenados; es decir que la Juez A-quo omitió los valores correspondientes al auxilio de cesantía proporcional que equivale a Lps. 1,159.67, por lo que la suma total de valores de los derechos liquidados la correcta es de Lps.246,415.34; en consecuencia se procede a la REFORMA PARCIAL DE LA PARTE RESOLUTIVA de la sentencia únicamente en la cantidad Total del numeral dos.- 4. Mediante auto de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 5. En fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal del señor HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 6. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, expone lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; que regula los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos celebrados por la Administración Pública (Estado de Honduras), en donde se establece que se deberán observar las normas presupuestarias y no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiere disponibilidad suficiente; razón por la cual mi representado al no contar con dicho presupuesto, se ve en la obligación de no continuar suscribiendo dichos contratos, ya que el funcionario que lo suscriba sin contar con una disponibilidad presupuestaria para el pago del mismo, incurrirá en responsabilidad administrativa y civil. Por lo que aun y cuando se requieran los servicios de determinado personal en las instituciones, si no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, fose puede continuar con dicha relación; de igual forma las Disposiciones Gerirés del Presupuesto, mismas que se emiten anualmente, establecen la facultad que posee el Estado para contratar personal en la modalidad de contrato; por lo que mi representado en ningún momento violentó los derechos del ahora demandante, ya que al mismo se le cancelaba dicho contrato mediante el Objeto de Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente). Consta en el Expediente de Mérito a folios 29 al 84 los Acuerdos realizados por mi representado para la contratación realizada al ahora demandante señor HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, mismos en donde se establece claramente que el Objeto de gasto es 12100; tal y como lo establecen las Disposiciones del Presupuesto de cada año fiscal; por lo que el juzgador al utilizar también la normativa del Código del Trabajo, con el único propósito de aplicar a su conveniencia el texto legal del artículo 47 y 52 del Código de Trabajo, el cual no objetamos, puesto que esa normativa laboral se refiere a los contratos individuales de trabajo, lo que no es aplicable en el caso que nos ocupa, pues la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, se enmarca dentro del contrato administrativo sujeto al derecho administrativo, regulaa.pr el Reglamento de Servicio Civil, por ser contrato de carácter administrativo, somidose de igual manera al conocimiento del artículo 3 literal a), de la Ley de lo Contencioso Administrativo, esto debido a que el Estado no es un ente con fines de lucro, todo lo contrario, razón por la cual debe de tener presente el presupuesto con que cuenta para la contratación del personal, razón por la cual se suscriben dichos contratos con el ahora demandante por periodos determinados de conformidad al presupuesto anual, además es importante señalar que el ahora demandado, prestaba servicios profesionales en áreas meramente Técnicas, en las que se requiere de un conocimiento calificado para desempeñarse en el puesto, ya que se trata de un profesional universitario, quedando entonces claro que dicho fallo es violatorio de una Ley sustantiva, mismo que ha sido emitido infringiendo la ley y aplicando indebidamente la Ley Laboral, por una interpretación y aplicación errónea de las leyes que rigen a la administración Pública. 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos del Código 1348 Civil, en virtud que sin duda alguna si se hubiere apreciado los preceptos legales antes mencionados otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. Acuso la sentencia recurrida dç violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artícÚt46litral b,) del Código Laboral que establece: “El contrato individual de trabajo puede ser a)… b) Por tiempo limitado, cuando se especifica para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento..; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 dice: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoró los medios de prueba denominado documentales que consisten en Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante los cuales quedo plenamente demostrado, que el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo la modalidad de Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales. Todo lo anterior debido a una aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley. Por lo anteriormente expuesto, solicito CASAR el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciséis, donde confirma la Sentencia Definitiva de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por EL Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el señor HÉCTOR AUGUSTO ORELLANA HERNÁNDEZ, antes relacionada por no estar ajustada a derecho.”.- 3.- Que lo antes expuesto resulta inestimable por la razón siguiente: lo manifestado en el acápite denominado primer motivo, carece de la estructura apropiada para determinar la existencia de un cargo debidamente formulado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo, resultando ser un inoportuno alegato de instancia, contrario a lo consignado en el artículo 770 del mismo ordenamiento legal antes citado.- 4.- Doctrinalmente se ha establecido que la causal o motivo de casación y el concepto de la violación debe invocarse con claridad y precisión, cuidando de no agrupar en el mismo cargo conceptos incompatibles, porque cada uno de ellos tiene una motivación distinta y excluyente de la de los otros. Igualmente debe señalarse con absoluta precisión la norma legal de carácter sustantivo del orden laboral nacional, que se considere infringida, caso contrario el cargo no estará bien presentado sino se le formula mediante una proposición jurídica completa, entendiendo por tal la que denuncia tanto la violación del medio como la del fin.- 5.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en lo expuesto en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 numeral 5 literal a), 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días de mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 18-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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